Desabastecimiento es ya una amenaza real para Argentina
La huelga de las mayores asociaciones de productores agropecuarios de Argentina ocasionará desabastecimiento de alimentos la semana próxima, advirtió ayer la Federación Agraria, uno de los gremios que protestan.
Los productores están dispuestos a sostener la medida de fuerza ''hasta cuando sea necesario'', aseguró el líder de esa asociación, Eduardo Buzzi, quien culpó al gobierno de que el país vaya ``camino a una rebeldía incontrolable''.
El gobierno insistió, por su parte, en que no negociará bajo ''extorsión'' y reiteró sus críticas a los huelguistas, mientras fuentes oficiales dejaron trascender la posibilidad de prohibir la exportación de carne vacuna y lácteos en caso de desabastecimiento.
Ayer se registraron piquetes de huelguistas en las carreteras de las cuatro asociaciones agropecuarias que este miércoles concluyeron una huelga de siete días en rechazo al aumento de impuestos a la exportación de granos y otras regulaciones gubernamentales.
Los líderes de las asociaciones agropecuarias, que reúnen a unos 290,000 productores de todo tamaño, se reunirán el martes próximo para decidir si siguen con la decisión de no vender ni comprar nada luego del paréntesis de la Semana Santa y la feria del lunes por ''el Día de la Memoria'' por las víctimas de la dictadura (1976-1983).
'La gente está dispuesta a seguir adelante. Es tanta la presión impositiva, que la gente dice: `ya no tengo nada que perder' '', aseguró Buzzi en declaraciones a emisoras de radio.
''En algún momento de la semana que viene va a empezar a haber problemas, va a empezar a resentirse el abastecimiento de alimentos'', agregó el líder de la Federación Agraria.
Portavoces de asociaciones de comercio minorista admitieron que comienza a notarse el desabastecimiento de carne vacuna y de lácteos, a diferencia de lo que sucede en los supermercados, que tienen una mayor capacidad de inventario.
El nuevo sistema impositivo que la semana pasada supuso un alza de impuestos a la exportación de soja y girasol y desató la protesta en el sentido de que es ''una confiscación'' adicional de $2,500 millones anuales, según la asociaciones agropecuarias.
Aseguran que el sector soporta una ''fuerte distorsión'' de los costos de producción y que la nueva política fiscal supondrá el pago de impuestos de unos $10,500 millones anuales sin que haya mayores beneficios por los subsidios que da el gobierno.
La crisis entre políticos ahoga a la izquierda de México
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), el mayor de la izquierda de México, está sumido en una crisis insondable, de consecuencias impredecibles, que podría desembocar en un cisma a la espera del resultado final de la elección de la nueva dirigencia nacional.
Cinco días después de que unos 6.7 millones de militantes fueran llamados a las urnas y en medio del recuento oficial de votos, el coordinador del proceso electoral, Arturo Núñez, ha reconocido que es ''una vergüenza'' el comportamiento irregular de quienes han quemado y robado urnas donde habrían ganado sus rivales.
El pasado 16 de marzo, alrededor de 1.2 millones de afiliados acudieron a votar en un proceso en el que contendían cinco aspirantes, pero donde se dirimía si el PRD iba a continuar con la estrategia de las protestas o con una actitud más constructiva, mediante el diálogo y haciendo política dentro de las instituciones.
Alejandro Encinas, un líder cercano al ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, representa a la primera corriente, que diversos analistas llaman ''populista'', mientras que Jesús Ortega, líder de Nueva Izquierda, propugna una de corte ``socialdemócrata''.
Los comicios internos se celebraron en medio de una tensión, que derivó en un conflicto cargado de descalificaciones, robo de urnas, actos de violencia del cual el PRD no sabe cómo salir.
Por sus características, la situación evoca a los fraudes electorales que antaño protagonizó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfermo de corrupción y expulsado de la Presidencia en el 2000.
Para Roger Bartra, analista político y profundo conocedor de la izquierda mexicana, la crudeza de la presente crisis es consecuencia de una ''acumulación de problemas'' derivados del comportamiento del partido tras las últimas eleciones presidenciales.
''Lo que ha exacerbado el asunto es la actitud de López Obrador tras la elección [presidencial del 2 de julio] del 2006'', dijo Bartra, al recordar la victoria del conservador Felipe Calderón, actual presidente, ante Obrador por un estrecho margen de diferencia de 233,381 votos de los 41 millones que fueron emitidos.
Entonces el candidato izquierdista a la presidencia llevó sus protestas a la calle en una campaña de resistencia civil que aún perdura, aunque con menos apoyos.
Según el experto Bartra, el resultado electoral y la crisis subsiguiente generaron ''unas tensiones brutales que en aquel momento no eran tan visibles'', pero que ahora afloraron.
Acusó a los ''populistas'' de conducirse ''con un profundo resentimiento contra todo'' y de negarse a abrirse a otras formas de hacer política fuera de la confrontación.
Por su parte, el periodista Ezra Shabot señala en un artículo de opinión publicado en el diario Reforma que lo que ha sucedido con el PRD es que perdió su capacidad de interlocucion, porque López Obrador y sus partidarios han convertido al partido en una ''fuerza de choque, únicamente interesada en golpear sistemáticamente'' al gobierno para tratar de derrotarlo.
Fundado en 1988 por Cuauhtémoc Cárdenas para contraponerse al poder omnímodo del PRI, la formación logró en el 2006 sus mejores resultados electorales.
Aquel año su lema fue ''Por el rescate de México'' (1988), luego apeló a la igualdad entre los mexicanos (''Democracia ya, patria para todos'', 1994), más tarde se presentó como alternativa de poder (''Con México a la victoria'', 2000) y finalmente, con López Obrador, reconoció su principal apoyo en las clases populares (''Por el bien de todos, primero los pobres'', 2006).
Actualmente, el PRD gobierna a 22.4 de los 105 millones de mexicanos, y 300 municipios de los más de 2,400 que tiene México, según datos oficiales.
En la Cámara de los Diputados, el partido del Sol Azteca es la segunda fuerza política con 127 de los 500 escaños, solo superado por Acción Nacional (PAN), con 206. En el Senado cae a la tercera posición con 26 curules, por detrás del PAN y del PRI, con 52 y 33 escaños, respectivamente, de los 128 que tiene la cámara Alta.
La saga de un narco en Panamá
de inversionesta cortejado a preso común
El equipo de defensa de un narcotraficante colombiano detenido por lavado de dinero anunció que citará al vicepresidente de este país, Samuel Lewis Navarro, para que explique dos reuniones en las que presuntamente este último le ofreció al acusado la compra de una famosa isla que luego fue confiscada por su gobierno.
La citación al vicepresidente es parte de la línea de defensa de los abogados del narcotraficante, Nelson Urrego, quienes sostienen que el móvil oculto de la acción penal contra su cliente es despojarlo de la isla aplicando una ley de confiscación aprobada el año pasado.
En febrero del 2007, cuando ocurrió uno de los supuestos encuentros con el vicepresidente, Urrego se encontraba bajo investigación de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales, una oficina adscrita al Ministerio de la Presidencia de Panamá.
Sin embargo, dos testigos de una de las reuniones, uno de ellos un ex agente de la Agencia de Lucha contra las Drogas de Estados Unidos (DEA), dijeron a El Nuevo Herald que el vicepresidente no estuvo presente.
Lewis no respondió varias llamadas que hizo El Nuevo Herald desde la semana pasada a su teléfono personal y a la oficina de relaciones públicas de la vicepresidencia.
En una larga entrevista exclusiva con El Nuevo Herald, Urrego aseguró que está dispuesto a someterse a un detector de mentiras para sustentar su señalamiento sobre las reuniones, una de las cuales ocurrió en Miami en febrero del año pasado en un show de botes.
"Todo lo que estoy contando es verdad ciento por ciento... esto es muy raro, alguien está mintiendo y no veo ningún sentido de que estén mintiendo'', dijo Urrego. "Yo quería vivir una vida sana en este país, no estaba haciendo nada ilegal''.
Hasta la tarde del 15 de septiembre del año pasado, cuando fue arrestado por autoridades de Panamá en una paradisíaca isla del Pacífico, Urrego era tratado en este país como un importante inversionista extranjero.
Sus empresas de comunicaciones y seguridad obtuvieron contratos con el gobierno y el sector privado; Urrego contaba con una cédula de identidad panameña como inversionista extranjero; manejaba bajo su nombre abultadas cuentas en los bancos más importantes de la capital, y salía del país libremente a Miami, Madrid y Pekín.
A veces, incluso, se le veía en compañía del agente de la DEA, Art Ventura, quien fue director de ese agencia en Panamá.
La relación con el agente se forjó a raíz de que Urrego fue el informante clave de una operación encubierta que le permitió a los servicios de inteligencia de Estados Unidos asestar el más duro golpe hasta entonces a la estructura del narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según se anunció.
Agentes de la DEA y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) interceptaron varios teléfonos satelitales que fueron entregados a las FARC por Urrego luego de que el narcotraficante se amistó con Yesid Arteta, jefe guerrillero con quién compartía celda en una cárcel de Bogotá.
Urrego, de 53 años, quien había sido arrestado en Colombia en 1998, estaba en prisión por varios cargos relacionados con narcotráfico. Un tribunal de ese país lo condenó en el 2000 por el delito de enriquecimiento ilícito por narcotráfico.
"La verdad es que volvemos a una amistad con Arteta y hablábamos por teléfono con varias personalidades de la guerrilla desde ahí [la cárcel de La Picota'', explicó Urrego.
A partir de entonces empezó a colaborar, dijo.
Con base en la información recaudada en la operación, la fiscalía federal del distrito de Columbia, formuló cargos por narcotráfico contra la cúpula de la organización guerrillera en el 2002.
Urrego salió de la prisión colombiana en el 2002 tras cumplir su condena de tres años y medio. Aunque su destino original era España, donde viven sus hijos, decidió instalarse en Panamá, cuando el país estaba en venta a precios de liquidacion, según relató. Uno de los propietarios del hotel de la isla de Contadora, el español Luis Fernández, lo llevó a conocer una hermosa isla de playas de fina arena blanca de su propiedad llamada Chapera, en el archipielago de Las Perlas, y se la ofreció en venta.
Asombrado por la belleza del lugar, y con la idea de levantar allí un centro de turismo ecológico, Urrego dijo que compró la isla de 1.83 millones de metros cuadrados en $1.5 millones. Es decir pagó menos de un dólar por cada metro en el 2002.
Pero el despoblado islote frente a las costas del Pacífico, donde aspiraba a comenzar una vida de narcotraficante converso, se convirtió, según sus palabras, en una antesala de su desgracia.
Las autoridades le confiscaron Isla Chapera en septiembre del año pasado y lo arrestaron bajo cargos de lavado de dinero.
"Un fiscal tiene todo el derecho y el deber de investigar a una persona, pero la investigación se debe hacer basada en un análisis objetivo y científico, no en una cantidad de chismes para tratar de quitar una isla por unos intereses oscuros'', expresó Urrego.
Varios abogados están batallando para lograr la libertad de Urrego y recuperar la propiedad, pero el fiscal del caso parece resuelto a probar que gran parte del patrimonio de Urrego sólo pudo proceder de actividades ilícitas.
Urrego, según la acusación, adquirió la isla a través de un intermediario, el empresario de la zona de Colón Rafael Jiménez de Sandoval, quien le manejaba la empresa Cuatro Asses Internacional. Jiménez fue también acusado.
Urrego aseguró que el dinero que utilizó para esta compra es lícito porque proviene de la venta de fincas en Colombia que no fueron afectadas por una orden judicial de extinción de dominio.
Isla Chapera se volvió famosa. Mientras Urrego definía sus planes, la alquiló para la grabación de varios programas de la serie Survivors de la cadenas CBS. Una de las tribus de concursantes de Survivors, acogió el nombre de Chapera.
La belleza natural del lugar, sus playas vírgenes de agua cristalina visibles incluso desde las fotografías satelitales de Google Earth, y la fama mundial que adquirió a través de las series televisivas, atrajeron a inversionistas locales y extranjeros que le hicieron varias ofertas de compra. Urrego dijo que las rechazó.
"Tuve la mala suerte de que mi isla le gustó a los políticos y empresarios de este país'', comentó.
Uno de los interesados fue el prominente urbanizador panameño Mayor "Mello'' Alfredo Alemán, según lo reconoció el empresario en una entrevista con El Nuevo Herald.
Alemán dijo que Urrego no era considerado una persona sospechosa cuando se reunió con él en el 2005 y mucho menos si se tiene en cuenta que se presentó con Ventura.
La versión de la justicia de Panamá sobre el supuesto "renacer'' de Urrego en ese país es diferente.
El fiscal del caso, José Abel Almengor, explicó a El Nuevo Herald que el expediente contiene reportes de actividades sospechosas desde el 2002 y que Urrego introdujo a Panamá unos $12 millones a través de correos humanos y transferencias bancarias.
También se le acusa de haber creado una extensa red de testaferros y personas con vínculos con el trasiego de drogas para formar sociedades y fundaciones a través de las cuales estaba en proceso de consolidar un ambicioso grupo empresarial.
El abogado de Urrego, Víctor Almengor, quien no tiene ninguna relación con el fiscal, asegura que demostrará que la fiscalía no podrá sustentar los "ambiguos'' informes policiales que aportó al expediente sobre actividades sospechosas en la isla.
Almengor explicó a El Nuevo Herald que, para quitarle la isla a su cliente, el gobierno pretende aplicar una ley, aprobada apenas en agosto del año pasado, que autoriza a subastar propiedades incautadas por sospechas de lavado de dinero, aún antes de que el dueño haya sido condenado.
Mientras tanto, el abogado quiere que Lewis explique su interés en la compra de la isla a un narcotraficante que su propio gobierno estaba investigando por lavado de activos.
De acuerdo con la versión de Urrego, Lewis habló con él en dos ocasiones sobre la posibilidad de la venta de la isla o de algunos lotes de la misma, una en Panamá y otra en Miami.
La reunión de Panamá se llevó a cabo en las oficinas del Grupo Los Pueblos, que preside Alemán, y fue iniciativa de Ventura, según la defensa.
"A esta reunión se presentaron unos inversionistas, que no sé quiénes fueron, los nombres los desconozco, pero sí llegó el primer vicepresidente [Lewis], escuchó la propuesta, aparentemente Urrego dijo que no la iba a vender, y él [Lewis] se levanta y se retira y no continuó participando en la reunión'', explicó Almengor.
El abogado dijo que conoció esta versión no sólo de su cliente sino de un personaje muy importante que se enteró de la misma reunión y que pidió no ser identificado.
Pero dos personas que afirman que estuvieron presentes en la reunión a la cual se refiere Almengor, sostienen que Lewis no estuvo allí.
"Puedo asegurarle que el vicepresidente jamás estuvo en esa reunión'', explicó Ventura. El hoy ex agente de la DEA reconoció que organizó el encuentro pero que en la oficina solo estuvieron él, Urrego y Alemán.
Ventura, quien ahora está al frente de una oficina de manejo de riesgo e investigaciones privadas en la capital panameña, fue agente supervisor de Urrego. Al preguntarle El Nuevo Herald a Urrego qué hacía un agente de la DEA en una reunión de negocios de un informante, respondió que Ventura también parecía interesado en participar en la compra.
"El estuvo en Chapera y le gustó mucho la isla. Me dijo que cuando se retirara quería comprar un lote allí'', explicó Urrego.
Ventura aceptó a El Nuevo Herald haber visitado la isla, pero negó que estuviera interesado en negociar un lote. Dijo que concertó la reunión cuando ya se había retirado de la DEA para ayudar a Urrego a salir de Panamá porque consideraba que allí su vida corría peligro.
Alemán, un conocido constructor de centros comerciales de Panamá, también negó que Lewis hubiese participado en la reunión.
"Por favor no vayan a meter en esto al vicepresidente. Esa reunión duró unos 15 minutos, yo hice una propuesta, el señor Urrego la rechazó y ahí terminó'', dijo Alemán
Pero Urrego afirmó que está dispuesto a someterse a un detector de mentiras para sustentar que Lewis le propuso el negocio en esa reunión y durante el show de botes en Miami a principios del año pasado.
"Lewis estaba [en la reunión en Panamá] con una camisa de seda, me acuerdo muy bien porque tengo una exactamente igual y allí me dijo que estaba interesado en comprar la isla', explicó Urrego.
El encuentro en Miami ocurrió en febrero del 2007 al interior de un yate que estaba en venta, dijo.
"Nosotros llegamos y estábamos entrando [al bote] y ellos están hablando con el manager del barco'', recuerda Urrego. "Nos saludamos, [Lewis] le dice al otro, mira él es el dueño de Chapera y me dice a mi, ‘bueno no nos van a vender, entonces véndanos por los menos 10 lotes' ''.
Urrego fue detenido junto con su compañera de 19 años en su isla el 15 septiembre del año pasado y acusado de lavado de dinero en un expediente que se basa en escuetos informes de inteligencia sobre supuestas actividades de drogas en la isla así como en el expediente de la justicia colombiana y múltiples artículos publicados en internet sobre su pasado en el mundo del narcotráfico.
La investigación de Panamá se inició en el 2005, luego de que el Banco Continental reportó actividades sospechosas en las cuentas de Urrego, explicó a El Nuevo Herald el fiscal especializado en delitos con drogas, Almengor. Aunque el narcotraficante abrió sus cuentas en ese banco desde el 2002, cuando ya había sido condenado en Colombia y su nombre aparecía ligado a varios carteles de la droga en libros y numerosas notas periodísticas publicadas en internet, el banco no presentó ninguna objeción.
No fue tampoco un impedimento para la apertura de las cuentas que Urrego apareciera acusado de narcotráfico en el distrito medio judicial de la Florida desde 1990 .
Al momento de abrir las cuentas, la directora de la oficina jurídica del banco era Ana Matilde Gómez, quien hoy es la Procuradora General, jefe del fiscal antidrogas.
Gómez respondió a El Nuevo Herald que no sabía de las cuentas de Urrego ni recordaba su nombre como cliente del banco cuando su despacho inició la investigación judicial.
A la pregunta de por qué el Banco Continental no encendió las alarmas desde el 2002, el fiscal Almengor respondió que tendría que verificarlo, pero salió en defensa de la entidad, propiedad entonces de la familia Motta, una de las más influyentes del país
El fiscal aseguró que toda la responsabilidad recayó en Miguel Sierra Guerrero, el funcionario que manejaba las cuentas de Urrego en el banco y quien fue detenido.
La semana pasada las autoridades le concedieron a Sierra casa por cárcel por su débil estado de salud y la posibilidad de que cometa suicidio, según explicó el fiscal.
"Esto no es más que una manera de distraer el foco de la investigación'', dijo el fiscal Almengor al referirse a la presunta responsabilidad de la entidad financiera. "Si un banco de esta envergadura estuviera participando en la actividad de lavado de activos, mal pudiese ser ese banco el generador de la investigación por el delito de lavado de activos''.
Lo cierto es que Urrego no sólo logró ganarse la confianza de los bancos. Una empresa del narcotraficante obtuvo un contrato con la Autoridad del Canal de Panamá, dependencia del gobierno panameño para la instalación de los sistemas de sonido y seguridad del Museo de Historia del Canal Interoceánico.
En oficinas del sector privado su firma, Invercom, que compartía con el cubanoamericano Manuel Rosendo y Edwin Fernández, según los documentos judiciales, hizo instalaciones similares. Entre tanto el valor de la isla se multiplicaba como resultado de una inusitada valorización de la tierra urbana y rural en Panamá. Urrego calcula que el precio del metro cuadrado de la isla actualmente es de $500.
Por cada día de grabación de Survivor, Urrego recibía $3,000 y su isla estaba vigilada por más de un docena de policías panameños, recordó .
El fiscal Almengor sostiene que Urrego no ha presentado pruebas de que el origen del dinero que introdujo en Panamá es lícito. Esta omisión le permite a la justicia panameña deducir que el patrimonio de Urrego es de dudosa procedencia.
Los abogados de Urrego sostuvieron que aunque tienen las pruebas en su poder, las presentarán en el momento procesal que consideren conveniente.
El principal interés de la defensa de Urrego es que los policías en cuyos testimonios se basan las sospechas de actividades narcotráfico del acusado, después de ser condenado en Colombia, se ratifiquen en sus denuncias. Pero la comparecencia de estos oficiales ha sido postergada varias veces por motivo que los abogados desconocen .
El fiscal Almengor dijo a El Nuevo Herald que se siente tranquilo con las pruebas que han recaudado.
"No he recibido ningúna presión de ningún tipo, le hablo con toda sinceridad'', afirmó el fiscal. "Los policías todos se han presentado'', agregó. La prueba más importante en esta etapa, indicó el fiscal, será el informe de la oficina de Análisis Financiero sobre los ingresos y movimientos bancarios de Urrego.
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