¡No es el consumo!
Comentaristas y expertos, algunos de los cuales tendrían que saber más, continúan con la cantinela de la idea de que la recesión persiste porque los consumidores no gastan. Todo keynesiano parece creer que como los consumidores tienen un terrible desánimo, solo el estímulo del gobierno puede rescatar a la moribunda economía, dado que (al menos, para ellos) los inversores no gastarán más porque la Fed, habiendo ya llevado los tipos de interés a niveles extraordinariamente bajos, no pueden usar políticas convencionales para rebajarlos aún más y así provocar más gasto en inversiones.
Por favor, miren los datos. Están fácilmente disponibles para todos y cada uno en el sitio web mantenido por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, la organización que genera las cuentas de renta y producto nacional de Estados Unidos.
De acuerdo con estos datos, el gasto real en consumo personal se recuperó de su caída tras la recesión en el cuarto trimestre de 2010. Continuando con su crecimiento, está ahora (con los datos más recientes, del segundo trimestre de 2011) incluso por encima de su máximo previo a la recesión.
El gasto público real en consumo e inversión (este concepto no incluye las transferencias del gobierno, como prestaciones del seguro de desempleo y de la seguridad social) también está más alto que su nivel previo a la recesión. En el segundo trimestre de 2011 se encontraba más de un 2% más alto (recordemos que es gasto “real” o ajustado a la inflación; el gasto nominal ha crecido sustancialmente más).
La economía sigue moribunda no porque el gasto en consumo no se haya recuperado y tampoco porque el gasto público haya dejado de aumentar, sino porque el verdadero motor del crecimiento económico (la inversión privada) continúa profundamente deprimido. La inversión fija doméstica privada bruta cayó constantemente tras el segundo trimestre de 2007 y en el segundo trimestre de 2011 permanecía un 19% por debajo de su máximo anterior. Sin embargo, esta cifra no muestra lo mala que es realmente la situación, porque la mayoría del gasto inversor que tiene lugar ahora mismo es lo que los contables llaman la “asignación para el consumo de capital”, la cantidad estimada como necesaria para compensar el desgaste natural y la obsolescencia de las existencias de capital.
La variable clave es la inversión fija doméstica privada neta: la inversión que crea las existencias de capital privado productivo. Los datos trimestrales a lo largo de este año no están aún disponibles en el sitio web de la BEA, pero los datos anuales muestran que un índice de su cantidad real hizo máximo en 2006, cayó sustancialmente en cada uno de los siguientes tres años y se recuperó solo ligeramente en 2010, cuando el índice mostraba que la inversión fija doméstica privada neta se encontraba alrededor de un 78% por debajo de su nivel en 2005 y 2006. He aquí la verdadera razón de la persistencia de la recesión.
Los inversores privados, a pesar de la completa recuperación del gasto real del consumo y el aumento de gasto público real en bienes y servicios finales, siguen aprensivos acerca del futuro de las nuevas inversiones, especialmente nuevas inversiones a largo plazo. He argumentado repetidamente durante los pasados tres años que una razón importante para esta aprensión y la consiguiente reticencia a comprometer más capital es la incertidumbre del régimen (en este caso, un miedo extendido y serio a que las grandes políticas del gobierno en áreas como impuestos, Obamacare, reforma financiera, regulación medioambiental y otras áreas tengan el efecto de privar a los inversores de control sobre su capital o disminuyan su capacidad de apropiarse las rentas que genere el capital). La cantinela del Presidente Obama sobre lo deseable que sería hacer que “los ricos” pagaran su “justa porción” (es decir, más) de los siempre crecientes costes del gobierno solo exacerba la incertidumbre de régimen. Los líderes empresariales han hablado una y otra vez de cómo el entorno político actual no anima a la toma de riesgos y el emprendimiento.
En todo caso, debería estar clarísimo que el problema para la recuperación no es la falta de gasto de los consumidores. Por favor, tengamos más respeto por los hechos que continuar cantando esa vieja tonada completamente gastada.
Para servir y proteger… al estado
El mes pasado, un tribunal internacional de derechos humanos abofeteó a Estados Unidos con una resolución de cara a la galería sin fuerza legal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendía que Jessica Lenahan podía demandar al departamento de policía de Castle Rock, Indiana, por su rechazo en 1999 a aplicar una orden de alejamiento contra su esposo separado. Los tribunales estadounidenses habían rechazado su demanda.
La decisión del tribunal ha reiniciado la discusión de una tragedia de décadas. Pero el tema se presenta como una exposición de las políticas de violencia doméstica de Estados Unidos. Es más apropiadamente un ejemplo de la extrema desconexión entre el público y la policía en lo que se refiere a prevenir la violencia. El público grita: “¡Es vuestro trabajo!” La policía replica: “Díganselo al juez”. Y los jueces estadounidenses han decidido constantemente que la policía no tiene obligación de protegerte.
La resolución del tribunal revela una confusión común acerca del propósito de las fuerzas de orden público en Estados Unidos. Lenahan reclama que la policía tiene una obligación legal de protegerla de la violencia y por tanto que fue delictiva en su tarea. En realidad, proteger a la gente no es la misión de las fuerzas de orden público. Su propósito es aplicar la ley, administrar la voluntad del estado.
¿De donde procede esta visión casi esquizofrénica de las fuerzas de orden público? El caso Lenahan ofrece algunas pistas.
Historial del caso
El 22 de junio de 1999, el marido separado y padre Simon Gonzales secuestró a sus tres hijas a pesar de una orden de alejamiento activa contra él. Frenéstica, su esposa Jessica (entonces Gonzales) telefoneó a la policía siete veces y acudió a la comisaría pidiendo ayuda. A pesar de que había una orden de alejamiento es ésta había sido violada, la policía rechazo prestarle más atención que la simbólica, creyendo que Simon no era violento. 24 horas después, se encontraron los cadáveres de tres niñas en la parte trasera de su furgoneta y Simon moría en un tiroteo con la policía.
Jessica presento una demanda de 30 millones de dólares contra la ciudad de Castle Rock, acusando a la policía de violar su derecho a un proceso debido de la Decimocuarta Enmienda. La cláusula de proceso debido de la Enmienda reza, en parte:
Ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria.
Esencialmente, Jessica argumentaba que la negación del departamento de policía a aplicar una orden de alejamiento violaba un derecho constitucional a la protección.
El caso siguió su curso hasta el Tribunal Supremo de EEUU. E 27 de junio de 2005, el Tribunal Supremo rechazó Castle Rock vs. Gonzales basándose en que no había ningún derecho constitucional a la protección policial.
Según la ley de Colorado, la policía ha de “usar todos los medios razonables para aplicar una orden de protección”. Sin embargo, el Tribunal Supremo sentenció contra la ley estatal. La mayoría sostuvo que:
La ley de Colorado no ha creado un derecho personal a la aplicación de órdenes de alejamiento. No parece que la ley estatal haya hecho realmente obligatorio esa aplicación. Una tradición bien establecida de discreción policial ha coexistido desde hace mucho con leyes sobre arrestos aparentemente obligatorios.
Así que el centro de Castle Rock vs. Gonzales es una disputa policía vs. pueblo. ¿Existe la policía para protegerte? La respuesta clara es que no. Desde la sentencia de 1856 del Tribunal Supremo en South vs. Maryland hasta Castle Rock, los tribunales han decidido que “no hay un derecho constitucional a ser protegidos por el estado contra ser asesinados por criminales o locos”. (Bowers vs. DeVito, 1982).
¿Entonces cuál es el propósito de la policía?
El sistema legal estadounidense deriva de la ley común inglesa y el policía moderno estadounidense se remontan a los sheriffs ingleses, pagados por el gobierno y responsables ante éste, no ante la comunidad. El propósito fundamental del sheriff era aplicar lo que se llamaban las “decisiones del gobierno”. Mantener el orden público era también una reocupación, pero el “orden” lo definía el gobierno.
La Inglaterra de finales del siglo XVIII es el periodo concreto de la historia al que se remontan las fuerzas policiales estadounidenses. Inglaterra estaba entonces convirtiéndose en un estado-nación moderno y se estaban creando muchas de las instituciones que hoy conocemos. Una de las primeras “leyes de policía” fue propuesta en 1785 por el Primer Ministro William Pitt el Joven. Habría establecido una fuerza policial financiada con jurisdicción sobre Londres; la propuesta fue rechazada. Pero en 1786, los ingleses establecieron en Dublín una policía centralizada financiada por el municipio, con el propósito explícito de acallar el “desorden”. Al inicio de la rebelión de 1799 en Irlanda la fuerza de policía se centralizó y fortaleció aún más.
En esto como en otras medidas sociales, Irlanda fue un campo de pruebas para lo que más tarde se convertiría en la policía de Inglaterra. Por ejemplo, los ingleses impusieron en Irlanda hospitales financiados por el estado mucho antes de que existieran en Gran Bretaña. El establecimiento de las modernas fuerzas de policía en Irlanda se completó en 1814 bajo Robert Peel, secretario jefe del Lord Lugarteniente de Irlanda, que estableció la Policía de Preservación de la Paz. Peel explicaba que la policía era una “fuerza paramilitar” (es decir, era militar tanto en su organización como en su formación). De acuerdo con su nombre, le propósito de la policía era preservar la paz frente a elementos perjudiciales (es decir, contra los rebeldes nativos irlandeses).
En su ensayo “Call the COPS' – But Not the Police: Voluntaryism and Protective Agencies in Historical Perspective”, el libertario Carl Watner describía a Inglaterra como convirtiéndose en “más receptiva” a la idea de una fuerza moderna de policía
Así que en 1829, Peel (ahora Secretario de Interior para Inglaterra) fue capaz de persuadir al Parlamento para que aceptara su propuesta de una única policía controlada por le gobierno para Londres; la nueva Policía Metropolitana [era] (…) una versión rebajada y britanizada de la policía que había establecido antes en Irlanda.
¿Qué había cambiado desde 1785? Al menos dos factores tuvieron un peso específico. En su libro Police and Protest in England and Ireland 1780–1850 (1988), Stanley H. Palmer describía uno de ellos:
La experiencia de organizar y reclutar la policía irlandesa sin duda informó a la élite política inglesa central de la viabilidad de una policía, su utilidad de tiempos de desorden, las ventajas de un profesionalismo disciplinado. (p. 376).
En su libro Criminal justice: an introduction to philosophies, theories and practice (2004), Ian Marsh, John Cochrane y Gaynor Melville describían un segundo factor:
¿Por qué aparecieron las modernas fuerzas de policía en este momento, al principio del siglo XIX? Hasta entonces la amenaza a la libertad individual se había utilizado como argumento contra la policía organizada. Sin embargo, la llegada del capitalismo industrial llevó a un gran número de trabajadores empobrecidos (desempleados o subempleados) a trasladarse a los centros urbanos en expansión. Esto, junto con el crecimiento general de la población, llevó a temer (…) a las “clases peligrosas”. (p. 135).
En resumen, las raíces de las modernas fuerzas de policía en Inglaterra, como en Irlanda provenían de una necesidad percibida de control social.
Como en Inglaterra, lo mismo pasó en Estados Unidos. El modelo de Peel fue en buena medida adoptado por las ciudades estadounidenses durante el siglo XIX. Como apuntaba Carl Watner:
Uno de los temas dominantes en la historia de la policía en Estados Unidos ha sido la lucha por ver qué facción política controlaría la policía. Bajo la Constitución de EEUU, el poder policial no era una responsabilidad federal, sino más bien una obligación del estado, el condado o los gobiernos locales. Como el control de la policía era una responsabilidad local, tenía que oscilar “entre autoridades electiva de la ciudad o el estado. Así que en ningún lugar la relación de policía y política iba a ser más fuerte que en Estados Unidos”.
Así, la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Castle Rock no debería haber sorprendido a nadie. Si el tribunal hubiera decidido que las órdenes de alejamiento eran derechos constitucionales a la protección, entonces el propósito fundamental de la aplicación estadounidense de las leyes habría cambiado del servicio a la ley al servicio a los individuos. Además, un precedente judicial como ése habría desencadenado una oleada paralizadora de demandas con los departamentos de policía. También esto podría haber cambiado la “descripción del trabajo” de la aplicación de las leyes en Estados Unidos.
Una visión competitiva genuinamente estadounidense
¿Por qué persisten los estadounidenses en creer que los policías están ahí para protegerles?
Una razón: Al contrario que la mayoría de las naciones, Estados Unidos tiene un precedente histórico para la creencia. Se llama el Viajo Oeste. Como explicaban Terry L. Anderson y P.J. Hill en su ensayo “An American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West”, la imagen del sheriff del pueblo de Oeste personificada en el Marshal Dillon es la de una fuerza privada de policía que sí protegía a las personas y la propiedad. Escribían:
Se percibe a menudo el Oeste de este tiempo como un lugar de gran caos, con poco respeto por la propiedad o la vida. Nuestra investigación indica que no fue el caso: los derechos de propiedad estaban protegidos y prevalecía el orden civil. Las empresas privadas ofrecían la base necesaria para una sociedad ordenada en la que la propiedad estaba protegida y los conflictos se resolvían.
Estas empresas normalmente no podían considerarse como gobiernos porque no tenían un monopolio legal del “mantenimiento del orden”. Pronto descubrieron que la “guerra” era una forma costosa de resolver disputas y se crearon métodos de acuerdo (arbitraje, tribunales, etc.) de menor coste. En resumen, este trabajo argumenta que una caracterización del Oeste Americano como caótico resultaría ser incorrecta.
Anderson y Hill ofrecen una visión revisionista convincente del “salvaje Oeste” que se mostraba de acuerdo con cómo se retrata en las novelas de Zane Grey. Escribe:
Sin embargo, recientemente exámenes más cuidadosos de las condiciones existentes hacen que dudemos de lo adecuado de esta percepción. En su libro Frontier Violence: Another Look, W. Eugene Hollon indicaba que créis “que la frontera del Oeste era mucho más civilizada, más pacífica y más segura que la sociedad estadounidense actual”. La leyenda del “salvaje Oeste” persiste a pesar de la conclusión de Robert Dykstra de que en cinco de los principales pueblos ganaderos (Abilene, Ellsworth, Wichita, Dodge City y Caldwell) para los años que van de 1870 a 1885, se reportaron solo 45 homicidios: una media de 1,5 por temporada de comercio ganadero.
En Abilene, supuestamente uno de los pueblos vaqueros más salvajes, “no se mató a nadie en 1869 o 1870. De hecho, no se mató a nadie hasta la llegada de agentes de la ley, empleados para evitar asesinatos”.
Hubo un tiempo en que una parte significativa de lo que hoy es Estados Unidos estuvo protegida por policías privados que eran pagados (y por tanto eran responsables) por la comunidad en la que servían. Los sheriffs del Oeste sí protegían a personas y propiedades, sí rescataban maestras y castigaban a los cuatreros. Su misión era mantener la paz evitando la violencia.
Los policías modernos aún disfrutan del brillo de ese legado aunque lo traicionen recibiendo salarios del estado e institucionalizando una indiferencia por la persona y la propiedad de quienes afirman servir. El policía moderno es de hecho la antítesis del Marshal Dillon y una expresión del estereotipo del sheriff británico: un funcionario civil responsable solo ante el gobierno y la policía pública.
Conclusión
Así que la moraleja real de la tragedia Gonzales es ésta: Protégete tú mismo, porque a la policía no se le paga para cuidarte.
El Congreso anti-energía
En respuesta a las “crisis energéticas” creadas por el gobierno que hemos experimentado en los últimos años (más sobre su gestación de la “crisis” más adelante), el Congreso, los tribunales y el poder ejecutivo del gobierno de EEUU se unen en su creencia de que los futuros de la energía deben ser futuros administrados. Cualquier pretensión que haya mostrado la administración republicana respecto de un libre mercado en la energía, ha desaparecido en medio de una tormenta de subvenciones y retórica. De hecho, parece que la carrera real es por ver qué partido político puede ofrecer el tipo de energía más estatalizado.
Como parte de su ataque de 100 horas, el nuevo Congreso controlado por los demócratas ha anunciado que quiere ver precios de combustible más bajos forzando al alza los precios del combustible. No es una errata. El Congreso busca cargar al sector petrolífero con 15.000 millones de dólares en nuevos impuestos, tasas y otras medidas punitivas; al mismo tiempo, los miembros del Congreso nos dicen que como consumidores “merecemos” precios más bajos en la gasolina. Así es como funciona este sinsentido de forzar los precios al alza para conseguir precios más bajos:
El Congreso obliga a subir las tasas para petróleo y gas extraídos de tierras de propiedad pública;
El Congreso impone una tasa de “conservación de recursos” de 9$ por barril sobre el petróleo y de 1,25$ por millón de BTU sobre el gas natural, para la producción en el Golfo de México mientras los precios permanezcan por encima de los 34,73$ por barril para el petróleo y los 4,34$ por millón de BTU para el gas;
El Congreso aumenta los impuestos a las compañías energéticas.
Como dice Charles Rangel, el nuevo presidente del Comité de Formas y Medios de la Cámara: “Estamos echando atrás las subvenciones a la grandes petroleras para invertir en energías alternativas y encontrar soluciones a los problemas energéticos de nuestra nación”. Y mientras la nueva Presidenta de la Cámara Nancy Pelosi promete que todos estos nuevos ingresos irán a un fondo para promover energías alternativas, hasta ahora las 100 horas no han producido ninguna legislación de ese tipo. Tal vez deberíamos esperar que el dinero se gaste en otras cosas.
Antes de ocuparnos de lo que el Congreso ve como nuestra “energía futura”, tal vez sería bueno examinar la próxima legislación para entender el daño real que infligirá. Hubo un tiempo en que el Congreso se acostaba con el lobby petrolífero, pero ahora que el Congreso quiere darnos energías “alternativas”, uno espera que alguien caliente de nuevo esas sábanas.
El asunto de las tasas debería gustar a todos los defensores del libre mercado. Primero, y lo más importante, el gobierno no debería estar en el negocio de arrendar terreno que las compañías petrolíferas deberían poseer. La propiedad cambia la ecuación para el cálculo económico y uno puede estar seguro de que las petroleras se comportarían de forma distinta con terrenos propios, frente al arrendamiento del estado, algo que apunté en un artículo sobre la Reserva Nacional de Vida Salvaje del Ártico hace cinco años.
Segundo, las petroleras no están incumpliendo ningún contrato: el gobierno quiere reescribirlos como medida punitiva:
Políticos de ambos partidos han expresado su enfado ante el rechazo de las empresas petroleras y gasísticas en revisar los arrendamientos de 1998-99 que fueron firmados sin una provisión que requiriera pagos de tasas si aumentaran los precios del petróleo y el gas, como se ha hecho en años recientes.
Los auditores del Congreso han dicho que el gobierno ha perdido ya unos 2.000 millones de dólares en tasas y podría perder hasta 10.000 a lo largo de la vida de los arrendamientos a causa del error.
La propuesta “se ocupará del defectuoso sistema de tasas, dijo el representante Nick Rahall, demócrata de Virginia Occidental, presidente del Comité de Recursos Naturales, añadiendo que “pondrá de nuevo esos derechos de pago (perdidos en tasas) donde corresponden: en el Tesoro federal”.
Difícilmente podemos culpar a la empresas petroleras por lo querer reescribir los contratos que ahora operan a su favor, especialmente dada la volatilidad de los precios del petróleo, que pueden bajar tan fácilmente como suben. Además, si tengo que elegir entre aumentos en los “ingresos” públicos frente a aumentos en la rentabilidad de las empresas privadas, elegiré siempre la rentabilidad, ya que crea más resultados positivos.
Sin embargo, la idea de que el gobierno está “perdiendo” dinero que nunca tuvo y por el que nunca contrató no es exactamente una pérdida. Es como si yo dijera que como no he renegociado a la baja mi contrato con mi empresa, estoy haciendo que la Universidad de Frostburg State esté “perdiendo dinero”. Esa explicación es una tontería.
La “tasa de conservación de recursos” es otro nombre inapropiado. Por el contrario el propósito es desincentivar a las empresas a sacar petróleo de la tierra… o a comprarlo fuera, ya que el gobierno de EEUU nunca ha encontrado una muy buena manera de gravar a la gente de otros países por el petróleo que producen. (EEUU simplemente invade algunos de esos países, lo que supongo que puedo suponer que es una forma de gravamen. Una invasión indudablemente puede verse como una medida sancionadora y este Congreso parece querer sancionar a cualquiera que se dedique al negocio del petróleo).
Es seguro que una “tasa” así haría menos viable a las petroleras invertir en pozos nacionales, suponiendo, en la práctica, un oneroso impuesto de al menos el 20% a los precios actuales. Además, la idea de el Congreso deba desalentar el uso de combustibles fósiles es dar la vuelta a la lógica económica, aunque no puedo recordar ningún momento en el que el Congreso haya seguido una lógica económica en años recientes, así que aunque estoy desilusionado, apenas me sorprende este último estallido de ignorancia económica.
Además, la idea de castigar a las petroleras porque son rentables es más que dar la vuelta a la lógica económica. Como he apuntado en otro lugar, los beneficios no son la causa de los altos precios. Los beneficios se producen, como ha apuntado Murray Rothbard, a causa de factores de producción temporalmente a bajo precio.En el caso del petróleo y la gasolina, el precio de los productos subió rápidamente (más rápidamente de lo que lo hicieron los precios que las empresas petrolíferas pagaron por distintos factores, lo que hizo que las empresas obtuvieran grandes beneficios, pero muy temporales).
Si el Congreso trata de hacer las empresas petrolíferas no sean rentables, eso significará menos gasolina (y precios más altos) en el futuro. Además, los grandiosos planes energéticos que siempre parecen venir de Washington no tienen éxito ni pueden tenerlo. El socialismo no puede superar a la empresa privada sin que importe el tipo de retórica que nos ofrezcan los políticos.
Ahora mismo, el nuevo Congreso no puede hacer nada mal, al menos hablando políticamente. Aún así, la ventisca de legislación anti-energía que está llegando de este cuerpo legislador es de mal agüero y hará un daño económico real si las propuestas se convierten en leyes. Además, con algunos en el Congreso pidiendo leyes sobre precios excesivos, uno solo puede esperar que no veamos una repetición de la locura energética de la década de 1970 con escaseces, largas colas y caos en los mercados.
Al desalentar la producción y uso del petróleo, el Congreso y sus aliados insisten en que nos están haciendo un favor. Creen que el etanol y otras energías “verdes” futuras son el camino a seguir, aún así la única forma de pagarlas es pagando más impuestos para financiar estos grandes subsidios que requieren estas industrias. Así que nos dejan con la perspectiva de un Congreso obligándonos usar menos combustibles fósiles (que eficaces en costes y eficientes) y reemplazar esos combustibles por otros aprobados por el gobierno, que son prohibitivamente caros e ineficientes. Y el Congreso al final nos dice que esas disposiciones nos interesan económicamente.
Pueblo narcotizado
MÉXICO
Por Raúl Benoit
 | Como si les hubieran aplicado una anestesia general, gran parte de los mexicanos se está volviendo insensible a la violencia. Algo parecido ocurrió en Colombia a comienzos de los 90; los Extraditables mataban policías, jueces y periodistas, perpetraban atentados indiscriminados, pero la gente ignoraba tan trágicos hechos. Era como vivir en dos países distintos: uno sumido en el miedo y el otro, indiferente, pregonaba que nada sucedía. |
En aquella Colombia, los políticos trataban de no perder su prestigio y algunos sectores de la sociedad los secundaban, para no dañar la imagen del país en el exterior.
Aunque cueste creer, especialmente tras la matanza de Monterrey, en la que sicarios del crimen organizado incendiaron un casino por una cuestión de deudas, cobrándose la vida de 52 personas, México apenas está entrando en el túnel negro del caos criminógeno generado por los cárteles de la droga.
Pronostican que a los 40.000 muertos que contabiliza la guerra contra el narco desde que asumió el presidente Felipe Calderón habrá que sumar otros 20.000 antes de que éste termine su mandato.
Calderón practica deportes extremos como el alpinismo y el buceo en un documental turístico de México que pasa la televisión. No le quito el mérito de querer mostrar un país maravilloso, porque en realidad lo es; pero no puede decir eso de que la violencia no afecta al turismo: sus paisanos ven ahí un chiste cínico.
La anestesia de la sociedad mexicana es una forma de complicidad, porque nadie puede negar los hechos atroces y el pánico que tienen los propios paisanos a ir, por ejemplo, a Acapulco, donde las matanzas son constantes.
La violencia sucede ante los ojos de todos y va en aumento, según los datos que me suministró el abogado José Antonio Ortega, laborioso luchador social que demuestra gran coraje al denunciar a un Estado incompetente.
El zarpazo de la violencia lo sufren también países como Honduras, Guatemala y Colombia. Muchos se preguntan: ¿qué ha llevado a estas naciones a vivir tiempos tan funestos? Tras asistir a varios foros internacionales sobre la materia, he concluido que las causas están en la miseria, el abandono estatal, la marginación y la indiferencia social.
Hay un factor determinante que está íntimamente ligado a todo ello: la impunidad. Según el abogado Ortega, en México hay 300.000 órdenes de captura sin ejecutar.
La conclusión es que los Gobiernos han fallado. No han sabido administrar justicia ni ejercer la autoridad. La precariedad de las políticas sociales y educativas ha hecho que el pueblo tenga como alternativa laboral el crimen organizado. Ciertas autoridades han sido cómplices, y la inmundicia las cubre hasta la coronilla.
Sin lugar a dudas, México va camino del colapso social, mientras sus habitantes sobreviven narcotizados porque prefieren no reconocer que el futuro será peor.
Los mexicanos tienen el deber de cambiar ese destino, y solo unidos lo podrán hacer. Para ello deben desanestesiarse y hacer frente a los que llaman "violentos" con valentía y decisión.
Iglesia y Revolución en Cuba
'EL OBISPO QUE SALVÓ A FIDEL CASTRO'
Por Rafael Rubio
 | Si pudiéramos echar un vistazo a la famosa biblioteca del olvido de Nabokov, seguro que encontraríamos miles de libros sobre la revolución cubana y sus consecuencias, incluido, por supuesto, el mío, Regreso a Barataria. Encontraríamos mucha política ficción, mucha psicología, mucho libro de humor, muchísimas hagiografías del Líder Máximo, asombrosos ejemplares más propios de la astrología o el esoterismo... |
De entre los libros de asunto cubano que se salvarían de esa particular quema encontraríamos varias memorias y algún ensayo histórico como el que me dispongo a comentar, Iglesia y revolución en Cuba. Enrique Pérez Serantes (1883-1968), el obispo que salvó a Fidel Castro.
Habituados a unas versiones unilaterales de la historia en la que los implicados callan, por ejemplo, por miedo o desacuerdo, para la confección de esta obra el profesor Uría ha buceado en documentación cubana y estadounidense, en testimonios de cubanos de la Isla y de cubanos del exilio y en el archivo personal del arzobispo Pérez Serantes en Santiago de Cuba, que se abrió por primera vez precisamente para posibilitar la elaboración de este estudio. El resultado es un libro que aúna el rigor histórico con la capacidad de tratar con acierto un tema específico –que a algunos les parecerá menor– sin perder de vista un contexto complejo y mucho más amplio.
Son muchos los que, medio en broma medio en serio, culpan a monseñor Pérez Serantes, arzobispo primado de Cuba entre 1948 y 1968, del infierno que padece Cuba desde 1959. Su intervención ante las autoridades batistianas tras el ataque al cuartel Moncada (1953) fue decisiva para que el entonces líder rebelde Fidel Castro salvara la vida.
Las dudas no tardaron en convertirse en certezas y la colaboración inicial dio paso al enfrentamiento y a la persecución anticristiana. Pérez Serantes enseguida se puso, una vez más, del lado de la libertad. Le siguieron miles de cubanos defraudados con el giro comunista de la revolución, y todos terminaron aplastados por la poderosa máquina totalitaria del régimen.
La Iglesia se volvió a quedar en el lado de los más débiles. Se enfrentó al injusto régimen de Batista y al que le sucedió, que llegó predicando la libertad pero inmediatamente mostró su verdadero cariz totalitario y que no dudaba en encarcelar a los sacerdotes críticos en centros de readaptación.
El del papel de la Iglesia en la vida política, sobre todo cuando ésta tiene lugar en un Estado que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, no es tema fácil. Desde estas páginas hemos reivindicado el difícil papel de la Iglesia en Cuba, siempre en la cuerda floja, siempre en la compleja situación de mantener su espacio de libertad en la Isla-Cárcel –espacio que la propia Iglesia abre a todos los cubanos (creyentes y no creyentes)– sin dejar de denunciar las violaciones constantes a los derechos humanos. En el otro lado se encuentra el interés del régimen por tender puentes con la única institución cubana verdaderamente no gubernamental que sobrevive en la Isla.
De ahí el interés de este libro. El recientemente fallecido monseñor Pedro Meurice –sucesor de Pérez Serantes en la sede santiaguera–, que tuvo la oportunidad revisar este libro antes de su muerte, tras contribuir activamente a su elaboración, no dudó en considerarlo un apoyo imprescindible para entender el actual estado de debilidad de la Iglesia católica en Cuba. Su actuación no es siempre bien recibida, y algunos cuestionan incluso resultados como la deportación masiva de los prisioneros de la Primavera de Cuba, que han pasado más de siete años en prisión. Este libro da pistas para comprender mucho mejor las raíces de esa aparente contradicción, una constante que, con pequeños altibajos, marca la historia de Cuba y de la Iglesia desde 1959.
Mario Bros escenifica los desastres económicos de Obama
Con mucho humor, y con muchos datos reales, los republicanos han convertido a Obama en un antihéroe de videojuego.
Hace más de tres años que Obama dio el salto de la realidad al videojuego: en 2008 se creó ‘Super Obama World’ un juego online que imitaba al mítico "Super Mario Bros" y que sustituía al popular fontanero por el presidente estadounidense. En él, se convertía en una suerte de héroe, que salvaba al país de la debacle.
Pero, tres años después, han ocurrido muchas cosas, y Obama ya no es la esperanza que fue. Una crisis económica galopante, y varios tropezones políticos han hecho caer al presidente del pedestal; lo cual también ha tenido su reflejo en el terreno del videojuego.
"Obama World" se ha convertido en "MariObama", transformación que ha corrido a cargo del movimiento republicano "For America". La organización ha lanzado la segunda parte de un vídeo en el que Obama aparece convertido en un Mario Bros afroamericano, junto a un Luigi caracterizado como Joe Biden.
Tal y como recoge lainformacion.com, MariObama retrata a la perfección algunos de los desastres económicos del presidente, en tono de humor pero con un transfondo muy real. El juego transcurre en diversos escenarios, entre los que destaca un campo de golf donde se celebra un "Evento de Techo de Gasto", actividad restringida "sólo para demócratas". El Obama del videojuego lanza una lata con los ahorros de los gobiernos anteriores muy lejos, lo que le sirve para aumentar su tamaño, imitando lo que ocurría en el videojuego real cuando Mario Bros se comía una seta.
El juego recoge muchas de las situaciones que han llevado a EEUU a la actual tesitura económica, y finaliza con los ficticios Joe Biden y Obama gastando un dinero que no tienen y que "tendrán que pagar nuestros hijos". A buen seguro que no serán las últimas aventuras de este Obama del videojuego.
Reabren la causa contra el Príncipe saudí por presunta violación de una modelo en Ibiza
El árabe más rico del mundo tendrá que declarar en Baleares por una presunta violación a una modelo española en 2008.
Al Waleed Bin Talal, primo del heredero saudí, es el árabe más rico del mundo, socio de Ruper Murdoch y aspirante a construir el rascacielos más grande del planeta. Es un príncipe millonario y excéntrico, acostumbrado a tener todo cuanto desea, incluidas las mujeres.
Quizás esto fue lo que ocurrió en 2008, cuando una modelo española –su pseudónimo es ‘Soraya’- le denunció por violación. Según relató a la entrevista Interviú hace un par de semanas, las cosas sucedieron del siguiente modo: ella estaba en el reservado de la discoteca ‘El Divino’ de Ibiza, tomando copas junto al Príncipe y otras personas. Lo siguiente que recuerda es despertase en un camarote de un yate –el lujoso Turama- atracado en el puerto de la isla pitiusa. Sobre ella, yacía un hombre: "Lo único que recuerdo es que estaba como en un sueño, como si alguien estuviera encima y me besara. A la vez sentí un fuerte dolor en mis partes y en ese momento me desperté, tendida en una cama, en una habitación oscura, solo con una pequeña luz".
Soraya, que entonces tenía 20 años, denunció lo sucedido a la Policía Nacional. A los agentes les contó que en "en el barco había muchas chicas y chicos, unos treinta más o menos, como si fuera una orgía y había mucha droga" y añadió que, cuando se quiso marchar, le advirtieron: "Esto que ha pasado en el barco no puede salir de aquí, porque son gente muy poderosa de la familia real árabe y te pueden hacer mucho daño. Así que no se lo digas a nadie. Este es nuestro secreto". Según ha declarado, en el acto pensó que le habían echado alguna sustancia en la bebida, que la dejó inconsciente hasta el momento de despertar en el yate.
Entonces comenzó la batalla legal de la joven contras el Príncipe. La juez archivó el caso de violación por considerar que "no había quedado debidamente justificada la perpetración del delito".
No obstante, y gracias a la insistencia de "Soraya", la Audiencia de Palma ordenó en mayo de 2011 la reapertura de las diligencias. La magistrada ponenete de la sala reprochó a la juez que archivó el caso en primera instancia que ni siquiera "le haya sido tomado declaración en calidad de imputado al denunciado".
Los reproches se volvieron justificados cuando los análisis forenses judiciales del Instituto Nacional de Toxicología vinieron a confirmar la versión de la joven. En su orina hallaron restos del sedante dordazepam, así como restos de semen, que previsiblemente aportarán los datos de ADN necesarios para la identificación del hombre que la penetró.
Mientras, la coartada del Príncipe saudí es clara: en agosto de 2008 dice que no estaba en Ibiza. "El supuesto encuentro sencillamente nunca ocurrió", zanja en un comunicado.
Ahora, la juez de Ibiza se encuentra tramitando el envío de una comisión rogatoria a Arabia Saudí para solicitar la declaración como imputado del Príncipe Alwaleed bin Talal.
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