Panama: El Salario Mínimo y la intervención del Estado – por Lucas Verzbolovskis
La reacción natural de “hacer algo” ante un evento es inherente a la naturaleza humana y el principio se aplica con mayor fuerza cuando los políticos se enfrentan a situaciones que afectan su electorado: sienten la obligación de “tomar medidas”.
Al igual que en el caso de una caída, donde poner la mano, probablemente le rompa el brazo o la muñeca, en el caso de los políticos, “hacer algo” también tiene efectos nocivos.
Tan pronto se congeló la gasolina de 91 octanos todas las gasolineras pasaron a tener exactamente el mismo precio tope y el deseo de mejorar el servicio al cliente o de bajar algunos centavos también quedó congelado.
Si al ganadero no le pagan más por una mejor carne, ¿para qué esmerarse en tener mejor calidad, con menos hormonas y menos antibióticos?
El caso del salario mínimo es igual. Las empresas ofrecen ese sueldo a los candidatos de nivel más bajo y lo curioso es que estos, la mayoría de las veces, no esperan más. Se despreocupan porque saben que no ganarán menos pero en ese momento no piensan en más. El empleador por su parte tampoco se preocupa en identificar los mejores candidatos porque sabe que ese será el sueldo inicial básico que sus competidores pagarán.
Desafortunadamente ser un mejor candidato deja de ser importante, y lo peor es que al empleador le da lo mismo emplear un joven graduado con honores de una escuela de primera que otro sin honores graduado de una escuela de quinta. Impera el espíritu de la mediocridad y este repercute en las escuelas. ¿De qué sirve ser buen estudiante? Ese es el primer gran obstáculo para que la educación mejore.
Por el lado de las empresas, ¿Para qué tener una buena política salarial que impulse la mejora en la productividad? ¿Para qué negociar convenciones colectivas que promuevan esos incentivos a la productividad si cada dos años el Estado interfiere otorgando aumentos iguales a todos? El “crédito” se lo lleva el Estado y no el trabajador con su propio esfuerzo. Adicionalmente muchos piensan que la empresa debe dar el suyo olvidándose que todos los fondos salen de la empresa.
La consecuencia directa del aumento del salario mínimo o de un aumento general de sueldos, es un incremento inmediato de la canasta básica y la “ventaja” adquirida con los aumentos decretados desaparece en poco tiempo, sobre todo para la clase media, y la de ingresos más bajos. Al poco tiempo una gran parte de la población queda nuevamente en rojo. ¡Y qué decir de los jubilados! Esos son los que más sufren.
¿Cual es la solución? No establecer salario mínimo ni aumento general de sueldos. Dejar que cada candidato y su empleador negocien su sueldo de acuerdo con sus estudios, su capacidad, su desempeño y sobre todo su actitud. Además, cuando el país está cercano al pleno empleo como es el caso de Panamá, el trabajador tiene mayor fuerza en la negociación.
Para conseguir la mejor gente la empresa tiene que actualizar los sueldos pero hará todo lo posible para mantenerse competitiva ante sus competidores. ¿Cómo? Mejorando su productividad, podrá mantener sus precios de venta y su rentabilidad. No aumentar sus precios de venta será clave para mantener a los clientes. Así, la canasta básica no aumentará, y si aumenta será en menor escala que en el caso de aumentos por decreto.
La razón básica y sencilla por la cual el mercado es más eficiente que los decretos, es que en el mercado rige la incertidumbre y ante esa incertidumbre todos: personas y empresas, tratan de hacerlo siempre mejor y a todo nivel tratando de no aumentar precios. Eso se traduce en mejoras a la productividad. Y si alguna empresa decide posicionarse con precios altos, muy pronto surgirán competidores atraídos por esa oportunidad. Y si rebaja los precios sin haber aumentado su productividad, perderá rentabilidad y le irá mal a corto plazo.
Por el contrario, cuando se decreta salario mínimo, aumento general de sueldos o congelamiento de precios, el razonamiento generalizado pasa a ser: ¿Para qué esforzarse si de todas formas voy a recibir lo mismo que si no me esfuerzo? El Gobierno “resolverá” mi problema.
La empresa dirá: ¿política de sueldos? ¿Para qué si el Estado lo hace cada dos años? Sin incentivos para mejorar no habrá aumentos en la productividad y las empresas se verán obligadas a subir sus precios de venta para mantener su rentabilidad y su existencia misma.
Conclusión: para evitar la inflación y el aumento de la canasta básica, la mejor solución es incentivar las empresas a que aumenten su productividad. El peor remedio es imponer salario mínimo, aumento general de sueldos y congelar precios. La historia económica así lo confirma y sería bueno que los comisionados a cargo de la negociación del salario mínimo la estudien antes de “hacer algo”.
* El autor es director de la Fundación Libertad de Panama.
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