Lecciones del caso Hank

Lecciones del caso Hank
La procuradora tuvo que dar la cara y tratar de defender lo insostenible.
Raúl Contreras Bustamante

Cuando una sociedad padece algún acontecimiento negativo, es conveniente analizarlo para estudiar sus consecuencias. Poder hacer una disección de los hechos, para extraer de ellos los aspectos positivos que cada experiencia arroja, nos permite aprender de ellos, con el fin de evitar que en el futuro se repitan o vuelvan a hacernos daño.


El escándalo político que generó la aprehensión ilegal del empresario Jorge Hank y su consecuente puesta en libertad, nos enseña por lo menos, cinco lecciones:


1. La independencia del Poder Judicial Federal. La presión que la administración del presidente Calderón ejerció sobre la jueza de Distrito fue enorme. La evolución constitucional del país ha permitido que la Suprema Corte de Justicia vaya consolidando su independencia respecto del poder presidencial.


La integridad de su presidente, el ministro Juan Silva Meza, quedó evidente, ante su negativa a intervenir e instruir a la autoridad juzgadora de obsequiar los deseos del gobierno. Esto era impensable que sucediera hace apenas unos años.


Asimismo, la actitud valerosa de la jueza de Distrito, frente a la evidente detención ilegal del ex alcalde de Tijuana, es una señal esperanzadora del progreso de la cultura jurídica de México.


2. Excesos del Ejército y la Marina. La intervención del Ejército en la detención dejó al desnudo su inmoderada utilización. No está instituido para realizar labores de policía preventiva y mucho menos de carácter ministerial. El Presidente es su Comandante Supremo y es el único responsable de las arbitrariedades que se cometan cuando las Fuerzas Armadas actúen fuera de su papel institucional.


Resulta indispensable que retornen a sus cuarteles y se deje de debilitar su prestigio. La CNDH y múltiples organizaciones ciudadanas habían venido advirtiendo respecto de las arbitrariedades cometidas por las Fuerzas Armadas en las entidades donde su presencia es significativa.


3. La PGR como instrumento político. Sin haber participado en la detención ilegal, la procuradora tuvo que dar la cara y tratar de defender lo insostenible. La autonomía de la PGR respecto del Presidente y la reforma del procedimiento para nombrar y remover a su titular son una necesidad impostergable. El desprestigio de esta institución es escandaloso. En los últimos 20 años han actuado 12 procuradores, es decir menos de dos años cada uno, en promedio.


4. Detenciones como arma electoral. La fallida utilización del recurso de las aprehensiones escandalosas para influir en los procesos electorales, que en otras ocasiones dio resultado, en este caso demostró que es un procedimiento desgastado. Si el gobierno vuelve a hacer uso de la fuerza pública con fines políticos, se arriesga a ser enjuiciado por sus excesos.


5. Control ciudadano. El arbitrario allanamiento de la casa de un ciudadano, por controvertible que sea su prestigio, logró el consenso casi unánime de la ciudadanía en contra del abuso de poder. Sin importar la ideología de los periodistas, articulistas, columnistas y editorialistas, la tendencia fue casi unánime en contra de la medida. La opinión de la ciudadanía se convirtió en un auténtico instrumento de control del poder.


Vivir dentro de un Estado de derecho implica el sometimiento de los detentadores del poder y de la ciudadanía, a la ley. Si los que desempeñan una función pública lo olvidan, la sociedad los va a someter a juicio y a condenar.

*Doctor en Derecho y profesor de la UNAM