Por Josué Ángel González Torres
Actualmente
estudia el octavo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración
Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de
investigación son crimen organizado, narcotráfico y seguridad nacional, así
como teoría y filosofía política moderna y posmoderna.
I.Introducción.
En el
último lustro México vive una situación sui
generis en la lucha contra el crimen organizado, especialmente la que se
lleva a cabo en contra del narcotráfico. Éste es un problema complejo que se ha
desarrollado a lo largo del siglo XX y que ha ido progresando al amparo de la población
y del gobierno hasta establecerse en nuestros días como parte de la estructura social
misma. Como lo mencionó Ismael el Mayo
Zambada en una entrevista con Julio Scherer: “el narco está arraigado en la
sociedad, como la corrupción”[1].
Es
evidente que el complicado sistema que supone el trasiego de drogas
(producción, distribución, venta, blanqueo de dinero, etcétera) cruza
transversalmente los diferentes subsistemas de la vida en sociedad. Es claro
que en el ámbito cultural el narco ha profundizado. Después de varias décadas
de crecer en el seno de la sociedad se ha tornado indistinguible de ella en
algunos puntos. De manera que para escribir la historia de la sociedad en
algunas regiones del país tendría que escribirse al mismo tiempo la historia
del narco, pues se han desarrollado paralelamente compartiendo factores
históricos, políticos, religiosos, artísticos, valores, hábitos, costumbres,
pautas de comportamiento y códigos de conducta y comunicación.
Así,
según nuestra posición la narcocultura es un tipo específico de cultura
política, al menos en algunas ciudades del norte del país como Badiraguato en
Sinaloa y Ciudad Juárez en Chihuahua. Creemos que los grupos del narco, al
menos en estas dos ciudades, influyen directa o indirectamente en la creación
de la cultura política pues ejercen el poder en alguna de sus formas, es decir,
por medio de la influencia, la autoridad, la sujeción, la resistencia, la obediencia
y/o el sometimiento.
El
objetivo de este escrito es establecer un vínculo funcional entre la subcultura
del narco y la cultura política. Proponer argumentos claros que nos permitan
encontrar las relaciones de poder y autoridad entre el gobierno, la sociedad
y los grupos delincuenciales. Antes que
hacer una interpretación sociológico-cultural del narcotráfico, en estas líneas
se hace una interpretación histórico-política del fenómeno.
Para
tal motivo se ha dividido el trabajo en tres apartados. En el primero se
establece un marco conceptual para aclarar la utilización de los términos de cultura
política y narcocultura. En el segundo, se abordan aspectos generales del
narcotráfico. Y en el tercero se evidencia la argumentación en dos ciudades paradigmáticas:
Ciudad Juárez en Chihuahua y Badiraguato en Sinaloa.
II. Definiciones Conceptuales.
a)
Cultura Política.
La
cultura política es un término complejo. Son abundantes las definiciones y la
literatura sobre el tema, sin embargo, sería difícil establecer un consenso alrededor
de alguna. Una de las mayores dificultades es utilizar un término que no se
quede en lo abstracto, sino que sea funcional para el objetivo aquí propuesto. A
continuación menciono tres construcciones conceptuales interesantes.
Roberto
Varela define a la cultura política como “el conjunto de creencias y valores
compartidos, referentes a la vida en sociedad y al rol de las actividades
políticas en la conservación y la orientación de la cohesión social; conjunto
de actitudes fundamentales que permiten el ajuste mutuo de los comportamientos
o la aceptación de actos de autoridad que tienden a imponer ese ajuste”.[2]
Gabriel
Almond y Sidney Verba por su parte mencionan que son “orientaciones
específicamente políticas, posturas relativas al sistema político y sus
diferentes elementos, así como actitudes relacionadas con la función de uno
mismo dentro de dicho sistema […] es un conjunto de orientaciones relacionadas
con un sistema especial de objetos y procesos sociales […] Este concepto nos
brinda la posibilidad de utilizar el marco conceptual y los enfoque de la
antropología, la sociología y la psicología”.[3]
Finalmente,
el término que se utilizará por ser, a nuestro juicio, más amplio y por
permitir mayor margen de acción es el de Jacqueline Peschard. La autora nos
dice que la cultura política “es la distribución particular de patrones de
orientación sociológica hacia un conjunto especifico de objetos sociales los
propiamente políticos entre los miembros de una nación […] El referente central
de la cultura política es el conjunto de relaciones de dominación y sujeción,
esto es, las relaciones de poder y de autoridad que son los ejes alrededor de
los cuales se estructura la vida política. Es el imaginario colectivo
construido en torno a los asuntos del poder, la influencia, la autoridad, y su
contraparte, la sujeción, el sometimiento, la obediencia y, por supuesto, la
resistencia y la rebelión”.[4]
Desde
nuestro punto de vista esta última definición es más amplia porque, además de
coincidir con las posiciones anteriores en los aspectos sociológicos,
psicológicos y conductuales, brinda al concepto su carácter estrictamente
político al explicitar las relaciones de
“poder y autoridad”. La segunda parte de la definición es la que nos ayudará a
establecer un vínculo con la narcocultura al introducir las múltiples formas de
expresión del poder como son: la influencia, la obediencia, la resistencia y el
sometimiento, entre otras. Dichas categorías serán muy útiles para el
establecimiento de la relación que se pretende.
b) Narcocultura.
La
dificultad de encontrar un hilo conductor que nos pueda brindar un camino para
definir la narcocultura estriba en la composición tan heterogénea del concepto.
Es una construcción social que abarca una multiplicidad de aristas que es
difícil aprehender.
Guillermo
Alonso Meneses, antropólogo e investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef)
menciona que la narcocultura es “el conjunto de comportamientos y valores, un
argot y códigos propios, simbolismos y significados construidos por los
narcotraficantes”. Cree que es un conjunto de rasgos que caracterizan la forma
de vivir de los narcotraficantes y que justifican en alguna medida sus
acciones.[5]
Por
otro lado, Hugo Méndez Fierros menciona que la narcocultura es una suerte de
subcultura que posee elementos materiales como dinero, armas, propiedades,
mercancía, drogas, etcétera. Y sobre todo elementos inmateriales, tales como
valores, conocimientos, lenguaje, tradición, códigos morales, elementos simbólicos
y religiosos, normas de comportamiento, estilos de vida e instrumentos de
trabajo. Lo cual caracteriza típicamente a un sector, segmento o estrato de la
sociedad.[6]
III. Narcocultura como construcción social.
La
narcocultura es una forma de expresión de lo social que ha cruzado
transversalmente los diferentes campos de la vida en sociedad, principalmente
el social-cultural pero también el político. Sin embargo, para hablar de la
narcocultura primero es necesario hablar del desarrollo histórico del narco en el
país, especialmente en la zona norte. Se han ubicado al menos tres grandes
periodos del narcotráfico[7].
El
periodo de origen (1890-1931) coincide con la primera Ley de expulsión de chinos en 1882 en Estados Unidos. Grupo étnico
que va a establecerse en la zona norte del país y que coincide temporalmente
con el arribo de trabajadores asiáticos para el desarrollo de la industria
ferrocarrilera y minera, lo que tuvo como resultado el crecimiento inusitado de
estos. Dicha población tenía como costumbre sembrar la amapola no sólo como
ornamento, sino también como bálsamo para algunas enfermedades.
Sin
embargo, para mediados de la primera década del siglo XX se comenzaron a
constituir grupos racistas a lo largo del país, como en Sinaloa, Tamaulipas,
Chiapas, Zacatecas, Nuevo León, Hidalgo, Oaxaca y Michoacán, entre otros.[8]
En sonora, en 1916, se prohibió la inmigración por considerarla “nociva,
inconveniente e inadaptable”. En 1919, en Culiacán, habitaban 1,680 chinos de
los cuales el 65 por ciento eran comerciantes. En 1931, con Pascual Ortiz Rubio
como presidente y en medio del maximato, los chinos fueron expulsados definitivamente
del país y los que permanecieron fueron confinados a guetos. A pesar de ello, la
siembra de amapola fue una práctica que permaneció entre la población de las
regiones norte del país.[9]
Una
segunda etapa, conocida como “el auge” (1940-1970), se dio en el periodo de la
Segunda Guerra Mundial. En ese contexto el gobierno de Estados Unidos carecía
de un centro de producción de opio para la elaboración de morfina, medicina
fundamental para el ejército en combate. Turquía que era uno de sus principales
enclaves quedó en manos del Eje y con ello se tuvieron que buscar nuevos espacios.
Así, México fue el mejor campo y se
convirtió pronto en uno de los grandes plantíos. Aunque los chinos comenzaron la
siembra para el año de 1943 el 90 por ciento de las operaciones ya estaba en
manos de mexicanos.[10
Finalmente, una tercera etapa (1970 en
adelante) es la génesis del comercio ilegal de drogas, la estructuración de los
primeros cárteles, la formación de una práctica social, el surgimiento de los
primeros capos y las primeras acciones gubernamentales en contra del tráfico de
estupefacientes. Durante estos años surgió la “primera generación de narcos” en
el país que tenía dos representantes principales: Juan Nepomuceno Guerra y
Pedro Avilés Pérez. El primero empezó a comercializar bebidas alcohólicas desde
los años treinta y se caracterizó por corromper a las autoridades para realizar
sus actividades delictivas. Más adelante comenzó a comerciar drogas, incluso fue
el primero en utilizar como medio de transporte a las aeronaves. Nepomuceno
Guerra es considerado tío de Juan García Abrego, líder fundador del cártel de
Tijuana. Por su parte, Pedro Avilés comenzó con el narcotráfico a gran escala
en Sinaloa, Chihuahua y Tijuana. Los principales miembros de su organización,
algunos de los cuales se convertirían en grandes capos, eran: Ernesto Fonseca
Carrillo, Don Neto; Juan José
Esparragoza Moreno, El azul; Miguel Ángel Félix Gallardo, El jefe de jefes o El padrino; y Rafael Caro Quintero.[11]
Uno
de los puntos que es preciso señalar para establecer el juego de influencias y
la justificación del narco como fuerza que impacta en la creación de la cultura
política, es su formación histórica. Aunque el fenómeno comenzó con la
población china pronto se movió al corazón de la sociedad norteña mexicana y
finalmente empezó a estructurar los grandes cárteles que conocemos hoy en día. Aquí
se empieza a vislumbrar las relaciones de influencia y autoridad. A partir de
esta etapa y en adelante, se comenzarán a articular patrones de orientación
sociológica hacia objetos políticos entre la población. De esta forma, se
comenzará a ejercer una relación de poder entre el narco, el gobierno y la
sociedad, además de subyacer sus primeras formas culturales.
Como
menciona Luis Astorga, la formación de una opinión imperante en la sociedad
acerca del narco es una pugna de interpretaciones entre el gobierno que toma
como vehículo los mass media y las
bases populares. Es una creación de sentido que busca establecer su posición y
su forma de ver el tema. El autor de La
Mitología del Narcotraficante en México rescata una frase de Nietzsche: “no
hay fenómenos morales, sino interpretaciones morales de los fenómenos”[12],
la cual nos hace reflexionar sobre la multiplicidad de perspectivas enunciables.
De
un lado, la producción de sentido de los narcotraficantes se ha tratado de
construir a partir de finales de los años ochenta[13]
según la visión dominante del gobierno. Se ha construido un enemigo donde se
depositan valores habitualmente aceptados como negativos, por ejemplo, la
deshonestidad, la ilegalidad, la muerte, el lucro, el despilfarro, los excesos,
etcétera. El traficante de droga es el arquetipo de la escoria y la desviación
social.
Así,
el gobierno trata de dibujar una línea entre lo legal y lo ilegal. Se ubica a
sí mismo como protector de los intereses básicos de la población frente a un
problema que significa el deterioro de la vida social, política y económica. El
combatir la ilegalidad representa salvar a la sociedad del problema de las
adicciones, de la destrucción del tejido social y de los peligros intrínsecos
que existen en el narco como asesinatos, traiciones, dinero mal habido, vendettas,
etcétera. En síntesis, es un agente que clama justicia ante una sociedad
desprotegida, incapaz de combatir la fuerza económica, la influencia y el poderío
armamentístico de los grupos delincuenciales.
Un
ejemplo claro de la construcción gubernamental del fenómeno es la aprehensión
de un narco y su presentación ante los medios. Es impresionante la parafernalia
y el montaje que se crea. El criminal tiene una pésima forma, está sucio, sin
rasurar, despeinado, muchas veces sosteniendo un arma y tiene frente a sí un
fajo de dólares o un paquete de drogas. Mientras que, al lado de él y para
contrastar, se encuentran policías o militares con fuerte equipamiento tanto en
vestimenta como en armamento, en perfecta posición corporal y con una capucha
en la cabeza que les da cierto aire de fuerza y anonimidad. Asimismo, se
encuentra algún funcionario gubernamental que representa el orden jurídico, la
eficacia de las instituciones en la impartición de la justicia y la fuerza de
las autoridades.
En
contraste, se encuentra la interpretación popular del narco que tiene como
máxima expresión el narcocorrido. Los narcocorridos son formas de exaltar la
vida del narcotraficante. Significa retomar un tipo de música peculiar de la
región, la tambora o la banda, y exaltar historias de éxito y hazañas. Los seres
que se describen en las letras están lejos de ser simples individuos, pues la mayoría comienzan siendo pobres y
desamparados pero de pronto devienen exitosos e influyentes. Es la descripción de una epopeya, pues son
hombres con valentía, fuerza, osadía y astucia, por lo cual independientemente
de su profesión se han ganado el respeto y el reconocimiento.[14]
La idea que se crea en el narcocorrido es que entrar al narcotráfico supone el
mejoramiento radical de las condiciones de vida, quien entra en el negocio
obtiene rápidamente ventajas adquisitivas y un mejor acomodo social, no
obstante, reconocen los riegos intrínsecos a la actividad.
Aunque
se cree que muchos narcocorridos han sido creados a petición de los
protagonistas o de personas cercanas a ellos, muchos otros se han compuestos para
reconocer los sucesos o las vidas de aquellos que se juegan la suerte y que
desafían el orden gubernamental. Y no sólo eso también son personas con poder y
dinero que, reconociendo sus orígenes humildes, ayudan a mejorar la
infraestructura de los pueblos y son dadivosos con los habitantes de la región.
Ese es el caso de Jesús Malverde. Según
Melvín Cantarell fue un bandido de la época porfiriana, una especie de Robin
Hood, un campesino que se negó a someterse al orden establecido y se dedicó a
delinquir para encontrar una salida a la pobreza y a la explotación. Robó a los
ricos para dárselo a los pobres, corrigió abusos y nunca abandonó a su
comunidad y como reconocimiento a esas acciones ahora se le venera.[15]
Malverde
fue asesinado en 1909 por órdenes del gobernador Francisco Cañedo y desde ese
momento se comenzó a forjar el mito. En el sitio donde falleció se estableció
un pequeño altar donde lo visitaban los habitantes de la zona aunque pronto se
pierde. Para la década de los cincuenta la figura es retomada por las
prostitutas y en los años setenta los traficantes de estupefacientes se
apoderan de la imagen y construyen una capilla para su veneración. Es el “santo”
de los narcotraficantes (evidentemente no reconocido por la iglesia) y tiene desde 1979 su capilla en la que se ha
extendido el grupo de seguidores, no sólo van a verlo los delincuentes, sino
también la población en general. Malverde es una suerte de fusión entre la identidad
histórica, religiosa, social y delincuencial.
De
esta manera se ha construido una forma de ser y pensar a partir del trasiego de
drogas. Dicha actividad tiene resultados materiales e inmateriales, como se
veía en la definición de narcocultura. Los narcocorridos y el culto a Malverde
son parte de la expresión sociológica cultural, lo cual también es parte de la
cultura política.
Dichos aspectos también tiene
impacto en los bordes del poder. Es necesario reconocer que el narco ha venido
a borrar líneas que antes parecían perfectamente definidas en términos
políticos, se comienza a dar una indistinción entre categorías que antes parecían
irreductibles. Se torna difícil diferenciar entre: gobierno/grupos delincuenciales,
sociedad/narco, policía/criminal, seguridad/inseguridad, unidad/disgregación y
zona de paz/zona de combate. Por eso se menciona que si existe actualmente un
enfrentamiento entre el gobierno y el narco no es porque sean actores
antagónicos, sino porque son sumamente parecidos. Ambos utilizan a la sociedad,
crean fortunas, manejan el tráfico de influencias, tienen poder, controlan
regiones, etcétera. La única diferencia es que unos lo hacen fuera de la ley y
otros dentro de ella.
En
el trasiego de drogas pareciera que existe un sistema binario: un ethos económico que antepone la lógica
empresarial de la ganancia a costa de lo que sea; y un ethos legal que busca imponer sanciones y que establece la línea
entre lo permitido y lo prohibido.[16]Se
supondría que la primera es la lógica criminal y la segunda es la
gubernamental. Sin embargo, esa línea se pierde, se vuelve borrosa y esto queda
claro en el nexo de la corrupción en los diferentes ordenes gubernamentales,
especialmente en el municipal donde el narco ejerce poder. En ese escenario los
cárteles de la droga exigen del gobierno, siguiendo el concepto de Peschard,
sujeción, sometimiento y obediencia. Según Edgardo Buscaglia cerca del 60 por
ciento de los municipios han sido “capturados o feudalizados” por el narcotráfico en México[17].
Esto quiere decir que más de 1400 municipios tienen algún tipo de nexo con los
cárteles de la droga, o lo que es lo mismo más de la mitad del país está
sumergido en esta dinámica. Incluso la
Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores, por medio de su
presidente, el senador Ramón Galindo, reconoció que los narcotraficantes tienen
completamente controladas 195 alcaldías e influyen en otras 1, 536, lo que en
suma representan el 71 por ciento de los 2,439 municipios que existen en el
país.[18]
Esto sugiere que el gobierno federal no sólo ha perdido fuerza sino que le disputan
el control territorio. Sólo como dato en los últimos tres años han sido
asesinados 41 funcionarios municipales.
Esto
se da en gran medida porque el municipio es el punto más vulnerable del sistema
político en términos económicos y sociales, es el eslabón más débil. La
desprotección que presentan es aprovechada por grupos que tienen una alta
capacidad económica para corromper a las autoridades. La estrategia que buscan establecer
es horizontal, de abajo hacia arriba. Comienzan por los municipios, después las
gubernaturas, con el caso paradigmático de Mario Villanueva Madrid en Quintana
Roo, para intentar llegar al Congreso de la Unión e incluso a presidencia por
medio de funcionarios. Tal como sucedió en 2005 en el gobierno de Vicente Fox
con Nahúm Acosta, entonces director del área de Coordinación de Giras
Presidenciales, a quien se le acusó por tener nexos con el Cártel de Juárez.
Otro dato que es relevante para este
estudio es la cantidad de personas que se cree tienen algún tipo de nexo con el
narcotráfico. Según la información que el Secretario de la Defensa Guillermo
Galván Galván dio a los diputados en 2008, cerca de 500 mil personas se dedican
al trasiego de drogas en sus diferentes modalidades y niveles. De acuerdo a la
información publicada cerca de 300 mil se dedican a la siembra, 160 mil son
narcomenudistas, transportistas, distribuidores o informantes, y los 40 mil
restantes ocupan algún tipo de liderazgo al interior de los cárteles.[19]
A primera vista no parece tanta la proporción si la comparamos con la base
poblacional cercana a los 110 millones de habitantes pero el número es verdaderamente
relevante. Por ejemplo, si tomamos como parámetro de medición el personal
activo de las Fuerzas Armadas de México (que incluye al ejército, la marina y
la fuerza aérea) que tiene poco más de 250 mil elementos, la cifra de personas
coludidas con el narco lo duplica. Y si tomamos en cuenta el ejército de reserva
que es de aproximadamente 300 mil elementos, lo que significaría en suma 550
mil militares, la cantidad prácticamente se iguala. Lo que muestra una
importancia estratégica.
Lo
anterior son datos duros que demuestran la importancia de la actividad
delictiva y su práctica ampliamente difundida.
IV. El caso de Badiraguato en Sinaloa y de
Ciudad Juárez en Chihuahua.
En
algunas zonas del país, como hemos visto, el narcotráfico es un poder que ha
rebasado la capacidad de respuesta municipal y estatal. Existe un juego
permanente de disputas y alianzas, de dominación e influencia entre los grupos
delincuenciales, la sociedad y el gobierno. En relación al trasiego de drogas
en Sinaloa, como en el caso de Chihuahua, existen procesos que no se han
abordado exhaustivamente y que no terminan por explicar el fenómeno del narco
en la región. En este apartado abordaremos brevemente una explicación histórica
de Badiraguato y una coyuntural de Ciudad Juárez.
Pero
antes de pasar a hacerlo cabe hacer una advertencia importante para el
desarrollo de esta parte del texto. Hay que reconocer que la cultura política
no es un todo homogéneo, en realidad existe una multiplicidad de visiones y las
personas juegan un rol a manera de péndulo. Es decir, un individuo puede
permanecer en una esfera de la cultura pero también tiene la posibilidad de
interactuar con varias a la vez, entrar y salir. Por lo cual es preciso no caer
en la metonimia, no confundir la parte con el todo. La narcocultura
difícilmente es la cultura política dominante en estas regiones aunque esté
ampliamente difundida. Choca invariablemente con la cultura de la legalidad o
la cultura de valores que presumiblemente es la lógica que poseen los sujetos
que no quieren entrar a la dinámica del narco. Por otra parte, la narcocultura
no se reduce a tener empatía con el modus
vivendi del narcotraficante, a nuestro entender también puede abarcar las
afectaciones directas o indirectas a la sociedad. Pues según Peschard “es la
distribución particular de patrones de orientación sociológica hacia un
conjunto especifico de objetos sociales [y específicamente] políticos”. Una vez
dicho lo anterior continuemos.
Ambas
ciudades tiene por característica estar al lado del consumidor más grande del
mundo de estupefacientes: los Estados Unidos, lo que explica en gran medida el
desarrollo del fenómeno. Pero, además de ello, cada una tiene especificidades
que es necesario reconocer.
Badiraguato
es una ciudad de Sinaloa, a 80 kilómetros de Culiacán y con 35 mil habitantes,
que se caracteriza por la falta de oportunidades, el olvido y la pobreza. A
pesar que dichas condiciones imperan se le considera como uno de los
principales centros de operación y refugio de importantes capos de la droga. En
la región a Badiraguato se le conoce con el apelativo de “mariguanato”.
Raúl
Valenzuela, quien fue el abogado del municipio, menciona que durante los años
cuarenta y cincuenta del siglo XX, y especialmente durante la Segunda Guerra
Mundial, se dio un gran impulso para la siembra de amapola y mariguana. El
entrevistado menciona que durante esas dos décadas los agentes que eran
mandados a Badiraguato para controlar la siembra del narco eran los primeros
que la fomentaban entre los campesinos. De allí que la práctica se haya
extendido después de que se marcharon los chinos de la región. En nuestro país
se legalizó de facto la producción y el municipio fue una zona cultivable por
sus condiciones climatológica. En esos años su siembra y comercialización era
una profesión normal entre la población, de hecho, a la persona que se dedicaba
a tal actividad era llamado “gomero”, pues no representaba una forma ilícita de
vivir. No obstante, durante los cincuenta la profesión va a comenzar a tomar el
apelativo de narcotraficante y comenzará una fuerte oleada para su control y su
definición en un estatus de ilegalidad.[20]
Los
nexos entre los militares y los narcos quedan patente con el general brigadier Héctor
Porfirio Guadarrama Reynoso, ex comandante del 65 Batallón de Infantería en
Guamúchil entre 1996 y1998, quien fue acusado por tener nexos con el Cártel de
Sinaloa. Fue atacado por tener relaciones directas con Alfredo Beltran Leyva, El Mochomo, a quien según información
publicada por El Universal, adiestró
junto a otros subalternos para pilotear avionetas cessna para traficar drogas. La
Procuraduría de Justicia Militar (PJM) destituyó a 48 soldados y a tres
coroneles de infantería, así como al coronel José Enrique Ortega Iniestra por
nexos con los cárteles de la zona.[21]
Badiraguato
ha sido históricamente tierra para el trasiego de narcóticos por la conjugación
de sus condiciones: la pobreza, la proximidad con el país de mayor consumo de
drogas y las fuertes cantidades de dinero que produce la actividad. El
municipio fue uno de los primeros lugares donde se sembró amapola, opio y
mariguana en el país. Allí nacieron capos muy importantes como los hermanos
Beltrán Leyva, Joaquín Loera Guzmán, alias El
Chapo,[22] y
Juan José Esparragoza Moreno, alias el
azul. Fue sitio donde desarrollaron actividades personas tan reconocidas en
el trasiego como Pedro Avilés Pérez[23]
y Amado Carrillo Fuentes[24].
Se cree que El Chapo todavía práctica
negocios, inclusive es sabido que su familia vive en el municipio pero nadie se
mete con ellos.
Es
claro que el la policía municipal no tiene la capacidad para enfrentar la
fuerza de los cárteles, se justifican mencionando que no es una tarea que le
corresponda, que es función de la federación. De hecho, el actual presidente
municipal perredista de Badiraguato, Martín Meza Ortiz, reconoce que existe un
“respeto mutuo” entre los cárteles y la administración puesto que ésta no se
encarga de combatirlos. Por lo cual el funcionario no ha recibido amenazas ni
condicionantes.[25]
Aplicando
el concepto de Giorgio Agamben, Badiraguato se ha convertido en una especie de
Estado de excepción permanente[26],
no por motivos de alguna ley o mandato, sino por el peligro y la violencia que
ejercen los grupos delincuenciales. Es peligroso estar después de las ocho de
la noche fuera de casa y los individuos tienen miedo de sufrir un secuestro, un
robo o un enfrentamiento que pueda desembocar en una herida de bala o en la
muerte.
Pero
al mismo tiempo es un proceso de “normalización” del narco dentro de la
sociedad que comenzó a crecer y que después de algunas décadas devino en una
práctica común. Permeó en su estructura y comenzó a imponer las reglas del
juego. Hasta convertirse en una especie de un tabú social, “una amnesia
colectiva, o simplemente un silencio defensivo y comprensible”, pues aunque en
determinada región cualquier persona tiene información, nadie quiere hablar.[27]
Ello se traduce en la influencia y la autoridad de los cárteles sobre la
sociedad y, simultáneamente, su sujeción, sometimiento y obediencia, es decir,
la estructuración de la cultura política por parte del narcotráfico.
En
cuanto a Ciudad Juárez, Chihuahua, me gustaría abordar la presidencia municipal
de José Reyes Ferriz (2007-2010). Este periodo de gobierno fue muy accidentado
por el tipo de relación que sostuvo con el
gobernador del estado de Chihuahua, José Reyes Baeza, y con la procuradora
estatal, Patricia González. Asimismo por la disputa de la ciudad entre los
grupos de choque del Cártel de Juárez (La
Línea, Los Aztecas y Los Linces) y del Cártel de Sinaloa (Los Mexicles y los Artistas Asesinos), situación a la que la Procuraduría General de
la República (PGR) debe al aumento de la violencia en la región.[28]
El
presidente municipal Reyes Ferriz denunció que durante el gobierno de su
antecesor, Héctor Murguía, las policías estaban infiltradas y controladas en
algunos sectores por los grupos armados del Cartel de Juárez, por lo cual de
los 1800 policías en funciones 800 no pasaron los exámenes de confianza.
El
problema es que en la ciudad el Cártel de Juárez desarrolla actividades como el
narcomenudeo, el tráfico de armas, el
lavado de dinero, el robo de
vehículos, la extorsión, el secuestro y las ejecuciones, además de recibir por
concepto de “derecho de piso” 25 por ciento del paso de drogas de otras
organizaciones delincuenciales hacia los Estados Unidos. Mientras que, desde
que el Cártel de Sinaloa penetró al estado por el sur, práctica el narcomenudeo,
robos, secuestros, extorsiones, asaltos a comercios y bancos, ejecuciones,
contrabando, piratería, tráfico de personas, tráfico de armas y falsificación[29].
De esta manera se ha desatado una disputa desencarnada por las rutas de la
droga hacia los Estados Unidos, por los negocios dentro de la ciudad y por las antiguas
rivalidades entre los líderes, ya que al Cártel de Sinaloa de El Chapo era antiguo socio del Cártel de
Juárez con los hermanos Carrillo Fuentes.
La
capacidad de destrucción y cooptación del narco fue tal que para marzo del 2008
se puso en marcha en Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) por medio del cual más
de 4 mil militares tomaron el mando de la seguridad mediante la instalación de
bases de operación mixta, 46 puestos de control, 180 vehículos, 13 equipos de
detección molecular y tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.[30]
Durante los tres años el gobierno municipal gastó cerca de 400 millones de
pesos para combatir la delincuencia organizada, mientras que el gobierno
estatal dio otros 270 millones. Pero la estrategia, a pesar de haber sido
anunciada con bombo y platillos, fracasó. En enero de 2010 los militares fueron
sustituidos por la policía federal y fue cambiado el nombre del programa por
Operativo Coordinado Chihuahua.
Así,
el saldo del trienio fue más de 7 mil muertos, entre ellos 190 policías; 10 mil
huérfanos; 250 mil juarenses que emigraron por la violencia; 10 mil negocios
cerrados; 130 mil empleos perdidos; 25 mil viviendas abandonadas y más de 80
mil adictos[31].
Por
si fuera poco, en octubre del 2010 el hermano de la ex procuradora Patricia
González, Miguel Ángel González Rodríguez, fue secuestrado y pocos días después
apareció un video en youtube que
involucraba a la funcionaria con el Cártel de Juárez. En el video se le acusaba
de proteger a La Línea y de ordenar
el asesinato de los periodistas Armando Rodríguez y Enrique Pereas, además de
vincular también al ex gobernador José Reyes Baeza con la delincuencia
organizada. Con tal motivo la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chihuahua (PGJECH) y la Procuraduría General de la República (PGR) comenzaron
indagatorias.
Como
advertimos al inicio del apartado, en Juárez vemos cómo la cultura del narco
choca contra la posición social de los valores, la legalidad y el vivir bien. De
forma que, ante la violencia multiplicada y las difíciles condiciones de vida, la
sociedad juarense tiene que buscar formas alternas de vida que escapen a la
fuerza del narcotráfico. Mostrando que la narcocultura no es necesariamente la
cultura política más acabada en la región.
V.Aproximaciones finales.
Después
de reconstruir de manera contingente los diferentes aspectos del narcotráfico
como formador directo e indirecto de la cultura política, es posible establecer
algunas ideas finales de acuerdo con la arquitectura argumentativa trazada.
El
narcotráfico es un problema sociológico y cultural, pero también es un problema
histórico-político que tiene muchas líneas de investigación inacabadas o
incluso inexploradas. No es un fenómeno que se haya desarrollado en la última
década, sino que está arraigado históricamente en la sociedad.
La
cultura política es un tema amplio y tiene relación con el narco y su cultura por
medio del poder que ejerce. Con el cual es capaz de cooptar, controlar y
corromper a la sociedad y a los diferentes órdenes gubernamentales,
especialmente a los municipales que son los más desprotegidos. Utiliza sus
diferentes formas de expresión, como: la influencia, la autoridad, la sujeción,
la obediencia, la resistencia y el sometimiento.
El
narco puede ser considerado como una guerra de interpretaciones que queda
atrapada entre la visión gubernamental y la popular. Ha desarrollado formas
culturales a lo largo del tiempo como los narcocorridos, que son una forma de
interpretación no-dominante, y el culto a Jesús Malverde con el cual se
identifican y hallan protección tanto narcos como población en general. Además,
crea una zona de indistinción entre categorías que antes eran irreductibles.
Así, conjuga elementos materiales e inmateriales creando valores, conocimientos,
lenguaje, tradición, códigos morales, elementos simbólicos y religiosos, normas
de comportamiento, estilos de vida e instrumentos de trabajo.
Badiraguato es un municipio
donde se gestó la actividad tanto de la primera como de la segunda generación
de narcos, es paso natural de drogas hacia los Estados Unidos y presenta altos
índices de pobreza y marginación, por lo cual se desarrolló en esa zona el
narco. Tiene una explicación histórica muy compleja.
Ciudad Juárez en los últimos tres años ha vivido
un proceso muy dinámico entre las fuerzas gubernamentales y los cárteles. Según
la PGR, el mayor problema ha sido el enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa
y del Juárez. A pesar de las medidas tomadas por el gobierno municipal, estatal
y federal, no se han logrado solucionar los grandes problemas, incluso la
violencia creció. Lo cual también es una forma de cultura política.
Sin embargo, la cultura política no se tiene
que tomar como un todo homogéneo, de manera que la cultura del narco no necesariamente
es dominante en Badiraguato y Ciudad Juárez. Tiene matices, fuerzas a favor y
en contra, que nos ayudan a hacer un análisis más equilibrado.
Finalmente
se debe precisar que el problema del narcotráfico es inaprensible en su
totalidad, sin embargo, este escrito es un intento por mostrar sus trazos
generales en origen, desarrollo y raigambre. La cultura política y el narco son
líneas asintóticas que parecen unirse únicamente en una situación extrema como
la que vivimos en el presente.
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