La “guerra del narco”: estrategia decidida en el Pentágono
Desde la década de los ochenta, el gobierno estadunidense se decidió por una política enfocada a combatir con las armas el tráfico ilegal de drogas. Esa estrategia se exportó al mundo, con graves resultados para países como México y Colombia.
La guerra en contra del narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón ha dejado un saldo de muertes y violencia, y un clima de terror en ciudades como Juárez, Nuevo Laredo y Monterrey. Pero la estrategia de la “guerra contra las drogas” proviene de más allá de nuestra frontera, y data de 1986, cuando Ronald Reagan advirtió que las drogas ilegales eran una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Como resultado de la definición de este nuevo frente de guerra, desde finales de la década de los ochenta la ayuda militar, policial y de logística que el gobierno de Estados Unidos proporciona a México ha ido en aumento.
En México, la intervención de las Fuerzas Armadas en las instancias de decisión para realizar operativos y acciones frente al narcotráfico comenzó de lleno cuando, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se incluyó en el grupo coordinador ejecutivo del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) a representantes de las secretarías de Defensa y Marina. En el gobierno de Ernesto Zedillo, la punta de lanza de la incorporación de militares en el frente de la lucha contra el narcotráfico fue el Plan Piloto Chihuahua, instaurado durante el primer año de gobierno, que estableció la política seguida hasta ahora al reemplazar a 120 policías judiciales asignados a la delegación de la Procuraduría General de la República en Chihuahua, por integrantes del Ejército Mexicano, además se creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública, lo que permitió la plena injerencia de aquellas secretarías en la toma de decisiones y la elaboración de políticas en materia de seguridad nacional, en las que se incluían las acciones en contra del narcotráfico.
Datos sobre el número de integrantes del Ejército Mexicano capacitados en Estados Unidos confirman la principal línea de la estrategia trasnacional seguida en México y América Latina para enfrentar al tráfico de estupefacientes: la militarización. Vale citar el libro editado por Coletta A. Youngers y Eileen Rosin Drogas y democracia en América Latina. El impacto de la política de Estados Unidos (Buenos Aires, Biblos, 2005): “Entre 1981 y 1995 México envió un total de mil 488 efectivos a las academias militaresde Estados Unidos. En 1997 y nuevamente en 1998 se capacitó en ese país a más de mil integrantes del programa Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), superando en dos años la cantidad de soldados que habían sido entrenados en los 15 años anteriores”.
A la caída del priismo, el gobierno de Vicente Fox no sólo mantuvo la política de incorporar a las Fuerzas Armadas en operativos antidrogas, sino que aumentó la presencia militar en las policías federales, por lo que nombró al general Rafael Macedo de la Concha como titular de la Procuraduría General de la República (PGR). La cereza en el pastel vino cuando, al inicio de su gestión, Felipe Calderón intensificó la política de la “guerra contra las drogas”, para la cual la estrategia básica de todas las acciones libradas hasta hoy es la recuperación de territorios dominados por el narcotráfico, tanto urbanos como rurales, en un intento por desarticular a las organizaciones criminales, además de disminuir y evitar el creciente consumo de drogas. Pocas semanas después de iniciado su gobierno, Calderón apareció con camisola y gorra militar en Michoacán al inicio de los llamados operativos conjuntos, en una estrategia que pasa por el despliegue de decenas de miles de soldados en las calles, y en la captura o muerte de líderes de las organizaciones criminales. Hasta ahora el saldo es de más de 30 mil muertes durante este gobierno federal, según informó la PGR en diciembre del años pasado.
PÉRDIDA DE CONTROL TERRITORIAL
Tres años después de que el presidente Calderón declarara la guerra en contra del narcotráfico, la realidad se impone. Durante el foro Diálogo por la Seguridad, celebrado a instancias presidenciales en agosto de 2010, Guillermo Váldés, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), afirmó: “Hemos avanzado en el despliegue de fuerzas, en el entorpecimiento de la capacidad de operación del crimen organizado, como en el proceso de recuperación y fortalecimiento de policías; pero en el objetivo de recuperar las condiciones de convivencia y regiones afectadas por la delincuencia no hemos logrado el propósito, tenemos una violencia creciente”.
Además de las miles de vidas truncadas en estos tres años, la violencia ha deteriorado irremediablemente el tejido social de muchas ciudades. La crisis de seguridad pública afecta a cientos de miles de mexicanos víctimas del crimen organizado, quienes saben que pueden ser cotidianamente objeto de extorsión o de secuestro, sufrir un narcobloqueo, morir en un fuego cruzado o ser confundidos con sicarios. La afectación a los derechos humanos es recurrente y se suma a los daños colaterales de la guerra contra el narco.
Jorge Tello Peón, ex secretario ejecutivo del Consejo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo “La seguridad pública. Síntesis social”, incluido en el Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009, publicado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, reconoció la dimensión del problema al escribir: “Por primera vez en muchos años se ha perdido control territorial por parte de las estructuras institucionales y, lo que tal vez sea peor, se han perdido también estructuras históricas (...) queda claro que si seguimos haciendo las cosas en formas y maneras que hasta ahora nos han dado resultados insuficientes, por más que invirtamos en ese camino, no tendremos dividendos”.
De acuerdo al investigador Edgardo Buscaglia, especialista en temas de narcotráfico y violencia social, en 63 por ciento de los municipios del país existe una estructura criminal capaz de controlar los negocios del crimen organizado: el narcomenudeo, el cultivo y el tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión, y es capaz de confrontar al Estado de Derecho y los gobiernos locales, estatales y federal. Tres años después de haber iniciado la guerra del narco, los territorios donde el crimen organizado ha establecido formas de control o donde las bandas se disputan plazas o rutas, lejos de ser recuperados, se encuentran sometidos a la violencia igual o más que antes: la militarización no ha logrado, porque no ha sido su objetivo, eliminar el principal resguardo del crimen organizado: la corrupción, la que se muestra rampante a través de cercos de protección policiaca y política.
Otro de los saldos dejados por la estrategia de la guerra contra las drogas iniciada más allá de nuestras fronteras es la formación de grupos paramilitares de alto entrenamiento al servicio de los cárteles del narcotráfico: Los Zetas, en su primera época brazo armado del cártel del Golfo, y quienes provenían del GAFE, integrantes del Ejército Mexicano entrenados en Estados Unidos.
Otros centros de reclutamiento especializado surgieron en la década de los noventa, cuando por ejemplo los Arellano Félix reclutaron pandilleros del barrio Logan, de San Diego, y de la M Mexicana para formar su propio grupo de protección y asalto. En cuanto al cártel de Sinaloa y a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, desertores del Ejército guatemalteco, veteranos kaibiles y ex Maras pudieron integrarse hace años a las filas de sus grupos de sicarios. Los pandilleros de Ciudad Juárez, vinculados tanto a Los Aztecas como a su grupo rival, Los Artistas Asesinos, han sido llamados para la guerra que desde hace años libran el cártel de Juárez y el de Sinaloa. Hay información de que La Familia Michoacana encuentra quien quiera jalar sus gatillos en los centros de rehabilitación para adictos, y no son pocos los casos de sicarios con placa, como los más recientes casos de ex presidentes municipales y ex secretarios de Seguridad Pública coludidos con secuestradores en la región de Tlalmanalco, Estado de México, donde ex policías o policías en activo trabajan para distintas organizaciones del narcotráfico.
UN EJÉRCITO CUESTIONADO
Para mantener la estrategia de la guerra contra el narcotráfico hacen falta recursos. A la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con información divulgada por diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recientemente, se le asignó 40 por ciento del presupuesto para seguridad de que dispone el gobierno federal. De un total estimado de 112 mil millones de pesos, el Ejército Mexicano ejerce 43 mil 622 millones. A lo largo de este gobierno, los recursos destinados para la Sedena se han incrementado en más de 60 por ciento. Al inicio de la “guerra contra el narco”, en 2006, el presupuesto de esa secretaría era de 26 mil millones de pesos. Asimismo, de acuerdo a información pública, 45 mil militares combaten el narcotráfico. En el último año el Ejército sufrió 44 bajas.
Pero la participación del Ejército en labores de seguridad pública —su acción en el frente de la guerra contra el narco, su intervención en operativos y la vigilancia en las ciudades del país— ha sido muy cuestionada. Las denuncias por abusos por parte de militares se han multiplicado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El presidente de la institución, Raúl Plascencia Villanueva, entrevistado a propósito de este tema, afirmó: “Se han quintuplicado las quejas en los últimos cuatro años en contra de las Fuerzas Armadas, e inclusive se ha generado el mayor número de recomendaciones en la historia de esta institución, las que suman 30 sólo durante el año de 2009. Pero, más aún, el mayor número también en contra de cualquier otra autoridad en la historia de la CNDH”.
ATAQUE A LA FUENTE DE LA DROGA
La pregunta es a quién ha beneficiado la guerra contra las drogas, emprendida desde la década de los ochenta por distintos gobiernos de Estados Unidos más allá de sus fronteras, con repercusiones bien conocidas en México. Sin duda, al crecimiento de la economía del narcotráfico, un gran negocio de 25 mil millones de dólares anuales que los narcotraficantes mexicanos perciben gracias al mercado estadunidense. También ha beneficiado a quienes enfrentan a los narcotraficantes, es decir a agencias como la Drug Enforcement Administration (DEA) o el Federal Bureau of Investigation (FBI) —cuyos presupuestos están garantizados mientras la guerra continúe—, y también, sin duda, a la industria del armamento y los traficantes de armas.
Por otro lado, quienes han sufrido los mayores perjuicios, los afectados en la “guerra contra las drogas” emprendida por el gobierno estadunidense más allá de sus fronteras, son países como México y Colombia, donde la violencia del narco ha significado a lo largo del tiempo la pérdida de territorios frente al crimen organizado, ingobernabilidad, degradación social y grupos paramilitares. A todo ello hay que sumarle la corrupción en detrimento de las débiles instituciones de países que aspiran a la democracia.
Esa guerra, establecida oficialmente como una política de Estado en 1989 por el presidente George Bush padre, parece ceder terreno en el futuro próximo debido a la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2010, dada a conocer públicamente por el presidente Barack Obama en mayo de ese año. Hoy, hacia el interior de Estados Unidos el consumo de drogas se reconoce como un problema social y de salud pública, y para enfrentarlo son elementos fundamentales la prevención y la información. Pero la estrategia al exterior es muy diferente. Como ocurrió desde la época de Reagan, la droga se percibe en tiempos de Obama como una amenaza que ingresa desde fuera a su país. Una amenaza a la que hay que atacar: “Aplicar la estrategia contra los estupefacientes en la frontera sudoccidental (...) para contrarrestar la grave amenaza fronteriza de la droga (...) Efectuar operaciones contra la droga por parte de las fuerzas del orden público conjuntamente con nuestros aliados del exterior, con el fin de causar interrupciones muy importantes en el flujo de drogas, dinero y productos químicos (...) Intensificar la lucha internacional contra la droga, especialmente en las Américas”.
Así, independientemente del matiz de sus diferentes gobiernos, la política de la “guerra contra las drogas” ha sido una estrategia mantenida casi inalterada por Estados Unidos desde los años ochenta. Por ejemplo, en el “Informe sobre la estrategia internacional de narcóticos”, elaborado por el Departamento de Estado en 2003, se señala: “Cuanto más certero sea nuestro ataque a la fuente, mayor será la posibilidad de detener el flujo de narcóticos”.
Más allá de los muertos, esta estrategia persiste.
El 18 de marzo del año pasado, Víctor Renuart, ex jefe del Comando Norte de Estados Unidos, compareció en Washington ante el Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara Baja. El general afirmó que la “guerra contra el narcotráfico” continuará por ocho o 10 años más. Señaló que existen planes de contingencia si la violencia traspasa la frontera sur de su país. Renuart resumió la postura oficial que anima esa guerra al decir: “Necesitamos continuar demostrando a los mexicanos que somos parte de su equipo, que apoyamos sus esfuerzos y que continuaremos asistiéndolos, sea en equipo o capacitación, o en muchos casos al permitir que aprendan las lecciones de nuestros esfuerzos integrados en otras partes del mundo (...) He estado trabajando muy agresivamente con los militares mexicanos y la policía federal para ayudarlos”.
Los secretos de El Piolín
Los secretos de El Piolín
La rápida detención del presunto homicida del agente estadunidense Jaime Zapata parece responder a los arrestos de narcotraficantes en ciudades de Estados Unidos, pero aún hay muchas preguntas sin respuesta.
¿Dónde fue detenido Julián Zapata Espinoza, jefe de una célula de Los Zetas y presunto homicida de Jaime Zapata, agente especial de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), asesinado en un incidente no del todo aclarado y en el cual también resultó herido su acompañante, el agente Víctor Ávila? ¿Dónde se realizaron las cuatro “operaciones de precisión” que llevaron a su captura? ¿De dónde procedió la información para la muy eficaz actuación de las autoridades mexicanas? ¿Cuál fue la causa de la anterior liberación de este personaje, al que el Ejército detuvo en diciembre de 2009 con armamento, uniformes falsos de la Policía Federal y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), equipos de radiocomunicación y claras evidencias de su peligrosidad y pertenencia al crimen organizado?
Las respuestas a estas preguntas pasan por la impunidad que prevalece cuando los jueces limitan su actuación en casos peligrosos, y por la corrupción existente al “armar” una averiguación previa por parte de agentes del Ministerio Público aterrados por el poder de los criminales si no coludidos con ellos.
ARRAIGO MUY CONVENIENTE
El asunto es que el 11 de diciembre de 2009, el mismo Julián Zapata, El Piolín, fue presentado con un grupo de sus presuntos cómplices a los medios de comunicación luego de su captura. Armas largas y cortas, cartuchos de diferentes calibres, automóviles blindados... un típico grupo de sicarios que operaba en San Luis Potosí. Zapata fue consignado cuatro días después por cinco delitos, de los cuales y a pesar de las evidencias, sólo dos fueron considerados graves: delincuencia organizada y contrabando. Se le dictó auto de formal prisión bajo el cargo de posesión de cartuchos, portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y uso de insignias policiales. Todos, ante nuestras leyes, delitos menores. Así, el nueve de marzo de 2010 se decretó la libertad de Julián Zapata. De acuerdo al fallo del juez Juan de Dios Monreal Cuéllar, juez cuarto de Distrito de Procesos Penales en San Luis Potosí, la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó los elementos del cuerpo del delito en cuanto a los delitos de delincuencia organizada y contrabando. La libertad bajo fianza de El Piolín pudo ser resultado de la habilidad de sus abogados, pero también de que la averiguación previa fuera integrada de manera equívoca, abriendo posibles resquicios que al final pudieron haber sido usados para lograr la liberación de un cliente “pesado” —como se dice.
De acuerdo con la versión de las autoridades, en ésta, su segunda aprehensión casi un año después de su liberación, El Piolín fue quien decidió cometer el crimen y quien se supone confundió a los agentes de la ICE, a pesar de que viajaban en una camioneta blindada y con placas diplomáticas, con los posibles integrantes de una banda enemiga. Cuando el homicidio del agente estadunidense Jaime Zapata fue cometido, El Piolín había dejado de asistir a firmar el libro de procesados en libertad, por lo que, según un informe difundido por el Consejo de la Judicatura Federal, Juan de Dios Monreal Cuéllar, juez cuarto de Distrito de San Luis Potosí, había revocado su libertad el pasado 18 de enero y ordenado su reaprehensión apenas un mes antes del homicidio del agente de ICE.
Esto hace que en el caso haya otra singularidad jurídica: luego de ser detenido por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la PGR decidió arraigar a Julián Zapata Espinoza, a pesar de que, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), debió ser puesto a disposición del juez Monreal Cuéllar por la orden previa de captura. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) informó que obtuvo la medida cautelar de arraigo en contra de Julián Zapata gracias al requerimiento presentado al juez de distrito especializado; un arraigo muy conveniente para las autoridades, bajo el que El Piolín permanecerá por lo menos 40 días.
Sobre las razones por las que la PGR optó por el arraigo y no por la presentación al juez, como correspondía según el CFPP, existen muchos rumores en los corrillos de los juzgados en San Luis Potosí. Uno, incluso publicado en algunos medios, refiere que la razón por la que El Piolín fue arraigado responde a la necesidad de llevar hasta las últimas consecuencias el caso y de detener a todos los involucrados en el homicidio del agente Jaime Zapata antes que cualquier cosa: en el arraigo se puede pactar con los presuntos culpables de delitos vinculados con la delincuencia organizada, obtener información y llegar incluso a convertirlos en “testigos protegidos”.
Por lo pronto, Sergio Mora, conocido como El Toto y señalado como el jefe de la célula de Los Zetas en la que estaba Julián Zapata, fue detenido en Saltillo, Coahuila. Se informó que este hombre fue quien ordenó que se realizara el homicidio del estadunidense Jaime Zapata, lo que levanta serias dudas: ¿fue entonces una ejecución planeada o, como indicaron las autoridades cuando la captura de El Piolín, el resultado de una confusión, un singular accidente en el que participó un comando de hombres armados en una zona de San Luis Potosí donde los enfrentamientos entre Los Zetas y el cártel del Golfo dejaron el año pasado un saldo de 130 homicidios?
El Toto, fue detenido en Coahuila, como presunto involucrado en el homicidio del agente estadunidense Jaime Zapata." title="Foto: Mónica González"> AGITAR EL ÁRBOL PARA VER QUÉ CAE
Pero, ¿de dónde vino la información que permitió la pronta captura de Julián Zapata? Todo apunta a que esto pudo venir de los llamados operativos Bombardier y Héroe Caído, lanzados en Estados Unidos en contra de presuntos narcotraficantes de origen mexicano y realizados a lo largo de unos cuantos días en San Diego, San Antonio, Chicago, Detroit, Atlanta, Newark, Miami y Denver por agentes de la DEA, el FBI, el ICE y las agencias de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Drogas (ARF). El resultado de estos operativos, considerados por un alto funcionario de seguridad estadunidense como una acción similar a “agitar el árbol para ver lo que cae”, fue de 676 personas detenidas y más de 12 millones de dólares incautados, además de armas y drogas, en uno de los más severos golpes al funcionamiento de las redes de distribución y venta de drogas al menudeo dado a la organización criminal de Los Zetas en territorio estadunidense. Entre los principales objetivos de esta acción sin precedentes estuvo la captura de líderes de esa banda, uno de ellos Miguel Ángel Treviño, conocido como El Z40, a quien se atribuye el control del tráfico de drogas en la frontera de Tamaulipas con Texas.
Preguntas que el caso deja en el tintero: ¿por qué la PGR no capturó a Julián Zapata inmediatamente después de que el juez hubiera dictado su orden de reaprehensión, casi un mes antes del homicidio del agente estadunidense? ¿Por qué las autoridades de Estados Unidos no desmontaron antes de la pérdida de uno de sus agentes en México la red de operaciones de tráfico y venta de drogas vinculada con Los Zetas que, al parecer, por la rapidez y eficiencia de las capturas posteriores, tenían bien detectada en varias de sus ciudades?
De Roberto Hernández
De Roberto Hernández sobre el presunto ojete
La historia en breve
Ciro Gómez Leyva
Recibo un correo de Roberto Hernández, director y productor del documental Presunto culpable, sobre mi texto del viernes, “El presunto ojete también tiene derechos”.
Roberto reconoce mi “derecho a acercarle el micrófono a quien está en una situación vulnerable”, como Víctor Daniel Reyes, quien promovió y obtuvo la suspensión provisional para que el documental se deje de exhibir.
Resumo lo esencial del texto de Roberto: “Ciro, esto que está sucediendo es un claro intento de bajarle el switch a la película. Estamos enfrentando una amenaza de censura REAL y PALPABLE. La posibilidad de que se retire Presunto culpable de cartelera a mediados de esta semana está ahí, latiendo.
“De un plumazo dices que esto no es un acto de censura. Estás MUY EQUIVOCADO. Como periodista, pasas por alto que no es necesario el consentimiento de nadie que comparece en un juicio para videograbarlo. Un juicio penal es un espacio público. Tal cual lo es la calle. Y además, un juicio es una instancia de rendición de cuentas, y como tal, quienes a él comparecen tienen que contestar preguntas y estar presentes en la audiencia, a veces sin su consentimiento y aun en contra de su voluntad.
“Nosotros contamos con el permiso del TSJDF y la DGPRS. Es absurdo que afirmes que yo necesito el consentimiento para filmar a una persona que en un juicio a veces tiene que decir cosas que no desea.
“(…) No estamos frente a una contienda privada entre Víctor Daniel y nosotros. De hecho estamos frente a un uso manipulativo de un juicio de garantías que se está usando para CENSURAR la película. Como periodista, tienes una gran responsabilidad por no propagar la confusión.
“¿Cómo la ves?”
¿Cómo la veo? Estoy atónito. No sé que artículo leyó Roberto el viernes. Evidentemente, no el mío. Mañana daré respuesta a su infundio.
Desertaron en 10 años 1,680 soldados de élite
Desertaron en 10 años 1,680 soldados de élite
En los últimos 24 meses la cifra fue de 121, según documento obtenido por MILENIO.
La dependencia admite que carece de un programa para rastrear a evadidos.
México.- Pese a los esfuerzos por retenerlos con mejoras en sus salarios, más de mil 500 soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército —militares cuyo entrenamiento táctico avanzado es altamente letal— están desaparecidos sin que actualmente se sepa su paradero o si se han unido a las filas del crimen organizado.
“Son desertores”, admitió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que reportó que en los últimos dos años, en algunos momentos críticos de la guerra contra el narcotráfico, se ha perdido la pista a 121 soldados de élite.
Cifras oficiales de la dependencia detallan que en la última década, en la que se vio la irrupción a escala nacional de Los Zetas —cártel fundado en sus principios por ex militares de élite—, la sangría sufrida por las Fuerzas Especiales del Ejército no detuvo su marcha, aun cuando los salarios de la tropa se han incrementado 115 por ciento desde 2006.
Desde 2000 un total de mil 680 integrantes de los Batallones de Fuerzas Especiales y los Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (Ganfes) del Ejército han abandonado las filas militares y están catalogados como evadidos, de acuerdo con estadísticas de la Defensa Nacional obtenidas mediante una solicitud de transparencia hecha por MILENIO.
En promedio, la Sedena cerró la década pasada con una pérdida anual promedio de 168 comandos. La gama puede ir desde francotiradores, paracaidistas, expertos en supervivencia y analistas de inteligencia hasta soldados especializados en reacción rápida.
La Defensa Nacional reconoció que no se ha creado un programa para dar seguimiento a los desertores ni existe forma de saber adónde fueron a parar estos militares.
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¿Qué conocimientos adquirieron esos soldados evadidos? El entrenamiento de las Fuerzas Especiales mexicanas está clasificado por 12 años, decisión que fue ratificada por el Instituto Federal de Acceso a la Información.
Sin embargo, un listado de los cursos más recientes ofrecidos por el Pentágono al Ejército mexicano da una idea del perfil con el que cuentan esos militares, así como sus estudios y conocimientos.
Sólo en los últimos tres años, según los informes de Actividades Militares de Interés del Departamento de Estado de Estados Unidos para 2008, 2009 y 2010, un centenar de soldados de las Fuerzas Especiales mexicanas tomaron cursos de antiterrorismo, buceo de guerra, preparación para ranger y paracaidismo, entre otros.
En 2010, último año del que se tiene registro completo, Washington pagó estudios a 18 comandos mexicanos en la base aérea de Lackland, Texas, donde acudieron a tomar el curso Antiterrorismo nivel uno y dos.
En 2009 dos militares mexicanos identificados como integrantes de Fuerzas Especiales participaron en el entrenamiento Preranger en Fort Benning, sede del Instituto del Hemisferio Occidental para Cooperación de Seguridad, escuela en la que Estados Unidos entrena a personal castrense de toda América Latina.
Considerado uno de los más complicados y difíciles de aprobar, el curso de aspirante a ranger incluye un riguroso entrenamiento militar en condiciones desérticas, alpinas, selváticas y urbanas. Concluye con un simulacro bélico en el que los soldados son enviados a campo durante cuatro días a participar en juegos de guerra.
Otros dos militares viajaron al Centro Especial de Guerra John F. Kennedy y 11 más acudieron del 8 al 14 de agosto de ese año a la Universidad de Operaciones de Fuerzas Especiales, en Hulburt Field, Florida, sede del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y la primer Ala de Operaciones Especiales. Tomaron cursos con la Fuerza Delta y los Seals de la Marina estadunidense.
El Departamento de Estado reportó también cursos para fuerzas especiales en territorio mexicano, como el ofrecido en 2009 por el Comando del Norte a 53 militares vía programa de entrenamiento móvil designado SOT (siglas que se refieren a Special Operations Training o Entrenamiento de Fuerzas Especiales).
Tres soldados mexicanos fueron enviados durante el verano de ese año a la Escuela de Infantería de los Rangers, ubicada en Fort Benning, Georgia, dependiente del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Permanecieron ahí tres meses a un costo de 30 mil dólares.
El listado incluye a nueve soldados que recibieron el curso denominado Equipos de reacción rápida, del 7 de julio al 26 de agosto, en la base aérea de Lackland; ahí se capacitaron en tácticas de respuesta a francotiradores, operaciones antiterroristas y protección de personas VIP.
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Reflejo del cada vez más intenso uso de unidades de Fuerzas Especiales en operaciones contra el narcotráfico, la cifra de bajas de comandos también ascendió, según se lee en la respuesta a la solicitud 700179710 hecha por este diario, en la que se detalla que 2010 fue el año más letal en la historia de los Batallones de Fuerzas Especiales y los Ganfes.
Un total de 10 elementos perdieron la vida en operaciones de alto impacto realizadas el año pasado, en el que pelotones de Fuerzas Especiales participaron en distintos operativos en busca de capos, como la caída de Ignacio Nacho Coronel, copado y abatido en Jalisco en julio del año pasado.
En ese operativo falleció un militar y otro resultó herido, cuando Coronel se resistió al arresto. En total, desde 2000 han fallecido 43 soldados de Fuerzas Especiales, tres más fueron heridos de gravedad y tuvieron que retirarse. Otros 312 han solicitado su retiro voluntario.
De las cifras se desprende un dato que apunta a que pocos elementos de las Fuerzas Especiales terminan su encargo de forma natural: en una década sólo dos se retiraron tras alcanzar la edad máxima permitida para formar parte de los cuerpos de élite del Ejército mexicano.
- Claves
Decomisos
• Elementos de Marina hallaron, en acciones distintas en Tamaulipas, dos vehículos en cuyo interior localizaron armamento y drogas, sin que hubiera personas detenidas.
• La dependencia informó que el pasado 3 de marzo personal naval que realizaba un recorrido terrestre halló un vehículo abandonado en el poblado de San Fernando.
• Los marinos encontraron en su interior 24 cartuchos, un cargador y tres equipos de comunicación. En tanto, en un inmueble de Tampico se encontró otro vehículo con 11 bolsitas con mariguana y cocaína.
El fantasma de la censura
El fantasma de la censura
Los legisladores se llenan la boca con las palabras “libertad de expresión” pero en la práctica les gusta que sólo se aplique en “los burros de mi compadre”: el Poder Judicial.
Leo Zuckermann
Un fantasma recorre México: es el fantasma de la censura. Se aparece por muchos lados. De dientes para afuera, numerosos políticos se envuelven en la bandera de la libertad de expresión pero, cuando pueden, solicitan, demandan y ordenan la censura con tal de evitar las críticas.
La semana pasada, por ejemplo, una jueza ordenó la suspensión temporal de la exhibición de Presunto culpable, documental que demuestra las miserias de la justicia penal mexicana. Muchos políticos, de diversos partidos, salieron a criticar dicha decisión. Senadores como Carlos Sotelo (PRD), Carlos Jiménez (PRI) y José González Morfín (PAN) condenaron el acto, especularon que se trataba de un posible caso de censura por parte del Poder Judicial y solicitaron la no censura de la película. Fantástico. Qué bueno que lo hayan hecho. Pero resulta que todos estos senadores votaron a favor de la reforma electoral de 2007 que prohíbe, en la Constitución, las campañas negativas y la compra de spots de radio y televisión por parte de cualquier ciudadano.
Los legisladores se llenan la boca con las palabras “libertad de expresión” pero en la práctica les gusta que sólo se aplique en “los burros de mi compadre”, es decir, del Poder Judicial. En los “burros propios” resulta conveniente la censura. Que un partido hable mal de otro partido. No: prohibido en la Constitución. Que un candidato critique a otro candidato. No: prohibido en la Constitución. Que un ciudadano o grupo de ciudadanos contrate anuncios de radio y televisión para hablar de partidos o candidatos. No: prohibido en la Constitución. Pero sí se vale que un grupo de ciudadanos exhiba las miserias del Poder Judicial. No hay consistencia. Y no la hay porque en el fondo los políticos, de todos los partidos, carecen de una verdadera convicción a favor de la libertad de expresión. Por eso ronda el fantasma dinosáurico de la censura.
El viernes decía que me parecía increíble que se necesitara un permiso de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exhibir una película. Que siguieran existiendo este tipo de licencias que utilizaban los gobiernos autoritarios para censurar filmes que les disgustaban. Hoy corrijo. Resulta que esta norma ya se derogó. La única atribución que actualmente tiene la Segob es la de emitir un certificado que clasifica la película de acuerdo a su contenido. En el caso de Presunto culpable se otorgó la clasificación “B” apta para adolescentes y adultos.
No obstante que la Segob carece de facultades para censurar una película, antes o después del comienzo de su exhibición, la jueza 12 de Distrito, Blanca Lobo, le ordenó a la Secretaría que así lo hiciera como si estuviéramos en las épocas de Díaz Ordaz. Por fortuna, el subsecretario de Normatividad y Medios, Héctor Villarreal, informó que la Segob no suspendería la proyección de Presunto culpable mientras aclaraban la orden con la jueza. Por desgracia, el subsecretario también afirmó que la cinta “es legal y válida”. ¡Ah, caray! ¿Acaso hay películas que son ilegales o inválidas? ¿A qué se refiere este funcionario? En fin, entre que son peras o son manzanas, lo bueno es que la película sigue exhibiéndose.
Llama la atención, sin embargo, que Víctor Manuel Reyes haya recurrido al juicio de amparo para reclamar un daño moral por uso de su imagen. Este individuo es el testigo que aparece en Presunto culpable. Es el que mintió en el juicio de José Antonio Zúñiga, al parecer coaccionado por la policía. Su falso testimonio, que luego medio corrigió, fue la única prueba con la que sentenciaron a Zúñiga a 20 años de prisión por un crimen que no cometió. La mentira de Reyes le costó más de dos años de vida en la cárcel a Zúñiga y, de no ser por Layda Negrete y Roberto Hernández, le hubiera costado 18 más. Que me disculpen, pero el que tiene que acusar de daño moral es Zúñiga a Reyes y no Reyes a los productores de Presunto culpable.
En todo caso, si lo que Reyes pretende es dinero por su patética participación en un documental que ha resultado económicamente muy exitoso (cabe destacar que las ganancias de Presunto culpable se dedicarán a promover reformas al sistema penal mexicano), lo conducente era un juicio civil. No obstante, prefirió el amparo lo cual resulta muy sospechoso, por decir lo menos.
Esta semana la jueza Lobo deberá revisar su decisión de suspender temporalmente el filme. Seguramente corregirá el error que cometió. No puede solicitarle a la Segob la suspensión de un acto de autoridad (autorizar una película) porque la ley no contempla dicho acto. Los abogados de Presunto culpable están convencidos de que en unos meses Reyes perderá el amparo y no va a conseguir ni un centavo. Lo único que habrá logrado el infame testigo, y los abogados que lo cilindraron, es darle una publicidad inmejorable al documental “que todo México tiene que ver”. Y así, una vez más, habremos visto pasar al fantasma de la censura que ronda en México gracias a aquellos que suspiran por aquellas gloriosas épocas donde los gobernantes estaban blindados de cualquier crítica.
Volver al fenómeno Fox
Calderón: volver al fenómeno Fox
Madero sólo cumple el papel para el que fue llevado a la jefatura del PAN: el de simular una disidencia entre el partido y el Presidente.
Ricardo Alemán
Por segunda ocasión, Felipe Calderón propuso, a militantes y jefes del PAN, no cancelar la posibilidad de elegir a un candidato presidencial externo, que no sea militante del partido azul.
El llamado presidencial se llevó a cabo en el Consejo Nacional de los azules —el fin de semana—, en donde, además de proponerse cambios al método de selección del aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Calderón ratificó la importancia de no equivocarse en la selección del candidato a la Presidencia, “ya que está en juego el futuro del país, no sólo del PAN”. En respuesta al llamado de Calderón, el jefe del azul, Gustavo Madero, dijo que el aspirante a 2012 “será panista”, y que creía que el Presidente “se refería a cualquier otro cargo de elección popular”.
Pero acaso lo verdaderamente valioso del tema no sea la aparente disparidad de opiniones entre el jefe real del PAN, Felipe Calderón, y el gerente del mismo, Gustavo Madero. En realidad, Madero sólo cumple el papel para el que fue llevado a la jefatura de Acción Nacional: el de simular una disidencia entre el PAN y el Presidente, para evitar la desagradable imagen de que Felipe Calderón tiene controlado al partido, y que al final de cuentas impondrá a su candidato presidencial.
De hecho, vale recodar que Gustavo Madero llegó a la presidencia del partido gracias a una simulación de disputa con el Presidente, la cual habría sido resuelta —casualmente— con una derrota del mandatario. ¿Es creíble que sobre las decisiones del presidente Calderón, estén las decisiones de Gustavo Madero? Está claro que no, y que el verdadero jefe del PAN se llama Felipe Calderón, y que el señor Gustavo Madero en realidad sólo juega el papel de patiño que hace creer a los ingenuos que las “poderosas fuerzas” de Acción Nacional le arrebataron a Calderón la facultad metaconstitucional de imponer a su sucesor.
Pero, más allá de esa farsa, lo cierto es que el jefe real del PAN, Felipe Calderón, sondea por segunda vez la posibilidad de que las familias custodias de Acción Nacional acepten un candidato presidencial y/o a jefe de Gobierno del DF, surgido de la llamada sociedad civil, no necesariamente de las filas del partido. Lo curioso, sin embargo, es que nadie ha sido capaz de responder interrogantes como la siguiente: ¿Por qué la preocupación e insistencia del Presidente en proponer a un candidato presidencial no panista? Las respuestas son muchas y muy variadas.
Primero, porque Calderón está dispuesto a todo —y todo es todo— con tal de no entregar de vuelta el poder presidencial al PRI.
Segundo, porque Calderón no ha descartado la posibilidad de que, ya rumbo a la contienda presidencial, los azules deban aliarse a un candidato de unidad con el PRD, que podría ser nada menos que Marcelo Ebrard.
Tercero, porque Calderón sabe que ninguno de los pretensos de su gabinete y de su partido tiene las calificaciones para enfrentar y derrotar en solitario a Enrique Peña Nieto y…
Cuarto, porque Gustavo Madero puede tener parte de razón cuando habla de que Felipe Calderón se refiere a otro cargo de elección popular. ¿Cuál cargo? Pues el de candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal. ¿De qué estamos hablando? Fácil, de que si el PAN no tiene candidato presidencial fuerte, capaz de ganarle en solitario a Enrique Peña Nieto, menos tiene un candidato competitivo para enfrentar al PRD y al PRI en la capital del país.
Es decir, que existen muchas posibilidades de que, al final de cuentas —y una vez probado que los azules no tienen candidato ganador para la contienda presidencial y menos para la del GDF—, el PAN se convierta en “cola de ratón” respecto a un candidato presidencial —que, por ejemplo, podría ser Marcelo Ebrard—, en tanto que otro candidato ciudadano propuesto por el PAN para el Gobierno del Distrito Federal, podría ser apoyado por el PRD.
En pocas palabras, que Felipe Calderón lo que está proponiendo es una alianza mayor, en la candidatura presidencial y en el Gobierno del Distrito Federal, entre el PAN y el PRD. ¿Y por qué una alianza de ese tamaño entre la derecha y la izquierda? Porque sería la única forma de ganarle al PRI. Y, en efecto, la hipótesis parece descabellada, pero era igual de descabellado hablar de alianzas PAN-PRD hace apenas un año.
Y era igual de descabellado hablar de la candidatura presidencial de Fox —por el PAN— en 1997.
En realidad lo que hoy propone Felipe Calderón es volver los pasos al fenómeno Fox.
Al tiempo.
el fantasma de la crisis alimentaria
La demanda y el clima despiertan el fantasma de la crisis alimentaria
Por Scott Kilman
El mundo está consumiendo granos a una velocidad mayor a la que los agricultores pueden cultivarlos, lo que pone bajo presión las reservas e impulsa los precios a niveles cercanos a los que provocaron disturbios y protestas por la crisis de alimentos en países pobres hace tres años.
La posibilidad de que se desate otra escasez de alimentos a nivel mundial depende en gran medida de las cosechas de los próximos meses, a medida que los agricultores de Estados Unidos, el mayor exportador agrícola a nivel global, empiecen a recoger sus cosechas de trigo, soya y otros granos. Estas perspectivas probablemente se vean reforzadas el jueves cuando el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) divulgue su informe mensual sobre los mercados agrícolas mundiales.
"El escenario anticipa serios trastornos, en caso de que ocurran desastres climatológicos", explica Keith Collins, ex economista jefe del USDA. "Me parece claro que han aumentado las posibilidades de que se propague una crisis global de alimentos".
Incluso si un clima ideal en EE.UU. diera lugar a cosechas récord, el crecimiento de la demanda mundial y las menguantes reservas significan que aún hay riesgo de que haya una escasez de alimentos. Si bien los economistas proyectan que los precios de los granos se moderarán si las cosechas mundiales aumentan este año, se espera que se mantengan altos durante años. Además, cualquier cosecha que no sea grande podría provocar grandes fluctuaciones en los precios.
Debido al rápido crecimiento de los mercados emergentes, los precios de los alimentos están aumentando junto a la demanda global. En 2008, los precios de los alimentos en EE.UU. escalaron 5,5%, la mayor alza en 18 años.
Los precios del trigo han dado un salto de 80% frente a un año antes. El encarecimiento de los alimentos fue uno de los motivos que desataron las protestas callejeras que han arrasado el norte de África, donde el trigo domina la dieta de la región. Egipto es el mayor importador de este grano. Los gobiernos en Asia están recurriendo a subsidios y controles de precios para proteger a sus consumidores de la inflación.
En EE.UU., se espera que los precios minoristas de los productos alimenticios suban cerca de 4% este año, mucho más rápido que en 2010, cuando el Índice de Precios al Consumidor del gobierno para los alimentos avanzó 0,8%, la tasa más baja desde 1962. El auge en los precios de la energía, provocado por las tensiones en el mundo árabe, podría contribuir al encarecimiento de la producción de alimentos.
Presidentes ejecutivos de cadenas de supermercados y otras empresas de alimentos como los restaurantes son reacios a traspasar el aumento de los costos a sus clientes en un momento en que la tasa de desempleo en EE.UU., actualmente en 8,9%, sigue alta. Eso podría cambiar si la economía mejora.
En las regiones agrícolas de EE.UU. abundan las evidencias de lo que podría deparar el futuro. Los precios de los commodities están en ascenso, en parte porque las economías que importan alimentos tienen pocas alternativas para ir de compras. EE.UU. controla en torno a 55% del comercio mundial del maíz, así como 44% de la soya, 41% del algodón y 28% del trigo.
En febrero, el índice de precios de productos agrícolas del USDA, que cubre 48 materias primas, era 24% más alto que en el mismo mes de 2010. Ese incremento se traduce en ganancias inesperadas para los agricultores de EE.UU., pero representa un revés para sus ganaderos, que alimentan sus animales con grano.
China compra casi un cuarto de la cosecha estadounidense de soya para alimentar cerdos y pollos, que son consumidos por su clase media. Sus plantas textiles se quedan con casi un tercio de las exportaciones de algodón de EE.UU. Las exportaciones de trigo que salen de este país acumulan un alza de 46% frente al año anterior porque el mal tiempo dejó fuera de juego a competidores como Rusia y Canadá.
Debido a los precios más altos de la gasolina, alrededor de 40% de la principal cosecha de EE.UU., el maíz, se está dedicando a la producción de etanol. El USDA pronostica que al país le quedará suficiente maíz para satisfacer el apetito de los consumidores por apenas 18 días para cuando arranque la próxima cosecha.
La reacción tradicional de los agricultores ante precios tan altos solía ser cultivar más terreno y producir excedentes que redujeran los precios. Pero este ciclo parece estar desmoronándose, lo que sugiere que el auge de precios podría convertirse en una tendencia más duradera.
Aun así, los agricultores están produciendo cosechas más grandes. El USDA prevé que EE.UU. incrementará el área cultivada con las ocho mayores cosechas este año en casi 4 millones de hectáreas, o 4%, el cambio más grande en 15 años. El departamento pronostica que los agricultores de maíz producirán un récord de 13.730 millones de bushels en el tercer trimestre.
Sin embargo, la demanda de maíz es tan fuerte que este incremento de 10% en la cosecha sólo prolongaría las reservas del país en apenas cinco días. Como resultado, el USDA prevé que el precio de la cosecha de maíz todavía por sembrar suba a un promedio de US$5,60 por bushel, un récord.
"La era de los excedentes (agrícolas) se ha acabado", sentenció Dan Glickman, ex secretario de Agricultura durante el gobierno de Bill Clinton y ahora integrante del Bipartisan Policy Center, un centro de estudios en Washington.
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