La depuración de la PGR

No hubo renuncia de 21 delegados: se les pidió porque no pasaron las pruebas de control de confianza y porque en muchos casos se detectaron todo tipo de abusos y de relaciones con grupos de poder locales.

Jorge Fernández Menéndez

Para comprender lo que sucede en la PGR, con la “renuncia” de 21 delegados estatales, hay que partir de un dato: poco más, poco menos, 98% de los delitos que se denuncian en el país quedan impunes (y reiteramos: de los delitos que se denuncian, no de los delitos que se cometen, pues la cifra negra es infinitamente mayor). Los porcentajes de condenados aumentan levemente en los delitos federales, pero no son superiores a 5% de todos los denunciados. Si hacemos la comparación entre los delitos denunciados, y los probables delincuentes que son apresados y que luego tienen una condena, la cifra, el porcentaje de condenas sobre el total de delitos, se reduce aún más. No es responsabilidad exclusiva de la PGR, de los ministerios públicos federales, aunque para nadie es un secreto comprobar que ahí se encuentra uno de los principales escollos para tener un sistema de justicia mínimamente eficiente.

En los últimos años, con toda razón, hemos estado centrados en tratar de reformar a las policías. En términos de seguridad cotidiana, ese sigue siendo un proceso ineludible porque la policía constituye la primera aproximación de la sociedad a los sistemas de seguridad y justicia. En términos nacionales, la Policía Federal ha tenido una transformación sustantiva, y sin estar al nivel que el país requiere (es absurdo que no haya una policía nacional o seguir con el tema pendiente de contar con por lo menos 32 policías estatales con mando único y un nuevo modelo operacional, medidas que no se adoptan por intereses políticos muy concretos, aunque su ausencia vaya en detrimento de la seguridad pública y de la nacional), hoy contamos con una institución que hace cinco años era más un membrete que un cuerpo policial con verdadera capacidad federal.

La reforma del sistema de justicia se aprobó hace ya casi tres años y de la misma no tenemos noticias. El esquema, como ha pasado con muchas otras reformas en el ámbito de la seguridad, puede estar bien en el papel, pero no se puede dejar un periodo de implementación de ocho años, y establecer que en última instancia cada estado determinará el ritmo y el contenido de la reforma. No nos hemos dado las leyes reglamentarias imprescindibles para avanzar seriamente en el tema y tampoco tenemos, una vez más por defender intereses políticos y económicos muy concretos, un código penal único para toda la Federación.

La PGR cayó en esa dinámica. Se aprobaron reformas que no tienen leyes reglamentarias que las hagan funcionar; el debate se estancó durante años y ahí sigue, entre un modelo de fiscalía que sería mucho más adecuado para los tiempos que corren y un modelo tradicional que tampoco impulsó la reforma de la justicia porque en los hechos se contraponen. Hemos discutido durante años si la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad podían o no cumplir roles de policía investigadora y la verdad es que no ha sucedido nada. Durante el periodo de Eduardo Medina Mora, porque todas esas diferencias hicieron eclosión y, con su sucesor, Arturo Chávez, porque simplemente no pasó nada: la PGR se estancó tanto que incluso todo el sistema resultó dañado. Y el estancamiento es la situación más favorable que puede tener el crimen organizado para avanzar y penetrar en las instituciones. Eso ocurrió en una PGR donde, además, en los hechos, se vació de capital humano a buena parte de su estructura y llegaron, en su momento, funcionarios, buenas o malas personas, pero que sin duda no tenían ni siquiera relación con los hombres y las mujeres que realmente participaban, participan, en los temas nodales de la seguridad.

Como dijimos en su momento, la llegada de Marisela Morales buscaba acabar con eso. La nueva procuradora tiene amplia experiencia en lo que más le urge a la PGR: convertirse en una verdadera fiscalía. Ella tiene buena relación con las Fuerzas Armadas y la Policía Federal; trabajó durante años en la SIEDO, donde le tocó instrumentar por lo menos dos depuraciones, incluso de personajes que estaban, en su momento, por encima de ella. No hubo renuncia de 21 delegados de la PGR: se les pidió porque no pasaron las pruebas de control de confianza y porque en muchos casos se detectaron todo tipo de abusos y de relaciones con grupos de poder locales. La PGR, sobre todo en un contexto como el actual, se significa a través de sus delegaciones, de su capacidad de coordinación, y éstas, en la mayoría de los casos, estaban fuera de cualquier lógica de renovación.

La medida, obviamente, no es suficiente. Se requieren reformas mucho mayores. Pero, por lo menos, con estos recambios se intentará contar con una Procuraduría que eleve, aunque sea tímidamente, sus índices de eficiencia.