Terrorismo made in Mexico
Terrorismo made in Mexico
Plaza central de Morelia, Michoacán, luego de los atentados con granadas.
México.- El terrorismo en México no tiene un antes y un después. El calendario nacional carece de su “11 de septiembre”, y el fenómeno no tiene una forma definida en la imaginación ciudadana, tal como sucede en Estados Unidos con Al Qaeda y otros grupos islámicos radicales. Pero si en México no hay Torres Gemelas derrumbadas, sí hay ductos petroleros que estallaron en pedazos, plazas públicas blanco de granadas, cajeros bancarios humeantes y cadáveres desfigurados.
Definido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como un método, no como una ideología, el terrorismo es una estrategia concreta para propiciar la generación del miedo en aras de posicionar algo, ya sea una demanda política, una mayor ganancia económica, una reivindicación moral o el mantenimiento de un Estado. Un grupo mexicano de especialistas, agrupados en el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, dio a conocer en 2009, como parte de los resultados de la primera encuesta de temas de seguridad nacional en el país, que apenas el seis por ciento de los mexicanos consultados consideran al terrorismo una amenaza seria para la seguridad nacional.
A pesar de esto, si bien en México hoy las acciones terroristas obtienen abundante cobertura mediática, éstas no se inventaron en los últimos años: el escritor Luis González de Alba recuerda en uno de sus ensayos que el terrorismo nacional lo realizaba el Ejército, cuando ahorcaba cristeros a lo largo de caminos públicos para que sirvieran de ejemplo a otros alzados, pero también lo cometían los propios cristeros cuando empalaban a maestros rurales que defendían la educación laica.
Actualmente tampoco hay un monopolio en el uso del terrorismo en México. Se trata de un espectro en crecimiento y competido, donde algunos casos son más emblemáticos que otros.
1.- LOS DUCTOS DE PEMEX
La próxima semana se cumplirán cuatro años de la desaparición en Oaxaca de los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz. Según la denuncia, el 25 de mayo de 2007, entre las 20 y 22 horas, en una acción fortuita de la policía, Reyes y Cruz fueron detenidos. “Estos compañeros militantes están siendo torturados de manera brutal en las oficinas de la PGR (Procuraduría General de la República) por el Ejército, la AFI (entonces Agencia Federal de Investigación) y por agentes norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el Ejército”, se aseguraba en el escrito repartido vía internet el dos de junio de ese año. A la semana de su desaparición, el EPR inició la difusión de una serie de comunicados exigiendo su presentación con vida.
Un funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), consultado en ese entonces, minimizó los hechos y dijo que el grupo armado más antiguo del país era tan sólo una guerrilla de papel. Hasta que a partir del 10 de julio de ese mismo año el EPR se adjudicó los ataques con explosivos contra instalaciones de Petróleos Mexicanos: “A nuestro pueblo le informamos que las acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca”.
“La guerrilla de papel”, que semanas después atacaría otras instalaciones petroleras en Veracruz y Tlaxcala, provocó un importante daño en la principal área de producción del país. A la fecha, el gobierno federal se ha negado a dar a conocer el monto total de la avería, aunque extraoficialmente se habla de varios millones de dólares.
El EPR consiguió así que sus 13 comunicados anteriores fueran finalmente leídos por las autoridades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo una investigación y una serie de recomendaciones a las autoridades estatales y federales, la PGR detuvo a algunos policías oaxaqueños para interrogarlos y el comandante de la zona militar de Oaxaca, el general José Manuel Gutiérrez Oropeza, fue jubilado del Ejército y enviado a realizar tareas administrativas a Telégrafos Mexicanos. Se creó una Comisión de Mediación antes de que el caso regresara al olvido.
Pese a que el ex procurador Eduardo Medina Mora aseguró que estaban cerca de encontrar a los responsables de los atentados, nadie ha sido detenido. Dentro de la estructura del EPR, a los miembros del comando que ejecutó estas acciones se les conoce como los zapadores y forman parte de lo que se conoce como “guerrillas dispersas”. En el documento “Nuestra estrategia y táctica militar”, elaborado por la comandancia general del grupo insurrecto, se registra un apartado especial dedicado a ellos: “Los elementos que cuenten con mayor desarrollo político e ideológico deben saber colocar los explosivos y la detonación, de ahí que deban saber operar en lo rural y urbano”, dice.
Los integrantes de estas células guerrilleras no necesariamente viven en la clandestinidad, y pueden tener una actividad rutinaria como fachada, vivir con una familia y solamente atender llamados esporádicos para realizar acciones concretas. Cuando se les ordene deben tener disposición al combate, iniciativa y creatividad para el accionar militar, así como conocer el lineamiento político militar de la organización y estar por voluntad propia. Las acciones de sabotaje no son comandadas por ellos, sino por algún elemento de la “guerrilla concentrada”, que es como se le llama en el documento al núcleo dirigente del EPR. Esto se hace “para que las operaciones sean exitosas y así destruyamos las fuerzas del enemigo y conservemos las nuestras”.
2.- LA PLAZA DE MORELIA
Aunque el narco ya había probado su capacidad de sembrar terror en 2006 en el mismo Michoacán, cuando en la discoteca Sol y Sombra de Uruapan fueron arrojadas cinco cabezas humanas sobre la pista de baile, al tiempo que los cárteles de la droga se daban cuenta de lo sencillo que era usar Youtube para difundir videos de torturas y decapitaciones de sus rivales, no fue sino hasta el 15 de septiembre de 2008 cuando se supo de forma contundente en que el narcotráfico mexicano había decidido incluir en su repertorio acciones terroristas contra la población civil inocente.
Siete personas murieron y 132 quedaron heridas al ser lanzadas dos granadas de fragmentación en la plaza donde cientos de personas celebraban el tradicional Grito de Independencia que, al momento de los estallidos, daba el gobernador Leonel Godoy. A partir de ese momento, los mensajes enviados vía internet advirtiendo de ataques contra discotecas o bares de ciudades como Monterrey o Cuernavaca empezaron a ser tomados en serio.
Al poco tiempo, el retrato hablado de quien cometió el ataque terrorista más grave del México actual desapareció. El o los autores de los bombazos siguen libres, así como sus autores intelectuales. Los sospechosos según la opinión pública, La Familia Michoacana y Los Zetas, se deslindaron y acusaron mutuamente de los ataques a través de mensajes electrónicos y mantas colocadas en avenidas transitadas de Morelia. En el Cisen dicen que alguno de estos grupos dice la verdad y que el otro miente.
Una semana después del atentado, la PGR anunció que habían sido detenidos tres de los responsables en Apatzingán. Los hombres dijeron ante las cámaras que habían sido ellos y que eran miembros de Los Zetas, pero en las declaraciones ministeriales rechazaron haber cometido el ataque y afirmaron haber sido torturados por la policía para declararse culpables ante los medios de comunicación. Ninguno de los tres señalados ha sido sentenciado por los hechos.
El ataque representó un cambio en la estrategia del narco, cuya principal misión años atrás era “evitar que se calentara la plaza”. El narco era antes, por así decirlo, antiterrorista; uno de los capos que encabezó por años al cártel de Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo, cuenta en sus memorias que cuando empezaron a ocurrir masacres en Sinaloa él personalmente se dedicó a investigar quién las estaba cometiendo, hasta que dio con la banda y la entregó a la policía. En ese entonces, el narcotráfico estaba, como se dice, bien organizado y controlado, y se buscaba hacer negocio, no que hubiera miedo ni mucho menos terror.
De acuerdo con la encuesta de seguridad nacional de 2009, dos de cada tres mexicanos definieron como atentados terroristas los sucesos de la noche del 15 de septiembre en Morelia. Los ataques indiscriminados con granadas a plazas y lugares públicos en ciudades en disputa por el narco han seguido ocurriendo, aunque ninguno ha provocado un número tan alto de personas fallecidas como sucedió en Michoacán.
Los asesinatos extremos (considerados por algunos especialistas como terrorismo de baja intensidad) también se han vuelto cotidianos, al grado de que México, junto con Irak, registra la mayoría de las decapitaciones ocurridas en el planeta en lo que va del siglo XXI: sierras eléctricas, sables, cúteres, cuchillos usados para cortar cebolla, alambre y hachas de bosque han sido utilizadas para este fin. Veracruz, Michoacán y luego Guerrero son los lugares predilectos de “los cortadores de cabezas”, quienes han dado pie a ensayos sociológicos y antropológicos que tratan de descifrar la crueldad mexicana. El hombre sin cabeza, de Sergio González Rodríguez, es el libro que quizá mejor analiza esa forma de narcoterrorismo a la cual los estratos sociales poco importan, ya que los decapitados pueden ser familiares de políticos o carpinteros, empresarios o mecánicos, abogados o campesinos, albañiles o militares de élite, sicarios o policías. Y en México —a diferencia de Irak, donde las decapitaciones solamente se exhiben en videos—, una vez desprendida una cabeza puede ser colocada en la entrada principal de un pueblo, en la Secretaría de Finanzas, enfrente de un periódico, en una cruz a la orilla del camino, en la pista de baile de un burdel o frente a un cuartel militar. En videos subidos a Youtube por narcotraficantes del cártel del Golfo, se realizan fotomontajes donde quien termina siendo decapitado es el propio presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Reportes internos del gobierno federal alertaron desde principios de 2009 del uso de “técnicas de terrorismo árabe” por parte de muchos sicarios de los cárteles de la droga, pero no fue sino hasta el nueve de mayo de ese año cuando la idea fue planteada públicamente por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, durante una comida con corresponsales de la prensa extranjera. En esa ocasión el funcionario dijo que los cárteles mexicanos habían copiado la estrategia de la organización terrorista Al Qaeda, a la cual se responsabiliza de los atentados del 11 de septiembre en contra de las Torres Gemelas. “Han buscado tener una estrategia mediática, bajo la óptica y esquema de tipo terrorista, para impactar a la comunidad y por supuesto intimidar a sus contrarios, así como a las autoridades”, afirmó quien ha sido el hombre clave en las políticas de seguridad del país durante casi una década.
3.- LOS CAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
La mala calidad de los artefactos que apenas lograron estallar en sucursales bancarias de la Ciudad de México en el otoño de 2010, hizo que los peritos capitalinos descartaran, casi desde el inicio, que se tratara de algún grupo del crimen organizado o de la guerrilla tradicional. Internet ayudó a los agentes capitalinos a confirmar esto, cuando grupos de personas ecologistas y protectoras de animales reivindicaron las acciones de sabotaje que incluyeron el ataque a una agencia de automóviles y a una exclusiva boutique de Polanco.
Por primera vez grupos mexicanos habían decidido participar de manera activa y marcar el Día Mundial de la Tierra, sobre todo después de la masacre de animales ocurrida el 23 de febrero en el departamento del “animalista” (defensor de los derechos animales) Javier Cervantes, en Jaltenco, Estado de México, unos meses atrás. Las células estaban formadas en su mayoría por jóvenes que creen que con “acción directa” —como definen a sus atentados, considerados por especialistas “ecoterrorismo” pese a su escaso impacto— conseguirán la liberación de los animales de México, a quienes ellos ven como hermanos de los seres humanos.
La matanza de animales en Jaltenco, presuntamente realizada por policías del Estado de México, se convirtió en la bandera de la causa y el detonante para que esas células formaran la Coordinadora Informal de Grupos e Individuos por la Liberación Animal y de la Tierra, con presencia en Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Guanajuato, estados en donde ha realizado atentados que van del robo (rescate, dicen ellos) de conejos o de gallinas de granjas, hasta ataques con bombas molotov contra camiones de las perreras o bien la destrucción de casetas de Telmex.
A diferencia de otros países de Primer Mundo como Estados Unidos e Inglaterra, el ecoterrorismo, término utilizado en la jerga oficial para nombrar a las acciones violentas hechas por grupos ecologistas, era visto con extravagancia en México. Hasta septiembre de 2010.
4.- EL DEPARTAMENTO EN ALTITUDE
Arturo Beltrán Leyva, quien había abandonado el cártel de Sinaloa para emprender un camino propio en el convulsionado mundo del narcotráfico, fue abatido en su departamento del fraccionamiento Altitude, de Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre de 2009. Cuando los reporteros llegaron a la escena encontraron el cadáver del capo con joyas amontonadas en el pecho y billetes estadunidenses dispuestos ordenadamente sobre lo que quedaba de su estómago. La imagen que dio la vuelta al mundo no fue la del cadáver del capo, sino la del humillado cadáver del capo.
El asesinato de Beltrán Leyva representa, de acuerdo con funcionarios consultados, el inicio de una nueva etapa en la estrategia de operación del gobierno en la guerra contra el narco lanzada por el presidente Felipe Calderón: a partir de diciembre de 2009 tanto la Marina Armada como el Ejército Mexicano tuvieron una mayor presencia en las operaciones sobre el terreno del combate y, a la par, mayores señalamientos por abusos, no sólo el de la alteración del cuerpo de Beltrán Leyva, sino también por presuntas desapariciones de detenidos y, en algunos casos, ejecuciones extrajudiciales, como fue el caso de Jorge Martínez Compeán —dado a conocer por MILENIO Diario de Monterrey—, un hombre de 26 años aprehendido por la Marina en Santa Catarina en marzo de 2010, y quien pocas horas después apareció asesinado en un terreno baldío.
Este caso es uno de los ochos asesinatos denunciados en febrero de 2011 en Washington DC por Human Rigths Watch (HRW). El organismo internacional, tras enviar a una comisión investigadora al norte de México durante varios meses, concluye en el reporte que militares y policías habrían usado de forma ilegítima la fuerza letal bajo su poder. Además, HRW documenta la participación de elementos de las fuerzas armadas en una decena de desapariciones ocurridas en el mismo estado, también en 2010.
En México, la cifra de desaparecidos durante los últimos cuatro años es confusa. Mientras la CNDH reconoce poco más de cinco mil personas, las organizaciones no gubernamentales hablan de 10 mil en adelante. Estas desapariciones masivas son consideradas también actos terroristas. González de Alba los define así: “Es terror mantener por decenios a madres y a padres, a hermanos y hermanas buscando a quien desapareció sin rastro de proceso ni de aplicación de las leyes. Es terror para que, quienes sientan la tentación, se lo piensen dos veces. Y es terror de Estado”.
El terrorismo en la ley mexicana
En el Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 2007 se publicaron las reformas al Código Penal Federal, en cuyo Libro Segundo, Título Primero, “Delitos contra la seguridad de la nación”, Capítulo VI, “Terrorismo”, artículo 139, se tipifica este delito. Allí se establece la pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa “al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”. La misma sanción se aplicará a quienes, directa o indirectamente, con conocimiento de causa, apoye con recursos de cualquier naturaleza a quienes cometan actos terroristas en el país.
En los artículos 139 Bis y Ter se establecen las penas a quien encubra a un terrorista y a quien amenace con cometer este delito. Asimismo, en los artículos que van del 148 Bis al 148 Quáter se estipulan las penas para quienes perpetren o colaboren en la ejecución de actos de terrorismo internacional, entendiendo por éstos a los que se realicen en nuestro territorio en contra de bienes o personas de un Estado extranjero o de cualquier organismo u organización internacionales.
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