Examen a la revolución islandesa
El país nórdico ha votado este sábado en referéndum una ley para decidir si devuelve a Reino Unido y Holanda 4.000 millones por la quiebra de uno de sus bancos
CLAUDI PÉREZ - Madrid -
¿Qué haría usted si uno de los grandes bancos españoles hubiera quebrado en Reino Unido y el Gobierno británico exigiera a España un pago de 50.000 euros por familia para saldar esa deuda? Islandia, que ya se ha negado en una ocasión a pagar esa factura, se ha enfrentado este sábado a un segundo referéndum sobre si aprueba -o no- devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones de euros por la bancarrota de una de sus entidades financieras. Aunque tal vez el examen vaya un poco más allá. El no reforzaría la vía islandesa de salida de la crisis financiera, la denominada revolución de las cacerolas: dejar caer los bancos y organizar movilizaciones sociales que provocaron un cambio de Gobierno, una reforma de la Constitución y han alentado una investigación para enjaular a los banqueros. Pero un sí podría empañar el ejemplo islandés, al que se agarra cada vez más gente en la periferia de Europa, por la irritación que provoca el empeño de Bruselas y el BCE en defender a los bancos aun a costa de una oleada de austeridad y recortes draconianos.
"Es una decisión difícil. Probablemente lo mejor sea votar no, pero eso va a acarrear enormes problemas a corto y medio plazo". Interrogado por el referéndum, el economista Magnus Skulasson no tenía aún nada claro, a media tarde de este sábado, el sentido de su voto. Las encuestas tampoco dan un ganador con seguridad: el sí -es decir, pagar por los desmanes de la banca- parecía claro ganador hace dos meses, pero los sondeos se han dado la vuelta en los últimos días.
El referéndum fue convocado hace dos meses por el presidente islandés, Oláfur Ragnar Grímsson, que se negó a firmar una ley del Parlamento que estipulaba las condiciones del acuerdo: un pago con intereses del 3% a 37 años. Grímsson es reincidente: en diciembre de 2009 ya forzó una consulta similar, cuando contra todo pronóstico se negó a firmar una ley que obligaba a pagar con intereses del 5,5% en 15 años. El no ganó entonces de forma arrolladora. "Las antiguas condiciones de pago eran muy injustas: las nuevas son mejores, pero si los islandeses van a tener que cargar con una deuda de sus bancos deben tener derecho a decidir. Islandia es una democracia, no un sistema financiero", declaró Grímsson a este diario hace unos días.
La disputa viene de lejos. A mediados de la pasada década, uno de los grandes bancos islandeses, Landsbanki, abrió una filial por Internet en Reino Unido, Holanda y Alemania que tuvo un éxito fulgurante por los altos intereses que pagaba en una cuenta llamada Icesave. A principios de octubre de 2008, apenas 15 días después de la quiebra de Lehman Brothers, el Reino Unido detectó que los bancos islandeses estaban traspasando dinero de las cuentas británicas a Reikiavik y les aplicó la ley antiterrorista: congeló todos sus fondos. Los bancos estaban sobreendeudados (sus activos suponían 12 veces el PIB), y esa decisión, junto a la crisis internacional, les llevó a la bancarrota. El Estado no los rescató. Los dejó caer, y posteriormente los nacionalizó e inyectó dinero para que siguieran operando, pero solo en Islandia. Londres y Ámsterdam pagaron a los depositantes de Icesave (unas 300.000 personas) el 100% de los depósitos y desde entonces reclaman ese dinero. Eso suma 4.000 millones: tal vez no parezca una cifra desorbitada, pero es un tercio del PIB islandés.
El caso está repleto de incertidumbres. El Gobierno defiende el sí en el referéndum y aduce que los activos del banco quebrado, cuando se liquiden, permitirán pagar la mayoría de la deuda. Los partidarios del no argumentan que la gente no debería pagar por las locuras de sus bancos, y aducen que la legislación internacional -llena de sombras- no obliga a ningún país a asumir deudas astronómicas que sobrepasan con mucho el importe acumulado en los fondos de garantía.
Frágil recuperación
Islandia sigue sumida en una profunda crisis, tras los acontecimientos que acabaron en la quiebra del sistema bancario y que obligaron al país a acudir al FMI. Entonces la Bolsa se desplomó, la corona islandesa perdió el 80% de su valor y la caída del PIB ha sido del 15%. El paro ha pasado del 1% al 8%, hay controles de capital -corralito-, ha habido fuertes subidas de impuestos y recortes del gasto público. La incipiente recuperación es aún muy frágil. Y esa fragilidad puede aumentar en caso de que el no salga vencedor: el Ejecutivo ha avisado a la población de que un hipotético rechazo llevaría el caso a los tribunales, donde la factura puede llegar a ser mucho mayor. Además, si los activos del banco quebrado son menores de lo esperado y la corona vuelve a caer, las cifras se dispararían.
La consulta tendrá también efectos colaterales en el ámbito político. Una negativa dejaría en una difícil posición al Gobierno de coalición entre socialdemócratas y rojiverdes, y complicaría el acceso de Islandia a la UE y los créditos con el FMI y otros países nórdicos. Los islandeses saben todo eso, y aun así en los últimos días el no ha ganado fuerza. "Tenemos la opción de acabar con este desafortunado asunto con dignidad, o embarcarnos de nueva en un periodo de incertidumbre", avisó ayer el ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson. "De acuerdo: pero la crisis ya está siendo lo suficientemente dura. No quiero pagar más", terció el director de cine Arni Sveinsson.
La OTAN asegura que no hay solución militar
La OTAN asegura que no hay solución militar a la crisis de Libia
Rasmussen, secretario general de la Organización, dice que el país necesita una solución política y que la ONU debe ayudar a encontrarla
AGENCIAS
El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha señalado que "no hay solución militar" al conflicto en Libia, que necesita "una solución política". Rasmussen hizo estas declaraciones en una entrevista para el semanario alemán Der Spiegel, que se publicará el lunes.
"¿Se puede ganar esta guerra sin el envío de tropas de tierra?", le pregunta el periodista a Rasmussen, que contesta así: "La respuesta honesta a esta pregunta es que no hay solución militar para este conflicto. Necesitamos una solución política, y el pueblo libio debe trabajar en esta dirección. "Sin embargo," añade Rasmussen, "en última instancia será la ONU quien deba ayudar a Libia a encontrar una solución política a esta crisis ".
"La integridad territorial de Libia se debe mantener a toda costa ", subraya el máximo mandatario de la OTAN, organización que en estos momentos se centra "en la aplicación de la resolución 1973" de la ONU con el fin de proteger a los civiles de Libia. "Nos atendremos estrictamente a esa resolución, que es nuestro mandato ", asegura Rasmussen. Preguntado sobre el camino a seguir si el régimen no hacía caso de esos llamados, ha dicho dijo que, aún en ese caso, el operativo militar tiene que limitarse a hacer cumplir la resolución 1973 y velar por el cumplimiento del embargo de armas.
Los aliados, encabezados por Francia, Reino Unido y EE UU -con el apoyo de España-, buscan una solución política de la crisis libia, en la que el consenso es la salida de Gadafi.
Las acusaciones de los rebeldes son "injustas"
Por otra parte, Rassmusen rechazó acusaciones de parte de los rebeldes libios según las cuales la Alianza estaría teniendo demasiadas consideraciones en sus ataques al régimen y estaría traicionando a la resistencia al líder libio, Muamar el Gadafi.
"Eso no es justo. En parte, hemos tenido dificultades con el mal clima, lo que puede haber dado la impresión de que hemos reducido las operaciones. Pero no había otra solución y las cosas han cambiado otra vez. Estamos haciendo tantos bombardeos como al comienzo", dijo Rassmusen.
El dirigente aliado indicó que el hecho de que Gadafi esté escondiendo sus blindados y otro material militar de los ataques de la coalición internacional supone un éxito del operativo, puesto que así no puede usarlos tan fácilmente contra la población civil.
Por otra parte, Rassmusen calificó de una muestra más de la brutalidad del régimen libio el que las tropas de Gadafi estén utilizando a la población como escudos humanos. "Gadafi sabe que queremos y tenemos que hacer todo lo posible para evitar víctimas civiles, y eso es algo que está utilizando", dijo.
La represión de las protestas se recrudece en el sur de Siria
La represión de las protestas se recrudece en el sur de Siria
La cifra de muertos en las manifestaciones del viernes asciende a 37
ANA CARBAJOSA | Jerusalén
La sangrienta represión de las protestas en el sur de Siria, que se ha cobrado decenas de víctimas mortales, ha contribuido a derribar la barrera del miedo para muchos habitantes de Deraa, que este sábado acudieron indignados y en masa a los funerales de los manifestantes muertos por las fuerzas de seguridad ayer. Miles de vecinos de Deraa han desfilado por las calles de la ciudad pidiendo "libertad" y "la caída del régimen", mientras transportaban los ataúdes de las decenas de muertos, según muestran numerosas imágenes de vídeo colgadas en las Red.
La policía abrió una vez más fuego, esta vez contra el cortejo funerario, causando varios heridos, según relataron testigos a la agencia France Presse. También en Latakia, en el oeste del país, la fuerzas de seguridad dispararon por la mañana contra los que se manifestaban a favor de la libertad y en contra de la ley de emergencia que rige en el país desde 1963. "No puedes dar dos pasos en la calle sin arriesgarte a que te detengan", ha explicado un vecino a la agencia Reuters. "Es difícil saber si hay muertos, pero oímos muchos. El Gobierno sirio impide la entrada a reporteros extranjeros a Deraa y a otras ciudades del país, por lo que resulta muy difícil contrastar los testimonios e imágenes que llegan desde Siria.
Mientras, van saliendo poco a poco a la luz los detalles de lo sucedido en las manifestaciones que el viernes sacaron a miles de sirios a la calle por todo el país. La Organización Nacional para los Derechos Humanos en Siria ha identificado con nombres y apellidos hasta 30 muertos en la protesta del viernes en Deraa. La ONG añade que otras siete personas murieron en la ciudad de Homs y en los alrededores de la capital, Damasco por los disparos de la policía.
"El régimen sirio utilizó gases lacrimógenos y después abrió fuego contra civiles desarmados, lo que causó decenas de muertos y heridos. Se produjeron además detenciones arbitrarias a manifestantes y redadas en casas de los ciudadanos, especialmente en Deraa, con el pretexto de buscar a miembros de bandas armadas", reza un comunicado emitido por la organización de derechos humanos siria.
El Ministerio del Interior sirio culpó el viernes a bandas de hombres armados de los episodios de violencia en Deraa. Indicó además a través de la televisión siria, que 19 policías habían muerto a manos de los integrantes de estas bandas. Este sábado, el ministro de Exteriores, Walid Mouallem se refirió también a "saboteadores infiltrados entre las filas de los manifestantes" que "abrieron fuego".
Catherine Ashton, la jefa de la diplomacia europea ha pedido al régimen sirio que ponga fin a la violencia en contra de los manifestantes y ha exigido al presidente Bachar el Asad que emprenda "reformas sustanciales de forma inmediata".
Los sirios salieron por primera vez a la calle hace tres semanas, contagiados por la euforia revolucionaria que recorre el mundo árabe. Estas protestas suponen en Siria un acontecimiento sin precedentes en los 11 años que dura el mandato del presidente El Asad.
El régimen sirio no quiere periodistas
El régimen sirio no quiere periodistas
- El régimen damasquino intenta ocultar el calibre de la represión
Del periodista argelino Zine Cherfaui, enviado para cubrir las protestas sirias por el diario 'El Watan', no había noticias desde el pasado jueves. Fue retenido en el aeropuerto internacional de Damasco por las autoridades, y desde allí transferido a un hotel cercano a la espera de ser deportado, en teoría este domingo, a Argel.
Es el último ejemplo de la escasa devoción que siente el régimen damasquino por la prensa internacional y de sus esfuerzos por ocultar el calibre de la represión de las fuerzas de Seguridad contra las manifestaciones, inéditas desde que Bashar Asad llegara al poder.
La prensa local lo tiene aún más difícil: es sometida a censura, a la espera de una ley de prensa prometida por la presidencia que no parece llegar nunca, y cualquier intento de admitir el calibre de las revueltas es castigado, como demuestra la destitución de la redactora jefe del diario gubernamental 'Tchrine', Samira al Massalma, quien ha sido cesada tras admitir, en declaraciones a Al Jazeera, que "podría estar habiendo una violación de las consignas" por parte de la policía de ser cierto que ayer abrieron fuego contra los manifestantes. Según testigos, han vuelto a disparar en Daraa, esta vez contra los cortejos fúnebres de la larga veintena de víctimas.
Aun así, el caos informativo reina en Siria. Son pocos los informadores que han obtenido visados de entrada en el país. El proceso, habitualmente lento, es ahora de duración indefinida. Los que ya se encontraban en el país árabe cuando comenzó la incipiente insurrección han encontrado serios problemas para mantenerse allí -en el caso de Jaled Yacub Oweis, el jefe de la oficina de Reuters en Damasco desde 2006, fue expulsado hace días por el Ministerio de Información sirio, como les ha ocurrido a otros colegas- si bien la mayoría han sido expulsados.
"Nos llamaron y nos dieron 45 minutos para marcharnos", explica a ELMUNDO.es un fotógrafo árabe empleado en una agencia internacional de prensa. "La razón fue que mi compañera había escrito en su artículo que miles de personas habían salido a la calle en Daraa”. El régimen minimiza drásticamente las cifras de asistentes a las marchas. Tras los primeros días de completa negación de los hechos en los medios oficiales, ahora da una particular versión de lo que está ocurriendo en las protestas: alega que los manifestantes son bandas armadas, identifica a las víctimas mortales como agentes de Seguridad y alega defensa propia para explicar el uso de munición real contra la población.
El citado fotógrafo, que prefiere no ser identificado ya que está a la espera de un nuevo visado solicitado a las autoridades sirias, fue uno de los primeros en acceder a Daraa, la ciudad sureña donde comenzaron las protestas tras la detención de una quincena de escolares que hicieron una pintada exigiendo el final del régimen. El viernes, más de 20 personas fueron asesinadas allí: según la agencia oficial SANA, las víctimas son policías abatidas por hombres armados; según los activistas y los testimonios recabados por los periodistas entre vecinos y participantes, no cabe duda de que son civiles los abatidos.
"Puedes creer a los manifestantes cuando hablan de cifras de participación y de la violencia policial. Lo pude ver con mis propios ojos, pero no me permitieron tomar fotos. En cinco días me confiscaron cuatro veces mis cámaras. En Latakia me golpearon de forma feroz, incluso con espadas, los seguidores de Assad y agentes de civil", prosigue el citado fotógrafo. "No quieren periodistas", insiste.
Sin datos de las manifestaciones
Sin presencia de informadores o con contados periodistas, por tanto fácilmente controlables -France Presse sigue manteniendo su oficina abierta, y Al Jazeera y la BBC también tienen presencia en el país pero con enormes restricciones de movimiento- resulta más fácil controlar la información. Cada convocatoria de protestas, las ciudades más combativas -Daraa, Duma- amanecen con las comunicaciones telefónicas colapsadas -la compañía telefónica depende del régimen- y sin conexión a internet. Puestos de control policiales impiden la entrada a los informadores que traten de acceder sin permiso y de esa forma se intenta garantizar que lo que ocurra durante y tras la manifestación no salga de allí.
Pero el apagón absoluto es imposible. Los móviles están sirviendo a la población para grabar vídeos caseros de la represión, de los cadáveres, incluso de los francotiradores -policías de civil, según los activistas, terroristas armados según el Gobierno sirio- que abren fuego contra la multitud. Y esos vídeos terminan en YouTube: no sólo existen formas de contornear el apagón informativo -en las redes sociales circulan manuales de todo tipo para lograrlo- sino que además en las zonas fronterizas, como la propia Daraa, cerca de Jordania, es posible conectarse a servidores de los países próximos en lugar de los sirios.
Los ciudadanos sirios llevan una década sorteando la censura impuesta en internet, y el resultado de su experiencia se ve en páginas como el Centro de Información sobre el Levantamiento Sirio 2011, un grupo de Facebook donde se suelen descargar vídeos de las protestas grabados por los protagonistas. Eso y las tarjetas telefónicas jordanas o libanesas -los ciudadanos que suelen viajar por la régimen conservan tarjetas SIM muy útiles en esta situación- permiten a los periodistas expulsados o a quienes no son bienvenidos en Siria hacerse una idea de lo que ocurre en el interior.
Porque es poco probable que el régimen permita en el futuro el acceso a los informadores, a quienes responsabiliza de exagerar la magnitud de las protestas y así cooperar en la 'conspiración' contra Damasco. Como recuerda el citado fotógrafo, "ya lo dijo Bashar Assad en su discurso: los periodistas estamos mintiendo".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario