México: La guerra que no pedimos

por Isaac Leobardo Sánchez Juárez

Isaac Leobardo Sánchez Juárez es profesor e investigador de economía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) y fue el ganador del concurso “Caminos de la Libertad” 2009 organizado por TV Azteca.

“Señor presidente, creer que los malos sólo están afuera es un error, los malos también están adentro, la guerra es una guerra fallida por basarse en instituciones fuertemente corrompidas… la estrategia ha sido contraproducente… ha propiciado una mayor corrupción de las instituciones… muertes y el crecimiento del poder de los cárteles…”
Javier Sicilia (poeta y activista mexicano)

El día jueves 23 de junio, en el castillo de Chapultepec en la ciudad de México, se realizó el “Diálogo por la Paz” entre las autoridades federales y la ciudadanía, representada, entre otros, por Javier Sicilia y Julián LeBarón, fue un evento esperanzador para quienes queremos un México unido, pacífico y desarrollado. El diálogo confío se traduzca en un elemento detonador para reducir la violencia y la inseguridad, que represente un punto de inflexión en la historia de este país. De particular interés para un servidor fue que la mayor parte de asistentes (ciudadanos) coincidieron en señalar que la “guerra” contra el crimen organizado no la pedimos los mexicanos e insistieron acertadamente que la estrategia debe ser modificada.

Los seres humanos que nos han dejado (más de 40 mil) y el notable crecimiento de lo que se dice combatir (de 2001 a 2008 el consumo de cocaína se duplicó hasta 2,4 millones de personas, según la Secretaría de Salud) es el mejor indicador del fracaso de la estrategia, insistir en ella simplemente ahondaría el dolor y el sufrimiento de miles de familias mexicanas. La violencia generada por los grupos criminales (principalmente narcotraficantes), no se puede combatir únicamente con policías, ejército y prisiones. Gobierno y ciudadanía necesitamos estar unidos y proponer medidas realmente innovadoras para frenar el crecimiento de la inseguridad y violencia.

En otro orden de ideas, llamó mucho la atención de los medios y de la audiencia, la atención prestada por Presidente de México a los relatos, las quejas y los reclamos de los ciudadanos, fue un ejercicio digno de multiplicarse. La actitud del Presidente levantó muchas sospechas, posiblemente obedeció a que se acercan las elecciones presidenciales y su partido no sale favorecido en las encuestas o bien a un interés sincero en el drama de las víctimas. El hecho es que el Presidente escuchó en Chapultepec pacientemente a los ciudadanos —víctimas de la violencia— y les dio respuesta, argumentado su posición y dejando claro que mientras él se encuentre al frente del gobierno federal la estrategia no va a cambiar. El mensaje fue: los escucho, los entiendo, pero no cambiaré.

El Presidente se muestra empeñado en continuar su estrategia policial y militar, así lo dejo claro en el diálogo. De acuerdo con Eduardo Guerrero (2010), especialista en temas de seguridad, el arresto o eliminación de un capo de una organización criminal suele propiciar su división, lo que ocasiona el nacimiento de nuevas organizaciones. El nacimiento de una nueva organización delictiva trae aparejado, en un entorno competitivo, varios detonantes de violencia. En conclusión: detener a un capo de la droga no resuelve el problema, lo profundiza. Lo que debe ser combatido y eliminado son los incentivos económicos y sociales que hacen de la actividad criminal un negocio sumamente rentable.

Siguiendo el argumento de Guerrero (2010), la estrategia actual del gobierno mexicano para debilitar a las organizaciones criminales está dirigida a fragmentarlas. Es por ello que la policía y el ejército se concentran en el arresto de los principales capos para lograr dicha división. El arresto de los capos genera dos efectos que fracturan a las organizaciones y las dispersan geográficamente: primero desencadenan crisis internas de sucesión; y segundo, propician la conducta oportunista de sus adversarios, quienes toman ventaja de la crisis momentánea. De esta forma, el aumento de la violencia provocado por las divisiones o desprendimientos de una organización criminal se propaga por tres factores principales: 1) La construcción de reputación de las nuevas organizaciones. Las nuevas organizaciones criminales para sobrevivir se especializan en el uso de la violencia y su uso intensivo, con lo que ganan reputación y sobreviven; 2) el surgimiento de nuevas organizaciones rompe equilibrios preexistentes y genera nuevos equilibrios. La generación de nuevos equilibrios desata, frecuentemente, olas de violencia de magnitud nacional o local; y 3) generación de dinámicas de competencia en las que la capacidad de violencia es un factor para ganar. La violencia engendra más violencia, formándose un círculo de causación perverso para la ciudadanía.

En función de lo apuntado, ¿todo está mal en la estrategia actual? Al igual que otros articulistas, propongo un cambio en la estrategia de gobierno, pero reconozco que existen aciertos y como lo señaló el Presidente en el diálogo: “no se podía dar la espalda al problema del crimen organizado”, era indispensable poner en la agenda de seguridad nacional el combate a los grupos delincuenciales. Por otra parte, aunque las instituciones estaban y siguen estando corrompidas, no era adecuado dar marcha atrás; gracias a la actual estrategia se reconoce la importancia de fortalecerlas, particularmente en materia de seguridad.

Las fallas de la actual estrategia son principalmente dos: un mal diagnóstico del problema y un error de método de combate. Se decidió combatir a los delincuentes que se encuentran fuera del Estado, particularmente se piensa que es suficiente con desmantelar a los principales cárteles, sin darse cuenta que los grandes incentivos económicos que crea la actividad criminal generan la aparición de nuevos grupos, los cuales tratan de mantenerse por la vía de la violencia. Si las instituciones están corrompidas, entonces, es necesario combatir a los delincuentes al interior del Estado, y reparar las instituciones. Conclusión, debe ponerse fin a una “guerra” que no pedimos y hacer caso a la ciudadanía que clama por una mayor transparencia y eficiencia de sus instituciones, es ahí por donde debe iniciar la lucha contra los criminales que tienen secuestrado a este país.

Hacer eficientes y transparentes a las instituciones es una tarea fundamental para que México vuelva a ser un país pacífico y seguro. Pero aún más, debe plantearse con seriedad y precisión la posibilidad de legalizar las drogas y regular su consumo. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la revista Nexos (2010), la legalización de las drogas tiene grandes beneficios (sin ser inobjetables) aunque también algunos maleficios. En el balance y de cara a los resultados entregados por la estrategia punitiva, la legalización es una buena opción, siempre y cuando se orqueste una estrategia mundial para su implementación o por lo menos entre EE.UU. (principal consumidor) y México (principal productor y distribuidor en ese mercado).

De acuerdo con los investigadores que realizaron el estudio, la legalización reduciría los márgenes de ganancia del crimen organizado, reduciría su capacidad de corrupción, reclutamiento y violencia. Otros beneficios serían los siguientes: 1) Reducción de los conflictos y la inestabilidad política en los países productores y de paso; 2) reducción de los costos sociales, al poner fin a una de las causas principales del crimen; 3) reducción del tamaño de la población carcelaria no violenta; 4) apertura de espacios a la regeneración de barrios pobres, actualmente tomados por el narcomenudeo; 5) liberación de una enorme cantidad de recursos que hoy se dedican al combate del narcotráfico, para canalizarlos a la educación y salud, en un entorno de mayor transparencia sobre los efectos del consumo de drogas en las costumbres y la conducta de la población; 6) los países productores y de paso como México podrían concentrar sus esfuerzos de seguridad pública en contener los crímenes que afectan la vida diaria de los ciudadanos: homicidios, secuestro y extorsión. Y a contener a grupos criminales de proporciones controlables; 7) garantizaría, la calidad industrial o química de los estupefacientes y la responsabilidad pública de los encargados de satisfacer la demanda; 8) para México la legalización significaría la desaparición del tema de las drogas de la agenda bilateral con EE.UU., lo que reduciría los conflictos con ese gobierno.

Dos beneficios más, de acuerdo con Hidalgo (2003): 9) Se reduciría la corrupción. Al perder poder económico, los grupos criminales ya no podrían corromper tan fácilmente a jueces, policías, agentes aduanales y en general a funcionarios públicos relacionados con su combate (o regulación), por cierto, la menor corrupción alentaría una mayor confianza en las autoridades, lo que abriría las puertas a círculos virtuosos en la sociedad; y 10) la legalización significaría acabar con el pretexto que tienen los estados para atentar contra la libertad de elección de cada ciudadano y sentaría las bases de sociedades libres.

Pero no todo es “miel sobre hojuelas”, existen maleficios de la legalización, ya que la legalización no resuelve la existencia de usuarios de consumo problemático que han hecho de las drogas una forma de vida, con daños irreparables para su salud. La legalización no resuelve problemas que son subyacentes al abuso de las drogas: pobreza, desempleo, ausencia de oportunidades y trastornos mentales. La legalización no termina con el crimen organizado, ese siempre existirá, incluso puede aumentar temporalmente. Legalizar las drogas no es una panacea es simplemente el menor de los males.

La legalización es una alternativa que tiene que ser considerada y en su caso implementada, es más lo que se pierde ahora, como resultado de una estrategia fallida, que lo que se perdería en el caso de la regulación legal del mercado de drogas. En el caso de México, está claro que los mexicanos no justificamos la “guerra” contra los criminales, ya que nunca la solicitamos. Lo que si queremos es paz y justicia para desarrollar con certidumbre nuestras actividades económicas, en ese sentido, las autoridades deben explorar con seriedad otras estrategias para combatir al crimen organizado y satisfacer los requerimientos de la población a la que se supone deben servir y obedecer.