La historia de la narcopolítica
en Tamaulipas tiene una década de haber sido ventilada públicamente. Se
abrió en Guardados de Abajo, una comunidad de 300 habitantes en la
frontera chica tamaulipeca, donde el 9 de febrero de 2001 el Ejército y
agentes federales detuvieron a Gilberto García Mena, "El June",
lugarteniente de Osiel Cárdenas, para entonces, líder del Cártel del
Golfo. A García Mena lo atraparon en una casa donde él fue joya menor
ante el botín de información que las autoridades encontraron ahí.
La casa era propiedad de Octavio García, delegado de la policía estatal y
uno de los 21 detenidos en el operativo. Las autoridades decomisaron
videos y fotografías de fiestas de donde aparecían funcionarios locales,
estatales y policías. Ese material, además de grabaciones telefónicas
que conectaban a diferentes niveles del Gobierno, en ese tiempo
encabezado por Tomás Yarrington, los tienen la PGR y la Secretaría de
Gobernación.
Yarrington es uno de los tres ex gobernadores tamaulipecos que investiga
la PGR por presunta relación con el narcotráfico, y cuyo nombre ha
dominado las noticias en las 72 últimas horas por la divulgación del
testimonio de cuatro testigos protegidos de la DEA en un juicio en San
Antonio en contra de Antonio Peña Argüelles, presuntamente su
intermediario con el Cártel del Golfo y Los Zetas.
En todo este tiempo, la PGR mantuvo dormida la investigación sobre
Yarrington, quien se ufanaba de ser amigo del ex presidente George W.
Bush desde los tiempos en que fue gobernador de Texas, y presumía
fotografías en cenas en la Casa Blanca. Yarrington se sintió blindado
jurídicamente durante mucho tiempo, apoyado por la PGR que llegó a negar
acusaciones en su contra, como la del ex Diputado local y hoy delegado
de la Sedesol en Tamaulipas, Luis Alonso Mejía García, quien dijo que
había recibido 80 millones de dólares del narcotráfico para su campaña
electoral.
El coordinador del Comité de Financiamiento de su campaña era Eugenio
Hernández, quien lo relevó como gobernador. Yarrington aspiró hace seis
años a la candidatura presidencial del PRI, y al ser ignorado se volcó
al negocio la construcción que, de acuerdo a quienes lo conocen, fue el
detonante de una fortuna considerable –dicen sus cercanos-, razón por la
cual lo conectan en el juicio en San Antonio con el asesinato del
candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú en 2010.
Yarrington, quien se encuentra desaparecido, es visto en el Gobierno
federal como el mandatario durante cuya gestión Los Zetas crecieron, se
consolidaron y se convirtieron en cártel. Hernández, a su vez, es
percibido como el gobernador en cuyo mandato el estado perdió el control
absoluto de decenas de municipios donde la ley era la del narcotráfico
con la complicidad, por comisión, de él.
Hernández y Yarrington están hoy al margen del PRI, pero Cavazos es
número uno en la lista del Senado para Tamaulipas, impuesto por Miguel
Ángel Osorio Chong, representante de Enrique Peña Nieto en el partido.
El candidato presidencial ha defendido a Cavazos, en cuyo mandato la
organización de contrabandistas que construyó Juan Nepomuceno Guerra,
evolucionó en el Cártel del Golfo al entrar como nuevo jefe su sobrino
Juan García Ábrego, quien contra los deseos de su tío comenzó a traficar
con cocaína. En el último año de gobierno de Cavazos, tras la detención
de Juan García Ábrego y el breve liderazgo de su hermano Humberto,
Osiel Cárdenas tomó el control de la organización y reclutó 30 ex
comandos de élite del Ejército, que crearon Los Zetas.
La PGR tiene en el expediente los detalles de la historia del Cártel del
Golfo y Los Zetas aparejada a la narcopolítica, pero no ha formulado
las acusaciones contra de los tres ex gobernadores indiciados. La DEA la
ayudó significativamente y Peña Nieto patinó al sugerir que el gobierno
de Estados Unidos se había prestado a una manipulación del Gobierno de
Felipe Calderón. En todo caso, la narcopolítica en México regresa a ser
un transfronterizo, que no se resolverá este año, pero que sin duda
tendrá un impacto en la campaña presidencial.
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