Extorsión, privada y pública

Extorsión, privada y pública: El caso de Chiquita Banana

Por Llewellyn H. Rockwell Jr.

Los izquierdistas han protestado contra Chiquita Banana desde hace tanto tiempo que la mayoría de los activistas probablemente olvidan por qué se supone que odian a la empresa. La compañía sí tiene un historial lleno de manchas, especialmente cuando era la United Fruit. Durante décadas después de empezar el siglo XX, las intervenciones militares de EEUU en Latinoamérica se inspiraban en el objetivo de proteger las inversiones de United Fruit en Cuba, Panamá, Nicaragua, la República Dominicana, Haití y México. Por eso se llamó estas guerras las Guerras Bananeras y por eso a estos países se les ha calificado de forma muy diversa como repúblicas bananeras (aunque el objetivo principal era siempre aumentar los impuestos para los bancos de inversión de Nueva York que tenían bonos públicos).

Por otro lado, lo que estos críticos no apuntan muy frecuentemente son los fantásticos beneficios que la empresa ha producido a la región. Ayudó a erradicar la malaria. Ha aumentado significativamente los niveles de vida. Y su interés en proteger sus terrenos y relaciones comerciales han servido en realidad como un freno a las tendencias socialistas hacia el saqueo de las empresas privadas en la región. También ha sido víctima de robos masivos durante las revoluciones, como ocurrió tras la de Castro.

Más recientemente, la empresa ha estado en las noticias a causa de un injusto ataque de las Justicia de EEUU y el Departamento de Estado. Tras el 11-S, el gobierno de EEUU realizó una lista de grupos en todo el mundo que se consideran como abastecedores del terrorismo (una lista que claramente excluye cualquier célula dentro del mayor complejo militar-industrial del mundo). Como forma de equilibrar a los muchos “fundamentalistas islámicos” de la lista, Estados Unidos incluyó conocidos grupos paramilitares en Latinoamérica.

Dos de los grupos calificados como tales fueron las Fuerzas Armadas revolucionarias Colombianas (FARC), un grupo izquierdista y las fuerzas de Autodefensa Unida de Colombia (AUC), un grupo derechista. Las FRAC se hicieron famosas por secuestrar y matar trabajadores de Chiquita, así como por bombardeos aéreos de las tierras de Chiquita. La derecha utilizó métodos similarmente violentos para producir inestabilidad política. Ambos son pro-dictadura y a ambos les molesta el papel que tienen las empresas privadas en limitar sus ambiciones políticas.

Resultó que Chiquita estaba financiando a ambos grupos. Esto suena terrible hasta que te das cuenta de los motivos. No era financiar al terrorismo o promover la violencia, sino todo lo contrario. Chiquita pagaba dinero de protección para hacer que los grupos paramilitares dejaran de matar y bombardear. Cuando empezaron los pagos, ambos grupos empezaron a calibrar su uso de la violencia dependiendo de los flujos de caja, que no eran pequeños. Estamos hablando de millones de dólares pagados para que la empresa pudiera realizar sus negocios en paz.

Todos los ejecutivos internacionales entienden lo que estaba pasando. Pagar sobornos y estar sujeto a este tipo de extorsión es solo una parte de lo que implica realizar negocios en muchos países. Esto podría sonar horrible, pero la verdad es dichos pagos son a menudo menores de los que las empresas pagarían al recaudador en EEUU, que desarrolla un tipo de extorsión similar pero bajo cobertura legal.

Es verdad que los grupos paramilitares hicieron muchas cosas malas con el dinero que estaban obteniendo, pero estas decisiones implican sopesar acciones. ¿Qué se supone que tendría que hacer la empresa? ¿Plantarse y dejar que su negocio se destruya, sus terrenos sean bombardeados y sus empleados muertos? Es demasiado evidente ni siquiera apuntar esto 8excepto que este punto parece ser olvidado completamente por los críticos de la empresa): por supuesto, la empresa no debería pagar un penique a nadie. Entrega el dinero solo ante la perspectiva de violencia.

Yo diría de que estos grupos paramilitares estaban realizando una versión privada del sistema impositivo que todos conocemos demasiado bien.

Por tanto, es absurdo que el Departamento de Estado se dirija a Chiquita Banana por financiar organizaciones terroristas. Pero, siendo parte del régimen violento de EEUU, eso es exactamente lo que hizo. Chiquita fue extorsionado por gobierno de EEUU y tuvo que pagar una multa de 25 millones de dólares en 2007. Al ver las consecuencias, la empresa cerró todas sus operaciones en Colombia y esto no benefició a nadie: ni a trabajadores colombianos, ni a los consumidores estadounidenses, ni a nadie más.

Pero eso fue solo el principio de los problemas de la empresa. Una vez que se hubo un precedente legal, un oscuro edicto de 1789 entró en juego. El Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros permite a ciudadanos extranjeros demandar ante tribunales de EEUU por supuestas malas acciones en territorio internacional. Fuera cual fuera la intención original (y los federalistas no eran exactamente amigos de la libertad), ahora la ley es usada por abogados estadounidenses para reunir demandantes extranjeros para demandar a empresas estadounidenses en el extranjero.

Estos abogados han reunido a decenas de miles de víctimas de las FARc y las AUC en una demanda de acción de clase contra Chiquita que reclama daños que podrían cifrarse en miles de millones e incluso hacer quebrar a la compañía. Repito: ¿quién se beneficia de esto? Los grupos terroristas no van a desaparecer, pero este tipo de ataques acaban dañando las perspectivas económicas de Latinoamérica y por tanto también a los trabajadores y pobres de esta región.

Respecto de los consumidores estadounidenses, al final, les interesa ser servidos por el juego violento asociado con los acuerdos internacionales. Se trata de tratar de traernos fruta que no crece en nuestros jardines y que aún así queremos y necesitamos para nuestro bienestar. ¿No deberíamos tener un poco más en consideración los sacrificios y luchas que estas empresas afrontan para este fin?

Hubo un tiempo en que United Fruit utilizó al gobierno de EEUU para sus negocios en Latinoamérica. Esto es imperialismo. También es injusto que un gobierno que persigue a empresas estadounidenses que están haciendo lo que pueden para arreglárselas. Chiquita no solo es la víctima de terroristas privados, sino de extorsionadores violentos del sector público en nombre de la guerra contra el terrorismo.