Hank: ¿De veras no sabía FCH?

Martín Moreno

Podría suponerse que el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, sería detenido por presuntas irregularidades financieras ya confirmadas por Gabino Cué. O que Arturo Montiel estaría en capilla. ¿Y qué decir de ex gobernadores del PRI en Tamaulipas, Durango o Chihuahua, que prácticamente entregaron las plazas al narco?

Ya cayeron Jorge Hank Rhon —con fallas jurídicas, como no presentar orden de cateo ni de aprehensión— y Pablo Salazar Mendiguchía, a quien habría que ubicar como ¿ex priista, panista o perredista? A Salazar le está cobrando facturas el actual gobernador de Chiapas, Juan Sabines.

En el caso Hank Rhon, francamente, no nos tragamos lo que dice el vocero Alejandro Poiré, de que el presidente Calderón no sabía del operativo para aprehender al ex alcalde de Tijuana. Se antoja inverosímil que una noticia de alto impacto, ejecutada por militares —por cualquier delito—, no se le consulte al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Aceptemos que, según el gobierno, la captura se haya desprendido de una denuncia ciudadana, y que los detenidos en el hotel Palacio dijeran que en “una casa” del complejo Puerta de Hierro hay más armas, y los soldados, por el “pitazo”, fueran por Hank Rhon.

Todos en Tijuana —incluidos los militares— saben quién es Jorge Hank Rhon, ex alcalde, dónde vive, qué representa, a qué partido y, sobre todo, a qué grupo político pertenece: al del Estado de México. Cualquiera tiene conciencia de quién estaba detrás de los portones de Puerta de Hierro.

Por eso descartemos que el Ejército no sabía por quién iba.

Y precisamente por esa razón, imposible que no se le informara al Presidente —en su calidad de Comandante Supremo—, a quién iban a aprehender.

Veamos la otra cara de la moneda.

Si efectivamente, como asegura Poiré, Calderón no supo del operativo hasta que fue consumado, es algo gravísimo. ¿Por qué? Nos indicaría entonces que el Ejército puede irse por la libre, entrar a una casa sin orden de cateo o de aprehensión, sin consultar al Comandante Supremo y avisarle hasta que el operativo finalizó.

Eso sí que sería terrible: que el Ejército no tomara en cuenta ya al Presidente, y estuviera actuando de manera autónoma y unilateral.

Preocupante también que un vacío de poder presidencial fuera llenado por decisiones militares.

Los soldados sabían sobre quién iban y el efecto político que iba a provocar la detención de Hank Rhon.

Dicen en el gobierno federal que no se le puede estar informando al Presidente de todas las detenciones.

Seamos serios: la captura de un “pez gordo” que se apellida Hank no es noticia de todos los días. Es, nada menos, la detención política más importante en lo que va del sexenio.

¿No lo entendió o no lo quiso entender el Ejército?

Por lo demás, el calderonismo enfrenta un momento clave: o soporta jurídicamente la acusación de acopio de armas o, como señalan los expertos, deja libre a Hank porque el proceso está viciado de origen, pues no se presentó orden de cateo.

No nos extrañe que en Washington apoyen al gobierno de Calderón con información contra Hank Rhon.

¿Quién sigue?

En la cárcel está el ex gobernador de Chiapas, el ex priista y aliancista azul-amarillo Pablo Salazar Mendiguchía, quien se declara en huelga de hambre.

“De aquí me sacan inocente o muerto”, advierte.

A Salazar —represor de la libertad de expresión y responsable de un régimen de terror político en su mandato— se le acusa de adjudicarse un bono sexenal mediante un pago irregular de seguros de vida.

El fiscal de Salazar tiene nombre: Juan Sabines, su sucesor en la gubernatura, quien, igual que Calderón con Hank, se están jugando su credibilidad política.

Y, ayer, la corresponsal de Excélsior, Patricia Briseño, dio cuenta de que el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, confirmó que, de las 26 auditorías practicadas al gobierno del priista Ulises Ruiz, hay presuntas irregularidades financieras por casi dos mil millones de pesos.

“No vamos a ser tapadera de nadie”, dijo Cué. A ver si es cierto.

Así, el fiscal de Ulises Ruiz es Gabino Cué. Igual que Calderón con Hank y Sabines con Salazar.

Y los gobernadores —ellos sí— no tienen por qué rendirle cuentas directas al presidente Calderón de las acciones legales que emprendan, siempre y cuando tengan pruebas contra cualquier ex gobernador, político o funcionario. Cortesías, en todo caso.

No nos extrañe que gobernadores en activo formen una alianza con el Presidente con miras a debilitar al PRI, y a Peña Nieto, en 2012. Sería un equipo duro de vencer.

Como sea, cayeron un priista y un ex priista-aliancista.

¿Por qué no pensar en Montiel y su enriquecimiento endemoniado?

¿Por qué no en un perredista?

¿O, inclusive, en algunos panistas, como el ex gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, o en los enriquecidos hermanos Bribiesca Sahagún?

Hablaría bien del Presidente. Y limpiaría el camino rumbo a 2012.