Lo de Morales ya es crónico

por Silvia Mercado *

Lo de Morales ya es crónico. Una vez, dos veces y hasta tres o cuatro, los bolivianos tuvimos que alármanos porque “alguien” quiere matar al presidente. Hoy, sábado 19 de abril de 2008, nuevamente Morales dice "Quiero que sepan que inclusive pensaron cómo acabar con la vida de Evo Morales”.

De principio, nos preocupa que hable de usted en tercera persona.

Pero, además, ¿otra vez con la paranoia? Primero, la CIA y los lacayos del imperio; luego, las apariciones de Hollywood, los monstruos de Disney, etc. Incluso nuestros empresarios, jóvenes cruceños, paceños, cochabambimos, etc., lo que ya agrava la ofensa.

No, señor Morales, nadie lo quiere “matar”, nadie lo quiere “tumbar”; a lo mejor lo que usted no está interpretando es que la sociedad boliviana: voces disidentes con su gobierno, familias asfixiadas por la inflación, pequeños empresarios limitados a exportar, periodistas atemorizados por sus reprimendas, individuos fatigados por el apocamiento de la economía, así como sus propios votantes decepcionados por sus políticas, todos éstos y muchos más, le estamos expresando hartazgo profundo por su forma de gobernar. Señor Morales: ponga un freno a la confrontación entre bolivianos que está generando; viabilice el diálogo allá donde no encuentra consensos; deje la soberbia de lado que Bolivia no se merece tanto desprecio. ¿Si le estamos cuestionando? Sí. Le estamos llamando la atención porque no queremos un país como en el que estamos viviendo; no aceptamos su proyecto de constitución fuera del marco de la ley; nos resistimos a salir del mapa de los países que exportan para vivir; no queremos salir huyendo a migrar por el mundo porque nuestro país se descalabra.

Si, hoy, su temor es por los industriales de aceite comestible de soja y girasol, no se angustie: son gente que quiere trabajar, no mafiosos que lo quieren derrocar; son nada más y nada menos que productores que quieren exportar y que el decreto prohibitivo de su Ejecutivo, sí los va a lapidar.

Señor Morales, preocúpese por lo que tiene que preocuparse. Ocúpese de la salud de Estado que le reclama respetar la independencia de poderes para vivir en democracia. Ocúpese, señor presidente. Nosotros ya estamos bastante preocupados por el estado de su salud ante tanto fantasmas que lo rodean.

* Silvia Mercado es periodista y Coordinadora de proyectos de la organización "Notoria: Agenda para una sociedad libre".

Bolivia: Democracia Participativa vs. Centralización

por Gerardo E. Martínez-Solanas *

Si el régimen de Evo Morales en Bolivia fuera un 'gobierno del pueblo', no habría provocado una atmósfera de enfrentamiento violento por el simple hecho de que determinadas regiones del país aspiren a realizar una consulta popular.

Los gobiernos que tienen una tendencia dictatorial, por muy democrática que haya sido la elección del Primer Mandatario, aspiran a la centralización del poder en su persona o en su entorno de influencias y rechazan cualquier conato de autonomía o descentralización mediante la represión y la fuerza. Si el régimen de Evo Morales en Bolivia fuera un “gobierno del pueblo”, no habría provocado una atmósfera de enfrentamiento violento por el simple hecho de que determinadas regiones del país aspiren a realizar una consulta popular en pro o en contra de un régimen autonómico.

Un verdadero gobierno del pueblo tiende precisamente a descentralizar el poder y hacerlo más accesible a los ciudadanos. Se trata de aplicar el principio de subsidiariedad, que es el meollo de la democracia participativa, por el cual se estipula que las autoridades electas deben resolver los asuntos en las instancias más cercanas a los interesados y que, por tanto, la autoridad central asume su función subsidiaria cuando participa en aquellas cuestiones que, por diferentes razones, no puedan resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato. En otras palabras, lo que pueda resolverse a nivel comunitario no atañe al municipio, lo que pueda resolverse a nivel municipal no atañe a la provincia, y así sucesivamente.

Luego el principio de subsidiariedad, como elemento esencial de la democracia participativa, fomenta la creación de autonomías en el estrato nacional. El ejemplo de España demuestra además que la cohesión nacional no se desintegra por las autonomías sino que cobra otra dimensión democrática. El sistema cantonal de Suiza es otro ejemplo, entre muchos más que hay en el resto del mundo. Incluso en Estados Unidos, el poder de decisión democrática que radica en los Estados es tan grande que puede considerarse como una verdadera federación de entidades autónomas. Por el contrario, la “democracia participativa” que proclaman los gobernantes de Cuba, Venezuela y Bolivia no reconoce ese principio y toma características de caudillismo supuestamente ejercido “para bien del pueblo” pero que no deja espacio a la participación popular en la toma de decisiones.

En estos días, ante la decisión de Santa Cruz de realizar un referendo el 4 de mayo para consultar al pueblo cruzeño si desea seguir la ruta de la autonomía, el gobierno central y el partido gobernante (MAS) acusan ferozmente a los promotores de “sedición, instigación pública a delinquir, emitir resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y complicidad en el delito de atribución de los derechos del pueblo”, por todo lo cual se proponen condenar a los vocales de la Corte Electoral de Santa Cruz por alta traición a la patria.

La contradicción flagrante de esas acusaciones parece pasarles desapercibida. ¡Cómo puede haber “complicidad en el delito de atribución de los derechos del pueblo”, cuando lo que se pretende es precisamente aplicar el derecho del pueblo a expresarse libremente en consulta popular! Ni hablar del cargo de “sedición” sólo por aspirar a concederle al pueblo cruzeño un régimen autonómico.

Como respaldo a este intento de represión, el gobierno organiza turbas que protestan violentamente contra las aspiraciones autonómicas y se aplican a desestabilizar los gobiernos locales. Entre ellos, muchos organizadores ocultan sus rostros bajo pasamontañas. Es sorprendente que manifestantes pro gubernamentales, protegidos por las fuerzas oficialistas, se sientan obligados a ocultar su identidad.

La violencia y las armas están del lado de Evo Morales. Los prefectos y otras autoridades de las regiones que aspiran a la autonomía, sólo tienen el resguardo de la ley y la aspiración de que se les respeten sus derechos humanos. Como buen discípulo de Hugo Chávez, el Presidente Morales moviliza sus fuerzas para polarizar el país e imponer por la fuerza sus dictados. No entiende que este movimiento autonomista no habría existido sin su empeño por proclamar una Constitución aprobada sólo por un sector y en beneficio de ese mismo sector. Un sector centralizador que respalda sus ambiciones dictatoriales.

El pueblo de Santa Cruz parece determinado a expresarse el 4 de mayo y más adelante aspiran a hacer lo mismo otras regiones de Bolivia. Si el gobierno central lo impide, habrá tomado abiertamente el camino de la dictadura.

* Gerardo E. Martínez-Solanas es doctor en Economía (CUNY) y licenciado en Ciencias Políticas (CCNY). Asesor Financiero y funcionario retirado de las Naciones Unidas. Autor de: "Gobierno del Pueblo: Opción para un Nuevo siglo"; Ediciones Universal, 1997. Director de DemocraciaParticipativa.net

¿A dónde va Lugo?
Alvaro Vargas Llosa

Washington, DC---La victoria de Fernando Lugo, ex obispo de izquierda de la Iglesia Católica, en los comicios del Paraguay está siendo interpretada como una confirmación de la tendencia continental contra el "neoliberalismo". Aunque Lugo podría optar por el "eje del mal" sudamericano de Hugo Chávez (del que el boliviano Evo Morales lo invitó jocosamente a formar parte hace unos días), eso no es lo que los votantes paraguayos y la coalición de Lugo reclaman.

No hay que ser zahorí para entender por qué los paraguayos eligieron a Lugo, la única alternativa al Partido Colorado que llevaba seis décadas en el poder. Tras la derrota del PRI mexicano en 2000, los "colorados” paraguayos se convirtieron en el partido gobernante más longevo del mundo, incluyendo a la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner y a todos los gobiernos desde el regreso de la democracia en 1989. El sistema estuvo basado en un clientelismo masivo, razón por la cual 120.000 de los 185.000 funcionarios civiles son miembros del partido, los empleados públicos son dueños de una vasta parte de la economía y el poder judicial es un felpudo político.

Que Lugo ganara con el 41 por ciento de los votos y los candidatos que obtuvieron el segundo y tercer lugar, ambos del Partido Colorado, sacaran en conjunto más votos que el ex obispo indica el dominio que dicha organización ejerce sobre los paraguayos. Sin embargo, muchos ciudadanos de distinta extracción política se rebelaron contra ello, respaldando al único dirigente con posibilidades de derrotar al partido gobernante. Ello explica que la Alianza Patriótica para el Cambio del presidente electo esté compuesta por partidos y movimientos que abarcan a todo el espectro político. Tan es así, que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el mayor de la coalición, es de centroderecha y detesta a Chávez.

Nada de esto garantiza que Lugo, quien cuenta con muchos seguidores de la izquierda radical, vaya a rechazar al club de Chávez. Proviene de la Teología de la Liberación, el ala de la Iglesia Católica que emplea el marxismo para interpretar a la sociedad en términos de clases y la teoría de la dependencia para culpar del subdesarrollo latinoamericano a los depredadores de las naciones ricas. El movimiento cobró tanta fuerza en América Latina, que Juan Pablo II lideró una cruzada contra él en los años 80 con la ayuda del cardenal Jospeh Ratzinger, el actual Papa. Por eso, la Teología de la Liberación perdió mucho terreno, lo cual confiere a la victoria de Lugo un aire anacrónico. Pero quizás se deba, precisamente, al éxito de Juan Pablo II el que América Latina haya tenido que esperar hasta 2008 para tener a su primer Presidente surgido del barro de la Teología de la Liberación.

Muchos factores parecerían operar en contra de los instintos izquierdistas de Lugo. Su Alianza Patriótica para el Cambio será minoría en el Congreso. La economía paraguaya está estrechamente ligada a la de Brasil, donde gobierna un moderado: los brasileños poseen muchas de las granjas en las que se cultiva la soja paraguaya y el Paraguay le vende energía al Brasil por un valor de 300 millones de dólares al año proveniente de la planta hidroeléctrica de Itaipú, copropiedad de ambos países. No obstante, cosas similares se dijeron de Rafael Correa cuando ganó las elecciones del Ecuador en 2007; Correa disolvió pronto el Congreso con apoyo popular y se unió al club de Chávez poco después. También se dijo de Evo Morales que la fuerte resistencia de las regiones contra el gobierno central limitaría su capacidad de maniobra y que la presencia del Brasil en la industria del gas natural de su país sería un factor moderador. Morales demostró que todos estaban en la luna.

Nadie sabe qué camino tomará Lugo. Pero sí sabemos esto: los paraguayos no votaron en contra de la globalización, los mercados libres y las buenas relaciones con el norte. Votaron en contra del autoritarismo, el clientelismo, el elitismo y la corrupción, las mismas características del populismo latinoamericano que Chávez, Morales, Correa y el nicaragüense Daniel Ortega están practicando. Se autodenomine de derechas o de izquierdas, el populismo latinoamericano es gran responsable de la pobreza que todavía existe en la región, incluidos el 41 por ciento de los paraguayos. Corregir esa situación dándole al Paraguay un populismo más revolucionario sería un pecado mucho peor de parte de este obispo sin sotana que haber encolerizado a la jerarquía eclesiástica entrando en política.

Lugo debe tener presente que lo que el sistema del Partido Colorado y la república chavista tienen en común es más importante que lo que los separa.

¿Dónde está la comida?

Alvaro Vargas Llosa

Washington, DC—En la década de 1830, Richard Cobden y John Bright impulsaron en el Reino Unido una campaña en contra de las leyes proteccionistas que mantenían los precios de los alimentos por las nubes. Tras soportar calumnias durante varios años, en 1846 convencieron al gobierno para que derogara las infames Leyes del Maíz, una medida que gatilló un largo periodo de prosperidad. He pensado intensamente en estos héroes del siglo 19, últimamente. El mundo necesita una nueva Liga Contra la Ley del Maíz, el movimiento que ellos fundaron, si quiere poner freno a la demencial disparada de los precios de los alimentos y salvar a millones de personas, desde Haití hasta Bangladesh y desde Camerún hasta las Filipinas.

El precio de la comida venía subiendo a paso firme en los últimos tres años, pero las cosas hicieron crisis este año. El precio del arroz aumentó 141 por ciento desde enero y el precio del trigo casi se duplicó en un año. En un mundo en el que los pobres gastan tres cuartas partes de su presupuesto en alimentos, eso equivale, en potencia, a un drama de vida o muerte para los mil millones de seres humanos que viven con $1 dólar al día.

Cuando el precio de algo se dispara, puede inferirse que la oferta no marcha a la par de la demanda. En las últimas semanas, muchos se han concentrado en las causas del aumento de la demanda de alimentos. Todas ellas —desde la creciente prosperidad de la China y la India hasta la explosión de los biocombustibles producidos en base a granos en las naciones ricas— suenan plausibles. Menos atención se le ha prestado a por qué, en la era de la globalización —en la que el comercio traslada velozmente las cosas de un lugar a otro— y de la biotecnología —que crea nuevas semillas y potencia el rendimiento de las que ya existen— la oferta de alimentos no está satisfaciendo la demanda.

Muchos gobiernos, organismos multilaterales, ONGs y “expertos” han evitado responder a esta pregunta básica. Por ello, están postulando soluciones que agravarán el problema o, en el mejor de los casos, constituyen un paliativo de corto plazo. La verdadera solución consiste en remover las causas de la escasez. Esas causas tienen poco que ver con la economía o la demografía y todo que ver con la política: tanto la de los Estados como la de aquellos que utilizan a los Estados para atender sus intereses.

Pocas áreas de la economía están más atiborradas de leyes proteccionistas que la agricultura, lo mismo en los países ricos que en los pobres. Una panoplia de cuotas, subsidios, aranceles y prohibiciones diseñadas para obtener votos y sobornos ha desalentado el ansiado incremento en la producción de alimentos. En una situación de libre mercado, la más mínima señal de que los precios estaban subiendo hubiese bastado para garantizar que una gran masa de capital fuese invertido en la agricultura alimenticia. En el caos actual, no sorprende que los inversores no estén apostando a la producción de alimentos: a los agricultores europeos se les paga para que mantengan sus tierras sin cultivar gracias a un esquema denominado la Política Agraria Común; a los agricultores argentinos se les está exigiendo que entreguen el 75 por ciento de sus ganancias mediante diversos impuestos; los agricultores estadounidenses están más interesados en alimentar a las camionetas que a la gente debido a que el Congreso estadounidense ha ordenado quintuplicar el uso de biocombustibles; por último, los agricultores africanos no están experimentando con cultivos genéticamente modificados porque están prohibidos en muchos de los países a los que podrían exportarse.

En un reciente artículo, el economista británico y entendido en asuntos africanos Paul Collier escribió que “el camino más realista es el de replicar el modelo brasileño de agroempresas grandes y tecnológicamente sofisticadas que abastezcan al mercado mundial…para contener el aumento en los precios de los alimentos necesitamos más globalización, no menos.”

Yo agregaría que los pequeños agricultores de los países atrasados se agruparían y crearían economías de escala si no fuesen agredidos por leyes locales diseñadas para proteger a los consumidores y por leyes internacionales diseñadas para proteger a los productores…o si a los campesinos chinos, por ejemplo, se les permitiese ser plenos dueños de su tierra.

Según la revista The Economist, de los 58 países cuya reacción a la crisis ha sido investigada por el Banco Mundial, 48 han impuesto controles de precios, subsidios al consumo y restricciones a las exportaciones. Un problema que fue originado por el proteccionismo ha suscitado, pues, una respuesta perfectamente proteccionista. Un siglo y medio después de que Cobden y Bright derrotasen al proteccionismo en Gran Bretaña, sus ideas son más poderosas y actuales que nunca.

La reelección de Alvaro Uribe

BOGOTA, Colombia

Andres Oppenheimer

En una extensa entrevista al presidente Alvaro Uribe, le pregunté cinco veces si buscará reformar la Constitución y reelegirse una vez más para un tercer mandato. Las cinco veces, se fue por la tangente.

Antes de darles mi opinión sobre lo que podría estar planeando hacer -o no hacer- el presidente colombiano, veamos rápidamente el diálogo que se dio, que por cierto no fue nada aburrido.

Todo comenzó cuando en el transcurso de la entrevista de 50 minutos, Uribe afirmó que Colombia necesita una reforma constitucional para hacer algunos ''ajustes'' en el sistema legal bajo el cual son juzgados los legisladores vinculados con grupos paramilitares de derecha o con la guerrilla de izquierda.

¿No aprovechará usted esa reforma para introducir una cláusula que le permita aspirar a un tercer mandato?, le pregunté en mi primer intento por obtener una respuesta.

''Es que yo no me reelegí. A mí me reeligieron 7,400,000 colombianos'', respondió Uribe.

Pero señor presidente, repliqué en mi segundo intento, ¿qué diferencia habría entre usted y los presidentes autoritarios como Hugo Chávez si cambia permanentemente la Constitución para perpetuarse en el poder? ¿Si se reelige, qué autoridad moral tendría usted para considerarse mejor que Chávez?

''A ver, Andrés, no vengas aquí a hacerme cuestionamientos vía preguntas'', dijo Uribe con voz firme, pero sin perder el tono de cordialidad. ``Esa es la pregunta que me formulan todos los días en Colombia...Yo te digo a qué reelección aspiro yo: aspiro a que Colombia reelija la (política del gobierno de Uribe de) seguridad democrática, yo aspiro a que Colombia reelija la confianza inversionista''.

¿Pero eso implicaría su reelección?, le pregunté en mi tercer intento.

''No te voy a contestar,'' dijo Uribe, agregando que está muy ocupado haciendo el trabajo que le ha permitido a Colombia reducir su tasa de homicidios de 35,000 por año de hace cinco años a unos 16,000 proyectados para el 2008, darle los golpes más serios que se recuerden al grupo terrorista FARC, y lograr que la economía crezca a un 7.5 por ciento, la mejor tasa en muchos años.

Señor presidente, insistí por cuarta vez, usted tiene un índice de popularidad del 84 por ciento, el más alto de cualquier presidente latinoamericano, y en casi todos los aspectos su país está mucho mejor que antes. ¿No se va a marear?

Le agregué que han habido muchos presidentes en Latinoamérica que fueron populares en su momento, como el argentino Carlos Menem o el peruano Alberto Fujimori, que se marearon con el poder. Todos pretendieron reelegirse para un tercer mandato, y todos terminaron mal.

No se preocupe, que a uno lo marearon unas circunstancias, y al otro otras,``respondió Uribe. Sugiriendo que eso no le sucederá a él, señaló que ``un campesino labriego trabajador acostumbrado a los malos caminos y a las dificultades... resiste un camino largo y abrupto sin sentir mareos''.

¿Ni siquiera cuando tiene un índice de popularidad del 84 por ciento?, le pregunté en mi quinto intento. ''No, y además nunca he trabajado en función de las encuestas'', respondió Uribe, para desviar nuevamente la conversación hacia un listado de logros de su gobierno.

Al final de la entrevista, fuera de cámaras, cuando nos despediamos, Uribe me dijo ``No te preocupes, Andrés. No me voy a marear``.

Todavía no sé si se refería a que no buscará un tercer mandato o a que no dejará que el poder se le suba a la cabeza si se lanza a un tercer período presidencial.

Mi opinión: Uribe podría estar rehusándose a contestar sobre su reelección porque está considerando seriamente presentarse para un tercer mandato, o porque piensa que si anuncia que no se presentará, perderá todo poder en su país, y no podrá gobernar eficientemente en lo que resta de su actual mandato.

La mayoría de los analistas políticos colombianos creen lo primero, entre otras cosas porque el partido político de Uribe ya ha comenzado el proceso legal para reunir las 2 millones de firmas requeridas para realizar un referéndum que permita su reelección. Según piensan muchos, el partido de Uribe jamás habría tomado una decisión como esa sin la luz verde del Presidente.

Espero que estén equivocados. Colombia está mejor que antes, y mejor que la mayoría de sus vecinos, en gran medida porque ha sabido mantener instituciones democráticas y un sólido sistema de pesos y contrapesos a pesar del colosal desafío del narcotráfico y los grupos terroristas.

Si Uribe cambia la Constitución para volver a presentarse a elecciones, estará debilitando las instituciones colombianas y perderá toda autoridad moral para criticar a presidentes autoritarios, como Chávez. América Latina no necesita más países con ``hombres fuertes``, sino países con instituciones fuertes.

EEUU creció un 0,6% en el primer trimestre.

El mercado esperaba con expectación el primer dato sobre el crecimiento de la economía estadounidense para empezar a calibrar hasta donde puede llegar la crisis que atraviesa. Y la sorpresa ha sido positiva ya que el Producto Interior Bruto (PIB) del país se incrementó en el primer trimestre de 2008 lo mismo que en el último de 2007, un 0,6%, por encima de las previsiones.

Los economistas consultados por Thomson Financial esperaban un crecimiento del 0,2%, mientras que las estimaciones de Bloomberg eran de un incremento del 0,5%, con un rango en las proyecciones que iba desde un descenso del 1,5% hasta un avance del 0,8%.

"Pensamos que estamos en recesión, pero no sabemos cual de los componentes del PIB se tornará en negativo a lo largo de 2008", comenta a Bloomberg Mark Vitner, economista de Wachovia. "Si dejamos fuera la aportación al crecimiento de los inventarios empresariales, la cifra de crecimiento sería negativa", advierte.

Evolución de los componentes

Según lo datos del Departamento de Comercio estadounidense, el incremento de los inventarios empresariales compensó la ralentización en el crecimiento del consumo privado y la inversión empresarial y la mala situación del sector residencial.

Los inventarios empresariales ascendieron a 1.800 millones de dólares en tasa anualizada en el trimestre, después de una cifra negativa de 18.300 millones en el último trimestre de 2007. Esta figura añadió 0,8 puntos al crecimiento de la economía.

El gasto de los consumidores, que supone aproximadamente el 70% de la economía estadounidense, subió un 1,0% en el primer trimestre, tras avanzar un 2,3% en los tres meses previos, su ritmo de crecimiento más lento desde el segundo trimestre de 2001.

La inversión empresarial también ha recortado su ritmo de incremento hasta un 2,5% frente al 6% de aumento en el cuarto trimestre. Por su parte, la crisis residencial se agudiza con un gasto en vivienda que cayó un 26,7% en el trimestre tras bajar un 25,2% en los tres meses anteriores.

Sin incluir al sector público, la aportación al crecimiento del PIB hasta marzo de estos tres componentes sería negativa de hasta 0,5% puntos.

Las importaciones crecieron un 2,5% en el trimestre, frente a la caída del 1,4% del cuarto trimestre, mientras que las exportaciones crecieron un 5,5% tras avanzar un 6,5% en el trimestre anterior.

Precios

En cuanto a la evolución de la inflación, el índice de precios en el primer trimestre subió el 3,5% tras un alza del 3,7% en el último trimestre de 2007. El índice Core PCE, el favorito de la Reserva Federal (Fed) para seguir la inflación y que tiene en cuenta el consumo y no contabiliza los alimentos y la energía, cayó dos décimas hasta el 2,2%, en línea con lo esperado.

Amigos del terrorismo en Perú

Por Mary Anastasia O'Grady

La decisión del jueves pasado del Parlamento Europeo de retirar al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de su lista de grupos terroristas ha alborotado a todo Perú. Y con buena razón. El MRTA es conocido por secuestrar, torturar y asesinar a civiles con tal de cumplir su agenda política. Recientemente, funcionarios peruanos lo han ligado al "Movimiento Bolivariano" de Hugo Chávez, que busca desestabilizar las democracias de Latinoamérica, así como al grupo guerrillero colombiano FARC.

La decisión de los europeos es exasperante. Pero también es educativa en la medida en que muestra cómo los terroristas pueden avanzar su causa con la ayuda de los organismos no gubernamentales. Bajo títulos como la defensa de los "derechos humanos", las ONG que comparten la ideología de la extrema izquierda trabajan a diario en Perú, tratando de legitimizar a sus amigotes que, tras bambalinas, continúan su "lucha armada". Lo curioso es que estas a menudo son financiadas por gobiernos o filántropos extranjeros.

Nuestra columnista Mary Anastasia O'Grady discute la decisión del Parlamento Europeo de no incluír a un grupo guerrillero peruano en su lista de terroristas. (En inglés).

El congresista peruano Rolando Sosa, a quién entrevisté en Lima hace 10 días, sabe mucho acerca del problema. Sosa encabezó un subcomité del Congreso que investigó las actividades del Movimiento Bolivariano en Perú. Sus hallazgos se presentaron a una comisión especial con facultades para llamar a declarar que probablemente encontrará aún más. Pero lo que ya se ha descubierto es suficiente para provocar alarma.

Sosa dice que el Movimiento Bolivariano de Chávez depende de un banco de tres patas. Dos de ellas son legales, pero la tercera no lo es. La primera es la "diplomacia" oficial de Venezuela. La venta con descuento de petróleo han comprado la lealtad de 19 países de la región. Otros planes, tales como la compra de deuda argentina y la ayuda a proyectos energéticos en Ecuador están igualmente diseñados para crear dependencia y establecer el dominio venezolano en la región.

La segunda pata es el esfuerzo para establecer un control ideológico al interior de los sindicatos y las organizaciones de base. Estos grupos han creado una serie de "asociaciones" sin fines de lucro, que según Sosa, operan internamente como partidos políticos, con títulos oficiales como "secretario de relaciones exteriores y secretario de doctrina".

Los nombres de estas ONG, tales como "Casas de Alba" (Alternativa Bolivariana para las Américas) y "Casas de Amistad", podrían sonar inofensivos. Pero, según Sosa, "lo que importa es su objetivo que, como una moneda, tiene dos caras. Una cara es pública. La otra está oculta".

Públicamente, estos organismos administran clínicas oculares, programas de alfabetismo y centros de salud donde abundan los médicos cubanos. Tras bambalinas, advierte Sosa, trabajan para adoctrinar a los peruanos más pobres en la ideología de la extrema izquierda.

La tercera pata, la ilegal, es la más peligrosa. Sousa cita a dos grupos: el "Coordinador Continental Bolivariano" y el "Congreso Bolivariano del Pueblo". El comité del congresista encontró que ambos están reclutando y usando a los elementos más extremistas del país, como anarquistas, terroristas y la izquierda radical, para producir "las condiciones sociales… el caos" necesario para crear la impresión de que la democracia no funciona.

Una vez que esto se logra, las organizaciones de base, ayudadas por las ONG, estarán listas para llevar a los extremistas al poder a través del voto. Esa estrategia fue usada en Bolivia para deponer al gobierno de Sánchez de Lozada en 2003 y llevar al títere de Chávez, Evo Morales, al poder.

Ahora hay amplia evidencia que liga a Chávez, el artífice del Movimiento Bolivariano, al terrorismo, cortesía de las computadoras encontradas en el campamento del guerrillero colombiano Raúl Reyes. Por el momento, la conexión, más allá de la ideología, entre las ONG bolivarianas y los terroristas bolivarianos es borrosa, anota Sosa. Sin embargo, la comisión especial del Congreso peruano podría aclarar estos vínculos.

Mientras tanto, el trabajo de otras ONG financiadas por extranjeros y que velan por los intereses de las organizaciones terroristas requiere de urgente atención. Un ejemplo es el grupo peruano de "derechos humanos" Aprodeh, que trabajó en Europa para lograr que sacaran al MRTA de la lista de terroristas, pese a que Perú aún lo considera una grave amenaza a su seguridad.

En 2007, según documentos del gobierno, Aprodeh recibió fondos de Oxfam America, la Open Society ligada al inversionista George Soros, la Fundación John Merck, la ciudad de Barcelona, la embajada holandesa y una organización del gobierno estadounidense llamada Inter-American Foundation, entre otras. El viernes, el gobierno peruano le pidió a Aprodeh explicaciones sobre cómo su status de ONG le permite intervenir en representación de terroristas, cómo lo hizo ante el Parlamento Europeo.

No es de extrañar, entonces, que ONG se haya vuelto una palabra sucia en Perú. En una entrevista en Lima la semana pasada, el presidente peruano, Alan García, me dijo que las ONG "anti-capitalismo" financiadas por extranjeros también juegan un papel importante en el bloqueo del desarrollo. "Es algo que me sorprende", manifestó.

A mi también. Especialmente tomando en cuenta que las víctimas de la pobreza y la violencia que su agenda produce son la gente más vulnerable de Perú.

Cortes en EE.UU. definirán futuro de Grupo México

Por Joel Millman

Dos juicios comenzarán hoy en Texas, Estados Unidos, cuyos resultados ayudarán a definir el futuro de Grupo México SA y de su ex subsidiaria estadounidense Asarco, una minera que el conglomerado mexicano compró hace una década en medio de una controversia y que después declaró en bancarrota.

En la ciudad de Corpus Christi, un tribunal de bancarrotas recibirá ofertas para comprar Asarco y sacarla del proceso de quiebra. Las ofertas deberán ser suficientemente generosas como para pagar más de US$1.000 millones en reclamos ambientales de los gobiernos federal y estatales de Estados Unidos que acusan a Asarco de daños ambientales producidos en un siglo de operaciones en el occidente del país. Entre los postores previstos están los dos principales acreedores de Asarco, el fondo de cobertura Harbinger Capital Partners y Citigroup Global. Grupo México también dice que presentará una oferta.

Hoy también iniciarán las mociones preparatorias para el juicio civil, que empezará en un tribunal federal en la ciudad de Brownsville, donde la actual gerencia de Asarco está demandando a Grupo México con el argumento de que la compañía matriz vació a la minera de sus mejores activos y la obligó a acogerse a la protección de bancarrota para evitar pagar sus obligaciones ambientales. Si es hallada culpable en el juicio civil, Grupo México podría tener que pagar más de US$9.000 millones, incluyendo daños punitivos.

Estos hechos simultáneos son el resultado de una arriesgada jugada empresarial orquestada por el presidente de Grupo México, Germán Larrea. Básicamente, Larrea espera ganar otra vez el control de Asarco en el juicio de bancarrota, de modo que si pierde la demanda civil y es obligado a devolver activos a Asarco, se los esté entregando a una empresa bajo su control, dicen abogados familiarizados con la causa.

El misterioso Larrea es la cabeza de un imperio multimillonario de minería y construcción que brilló durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el presidente que privatizó a principios de los años 90 algunas de las mayores minas de cobre del mundo. Irónicamente, los activos estratégicos de Grupo México en el estado de Sonora habían pertenecido a la propia Asarco, antes de ser nacionalizados por gobiernos mexicanos previos.

En 1999, Grupo México le ganó en la subasta por Asarco a las grandes mineras estadounidenses Phelps Dodge Corp. y Cyprus Amax Minerals. En 2004, Grupo México transfirió la participación de control de Asarco en otra minera importante, Southern Peru Copper Company, a otra de sus subsidiarias. La decisión fue positiva para los accionistas de Grupo México, pero preocupó a los ambientalistas estadounidenses, quienes temían que una Asarco sin sus rentables activos peruanos no pudiera seguir pagando sus multas ambientales y eventualmente se viera obligada a declararse en quiebra. Esos miedos se hicieron realidad al año siguiente.

La medida de Asarco generó una disputa amarga y más amplia sobre la limpieza de las minas estadounidenses. Un cambio de las leyes federales en los 90 permitió a las empresas deshacerse de algunas de sus obligaciones ambientales a través de un proceso de bancarrota, donde los grupos ambientales en busca de fondos deben competir con tenedores de bonos, proveedores y otros acreedores de la empresa.

En febrero de 2007, el reparto del dinero fue complicado cuando los interventores de Asarco —designados por un juez— demandaron a Grupo México, acusándolo de maniobras fraudulentas en la fusión con Southern Peru Copper.

En la demanda, los querellantes dicen que Grupo México "obligó a Asarco a una transacción con la intención de demorar, estorbar y defraudar a los acreedores" de la compañía. Y agregan: "No fue contratado ningún banco de inversión y no se hizo ninguna averiguación sobre la posible venta (de la participación) a un tercero que habría pagado más" por las acciones, cuyo valor, dicen, subestimaron en al menos US$500 millones en el momento de la transacción.

Hoy, las acciones de Souther Copper podrían valer hasta US$5.000 millones según algunos estimados.

Grupo México ha negado la acusación de que manipuló la venta de la participación de Asarco. La empresa mexicana presentó una moción para pedir un juicio sumario en el caso —esencialmente, para que los cargos sean desestimados—, que la corte de Brownsville verá esta semana. Casi todos los observadores creen que la moción será rechazada y que habrá un juicio, cuyos alegatos iniciales están previstos para el 12 de mayo.

La inflación alimentaria crea una bonanza para firmas como Nestlé, ADM y Danone

Por David Kesmodel y Lauren Etter en Chicago y Aaron Patrick
en Londres

Mientras el alza en los precios de los alimentos irrita a los países pobres, un amplio espectro de compañías de alimentos se da un banquete.

Las ganancias de las empresas que procesan granos, venden fertilizantes, fabrican maquinaria agrícola y proveen semillas a los agricultores se han disparado. Algunos fabricantes de alimentos procesados tampoco se pueden quejar. Estas firmas cosechan los beneficios de un aumento en la demanda global de alimentos y granos en momentos en los que los suministros apenas satisfacen la demanda.

La señal más reciente de esta bonanza para las empresas de alimentos provino de Archer-Daniels-Midland Co. (ADM). El procesador estadounidense de granos divulgó el martes un salto de 42% en sus ganancias del tercer trimestre fiscal, incluyendo la septuplicación de las utilidades de la filial que almacena, transporta y comercia granos como trigo, maíz y soya. "La volatilidad en los mercados de materias primas presenta oportunidades sin precedentes", dijo Patricia Woertz, presidenta ejecutiva de la compañía.

Los súbitos aumentos en los costos de los alimentos han ocasionado disturbios en África, el acaparamiento de arroz en algunas partes de Asia y ha motivado a algunos países a limitar sus exportaciones.

La crisis, que algunos califican como la más grave de las últimas tres décadas, es causada por un aumento de la demanda de países de rápido crecimiento como China e India, una caída en los inventarios de granos producida por las inclemencias del clima y la mayor cantidad de tierras usadas para cultivar plantas para hacer combustibles en vez de comida.

Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, solicitó el martes la creación de un panel de alto nivel para enfrentar el impacto de los altos precios de los granos y el petróleo. Aseguró que los países deben hacer más para evitar "el descontento social en una escala sin precedentes".

En particular, aseveró, los países deberían aportar fondos para compensar el déficit de US$755 millones del Programa Mundial de Alimentos, cuya misión es alimentar a los hambrientos del mundo.

Las compañías que trabajan más estrechamente con los agricultores derivan los mayores beneficios de los altos precios de los alimentos, mientras que las que se encuentran más abajo en la cadena alimenticia, como el productor de carne Tyson Foods Inc., no pueden tras pasar todos los incrementos a los consumidores.

Los agricultores, que desde hace años no tenían los bolsillos tan llenos, están pagando más dinero por semillas, fertilizantes y maquinaria para cumplir con la mayor demanda.

Monsanto Co., que produce semillas y herbicidas, aseguró que sus ganancias en el último trimestre se duplicaron con creces. Sus rivales DuPont Co. y Syngenta AG acaban de revisar al alza sus predicciones de ganancias.

El fabricante de maquinaria agrícola Deere & Co. registró un aumento de 55% en sus ingresos del último trimestre. Las ganancias netas del productor de fertilizantes Mosaic Co. en el tercer trimestre se multiplicaron por 12.

Woertz, la máxima ejecutiva de Archer-Daniels-Midland, dijo que comprende el descontento de los consumidores que están pagando más por sus alimentos, pero atribuyó la culpa al alza en los precios del combustible, no a los granos y los biocombustibles. "Alejarse de los biocombustibles es una insensatez", manifestó.

El incremento en los costos de los ingredientes ha afectado a varias compañías estadounidenses de alimentos procesados, como Kraft Foods Inc. En Europa, sin embargo, la inflación de los alimentos ha propulsado los resultados de dos de los mayores productores de alimentos del mundo, la suiza Nestlé SA y la francesa Groupe Danone SA. Ambas han traspasado las alzas de precios a los consumidores sin resentir sus ganancias.

Al igual que muchas compañías europeas, Nestlé no reveló sus ganancias del primer trimestre. No obstante, las ventas crecieron 6%, frente al primer trimestre del año anterior, para ascender a los 25.700 millones de francos suizos (US$24.800 millones). Al eliminar los efectos cambiarios, de adquisiciones y retiros de capital, las ventas subieron 9,8%, un gran salto para una empresa de tal envergadura. "Este desempeño es sin precedentes", dijo el director de relaciones con los inversionistas de Nestlé, Roddy Child-Villiers, en una conferencia con analistas el 21 de abril. Nestlé planea elevar sus márgenes de ganancia este año, una señal de que ha logrado traspasar sus mayores costos a los consumidores sin afectar sus ganancias.

El aumento de sus precios ha reducido las ventas de la leche, los yogures y otros productos lácteos de Danone, pero eso no ha afectado el crecimiento de los ingresos. La empresa parisina dice que produce un quinto de los productos lácteos frescos del mundo. Los mayores costos de los concentrados para animales han encarecido la cría de vacas, disparando los precios de la leche al por mayor.

A tale of two Mexicos

North and south

Why can't its stagnant southern states catch up with the rest of Mexico?

IT IS not a place where misery reveals itself immediately. Fields climb over mountains, green as Ireland. A smattering of attractive hotels cater to tourists visiting the local waterfalls. Bells ring out from the two churches that dominate opposite ends of Cuetzalán, a small town in the northern mountains of the state of Puebla. But the appearance of a pastoral idyll conceals a poverty trap.

Mexico's southern states are more mountainous and rural than the north, with a bigger proportion of Indians. And on almost any socio-economic indicator, these areas lag behind the rest of the country. At the bottom are Chiapas, Oaxaca and Guerrero, but parts of Puebla and Veracruz are little better off. In a human-development index comparing Mexican municipalities, drawn up for the United Nations, 95% of the places in the bottom decile are in the south. In the north, 12% of people in rural areas are extremely poor, against 47% in the south, according to the Woodrow Wilson Centre, a think-tank in Washington, DC.

Although politicians have long been aware of this gap, government efforts to tackle it have accomplished little. A grandiose Plan Puebla-Panama, launched by President Vicente Fox in 2001 to develop the south, stayed largely on paper. The “March towards the South”, a scheme of the same year to attract investment, paid businessmen to create jobs that in some cases never materialised, says Gerardo Esquivel, an economist at Colegio de México, a university in Mexico City.

Felipe Calderón, Mr Fox's successor, also has plans. Reasonably enough, these focus on infrastructure: one of the south's obvious handicaps is that getting products to ports and airports, let alone to the United States, is slow and expensive. The government hopes to mobilise from public and private sources investment in roads totalling $28.7 billion over his six-year term, including $6 billion this year. Some of these will be in the south, including a new highway along the Gulf coast and feeder roads to both coasts. Some critics, such as Mr Esquivel, say this is not enough.

Others question whether roads alone can help. José Antonio Aguilar, an official in Puebla, says that the past four years have seen “a total transformation” of his state's infrastructure “but we haven't been able to turn this into growth in income.”

Perhaps the crux of the problem is that there is little incentive for private investment in the south because the population is too poor and dispersed, says Roberto Newell of the Mexican Institute of Competitiveness, a private think-tank. The paradox, says Eduardo León of the Boston Consulting Group, a management consultancy, is that “we must depend on the government to create non-governmental sources of investment.”

The roots of stagnation are complex. As well as difficult geography, they include ethnic discrimination and poor education. In addition, it is both a cause and consequence of economic torpor that politics in the south remains the province of strongmen. Incompetence, corruption and even violence are common. In Puebla, the governor has been accused of helping to cover up a paedophile ring (he denies it, and the federal Congress dropped an investigation). The city of Oaxaca, once a tourist magnet, is only slowly recovering from seven months of protests in 2006 calling for the ouster of the state governor, in which a score of people were killed. Adalberto Castillo, head of a local chamber of commerce, estimates that the state's economy would be some 20% bigger today had the protests never happened.

A self-styled Zapatista revolutionary army took over parts of Chiapas in 1994. It has not formally called off its rebellion, which involves some 20,000 people. But the federal government now quietly supplies electricity and water to the villages the Zapatistas still control, according to Xavier Abreu, an official at the federal government's agency for indigenous people.

The Zapatista rebellion raised Mexicans' awareness of race discrimination. But this remains a problem. The majority of the population in every one of Mexico's 100 poorest municipalities is of indigenous descent, says Mr Abreu. One policy designed to help the poor Indians is bilingual education. But the flaws of the public education system are magnified in the south. In practice, the teachers' union rather than the government controls teaching appointments; the union sometimes appoints a teacher who speaks a different indigenous language to his pupils, according to Mr Abreu. A typical adult in the south has only six years of schooling; the corresponding figure in northern Mexico is 8.1 and 9.7 in Mexico City. And those years of schooling are not full years: local education officials report that in urban areas in the south an average teacher spends only 110 of the notional 200 days of the academic year actually in the classroom. The record is even worse in rural areas.

Mexicans of indigenous descent face cultural barriers too, some of them self-imposed. Mr Newell argues that Mexican society has not negotiated its way around the difficult question of how to retain respect for Indian traditions while integrating the countryside economically. “It is a cruel choice,” he says, “but you have to give up some differentiation.” Amerindian culture dictates maize as the staple crop; a smallholder farming a few acres with a hoe cannot compete with Iowa combines. Better infrastructure and education in the more urbanised north mean that the benefits of Mexico's membership of the North American Free-Trade Agreement have accrued there, while income in the south stagnates because of low productivity.

Yet not all is gloom in the south. In some places there are signs that local government is becoming more efficient. By updating its property registry, Guerrero's state government has raised its annual revenue from property tax by 38%, which officials hope will result in higher public investment. In Puebla, officials are encouraging farmers to switch from maize and coffee to higher-value crops, such as bamboo and fruit. Such schemes are not helped by the fact that government agricultural subsidies go disproportionately to the richer north. And they are exceptions.

The big wealth gap polarises politics, too. In the north, Mr Calderón won 43% of the vote in the 2006 presidential election, while only 24% went to Andrés Manuel López Obrador, his populist rival. But in the south Mr López Obrador won 40%, and Mr Calderón 27%. This regional divide contributes to political gridlock. The right plays to its electoral strength in the north, and the left to its constituents in the south, squeezing out opportunities for compromise and progress. The latest example concerns a desperately needed reform to liberalise Mexico's declining state-owned oil industry, opposed by Mr López Obrador. The south instinctively favours big government and mistrusts private initiative.

With each passing year, the socio-economic gap widens. Monterrey, Mexico's northern industrial capital, is starting to resemble south Texas. Many parts of the south still look like a northern extension of Guatemala. But unless the government shows a greater ability and willingness to tackle its problems, the south will not just remain stuck in its poverty trap but risks handicapping the country as a whole.