Colombia: El viacrucis de los camiones para la recolección de basuras – El Espectador

La DIAN suspendió por cinco días la legalización de importación de los vehículos alquilados por el Distrito en Estados Unidos para prestar el servicio de aseo en la ciudad de Petro.
La transición del servicio de aseo en Bogotá a manos del Distrito se ha convertido en toda una odisea, sobre todo por la adquisición de vehículos para que Aguas de Bogotá, operador público del servicio de aseo, pueda recoger la basura de las localidades de Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe, Mártires, San Cristobal y Barrios Unidos, las cuales representan el 18% del territorio de la capital colombiana, operación en la que se han invertido más de $200 mil millones.


A falta de equipos propios, el Acueducto de Bogotá abrió y adjudicó una licitación por $66 mil millones para compra de compactadores y barredoras. Sin embargo, la flota nueva llegará sólo a mediados de abril del próximo año. Situación que obligó al Distrito y a Aguas de Bogotá a acudir a alternativas transitorias en las que la administración de Gustavo Petro no ha salido bien librada de críticas por parte de los usuarios del servicio, analistas y de los órganos de control.
Según un documento oficial conocido por El Espectador, el plan B del Distrito consistió en la expedición de un decreto que posibilitara la recolección de basura en volquetas, lo que es contrario a la reglamentación del servicio público de aseo en el país (Decreto 1713 de 2002), la cual obliga el uso de vehículos de compactación de residuos en ciudades con más de 8.000 usuarios. El alcalde Gustavo Petro pudo apagar el incendio de un posible colapso en la prestación del servicio por la falta de equipos con la expedición del Decreto 564 de 2012, el cual dio vía libre a Aguas de Bogotá para que saliera a recoger los residuos en volquetas. El 18 de diciembre el Distrito operó con 364 vehículos de ese tipo.
La alternativa fue rechazada por la Superintendencia de Servicios Públicos y cuestionada por el contralor distrital, Diego Ardila, ya que, según él, la prestación del servicio de aseo no sería eficiente, pues una volqueta sólo tiene capacidad para transportar cuatro toneladas de residuos. Ardila también advirtió que la salud del personal encargado de la recolección de basura estaría en riesgo, ya que las volquetas no ofrecen la seguridad industrial necesaria para hacer ese tipo de trabajo. Un operario del servicio terminó lesionado al caer de una volqueta.
El plan C de Gustavo Petro consistía en comprar 150 compactadores usados e importarlos desde Miami por un valor de US$30.000 cada uno. Sin embargo, un concepto de la DIAN prohíbe la compra y adquisición de vehículos usados, debido a un convenio de complementación suscrito entre el sector automotor colombiano y países como Venezuela y Ecuador. Entonces, debido al impedimento legal, el Distrito modificó su plan C dando origen a un plan D: alquilar 160 vehículos usados e importarlos desde Nueva York. Esta es la alternativa que está en pie  y con la que se pretende reemplazar las volquetas que hoy están operando.  Es una medida temporal que durará hasta que lleguen los vehículos nuevos comprados por el Acueducto.

Aunque el alcalde dijo públicamente que la llegada de los  vehículos usados  se realizaría el 21 de diciembre, según el contrato quedó estipulado que se cumpliría    el 18 de enero y el Distrito adelantó la importación de 25 de los 160 vehículos que estuvieron en el puerto de Cartagena el 23 de diciembre.

Cuando ya todo parecía estar resuelto para que el Distrito tuviera la maquinaria necesaria para la recolección de basura en la capital, apareció un nuevo tropiezo. El presidente de Asopartes, Tulio Zuluaga, dijo que Petro estaría incurriendo en una irregularidad al importar camiones compactadores desde Nueva York. A pasar del ruido que generaron las declaraciones de Zuluaga, el Distrito viene trabajando con la DIAN para buscar una solución jurídica a la importación de la flota usada.
Pero esta historia no termina ahí. Al mejor estilo de las películas hollywoodenses, el servicio público de aseo en Bogotá tomó un nuevo giro, un capítulo escandaloso: cinco de los compactadores que arribaron al puerto de Cartagena están en pésimas condiciones físicas: las latas de los vehículos están corroídas por el óxido, algunos todavía tienen basura estadounidense y a otros les empezó a nacer maleza.
A pesar de que Gustavo Petro ha defendido la importación de dichos camiones y a través de Twitter ha dicho que cada uno de estos vehículos “está en el 66% de vida útil” y que solo “hay cinco en mal estado de latas. Son los únicos que salen en imágenes. Pero lo que me importa saber es motor y fuerza de compactación”, el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (Dadis) ordenó, el pasado 24 de diciembre, la inmovilización de los compactadores, hasta tanto sean sometidos a labores de limpieza, lavado y desinfección.

Jorge Luis Correa Rosales, director del Dadis, aseguró que “estos camiones llegaron con una gran cantidad de desechos sólidos y líquidos, y sobre ellos ha crecido una gran cantidad de plantas orgánicas. Mientras no ocurra un proceso de limpieza y desinfección, estos vehículos no pueden salir”.

Mientras que el Dadis ordenaba la inmovilización de los camiones usados,  la directora de Aduanas de la DIAN, Claudia Gaviria, confirmó que fue suspendido el proceso de legalización de los 25 camiones por un espacio de cinco días. Gaviria explicó que la medida se estableció para verificar si el estado de los vehículos cumple con los parámetros establecidos por la DIAN para su ingreso al país.

Por plan de aseo investigan a Petro
La Fiscalía inició una investigación preliminar contra el alcalde Gustavo Petro, por las supuestas faltas cometidas al poner en marcha un nuevo plan público de aseo y recolección de basuras en la ciudad.
El fiscal Eduardo Montealegre dijo que un “funcionario de muy alto nivel” es el encargado de valorar una denuncia interpuesta contra el alcalde y determinar si las conductas que “se le están atribuyendo tienen o no relevancia penal”, luego de la crisis que se desató el 18 de diciembre, cuando comenzó a operar el nuevo esquema de aseo a cargo del Distrito.
Montealegre explicó que la Fiscalía hace un “examen  minucioso de la contratación” y sobre “si toda la situación que se presentó en Bogotá con la recolección de las basuras tuvo o no un impacto en el medio ambiente”.