por Víctor Pavón
Víctor Pavón es Decano de la Facultad Derecho Decano de Currículum UniNorte (Paraguay) y autor de los libros Gobierno, justicia y libre mercado y Cartas sobre el liberalismo.
El poder ejecutivo emitió días atrás un comunicado en el que afirma
que el gobierno se ve obligado a involucrarse en el conflicto sucitado
entre los carperos
y los dueños de propiedades en las tierras de Ñancunday, departamento
de Alto Paraná. El comunicado continúa diciendo que se hace necesario
convocar a una mesa de diálogo para hallar una solución al problema.
La realidad, sin embargo, es muy diferente porque la preocupación
expresada por el presidente no es más que una muestra de la extrema
incoherencia y hasta cinismo con el que el gobierno está actuando en
este tema. Fue el mismo gobierno de Lugo el que alentó la ocupación de
tierras por parte de los denominados carperos, un grupo violento que
conforma una gavilla de choque liderado por uno de los seguidores del
primer anillo del presidente, el gobernandor Paková Ledesma,
quien no tiene el menor recato en recorrer diferentes zonas del
territorio nacional para alentar otras invasiones dejando de lado sus
obligaciones como gobernador y desechando el clamor de sus miles de
habitantes pobres y necesitados como los que conforman sus departameno,
el de San Pedro, donde sí tiene jurisdicción y en el que bien podría
promover —si se dedicara a sus tareas— a la construcción de rutas,
escuelas e institutos técnicos agropecuarios, hospitales, pasantías
laborales para los jóvenes y otros diversos servicios a su comunidad.
Pero por supuesto que el gobernador no se dedica a estos menesteres
tan urgentes e importantes para su departamento porque sus intereses son
otros. La realidad es que a él y al mismo presidente les resulta
indiferente la suerte de sus prójimos. Prefieren vender la idea de que
el derecho surge del despojo de lo ajeno, como también lo hace un
criminal cualquiera. La realidad también es diferente y no se compadece
de la supuesta preocupación del gobierno de lo que ocurre con las
invasiones de los carperos porque fue el mismo presidente Lugo el que
puso en vigencia un decreto que atenta contra la Constitución y por ende
contra el Código Civil en lo relacionado a la posesión de la propiedad
utilizando a los miembros de las Fuerzas Armadas en tareas de
amojamiento y mensura de las predios.
La realidad asimismo se opone al reciente comunicado presidencial puesto que la orden presidencial de ingresar a la propiedad privada
sin orden judicial alguna es una muestra de la grave intromisión que
realiza uno de los poderes del Estado, en este caso el ejecutivo,
avasallando a otros poderes del Estado, el Judicial, violando de este
modo las claras disposiciones contenidas en el artículo 3 de nuestra
Constitución Nacional que preceptúa que ninguno de los poderes puede
atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o
colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público.
Nunca existió una preocupación real y positiva por parte del gobierno
por dar una solución de fondo al problema de la tierra en el país. De lo
único que se "preocupó" el gobierno fue en convertirse en juez en un
tema reservado a los tribunales, lo que permitió el auge de grupos
radicalizados que no tuvieron ningún límite para expresar ideas que
llegaron hasta el nivel del racismo en contra de los propietarios,
alegando por ejemplo que los "brasiguayos" no son paraguayos "puros".
Ahora que los jueces ya resolvieron emitir sendas órdenes de desalojo de
los invasores de propiedades, el gobierno emite un comunicado
expresando la necesidad de una mesa de diálogo. Aquí hay una sola
realidad. Primero las órdenes judiciales de desalojo deben cumplirse.
Además, ¿de qué mesa de diálogo hablan el presidente Lugo, el gobernador
Paková Ledesma y sus asesores? ¿Acaso cree el gobierno que sobre un
hecho que se configura reprochable ante la ley como delito de invasión,
pueden las autoridades sentarse a negociar? La realidad es que
nuevamente los hechos desnudan las intenciones fuera del ordenamiento
jurídico que tiene el gobierno. En cualquier lugar del mundo civilizado
la ley no puede ser objeto de ninguna mesa de diálogo; excepto por
supuesto en Cuba y Venezuela —países cuyos gobernantes tienen la más
alta estima del presidente y sus seguidores más próximos.
La ley sencillamente se cumple en especial cuando se tratan de
derechos humanos que se encuentran avallados como lo son la vida y la
propiedad de las personas. Caso contrario, la sociedad cae en en el
desorden social y los grupos radicalizados avanzan para muy pronto
convertirse en verdaderos ejércitos privados fuera del orden legal,
reemplazando de esta manera a la justicia y a la ley. En cualquier lugar
del mundo donde se respeta la dignidad del individuo, el derecho no
puede surgir de un acto jurídico considerado como ilegal como
efectivamente lo es la invasiòn de propiedades; excepto por supuesto en
Cuba y Venezuela que, a propósito son países con gobiernos que el
presidente Lugo y sus seguidores consideran como modelos a imitar. La
verdad es que ningún derecho puede tener origen en el despojo de lo
ajeno, excepto para los malos gobiernos y los criminales. Sin el derecho
de propiedad ningún otro derecho es posible, puesto que una persona
debe sustentar su vida por su propio esfuerzo y la persona que no tiene
derecho al producto de su esfuerzo no posee los medios para sustentar su
vida.
La mesa de diálogo que propone el presidente Lugo no es más que una
muestra de la notable incoherencia y confirmada mala fe del gobierno por
tratar de apañar a los delincuentes invasores como los autodenominados
carperos que, pese a tener que ir preparando sus lujosas camionetas y
cuantiosos víveres para salir raudamente de las propiedades que
invadieron, no hacen más que seguir provocando a otros propietarios de
otros lugares del país a que se cuiden que muy pronto todo el esfuerzo
de años de sus trabajos les serán despojados sin mediar sentencia alguna
y con la complicidad y hostigamiento del mismo gobierno que, a la sazón
actúa, como el más vil de los criminales.
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