REFLEXIONES LIBERTARIAS

ATILA FRENTE AL BANCO

Ricardo Valenzuela

Durante años me ha seducido el misterio de cual es realmente la causa de la pobreza de las naciones y he tratado de encontrar la respuesta utilizando el mismo análisis de Adam Smith, pero en reversa. Es decir, Smith se sumergió en el feudalismo para identificar el por qué sólo unas cuantas naciones eran ricas en una era de extrema pobreza mundial. Sus revelaciones fueron plasmadas en su magna obra, “La Riqueza de las Naciones,” e inició una verdadera revolución que le diera vida a otra; La Revolución Industrial.

Mi esfuerzo ha sido modesto y sus resultados preliminares extrajeron infinidad de amargas raíces que generan nuestra pobreza, pero mis recientes conclusiones me han llevado por un novedoso y desconocido camino el cual, me obliga a tomar veredas de espinosos matorrales. Pero en esta ocasión, me quiero referir a una de las causas más dramáticas del estancamiento que mantiene a nuestro país peligrando su muerte, como la de los novillos broncos lazados de dos puntas; asfixiados.

Siendo mí padre un hombre educado en Europa portador de un Doctorado en Derecho Internacional, otro en Filosofía de la Universidad Libre de Bruselas, e innumerables cursos de Economía y Ciencias Políticas en el London School of Economics, a su llegada a Sonora, hace más de 60 años, se convertía en el más brillante prospecto en el firmamento político de la época. A sus 26 años sería Secretario Particular del gobernador Yucupicio, y antes de los 30, Diputado. Sin embargo, repentinamente su estrella se apagó y después de haber revalidado sus títulos europeos, tampoco incursionó en el mundo de la “impartición de justicia,” habiéndose retirado a los negocios.

Al partir al Tecnológico de Monterrey, me atreví a cuestionar su inexplicable decisión a lo que con firmeza me respondía: “Yo me formé en Europa bajo la tutela de mi hermano Gilberto, y realmente no conocía México. A mi llegada a Sonora y luego de mi participación con el General Yucupicio—me di cuenta de que las áreas en las cuales me había yo preparado; justicia y la política, eran pestilentes gusaneras las cuales atraían hombres armados con las pasiones mas bajas y despreciables. Decidí así que yo no podía construir mi vida en un ambiente de esa naturaleza.”

En una segunda confrontación, hace unos cuantos años, le cuestionaba su estilo tan conservador en los negocios a lo cual, y ante mi asombro, me respondía: “¿Recuerdas nuestra primera conversación? Claro respondo. Continúa. “Al momento de incursionar en los negocios, me di cuenta de que no había mucha diferencia con el mundo que había abandonado. Tu hablas de mercados libres y es lo que yo aprendí en Europa. Pero en México nunca han existido y ello ha edificado una sociedad en la cual se premia lo mal habido, y se desprecia las virtudes etiquetando a hombres honestos de pasivos. Los hombres decentes se marginan y a los bandidos les hacen monumentos.”

Después de que yo hubiera participado en los negocios durante más de 20 años en varios países como banquero, ganadero, economista y, sobre todo, subrayo, cargando sobre mis espaldas la penitencia de mis adicciones. Sus palabras fueron para mí un campanazo que provocó llevar a cabo un análisis serio del papel de “los grandes empresarios” en el nuestro.

Escribía Von Mises que en una sociedad liberal no se puede evitar el que hombres de corazón corrupto invadan los mercados. Pero en sociedades como la nuestra, no solo no se evita, se estimula, y uno de los retoños de las sociedades cerradas, es la corrupción. Y esto, no es una enfermedad exclusiva de nuestro gobierno, es un grave fenómeno social en el cual nuestros flamantes empresarios son pieza fundamental del rompecabezas.

Seymor Martin Lipset define corrupción como; “los esfuerzos para adquirir riqueza y poder a través de medios ilícitos o inmorales—ganancias privadas a expensas de lo público.” Presenta luego un cuadro de los niveles de corrupción mundial en el cual, Dinamarca lo encabeza como el menos corrupto seguido por todas las naciones desarrolladas, lo cual, nos debe dar una pista: A menor corrupción, mayor es la creación de riqueza. Pero en este cuadro de 85 países, México orgullosamente se coloca en el #60. El economista Paulo Mauro, afirma el que un proceso de reducción de la corrupción de un 2%, se traduce en un incremento de un 5% en el ingreso per capita de la población.

En México, al triunfo la revolución, se aceleró un proceso de estatización en el cual se fueron fortaleciendo los lazos entre el poder político, empresarial y, por debajo la mesa, la iglesia. Un sistema de prebendas a un tipo de empresario que desnaturalizó su función, al tiempo que se capacitaba en el ejercicio de las “antesalas” a efectos de fortalecer por esa vía su posición. La gran tragedia de México es la escasez de capital, pero es más grave comprobar que ese pírrico capital, en muchos casos, no está en manos de empresarios comprometidos con riesgo, innovación, independencia, sino en las manos de apostadores de carreras arregladas por el estado, que los cincela a imagen de señores feudales.

Pero este tipo de empresario es solo parte de la elite que ha controlado el país durante siglos. El desfile lo complementan las diferentes organizaciones políticas, la iglesia, los intelectuales, cierta media irresponsable, y la mohosa izquierda. Esos grupos ejercen control sobre todas las actividades nacionales actuando en nombre de ciertos valores, actitudes, ideologías, que nada tienen que ver con el progreso, desarrollo económico y todo con mantener el statu quo.

Ello ha creado una clase empresarial cuya descripción de conceptos sería: Competencia; entre menos burros más olotes. Reformas; una calle en Hermosillo. Utilidades; las que le exprima al próximo que no tiene otra alternativa. Pérdidas; Fobaproa. Riesgo; volar en Aero California. Moral; el árbol que produce moras. División del trabajo; yo pido y el gobierno me paga. Pecado; el adulterio cuando te agarre tu vieja. Pagar; acto de gran sabiduría de Procampo. Justo; lo que pueda jalar con mi rastrillo. Deudas; las que los bancos no van a cobrar. Justicia; cada día está más cara; algo que sale en las películas. Palabra; creo fue una película de Pedro Infante. Conciencia; algo que se revuelve con la ciencia.

Sí hay buenos empresarios honestos y compasivos. Desgraciadamente no los suficientes. Pero esos mercaderes descritos como “pela vivos,” cuestan al país muchos miles de millones de dólares no sólo de lo que arrancan de las entrañas de la patria. El costo de los negocios e inversiones que se dejan de realizar, es mucho mayor cuando se presentan en los mercados con sus arreos y actitudes de Atila y sus bárbaros, listos para la siguiente violación. Cuando se les llega a cuestionar su conducta, responden como los jueces argentinos luego de recibir sobornos; “total, mañana vamos a confesión.” Y échenle otro cinco al piano y que siga el vacilón.

México: Combatir los monopolios

por Ricardo Medina

Ricardo Medina es analista político mexicano.

Hace unos días nos enteramos que “en medio de acusaciones y un ríspido debate entre las bancadas de los partidos del PRD, PRI y PAN, la Cámara de Diputados aprobó una moción suspensiva de la iniciativa, la cual establecía severas multas y sanciones administrativas a las empresas que realizaran prácticas monopólicas”, lo cual no deja de ser un mala noticia, de entrada, para los consumidores, a quienes los que les conviene son más y mejores opciones de consumo, mismas que se logran en la medida en la que, en cada uno de los mercados que integran la oferta de bienes de servicios, se de la mayor competencia posible, consiguiéndose así la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicio.

Para conseguir eso —la mayor competencia posible en cada mercado, la trilogía de la competitividad, el mayor beneficio posible para el consumidor— es que existe la Ley Federal de Competencia Económica, promulgada en 1992, y que es la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional, en el cual se afirma que “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas” y todo lo que se les parezca, razón por la cual “la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia” ese tipo de prácticas. Para velar que todo lo anterior se cumpla es que existe la Comisión Federal de Competencia.

Sin embargo, y pese a las buenas intenciones, en varias ocasiones se cuestionó la eficacia de la Comisión para cumplir su cometido, razón por la cual se pretende darle más poder, de entrada, aumentado las multas y sanciones impuestas a las empresas que realicen prácticas monopólicas, algo que, por el momento, ha quedado suspendido, por obra y gracias de algunos diputados, y habrá que ver en que termina todo esto asunto, esperando que termine favorablemente para los consumidores, con el resultado de más y mejores opciones de consumo, con menores precios, mayor calidad y mejor servicio, todo ello producto de la competencia. Ya veremos.

Por lo pronto, si realmente se quiere combatir a los monopolios, lo primero que se debe hacer es abrir todos los sectores de la actividad económica, y todos los mercados, a la participación de todo aquel, nacional o extranjero, que quiera participar, comenzando por los sectores estratégicos que, precisamente por serlo, deben estar sujetos a la disciplina de la competencia, empezando, ¡obviamente!, por dos de las actividades económicas más estratégicas de todas: la oferta de petróleo y de electricidad.

Estratégicas son aquellas actividades económicas que ofrecen bienes o servicios necesarios para el resto de las mismas, tal y como es el caso de la energía, que mueve al resto. ¿Qué actividad económica no utiliza, en mayor o menor medida, de una u otra forma, electricidad, gasolina o diesel? ¿Y cómo es la oferta de esos energéticos en México?

Insisto, si realmente se quiere combatir a los monopolios, hay que sustituir el actual primer párrafo del 28 constitucional, que señala que “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas”, por otro que, en esencia, diga lo siguiente: “Todo aquel, nacional o extranjero, que quiera participar en cualquier actividad económica, o en cualquier mercado, lo podrá hacer, sin necesidad de permiso, de ningún tipo, de parte del gobierno”. Entre otras cosas, esta es la manera de reconocer y garantizar la libertad individual para emprender, y la propiedad privada sobre los medios de producción, sin las cuales el progreso económico, tal y como sucede en México, nunca será todo el que puede ser, en detrimento, sobre todo, de quienes menos tienen.

Destruyendo empleos

por Manuel F. Ayau

Manuel F. Ayau Cordón es Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.

Solamente hay una manera de aumentar los salarios y es incrementando la demanda por trabajadores. Entonces, ¿por qué quienes dicen querer beneficiar a los pobres rehúsan ver la pobreza causada por el impuesto sobre la renta?

El razonamiento es sencillo: toda inversión de capital en nuevas empresas fracasa si no consigue personal. Para conseguirlo, tienen que sacarlo de donde está, ofreciendo mejores condiciones. Eso obliga a los patronos que no quieren perder a sus trabajadores a igualar las nuevas ofertas. Una sola empresa no hace la diferencia, pero la suma de muchas sí empuja para arriba los salarios de todo el país.

Eso sucedió en países donde los trabajadores agrícolas pobres fueron atraídos por mejores empleos industriales, donde el aporte de su trabajo es de mayor valor para la sociedad y por eso les pagan más. Su tarea en el campo quedó relegada a los tractores agrícolas en los que los dueños de fincas se vieron obligados a invertir capital, para poder producir más con menos trabajadores, pero mejor pagados para conservarlos. Fue el aumento de esa demanda de trabajadores de parte de la industria lo que elevó los salarios en el campo, donde para poder pagar más sin aumentar costos y precios tuvieron que invertir en capital para aumentar el rendimiento de la mano de obra. Pero fueron las inversiones en la industria lo que aumentó la demanda de trabajadores y forzó el alza de todos los salarios.

La inversión requerida por cada plaza varía según el trabajo, pero sólo se invierte para ganar dinero, aumentando el rendimiento al capital invertido. Y como hoy ya se puede invertir vía la Internet en cualquier parte, la competencia por los capitales es mundial: si rinde más en Irlanda, el empleo se creará allá. Así vemos cómo emigran los capitales dentro de Estados Unidos de los estados con impuestos sobre la renta, como California y Nueva York, a otros que no lo tienen, como Oregon, Alabama y Florida.

Como lo que atrae las inversiones son las ganancias, ¿no es absurdo ponerle un impuesto de 30% a esas ganancias? Resulta que los más perjudicados por esos impuestos que “pagan los ricos” son los pobres que no los pagan de su bolsillo sino con sus oportunidades de empleo o ganando menos. Por su parte, los ricos no sacrifican consumo para pagar el impuesto sobre la renta, sino que reducen sus inversiones.

Cuando aumenta la inversión aumenta también el rendimiento, por lo que el gobierno también se beneficia. Pero si desalienta la inversión estará sacrificando ingresos que podría emplear en beneficio de los pobres.

Hay una verdad lógica: apartando la inflación, los salarios sólo suben cuando aumenta la demanda de trabajadores. Pero cuando el gobierno contrata a un funcionario público, ese sueldo tiene que extraerse al sector privado por medio de impuestos. Así, esa plaza burocrática implica el sacrificio de la que se hubiera creado en el sector privado. Es una mera sustitución, con la diferencia que las plazas del sector privado son para producir y las del sector público, generalmente, para consumir.

El impuesto sobre la renta daña a los pobres, pero lamentablemente es un caso ideológico, en el que la razón y la lógica no se toman en cuenta. Basta hacer creer la tesis errónea de que tales impuestos los pagan los ricos y que el gobierno lo gasta en lo

La paradoja estadounidense: pese a su auge, el sector agrícola es uno de los más protegidos

Con los precios de los granos por los cielos, los ingresos de los agricultores en niveles récord y el déficit presupuestario del gobierno estadounidense creciendo cada vez más, se creería que los subsidios y ayudas a los agricultores de Estados Unidos son vulnerables a una purga.

Sin embargo, el sector agrario de ese país ha logrado, hasta el momento, contener la campaña más radical en años por reducir los miles de millones de dólares que el gobierno le entrega cada año.

"En algún punto, tiene que preguntarse, '¿Tiene sentido esto para los contribuyentes estadounidenses?'", se plantea el representante en la Cámara por el Partido Demócrata Ron Kind. Este político presentó un proyecto que habría recortado US$10.000 millones a lo largo de cinco años en subsidios y vio cómo fue aplastado en las plenarias de la Cámara.

Esta semana el precio del trigo para entrega en mayo alcanzó US$10,33 el bushel. Los ingresos de las granjas estadounidenses, impulsados por la demanda de granos de las nuevas clases medias en todo el mundo y por la industria de los biocombustibles, podrían alcanzar los US$92.300 millones este año. Aun así, se cree que los agricultores recibirán US$13.000 millones en subsidios federales este año, según el Departamento de Agricultura de EE.UU., incluyendo pagos por commodities, conservación de tierras y asistencia de emergencia.

Hace poco más de un año, las estrellas parecían haberse alineado para lograr cambios significativos a la compleja ley agraria estadounidense, que concede miles de millones a agricultores y dueños de tierras para ayudar a estabilizar los precios de los granos, hacer los productos más competitivos fuera del país y proveer un amplio suministro de alimentos.

El presidente George W. Bush, diversos demócratas y una amplia coalición de grupos de interés tenían estos cambios en su agenda, pero ahora que el Congreso está por terminar la nueva ley, su costo será más alto que los US$250.000 millones de la de 2002.

¿Qué pasó? Los influyentes grupos de interés que consideraron respaldar los cambios firmaron acuerdos para hacerse con su propia porción del pastel. Los legisladores que apoyaron los cambios se arrepintieron a medida que el debate entraba en un año electoral. Las alianzas históricas entre legisladores rurales y urbanos resultaron difíciles de separar. El negocio agrícola de EE.UU. vertió más de US$80 millones en lobby el año pasado, según la organización sin ánimo de lucro Center for Responsive Politics. Buena parte se concentró en la ley agrícola.

Esta ley, que usualmente se renueva cada cinco años, tiene sus orígenes en la Gran Depresión, cuando un cuarto de la población estadounidense vivía en granjas y sufría extraordinarias dificultades económicas. La ley fue diseñada como una medida temporal para incrementar sus ingresos.

Desde entonces, se ha convertido en un paquete de programas difíciles de cancelar, suministrando pagos y préstamos especiales a agricultores para contrarrestar las oscilaciones en los precios de los commodities y asegurar la estabilidad del mercado, así como los ingresos. La legislación también se ha convertido en un vehículo para financiar los cupones de alimentos que se entregan a personas de escasos recursos, la conservación de tierras y los comedores escolares, entre otros programas, atrayendo a partidarios que en realidad poco o nada tienen que ver con las granjas.

Eso ha ayudado a crear una poderosa alianza que hace que sea muy difícil cambiar la ley agrícola. La ley agrícola de 2002 fue la más cara de la historia con un pago total casi equivalente a lo que el gobierno federal dedica anualmente al Departamento de Educación. Y eso, pese a que actualmente los agricultores representan menos del 1% de la población estadounidense. La agricultura del país está dominada por grandes granjas con ventas anuales de US$1 millón o más. Se cree que los ingresos promedio de un hogar agrícola alcanzarán los US$90.000 este año, 17% más que el promedio de un hogar tradicional estadounidense, según el Departamento de Agricultura de EE.UU. La ley actual otorga subsidios a los agricultores con ingresos brutos ajustados de hasta US$2,5 millones.

"Si está dándole una malla de seguridad a los estadounidenses más acaudalados, no es una malla de seguridad", dice Chuck Connor, subsecretario de agricultura y principal negociador de la ley agrícola del gobierno de Bush. "Creemos que es fundamentalmente erróneo".

Los agricultores alegan que es importante apoyar esta parte vital de la economía estadounidense. "Lo que es importante para la economía en general, y nuestra parte en ella, es mantener una producción agrícola fuerte", asegura Bob Stallman, presidente de la American Farm Bureau Federation.