El reves de una muerte anunciada

por María Alejandra Lacayo Arana *

Hace algunos meses, cuando empezaban a moverse las fichas en el tablero para colocar a los líderes de la oposición en la lista de los preferidos como candidatos a alcaldes de Nicaragua, no podíamos imaginarnos que el gobierno comenzaba su jugada perfecta. El bando democrático de este país, presentaba un plan de acción estratégico que nos devolvía la esperanza a quienes la habíamos perdido en noviembre de 2006 con unas elecciones de dudosos resultados que le daban la victoria a un partido de la vieja guardia comunista, que se autodenominaba renovado pero que se mantenía amigo de Cuba, Irán y Venezuela.

Al principio la oposición resultaba muy eficiente en su lucha contra la dictadura, se formaban bancadas en el parlamento, se establecían alianzas entre los partidos políticos, y hasta la sociedad civil organizada, que siempre resulta ser un grupo de presión e incidencia fuerte en un país donde la mayoría de la población no cree en los partidos políticos, conformaba alianzas estratégicas de vigilancia y seguimiento a la administración pública. Parecía que se estaba creando un clima de estabilidad que obligaba al gobierno a actuar con respeto a las libertades y dentro de los límites del Estado de Derecho. Podría haber funcionado, un gobierno de izquierda que tendría que actuar bajo las directrices de una oposición y una mayoría de derecha, y aunque no era un experimento que estábamos ansiosos de ofrecerle al mundo, pudo haber sido el mejor ejemplo de democracia en América Latina.

Pero el gobierno entrante no era un poder nuevo, era más bien un partido político que había gobernado desde abajo durante los 16 años anteriores y que conocía a cabalidad el talón de Aquiles de su contraparte, las necesidades del pueblo, y los errores de los gobiernos liberales del pasado. Sabían que la oposición tenía estructuras internas débiles divididas por intereses personales y sabían que la corrupción y la pobreza eran los temas más angustiantes para la población.

Divide y vencerás. Y así fue, lo primero que había que hacer era atacar las alianzas dentro del parlamento, el gobierno sabía que dividida, la oposición no era una fortaleza impenetrable, ¿el arma? Arnoldo Alemán, el caudillo sentenciado por delitos de corrupción a quien un pacto con el frente sandinista le dio el país por cárcel y quien todavía tiene el control de un grupo opositor significativo en el parlamento. Cada vez que este grupo alzaba la voz contra las propuestas del gobierno, el juicio contra Alemán volvía a los escritorios de los tribunales de justicia, el grupo se veía forzado a aprobar cualquier propuesta, la bancada contra la dictadura no estaba funcionando.

Lo demás era muy fácil, un poco más de lo mismo que ya sabían hacer bien, demagogia y vana palabrería para distraer a la oposición de lo que se fraguaba tras bastidores. Como era cierto que los niveles de corrupción resultaban alarmantes en Nicaragua y que la gente estaba hastiada de no ver otra cosa en las noticias, la estrategia se centró en atacar el liberalismo que no estaba resolviendo los problemas de la pobreza, y ofrecer como contrapartida un proyecto de corte socialista auspiciado por los petrodólares venezolanos.

Y todo pasaba con la venia de las organizaciones de la sociedad civil cuyas protestas se convertían en un saludo a la bandera, y de nosotros, los que no crecimos con un manual del ciudadano entre los libros de cabecera ni una constitución política que se hiciera respetar, y que veíamos con perplejidad como nuestro país se estaba convirtiendo en el jardín del edén de un bobo insulso que se cree la reencarnación de Bolívar, en un ensayo de socialismo de siglo XXI.

Aún así seguíamos con las esperanzas puestas en la oposición y el duro golpe que los ciudadanos estábamos esperando eran las elecciones municipales, se trataba de la unidad de las bases de los partidos políticos, con los partidos democráticos al mando de los gobiernos locales, la cota de poder de Ortega se vería reducida y sin perspectivas.

Edmundo Jarquín y Eduardo Montealegre resultaban en todas las encuestas, con poco margen de diferencia entre ambos, los favoritos para alcaldes de la capital, uno moderado y con un pasado socialista, el otro liberal con apoyo de los conservadores, ambos con buen talante, una carrera política de renombre internacional, un gran equipo de trabajo y un proyecto de nación bastante razonable. Sin embargo, Jarquín no cumplía con todos los requisitos constitucionales –hechos a la medida del pacto- para ser candidato.

Con Jarquín fuera del juego, Montealegre se consolidaba como el candidato de la oposición, pero paralelo a su precampaña la Corte Suprema de Justicia abría una investigación en su contra por la renegociación de unos Certificados de Inversión emitidos para salvar al sistema financiero en un momento crítico. Montealegre, convencido de su inocencia y amparado en su inmunidad como diputado, no dio pie al juego de la acusación y siguió postulándose como la única alternativa viable para recuperar la alcaldía de Managua.

El gobierno también contaba con la lealtad del cuarto poder el Estado, el Consejo Supremo Electoral, una aparatosa estructura burocrática que le cuesta al país un millón y medio de dólares anuales en salarios. Con la mano de Ortega detrás, el Consejo adelantó el calendario electoral dándole menos tiempo a las alianzas para realizar las primarias y presionando a inscribir candidatos a la loca.

La más reciente jugada, una que merece la reverencia digna de un gran fullero, fue la que resolvió el mismo Consejo el veinte de febrero pasado según la cual la elección de Eduardo Montealegre como presidente de la ALN no fue válida y por lo tanto se dejan sin efecto todas sus actuaciones como representante legal de la misma, lo que significa deshacer la Unidad de Fuerzas Democráticas que se había conformado de cara a las elecciones. Esto no implica que Montealegre deba apartarse de la ALN –cosa que ya está haciendo- ni que deje de ser un potencial candidato, pero pone en evidencia algo peor, que la institucionalidad y la democracia no son para nada prioridades que este gobierno pretenda conservar.

Con los poderes electoral y judicial a las órdenes del partido oficialista y con una oposición dividida ya podemos vislumbrar lo que viene, Montealegre tendrá que escoger entre dos caminos, renunciar a su carrera política y conservar la poca dignidad que le dejan, o seguir siendo el candidato de la discordia y una vez haya renunciado a su escaño en el parlamento y por lo tanto a su inmunidad, resultará culpable del delito de fraude contra el estado de Nicaragua y puesto en prisión. Personalmente no creo que alguien como él quiera convertirse en la víctima de una muerte política anunciada.