Hank, el Ejército y el Presidente

Ana Paula Ordorica

Al día de hoy, las autoridades han dicho que la intervención del Ejercito Mexicano en el operativo para aprehender a Jorge Hank se dio por una llamada anónima que informaba sobre la presencia de personas armadas a inmediaciones del hotel Palacio en Tijuana.

Al ser aprehendidas estas personas, señalaron que en un domicilio de la Colonia Hipódromo se ocultaba más armamento. A consecuencia de esto, personal militar de la 2ª Zona Militar se desplazó a la “citada colonia” detectando fuera del domicilio a gente armada. Por ello, se introdujeron, se aseguraron las armas y se detuvo en flagrancia a varias personas, incluido Jorge Hank.

El vocero de Seguridad Nacional, Alejando Poiré, ante las acusaciones de vínculos político-electorales de esta acción, ha sostenido que el Presidente desconocía el operativo.

Lo justifica diciendo que es imposible que en todas las acciones que realizan las fuerzas federales ante la flagrancia de delitos, se informe al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

El caso Hank muestra tantas cosas que marchan de mal en peor en el país.

En primer lugar, la versión de la denuncia anónima no es sostenible. No lo es porque no se ha especificado en dónde se recibió la supuesta llamada anónima que implicó tan impresionante y eficaz operativo.

¿Se recibió en el 066?, ¿en la Policía Federal?, ¿en la Zona Militar?, ¿en Seguridad Pública estatal o municipal?

Es poco creíble que, ante la llamada anónima de denuncia de cualquier ciudadano, se despliegue a un contingente de cuando menos 50 elementos de fuerzas especiales del Ejército.

¿Acaso en cada llamada anónima se reacciona de esa forma? De ser así, se expondría a las fuerzas federales a ser manipuladas de forma muy sencilla por el crimen organizado, ya sea con el fin de distraerlos o de emboscarlos.

Pero sobre todo sorprende que el Ejército haya actuado solo y no en auxilio de otras fuerzas civiles.

Sorprende, porque implica una acción inconstitucional.

Al día de hoy, ante la ausencia de una ley reglamentaria en la materia, el único sustento legal que tienen las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad pública son las tesis de jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1996 a propósito de la acción de inconstitucionalidad 1/96 promovida, entre otros, por el entonces diputado Leonel Godoy.

Al interpretar la Constitución, los ministros establecieron que el Ejército sí está constitucionalmente facultado para actuar en materia de seguridad pública, siempre y cuando lo haga acatando órdenes del Presidente de la República y en auxilio de las autoridades civiles competentes.

Pero lo que se desprende hasta ahora del caso Hank es que éste no fue un operativo circunstancial, sino que fue planeado.

No se realizó el operativo en auxilio de alguna autoridad civil competente que hubiere solicitado el apoyo de las Fuerzas Armadas; es decir, que el Ejército actuó por su cuenta, sin la colaboración de alguna fuerza de seguridad pública o de procuración de justicia.

Pero lo más alarmante es si se realizó acatando órdenes del Presidente de la República o no.

Si en estas circunstancias tan poco claras y difíciles de desvincular del escenario político-electoral, el Presidente estaba enterado del operativo, esa es sin duda una mala noticia.

Pero si el Presidente no estaba enterado de este operativo militar es una peor noticia porque implicaría que el Comandante Supremo no está en control de las Fuerzas Armadas.

¿De verdad, Alejandro Poiré, el Presidente no sabía nada del operativo “AM” en contra de Hank?