En defensa de la elección educativa

por Isaac Leobardo Sánchez Juárez

Isaac Leobardo Sánchez Juárez es profesor e investigador de economía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) y fue el ganador del concurso “Caminos de la Libertad” 2009 organizado por TV Azteca.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos promete una educación compulsiva y libre para todos los niños en el nivel elemental, así como libre elección por parte de los padres en relación al tipo de educación que quieren ofrecer a sus hijos. De estas dos recomendaciones, únicamente la primera ha recibido gran atención, particularmente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En contraste, la restricción a la libertad de elección educativa ha recibido poca o ninguna atención.

El derecho que tienen los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos es de vital importancia, su descuido casi permanente es desafortunado, ya que la elección educativa se encuentra relacionada con el mejoramiento de la calidad de la educación. La elección educativa significa un sistema escolar competitivo, con buenas escuelas, donde los estudiantes reciben incentivos para formar parte de él y no abandonarlo. Lo mejor de todo es que la elección educativa es una reforma que puede conducirse sin costo para los contribuyentes.

¿Por qué entonces no se promueve la libre elección de escuelas? ¿Por qué el gobierno limita frecuentemente la elección educativa por parte de los padres con escuelas de propiedad y operación estatal? La respuesta, de acuerdo con Willmore (2002), se encuentra en las creencias de los defensores del monopolio estatal en materia educativa, para ellos es necesario transmitir valores comunes a la sociedad; corregir las fallas del mercado educativo; proteger a los niños de las posibles malas elecciones que podrían realizar sus padres y promover la igualdad de oportunidades.

Por otra parte, dado que la elección educativa implica promover la educación privada, a los cuatro argumentos anteriores en contra se le suma uno más: la incapacidad de los más pobres para acceder a un sistema de educación privada en ausencia de un sistema de educación operado por el Estado. Respecto a esto último, existen muchas opciones para incorporar a los más pobres a un sistema educativo privado, la principal es la creación de un sistema de becas provenientes de los ingresos fiscales combinado con la reducción y/o eliminación de tarifas para familias de muy bajos ingresos por parte de las escuelas privadas. Las escuelas privadas, contrario a lo que se piensa son buenas para los pobres (Tooley y Dixon, 2006).

Respecto al primer argumento en contra de la elección educativa, la creencia de que únicamente las escuelas públicas son capaces de proveer valores cívicos o comunes, aunque popular y antigua, está sujeta a tres problemas de acuerdo con Willmore (2002:6). Primero, aún imaginando que en las escuelas gubernamentales se ofrece una educación cívica común, nada garantiza que éste sea un valor deseable, la homogeneidad va en contra de la naturaleza diversa de los seres humanos. Ahora, suponiendo que lo fuera, la enseñanza de valores comunes podría realizarse en establecimientos privados regulados. Segundo, parece inconsistente con los sistemas descentralizados de educación que prevalecen en muchas partes del mundo, donde la currícula escolar está lejos de ser uniforme a través de los estados, provincias y municipios. Tercero, y más importante, se asume que los gobiernos pueden controlar la currícula sólo sí son los dueños de las escuelas. Nada más lejos de la verdad, ya que las grandes burocracias que habitan el sistema educativo público tienen vida propia, particularmente los profesores han formado sindicatos con poderes que son difíciles de controlar. De hecho es más fácil para los gobiernos controlar las escuelas privadas, por medio de la amenaza de revocación de licencia que a las escuelas públicas de su propiedad, porque los sindicalizados saben que no es posible la revocación de su poder.

Ahora, respecto al segundo argumento en contra de la elección educativa, la mayor parte de autores que defienden el monopolio estatal de la educación, normalmente creen que la educación es un bien público (aquel cuyo consumo es no rival y no excluyente), por lo que la elección individual resulta en fallas de mercado. Planteado de esta manera, el argumento es incorrecto por dos razones. La primera es que la educación es un bien privado no un bien público. La segunda es que, incluso, si la educación fuera un bien público, corregir las fallas del mercado implicaría únicamente el financiamiento por parte del gobierno y no la propiedad de las escuelas (Willmore, 2002:7).

El tercer argumento en contra de la elección pública señala que los padres, en general, no son capaces de elegir adecuadamente la mejor educación para sus hijos, entonces el gobierno, siendo más “sabio”, toma esas decisiones por ellos. Mientras que en el caso del argumento de la educación cívica el gobierno interviene en el interés de la sociedad, en el caso del argumento de la protección a los niños interviene en el interés de los individuos. El Estado se percibe como un padre amoroso que sabrá cuidar de los niños, se puede denominar a este argumento: paternalismo educativo.

No existe duda que algunos padres son incapaces o no desean tomar decisiones informadas para educar a sus niños, pero ¿esto justifica limitar el derecho que tienen todos los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos? En otras áreas del cuidado de los niños como la alimentación, vestido y vivienda, a los padres se les da el beneficio de la duda. Hasta que se demuestre lo contrario, las autoridades suponen que ellos toman las decisiones más inteligentes en el mercado en nombre de sus niños. El Estado asume la custodia únicamente de aquellos niños cuyos padres no pueden o no desean realizar el suministro de sus satisfactores. El Estado no les suministra a todos alimentos, vestido y vivienda. ¿Por qué entonces el Estado debe suministrarles a todos educación? ¿Será acaso que la educación es más importante que la alimentación, el vestido y la vivienda? (Willmore, 2002:9)

Se pasa ahora al cuarto argumento en contra de la elección educativa, el más atractivo de todos: la igualdad de oportunidades. La idea de promover la igualdad de oportunidades a través de la educación está basada en la siguiente idea: los mercados son inevitablemente inequitativos, ya que distribuyen los bienes y servicios en una forma desigual. Para asegurar la igualdad de acceso a la educación secundaria y media superior, todos los niños deberían recibir la misma educación básica. Esto sólo se puede asegurar con escuelas gubernamentales. Si a las personas se les permite elegir libremente entre escuelas competidoras, ellas se agruparán por clase social, grupo étnico o nivel de habilidad, lo que impedirá la igualdad y perpetuará en su estatus a estudiantes de origen social bajo o talento intelectual aparentemente limitado (Willmore, 2008:7).

El argumento de la igualdad de oportunidades tiene buenas intenciones, pero está equivocado porque se basa en una premisa falsa. Las escuelas gubernamentales no garantizan la igualdad de oportunidades para los niños, a pesar de los mejores esfuerzos de los hacedores de política. Las familias terminan autoagrupandose por clase social y por grupo étnico cuando eligen su lugar de residencia. Además, los padres prefieren enviar a sus hijos cerca de su lugar de residencia, lo que genera que algunas escuelas terminen con un número desproporcionado de niños pobres, mientras otras reciben un número desproporcionado de niños privilegiados.

La desigualdad es parte de la naturaleza del hombre, nacemos diferentes y buscamos la diferencia, todos los esfuerzos que se hagan para corregirla resultan fútiles. La igualdad requiere que todas las escuelas ofrezcan el mismo estándar de educación, lo que resulta a todas luces imposible y sumamente costoso cuando se persigue por parte de los gobiernos. La búsqueda de la igualdad implica grandes costos de oportunidad, representados por las obras y actividades que se podrían hacer si dicho objetivo se eliminara de la agenda pública.

Los mercados son la mejor manera de beneficiar a los pobres, porque ellos son inequitativos únicamente si existe inequidad en la distribución del poder de compra entre los consumidores. Entonces, en lugar de que los gobiernos construyan y sean los dueños de las escuelas, deberían avocarse únicamente a financiar la educación. Con mayor equidad en la distribución del poder de compra, los mercados darían mejores resultados que el gobierno en el terreno educativo.

En este sentido, una excelente propuesta consiste en el establecimiento de bonos educativos para cada niño, que puedan ser utilizados en las escuelas públicas o privadas de su preferencia. Dichos bonos serían diferentes, dependiendo de la capacidad adquisitiva y necesidades de cada niño. La propuesta es más compleja y está sujeta a discusión, la planteo aquí para retomar una discusión que me parece puede conducir a una mayor calidad educativa (Gintis, 1995).

Para finalizar, aquellas personas que están preocupadas por los pobres no deberían de oponerse a la elección educativa, a una reforma privatizadora de las escuelas. En su lugar, deberían enfocarse a diseñar un sistema de financiamiento gubernamental a la educación que favorezca a los pobres, los segregados y los poco privilegiados, en contraste con el actual sistema de provisión educativa que poco les ayuda y que incluso los perjudica al ofrecerles una educación con bajos o nulos estándares de calidad.