La crisis global lleva a países pobres a repensar el rol de la agricultura
Por Joel Millman y Roger Thurow
Point-Sondé, Haití
Leonid Eustache se dedica al cultivo de arroz en su pequeña parcela en esta ciudad, pero un poco de ayuda del gobierno no le vendría mal. No tiene recursos para comprar fertilizantes. Su única herramienta es un azadón y la mitad de la cosecha se pierde porque los canales de drenaje cerca de su propiedad están atascados con jacintos acuáticos, una planta similar a los nenúfares.
"El agua no fluye y las raíces de mis plantas se pudren", se quejaba recientemente el agricultor de 62 años. "Deberían hacer algo al respecto".
Por primera vez en mucho tiempo, es posible que la ayuda esté en camino. Haití está entre los varios países en desarrollo donde una crisis global de alimentos está provocando que tanto los donantes como los beneficiarios de los programas de lucha contra la pobreza se replanteen el papel de la agricultura.
Durante décadas, se solía disuadir a los países pobres de la idea de invertir demasiado en agricultura, que era vista más como un problema que una solución en la lucha contra la pobreza. Muchos economistas del libre mercado creían que la razón de la pobreza de miles de millones de personas estaba relacionada al hecho de que estaban atadas a la agricultura de subsistencia. La solución propuesta pasaba por encontrarles otras alternativas económicas en los sectores de industria, turismo y servicios, de forma que pudieran ganar dinero para comprar alimentos en vez de producirlos.
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Los países pobres no tenían incentivos ni siquiera para producir gran parte de los alimentos más básicos, como el arroz o el trigo, los cuales se cultivan de forma más barata en los países ricos. En su lugar, los animaban a concentrarse en cultivos para exportar, que tienen el potencial de alcanzar precios más altos.
Hoy, con el agotamiento de las reservas mundiales de granos, el apetito cada vez más insaciable de China e India por alimentos y un alza en los precios, muchos países pobres les están dando la espalda a estas antiguas teorías y empiezan a implementar programas gubernamentales diseñados para apoyar a los agricultores locales. Eso incluye subsidios en efectivo a consumidores pobres, nuevos esfuerzos por mejorar la variedad local de semillas y la distribución de fertilizantes y semillas.
El mes pasado, Costa Rica publicó un ambicioso Plan Nacional de Alimentos diseñado para impulsar la agricultura de subsistencia. El plan prevé un aumento en la producción de arroz, maíz y frijoles con la meta de que el país sea autosuficiente en esos alimentos básicos para 2010. En mayo, el presidente mexicano Felipe Calderón anunció una amplia reforma para ayudar a los pequeños agricultores, aboliendo los aranceles sobre la importación de fertilizantes de nitrógeno y los químicos necesarios para la fabricación de fertilizantes. Calderón también prometió fondos de emergencia para llevar sistemas de irrigación modernos a un área de 21.500 hectáreas.
La crisis de los alimentos ha contribuido a una revisión de estrategia entre los principales consejeros económicos. Instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional vuelven a tratar las inversiones en agricultores pobres como una estrategia prometedora.
Cada vez más economistas del Banco Mundial están ahora convencidos de que la mayoría de los países pobres necesita tener un sector agrícola saludable como base para una economía robusta. En el estudio Down to Earth (algo como Con los pies en la tierra), del Banco Mundial, los economistas Luc Christiaensen y Lionel Demery concluyeron que el crecimiento económico del sector agrícola es por lo menos dos veces más efectivo en la reducción de la pobreza que cualquier otro sector.
Este es un cambio que algunos legisladores ven bien. "En todos los años que hemos pedido ayuda, la respuesta siempre ha sido que no. La agricultura no es una herramienta de desarrollo", dice Philippe Mathieu, un ex ministro de Agricultura de Haití que actualmente dirige la oficina de Haití de la organización filantrópica Oxfam Quebec. "Hoy, lo es".
Después de que las recientes subidas en los precios del arroz provocaran disturbios violentos, Haití anunció que subsidiará fertilizantes para agricultores locales de arroz para revertir el declive de la producción. Los gobiernos de El Salvador y Etiopía están ayudando a distribuir semillas híbridas a los agricultores con la meta de impulsar la productividad de los cultivos de maíz, mientras que en África, los gobiernos se esfuerzan por dedicar por lo menos un 10% de sus presupuestos al sector agrícola.
Muchos economistas de desarrollo celebran el alza en las inversiones a la agricultura. Pero temen que la actual crisis alimentaria pueda llevar a los países a adoptar políticas que podrían, por lo general, empeorar la situación. Algunos países, como India y Vietnam, han impuesto restricciones a las exportaciones de productos como el arroz para asegurar el suministro interno, medidas que exacerban la crisis en otras regiones y distorsionan los precios.
El fantasma de la inflación empieza a causar estragos en los mercados emergentes
Por Joanna Slater
Las preocupaciones por las presiones inflacionarias se están intensificando en todo el mundo y causando estragos en los mercados financieros.
El martes, la bolsa de China acusó el golpe. El Índice Compuesto de Shanghai cayó 7,7% para alcanzar su punto más bajo en lo que va del año. El declive tuvo lugar después de que el gobierno anunciara medidas para retirar efectivo del sistema financiero en un esfuerzo por controlar la inflación.
Al mismo tiempo, las autoridades de Vietnam se vieron obligadas a devaluar su moneda ante las presiones del mercado ligadas al auge de la inflación.
En Estados Unidos, los inversionistas huyeron de los bonos del Tesoro, una práctica común cuando se acumulan las presiones sobre los consumidores, un día después de que el presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke advirtiera que el encarecimiento del petróleo incrementa los riesgos de que suba la inflación. El Banco Central Europeo, mientras tanto, evalúa elevar su tasa de interés de referencia para combatir la amenaza inflacionaria.
Las economías en desarrollo, algunas de las cuales libraron dolorosas batallas contra la inflación en los años 80 y 90, se encuentran en una situación delicada.
A comienzos del año, muchos economistas advertían que la mayor amenaza que se cernía sobre los mercados emergentes era una desaceleración económica, a raíz de la pérdida de dinamismo de EE.UU. En su lugar, la inflación está resultando ser un problema potencialmente mucho mayor.
El Banco Mundial predijo caídas modestas en el crecimiento para este año de los países en desarrollo en su informe anual de Finanzas Globales de Desarrollo, presentado ayer. Sin embargo, destacó que los precios cada vez más altos del crudo y de los alimentos están desatando las presiones inflacionarias. El auge en los precios de las materias primas contribuye al alza de la inflación generada por varios años de robusto crecimiento.
Hace un año, en un grupo de 24 grandes economías emergentes estudiadas por Bank of America, aproximadamente tres cuartas partes cumplían o estaban por debajo de sus metas de inflación. Actualmente, ninguna se encuentra en una situación tan óptima. En general, la inflación en estos países ha vuelto a los niveles experimentados en 2002, según los cálculos de Fitch Ratings.
La tasa de inflación de China, que se encuentra por encima de 8% frente al año pasado, ha escalado de forma estable desde menos de 1% a principios de 2006. En India, donde la bolsa acumula una baja de 26% en lo que va de año y de 4% en apenas dos jornadas, la inflación superó en mayo la barrera del 8%.
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El remedio tradicional para combatir la inflación es aumentar las tasas de interés. Pero eso tiende a mermar el crecimiento económico y los precios de las acciones. En muchos mercados emergentes, un alza de tasas también complica los intentos por estabilizar el tipo de cambio, una misión importante dado que sus economías suelen depender de las exportaciones.
Tras años de condiciones favorables, los mercados emergentes "empiezan a volverse más arriesgados", dice Simon Hallet, quien gestiona unos US$3.000 millones en acciones en estos mercados para la firma de administración de activos Harding Loevner.
Los bancos centrales de los países en desarrollo enfrentan un desafío crítico. Muchos no han elevado las tasas de interés en forma enérgica, dicen economistas e inversionistas, y han optado por recurrir a medidas temporales como los controles de precios para calmar la inflación.
"Los aumentos de la inflación están superando la reacción de los bancos centrales", señala Curtis Mewbourne, codirector de mercados emergentes de Pacific Investment Management Co., que gestiona unos US$70.000 millones en mercados emergentes.
Los inversionistas están castigando las acciones, los bonos y las divisas de los países que ya están experimentando una inflación galopante, o donde el alza de precios se suma a otras vulnerabilidades económicas.
Vietnam, por ejemplo, fue hasta hace poco uno de los países predilectos de los inversionistas. No obstante, un informe que revelaba que la inflación subió un 25% en mayo derrumbó el valor de la moneda local y encendió las alarmas respecto a una posible crisis financiera.
La inflación de China, en torno al 8%, se ha vuelto una gran preocupación para los inversionistas. "Es hora de tomar decisiones difíciles", escribió Stephen Green, director de investigación sobre China para Standard Chartered Bank.
Varios mercados emergentes ya están experimentando inflación de dos dígitos, o se acercan a ella, incluyendo Rusia, Turquía, Sudáfrica, India, Indonesia y Filipinas. La semana pasada, Rusia, Filipinas e Indonesia subieron sus tasas de interés, pero algunos inversionistas temen que no será suficiente.
Cristina Fernández busca recuperar iniciativa política
BUENOS AIRES --
La presidenta Cristina Fernández cumplió el martes sus primeros seis meses en el gobierno con un audaz intento por pasar a la iniciativa política, al anunciar un fondo para combatir la pobreza con el producto de gravámenes a la exportación de soja y granos, motivo de un serio conflicto con agricultores.El anuncio la víspera no satisfizo a los agricultores y colocó a la defensiva a sus dirigentes, que habían dispuesto tres huelgas desde el 11 de marzo en rechazo a los gravámenes, la última de las cuales finalizó el lunes.
Los transportistas de cereales tampoco se mostraron satisfechos por el anuncio de Fernández, y declararon una nueva huelga con bloqueos de rutas en todo el país que podría ocasionar problemas en el abastecimiento de alimentos.
La disputa por los impuestos tomó un nuevo giro el martes luego de que la Corte Suprema de Justicia aceptó intervenir judicialmente, al dar curso a una demanda presentada por la provincia de San Luis que reclama la inconstitucionalidad el nuevo sistema, que fija el impuesto al precio de los granos en el mercado internacional.
La demanda firmada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá -de la derecha peronista y quien enfrentó a Fernández en las elecciones presidenciales de octubre en las que resultó electa- argumenta que el nuevo esquema impositivo afecta la "coparticipación", la redistribución de la recaudación impositiva de las provincias.
Fernández ganó las elecciones presidenciales de octubre con más del 45% de los votos. Asumió su cargo el 10 de diciembre, pero apenas dos días después enfrentó un escándalo político provocado por la denuncia de un fiscal de Miami, de que 800.000 dólares que un misterioso empresario venezolano-estadounidense intentó introducir ilegalmente en Buenos Aires estaban destinados a su campaña electoral.
La mandataria negó indignada la acusación, pero el tema se convirtió en la comidilla política en diciembre y enero.
El 11 de marzo, en rechazo al nuevo sistema de retenciones a las exportaciones de soja y girasol, que obtenían precios mundiales sin antecedentes, los productores rurales iniciaron una protesta que comprendió tres paros con bloqueos de rutas y problemas de abastecimiento de alimentos e insumos.
El resultado de estos contratiempos fue una declinación en la popularidad de la presidenta, según distintas encuestas recientes.
El Boletín Oficial publicó el martes el texto del decreto anunciado la víspera por la presidenta mediante un mensaje a la nación, creando el "Programa de redistribución social", que administrará un fondo estimado en 1.300 millones de dólares.
Se financiará con el monto de las retenciones a las exportaciones de soja y granos que superen el 35%. Un 60% se destinará a la construcción de 30 hospitales y centros de salud especialmente en el interior del país, un 20% a viviendas populares y otro 20% a desarrollar caminos en zonas rurales.
"El problema de la pobreza sin redistribución del ingreso y sin tocar rentas extraordinarias es imposible, compatriotas", advirtió Fernández.
Y reiteró que los propietarios del campo, al amparo de ventajas comparativas que les otorgó el gobierno refinanciando las deudas hipotecarias de sus campos, un tipo de cambio mantenido alto por el Banco Central y precios subvencionados a los combustibles que utiliza el agro, han sido el sector social que más ganancias obtuvo en los últimos años.
La presidenta llamó a dialogar a los dirigentes en conflicto, pero su anuncio dio por sentado que el gravamen queda fuera de toda discusión.
Mario Llambías, uno de los dirigentes de la protesta rural, declaró que "la redistribución de la riqueza es justa, pero el impuesto a las rentas extraordinarias debería ser más equitativo y se le debería cobrar a otros sectores de buen poder económico".
Aludía a empresarios de la industria y del mundo financiero, que la víspera aplaudieron en la casa de gobierno los anuncios de la mandataria.
Los transportistas, que impedirán el paso de autobuses de pasajeros y camiones con alimentos y combustibles, reclaman que el agro reanude las exportaciones -suspendidas durante el largo conflicto con el gobierno- y argumentan que algunos productores rurales no han acatado la decisión de levantar el paro de comercialización de granos para la exportación anunciada por las cuatro entidades agropecuarias.
"Estamos cansados de 90 días sin poder trabajar. Nos hemos quedado sin plata (dinero). Estamos muy complicados", dijo a una radioemisora el titular de la Federación de Transportistas de Buenos Aires, Miguel Angel Betili.
Revelan plan de las FARC para matar a Uribe
La guerrilla de las FARC planeaba un atentado contra el presidente colombiano, Alvaro Uribe, y el gobernador del departamento suroccidental del Tolima, Oscar Barreto, reveló ayer la central de inteligencia del Estado en Bogotá.
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal) informó que el ataque iba a ser cometido en una segunda visita de Uribe a Planadas, localidad del Tolima en la que el mandatario estuvo recientemente en un consejo de seguridad.
Una carga de 120 kilos del explosivo benclo, que es de ''gran poder destructivo'', iba a ser utilizada para el atentado, precisó el DAS, que indicó que la misma fue hallada el domingo pasado en un taxi.
El vehículo fue detenido cuando se desplazaba por la carretera que comunica a Ibagué, la capital tolimense, con Alvarado, localidad de la misma región, añadió la central de inteligencia.
La fuente agregó que en la operación se detuvo a Wilfredy Alvarez González, chofer del taxi, que el lunes, en una diligencia judicial en Bogotá, hizo precisiones que llevaron al DAS a confirmar el plan contra Uribe.
Alvarez fue procesado por ''terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones'', indicó el DAS, que no informó de su relación con los insurgentes.
En la operación se decomisó ''un documento para fabricar explosivos y realizar atentados'', agregó el DAS, que divulgó el mensaje, dirigido a un supuesto rebelde de nombre o alias ''Jhon'' y firmado sólo con la inicial ``C''.
En la nota, el firmante explica que el plan es una represalia por las operaciones militares que se mantienen en las zonas de páramo del sur del Tolima en las que se presume que está establecido el nuevo jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Guillermo León Sáenz, conocido con el alias de ``Alfonso Cano''.
Sáenz sucedió al casi octogenario Pedro Antonio Marín (''Manuel Marulanda Vélez'' o ``Tirofijo''), quien murió el pasado 26 de marzo de una crisis cardíaca, según secretariado (mando central) de las FARC en un comunicado divulgado a finales de mayo.
Además, el responsable de la nota recomienda a quienes deben preparar el atentado que ''tengan cuidado con la manipulación'' de las cargas explosivas.
''Como son cuatro cajas metales [sic] a cada una 30 kilos sin metralla porque las cajas son de lámina'', dice el documento, y agrega que ``con el aditivo que le adiciona quedan buenas de presión''.
''Buena suerte camaradas'', les desea el mismo supuesto rebelde a los destinatarios del mensaje, a quienes les pide que lo hagan ``sin compación [sic]''.
El DAS atribuyó el plan al frente 21 y a la Compañía Cajamarca de las FARC, y dijo que la responsabilidad de esta guerrilla se hizo evidente ``con información de inteligencia, analizada por el DAS, y compartida a inteligencia de la Policía y el Ejército''.
Uribe tenía previsto regresar a Planadas en el transcurso de un mes.
Chávez se retracta ante enérgica oposición a sus propuestas
Frente a la enérgica oposición a dos de sus audaces medidas, Hugo Chávez ha respondido con la misma actitud que le ha ayudado a aferrarse al poder durante una década: la retractación.
Después de apoyar a los rebeldes colombianos y decretar una ley de espionaje interno, ahora dice que las FARC deben desistir de su lucha y asegura que jamás obligaría a los venezolanos a espiar a sus vecinos.
Chávez había decretado que cualquier persona que se negara a trabajar como informante para los servicios de inteligencia podría ser sentenciada a una pena de hasta cuatro años de cárcel.
Los opositores denunciaron que se trataba de un intento por imponer un estado policial y desfilaron mostrando carteles donde estaban dibujados sapos. Ser "un sapo", o "sapear" es para los venezolanos sinónimo de delator o delación. Inclusive algunos hablaron de la "ley Getsapo", un juego de palabras con la policía política de Adolfo Hitler y con la palabra "sapo".
Grupos de defensa de los derechos humanos y la Iglesia católica también criticaron con vehemencia el decreto firmado por Chávez.
El martes, el mandatario derogó la ley del sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia.
"Se deroga la ley para que se haga otra", dijo Chávez durante un encuentro con trabajadores en el palacio presidencial, al formalizar la eliminación de la legislación, conocida también como "ley de espionaje".
Chávez la había aprobado a finales de mayo, apoyado en un ley del Congreso que le confiere facultades legislativas.
La ley de inteligencia y contrainteligencia, vigente desde el 28 de mayo, preveía reorganizar los organismos de seguridad y obligaba a la población a proveer información a las policías secretas para detectar y neutralizar amenazas a la seguridad nacional, incluido cualquier intento de asesinato o conspiración para derrocar al gobierno.
Chávez señaló que acordó pasar a la Asamblea Nacional, que está integrada en su mayoría por aliados del gobernante, el diseño de una nueva legislación que establecerá los mecanismos para articular los distintos cuerpos de inteligencia que existen en el país.
"Se acaba la diatriba... y me quito yo una preocupación de cómo arreglar eso", comentó el mandatario al referirse a las críticas que realizaron organizaciones humanitarias y opositores que denunciaron que la nueva ley violaba los derechos humanos y la constitución.
Chávez admitió que la ley presenta "inconvenientes" y es "contraria al espíritu que a nosotros nos mueve, es contrario a la constitución".
Una de las grandes destrezas de Chávez es eludir responsabilidades, y actuó con gran astucia para neutralizar las amenazas durante el fin de semana. El sábado criticó por televisión de manera exhaustiva la ley que decretó y firmó de su puño y letra.
Al día siguiente, el domingo, Chávez, que se autotitula "revolucionario", hizo un espectacular cambio de frente y pidió a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que depongan sus armas y liberen a sus rehenes de manera unilateral. Hace apenas cinco meses, Chávez había solicitado a los líderes mundiales que respaldaran la lucha armada de las FARC. El domingo indicó que los movimientos guerrilleros habían quedado obsoletos.
"Tal vez Chávez decidió que por el momento la mejor estrategia es no hacer olas", dijo Ray Walser, experto en América Latina de la Fundación Heritage, un grupo de estudios conservador.
Electo por primera vez en 1998, Chávez todavía intenta recuperarse de la derrota de diciembre, cuando perdió un referéndum que le hubiera permitido postularse a la presidencia de manera indefinida, y ampliar su poder de otras formas.
Ahora, su partido enfrenta elecciones en noviembre y Chávez busca respaldo para hacer un referéndum en el 2010 que le permita postularse a la presidencia de manera indefinida.
"Chávez no puede hacer caso omiso a la reacción pública" ahora que las elecciones están cerca, dijo Teodoro Petkoff, un ex líder guerrillero que ahora dirige el matutino caraqueño Tal Cual. "El no desea que anden circulando muchos temas polémicos".
Chávez también se retractó este año de las reformas a un manual escolar luego que maestros y padres lo acusaron de intentar adoctrinar a sus hijos con ideas socialistas.
Pero la brusca voltereta en relación a las FARC es el mayor cambio de política para Chávez, después de que hizo una intensa campaña para lograr apoyo a la causa de los rebeldes.
Chávez encontró escaso respaldo a su pedido de que las FARC fuesen quitadas de la lista de grupos terroristas a nivel internacional y ha estado a la defensiva desde que el gobierno de Colombia dijo que documentos encontrados en computadoras capturadas a un jefe de las FARC sugirieron que envió dinero y armas a los rebeldes.
Chávez dice que los documentos son falsos, y negó toda ayuda a los rebeldes, pese a que existen amplias evidencias de que miembros de las FARC usaron territorio venezolano en labores de reabastecimiento.
Posiblemente funcionarios venezolanos "recibieron numerosas advertencias" sobre los problemas que podría tener Chávez si continuaba apoyando a las FARC, por parte de líderes europeos y latinoamericanos en cumbres recientes, dijo Adam Isacson, analista de Colombia en el Centro de Política Internacional, con sede en Washington.
Tal vez la política de Estados Unidos también fue un factor. Algunos legisladores republicanos mencionaron los presuntos documentos en las computadoras como una razón para incluir a Venezuela en la lista de países patrocinantes del terrorismo.
Existe escaso respaldo en el Congreso para incluir a Venezuela en la lista, teniendo en cuenta que la nación sudamericana es un importante abastecedor de petróleo a Estados Unidos. Pero el vocero del Departamento de Estado norteamericano Sean McCormack dejó saber el lunes a Chávez que Washington lo está observando con mucha atención.
"Veremos si esas palabras del presidente Chávez son sólo palabras", dijo McCormack. "Veremos si esas palabras son seguidas por acciones concretas".
Chávez ha dicho que espera mejores relaciones con el sucesor del presidente estadounidense George W. Bush, y acusó el domingo a las FARC de convertirse "en una excusa" para que Estados Unidos "nos amenace a todos".
El candidato presidencial demócrata Barack Obama, aunque expresó su deseo de reunirse con Chávez si es electo, prometió también el mes pasado "arrojar luz sobre cualquier respaldo a las FARC proveniente de gobiernos vecinos". Cualquier gobierno que ayude a las FARC, indicó Obama, debe recibir la condena de la comunidad internacional y, de ser necesario, enfrentar "vigorosas sanciones".
Pero esos cambios de frente también podrían reflejar un descenso de la popularidad de Chávez cuando ingresa en su décimo año de gobierno, según Luis Vicente León, de la firma de encuestas venezolana Datanálisis.
La aprobación al desempeño de Chávez bajó 20% en relación a hace un año, y en abril fue del 56%. Además, más de un 70% de los venezolanos tienen ahora una imagen negativa de las FARC, señaló León.
La encuesta, hecha a 1.300 adultos, y respaldada por un grupo de más de 300 empresas, tuvo un margen de error de 2,7 puntos porcentuales.
La Cámara autoriza $1,600 millones para el Plan Mérida
La Cámara de Representantes autorizó el martes la asignación durante tres años de hasta 1.600 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, el paquete de ayuda a México y Centroamérica en la lucha contra las drogas.
El monto es ligeramente mayor a los 1.400 millones propuesto al Congreso por el gobierno del presidente George W. Bush, quien anunció la iniciativa en octubre conjuntamente con el presidente mexicano Felipe Calderón.
"Con esta autorización demostramos el compromiso de nuestra nación para trabajar estrechamente con nuestros amigos y vecinos del sur", declaró Howard L. Berman, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la cámara baja y autor del proyecto de ley.
El proyecto autoriza 1.600 millones de dólares para la campaña contra las drogas, la modernización policial y judicial, el combate al crimen organizado, el fortalecimiento institucional y el apoyo a la legalidad en los países beneficiados.
La oficina de Berman dijo que, en respuesta a solicitudes de las autoridades mexicanas, el proyecto incluye también casi 74 millones de dólares para mejorar la campaña estadounidense contra el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México.
Ileana Ros-Lehtinen, congresista de mayor jeraquía en el comité de Berman, dijo que esta es "una histórica oportunidad para establecer un frente unido contra los carteles de drogas y las pandillas que amenazan violentamente la seguridad y el futuro de nuestras comunidades".
El proyecto de Berman, aprobado por 311 votos a favor y 106 en contra, no asigna fondos a México. Ello ocurrirá en futuros proyectos de apropiación de recursos y fondos, entre los cuales figura el financiamiento de las guerras en Irak y Afganistán.
Dentro del paquete de guerra, el Senado aprobó el mes pasado 450 millones de dólares para el primer año de la iniciativa e incluyó a República Dominicana y Haití como nuevos beneficiarios. La Cámara de Representantes aprobó a su vez 461,5 millones como parte de la ley de apropiaciones suplementarias 2008.
Las inserciones de esos países aparecen también en el proyecto de la Cámara de Representantes, así como ciertos condicionamientos a México para que ese país pueda recibir la ayuda.
Las condiciones, que se refieren a temas relacionados con derechos humanos, transparencia y evaluaciones, han irritado al gobierno mexicano que ha adelantado que, en caso de mantenerse, México no aceptaría la iniciativa.
Durante el debate, varios legisladores elogiaron al presidente Calderón por la intensidad de su campaña contra los carteles de la droga en el norte de México.
Silvestre Reyes, presidente del comité de inteligencia de la cámara baja, dijo que "los ataques brutales de los carteles de la droga contra la policía y fuerzas armadas mexicanas amenazan la seguridad de toda la región fronteriza".
El proyecto autoriza 780 millones de dólares hasta el 2010 para mejorar la capacidad policial de México. Igualmente, contiene claúsulas para hacer más efectivo el sistema de inteligencia en el combate del narcotráfico, y unos 330 millones de dólares para el fortalecimiento del sistema judicial mexicano.
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