Suiza y Luxemburgo, un modelo fiscal a seguir

Manuel Llamas

Suiza y Luxemburgo, un modelo fiscal a seguir

La competencia es sana. Este principio fundamental del libre mercado es de aplicación tanto en el ámbito privado como público. Por ello, todo intento por alcanzar una determinada armonización fiscal, ya sea a nivel de países o regiones, viola drásticamente tal enunciado. Si en algún momento los organismos supranacionales lograran imponer una presión fiscal homogénea en una determinada región, ésta, por norma, tendería a crecer con el paso del tiempo. Al menos, así nos lo muestra la experiencia de la historia. El poder tiende a aumentar inexorablemente sin barreras.
El proceso contrario consiste, precisamente, en mantener la existencia de políticas tributarias diferenciadas para que las entidades políticas compitan entre sí en la captación de recursos. Por desgracia, la actual lucha contra los refugios fiscales amenaza la vigencia de dicha competencia administrativa. Y es que, tal y como muestra un reciente estudio del Institut Constat suizo, la diversidad de modelos tributarios actúa como un contrapeso eficaz contra los impuestos elevados.
El citado estudio elabora un original índice de opresión fiscal en el que, mediante la medición de determinadas variables, indica qué países de la OCDE son los más benevolentes con los derechos de propiedad de los individuos. Suiza y Luxemburgo encabezan este particular ranking, ya que gozan de la "opresión fiscal más baja", seguidos de Austria y Canadá. Por el contrario, los estados más opresores son, por este orden, Italia, Turquía, Polonia, México, Alemania, Holanda, Bélgica, Hungría, Francia y Grecia. España se sitúa en la zona media de la tabla (puesto 17), con un índice "opresor" de 5 puntos.
El informe carga contra la lucha que las grandes potencias por eliminar los paraísos fiscales, e incide en que el objetivo último de esta guerra consiste en imponer impuestos comunes a nivel internacional. El ejemplo más claro es el de la UE. El Estado de Bienestar, implantado en la mayoría de los países desarrollados, es una bomba de relojería que, tarde o temprano, acabará estallando.
Los actuales niveles de recaudación hacen insostenible el sistema a largo plazo. El progresivo envejecimiento de la población, el aumento del gasto público y el incremento sustancial de la deuda gubernamental para combatir la crisis económica ensombrecen, aún más, la ya de por sí inviabilidad del modelo. La existencia de competencia fiscal entre países permite la evasión legal de capitales y empresas hacia países más benevolentes y tolerantes con sus ciudadanos.
Como es lógico, tales facilidades son percibidas como un gran obstáculo a la hora de subir impuestos de forma coordinada, tal y como pretende la actual elite política. La descentralización en esta materia es, pues, vital para proteger los derechos inalienables del hombre libre.