Detenidos 300 estudiantes chilenos en protesta contra Bachelet
SANTIAGO DE CHILE --
La policía dispersó con abundantes gases lacrimógenos a centenares de estudiantes que protestaban contra un proyecto del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que introduce cambios al sistema educacional chileno, considerado insuficiente por los alumnos.Según cifras preliminares, unos 300 estudiantes fueron detenidos en Santiago y Antofagasta, 1.370 kilómetros al norte. En esta capital, un estudiante quedó herido.
En el vecino puerto de Valparaíso, tres funcionarios de la secretaría regional del Ministerio de Educación resultaron heridos leves cuando unos 50 estudiantes universitarios trataron de ocupar la sede, de los cuales 14 fueron detenidos.
Las revueltas empezaron temprano, cuando centenares de jóvenes intentaron ocupar el bandejón central de la principal avenida de Santiago para marchar hacia el Ministerio de Educación, aunque sólo tenían autorización para reunirse en una plaza cercana.
Decenas de policías antimotines los reprimieron con carros lanza aguas y abundantes chorros de gases lacrimógenos, que por largos momentos hicieron irrespirable el aire del centro de la ciudad.
Periodistas y fotógrafos recibieron en un par de ocasiones chorros de agua o gases lanzados directamente contra ellos y en una ocasión alcanzó en el rostro a un anciano, cuya cara quedó cubierta de polvo blanco que le impedía la respiración.
Los estudiantes rechazan la Ley General de Educación (LGE) cuyo proyecto está en tramitación preliminar en el congreso, porque, según ellos, no restringe el lucro en la educación, ni asegura la calidad educativa, y persiste la educación a cargo de las municipalidades, lo que causa muy diferentes tipos de educación, según los ingresos municipales.
Los jóvenes quieren que la educación vuelva a manos del Estado.
"Queremos fortalecer la educación pública, yo soy una hija de la educación pública...Creo en la educación pública, creo que hablar de un país más justo es asegurar que la educación pública sea de calidad", dijo la presidenta Bachelet durante una actividad en la sede de gobierno.
El proyecto de Bachelet busca sustituir a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) legada por la pasada dictadura militar (1973-1990).
"La LGE es una parte de la LOCE, no soluciona nada; establece fundaciones educacionales, pero son los mismos sostenedores (empresarios de la educación) que siguen lucrando con la educación", dijo una estudiante a la AP, que se identificó sólo como Javiera, del Liceo 7. Dijo que no quería tener problemas después en su escuela.
Sobre las críticas a la mala educación chilena, su compañera María señaló a la AP que "hay un círculo vicioso: malos profesores forman malos alumnos porque no tienen pedagogía, no les (a los profesores) a enseñar".
Mónica Infante, la ministra de Educación que lleva sólo cinco semanas en el cargo, declaró el miércoles que "los estudiantes deberían estar a favor de la LGE, esta ley satisface mucho las aspiraciones de ellos".
Los jóvenes quieren emular "la revolución de los pingüinos" de abril y mayo del 2006, cuando con ocupaciones de decenas de escuelas en todo el país millares de alumnos paralizaron la educación, obligaron a Bachelet a comprometerse a cambiar la LOCE y provocaron la salida de su primer Ministro de Educación.
Se les llama coloquialmente "pinguinos" a los escolares por la vestimenta blanca y azul oscuro que usan tanto hombres como mujeres.
Mal manejo de computadoras de paras desata escándalo
BOGOTA --
Las autoridades colombianas han descubierto verdaderos tesoros de información en los computadoras portátiles de paramilitares y guerrillas capturados.De allí la molestia y asombro de muchos cuando los computadores portátiles y celulares pertenecientes a 14 jefes paramilitares no fueron asegurados debidamente, luego que el 12 de mayo fueron sacados de sus celdas en medio de la noche y extraditados a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
El cuestionable manejo de la evidencia ha desatado un escándalo nacional, y el director de prisiones empeoró la situación cuando le admitió a un diario colombiano que no tenía manera de evitar que los paramilitares presos sigan cometiendo crímenes desde la cárcel.
Tal actividad clandestina fue la razón por la que el presidente Alvaro Uribe ordenó la extradición de los jefes paramilitares en una operación nocturna que tomó por sorpresa incluso a los fiscales encargados del caso.
Pero el director de prisiones Eduardo Morales asegura que no recibió orden alguna de preservar los aparatos incautados en las celdas de los paramilitares.
Algo avergonzadas, las autoridades ahora intercambian acusaciones sobre el manejo de los computadores y los teléfonos celulares, en medio de conjeturas de que en esos artefactos había evidencias de crímenes no sólo de los paramilitares sino de prominentes políticos y empresarios.
Los fiscales dicen que no están seguros de si alguien alteró los computadores, teléfonos y tarjetas SIM (que almacenan la memoria y los datos de llamadas) en las 48 horas y más entre la incautación de esos aparatos y su entrega a las autoridades judiciales.
Aún están extraviadas la computadora y las tarjetas SIM de tres paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, que con sus confesiones ha implicado a más políticos y militares que ningún otro jefe paramilitar.
La aparente negligencia con los equipos de los paramilitares fue particularmente llamativa dado la forma muy distinta en que las autoridades manejaron archivos encontrados en otros portátiles, como el del guerrillero Raúl Reyes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ofreció evidencias del apoyo del gobierno venezolano a los rebeldes.
"Me parece insólito que los computadores del guerrillero Raúl Reyes puedan sobrevivir a un bombardeo del ejército colombiano, en medio de la noche, en un país extranjero y en cambio los computadores de los paramilitares no puedan sobrevivir a una inspección del (instituto de prisiones) en una cárcel de máxima seguridad", dijo Claudia López, una analista política cuyos trabajos académicos sobre los lazos de paramilitares con políticos han ayudado a las investigaciones, que han llevado a por lo menos 33 congresistas a prisión desde el año pasado.
"Esto es una cosa que uno no sabe, si por torpeza o de manera deliberada, es un saboteo a una prueba importante", agregó en una entrevista telefónica.
La extradición de los paramilitares fue tan secreta que el director de prisioneros Morales dijo que le avisaron de ello con sólo media hora de antelación.
Los policías judiciales que recibieron a los paramilitares para transportarlos al aeropuerto capitalino desde sus cárceles en las afueras de las ciudades de Medellín, Barranquilla y Bogotá, carecían de una orden judicial para decomisar objetos de los detenidos, de acuerdo con autoridades.
Era una responsabilidad de las autoridades penitenciarias poner a buen recaudo y asegurar los computadores y los celulares, pero estos funcionarios carcelarios con considerados vulnerables a la corrupción de poderosos reclusos, incluyendo los paramilitares.
Los computadores estaban en manos de los encarcelados paramilitares debido a sus especiales condiciones de confinamiento: se entregaron bajo una negociación de paz iniciada en el 2003 con el gobierno, que les ofreció reducidas sentencias a cambio de cooperación con la justicia, confesión de sus crímenes y entrega de sus bienes mal habidos. Muchos usaban esos equipos para redactar sus confesiones.
Una de las tarjetas perdidas pertenecía a Mancuso, uno de los más importantes jefes paramilitares y parte de los 14 extraditados. Curiosamente, el portátil de Mancuso salió de la prisión de Itagui, en Medellín, el 10 de mayo para reparaciones y con la autorización de funcionarios carcelarios. Nunca fue hallado.
Mancuso ha involucrado a más políticos y militares en el escándalo que ningún otro detenido jefe paramilitar. Muchos creen que tenía en su computador datos que podrían incriminar a más socios y sospechaban correctamente que su extradición sería inminente cuando el presidente Alvaro Uribe extraditó a Estados Unidos a un primer jefe paramilitar el 7 de mayo tras recibir el visto bueno judicial.
Grupos de derechos humanos se han quejado por las extradiciones asegurando que con ello quedarían impunes crímenes atroces cometidos por los paramilitares. También afirman que estando fuera del país, esos paramilitares estarían menos propensos a denunciar a sus socios en la política.
Por ahora, sigue sin conocerse el paradero del computador de Mancuso, tanto como la tarjeta de su celular, el celular de Ramiro Vanoy y el de Juan Carlos Sierra, de acuerdo con la Fiscalía General.
Los fiscales le han solicitado a un tribunal especial autorización para examinar el contenido de los aparatos que fueron eventualmente sacados de las cárceles, entre ellos 10 computadores portátiles, siete teléfonos celulares, un aparato de mensajes Blackberry, por lo menos seis cartuchos de memoria USB y 72 discos CD pertenecientes a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y que están etiquetados con "fosas (comunes) por región y otras situaciones de la organización".
La oficina del Fiscal General, Mario Iguarán, entregó el martes un nuevo balance del legado de la acción paramilitar: 1.492 cuerpos de víctimas han sido encontrados en fosas comunes, mientras combatientes desmovilizados han confesado 5.841 crímenes.
También cree que faltan otras 4.000 fosas comunes por descubrir.
Las Damas de Blanco alertan sobre nueva ola represiva
LA HABANA --
Las Damas de Blanco, familiares de 75 opositores cubanos condenados en 2003, alertaron el miércoles sobre supuestos preparativos del gobierno que preside Raúl Castro "para emprender una ola represiva'' contra ellas similar a la de la primavera de aquel año."Las autoridades cubanas han preparado esta campaña de pretendido descrédito a las Damas de Blanco y nuestro eventual envío a prisión desde marzo de 2003, cuando nos convertimos en las voces de los 75'', afirma un comunicado del grupo.
El documento responde a las denuncias que hizo el gobierno cubano la semana pasada, en el sentido de que diplomáticos estadounidenses entregaron a opositores de la isla varios miles de dólares presuntamente del activista anticastrista Santiago Alvarez, acusado en Cuba de terrorismo.
El gobierno acusó directamente a Laura Pollán, miembro de la agrupación, de recibir $2,400, información que confirmó la propia Pollán, al señalar que desconocía la procedencia del dinero y que fue distribuido entre 18 mujeres.
"Lamentablemente --dicen las Damas de Blanco-- las actuaciones actuales recuerdan las maniobras y provocaciones en víspera de los acontecimientos de la Primavera Negra'', como califican a la oleada represiva de 2003, que acabó con condenas de hasta 28 años de prisión a los 75 opositores e incluyó el fusilamiento de tres secuestradores de una lancha.
El comunicado señala que desde entonces "muy grandes han sido las presiones de la Seguridad del Estado, Policía Política, sus Comités de Defensa de la Revolución, informantes y agentes infiltrados'', así como "las dificultades económicas para sostener la familia y poder llevar todo lo necesario a nuestros prisioneros''.
"El gobierno --dice el comunicado-- ha organizado turbas para amenazarnos, insultarnos y provocarnos. Hemos podido afrontarlo todo por la dignidad mantenida por nuestros presos en las terribles cárceles, el respeto del pueblo dentro de Cuba y la solidaridad internacional''.
Señalan las mujeres que Raúl Castro, en un acto con allegados a cinco cubanos encarcelados en Estados Unidos (acusados de espionaje), "conmovido expresó que son los familiares de los prisioneros quienes más sufren''.
"Las madres, hijos, esposas, hermanas y tías de los 75 prisioneros de conciencia secuestrados desde la Primavera Negra coincidimos totalmente con esa afirmación. Ningún familiar merece padecer la condena'', agregan.
Las Damas de Blanco rechazaron, además, una propuesta del diputado Lázaro Barredo, director del diario oficial Granma, de reformar la legislación para castigar a los disidentes que reciban dinero de una "potencia extranjera''.
Según el comunicado, la solicitud de Barredo de "recrudecer'' la Ley 88, o Ley de Protección de la Independencia Nacional y de la Economía, es parte "de la ofensiva contra Damas de Blanco''.
Para las disidentes, "resulta una contradicción con la reciente firma por el gobierno de Cuba de los Pactos Internacionales de Derechos Políticos y Jurídicos, y Económicos, Sociales y Culturales, que prevén la adecuación de las leyes nacionales, y por tanto la ley 88 debería ser derogada y el Código penal modificado''.
"Somos mujeres pacíficas e indefensas. No pretendemos derrocar al Gobierno. No estamos al servicio de ninguna potencia extranjera. No somos mercenarias de Estados Unidos, ni de persona u organización alguna. Deseamos la paz y la reconciliación entre todos los cubanos'', proclaman las mujeres.
"Exhortamos al presidente Raúl Castro a no llenarse de ignominia. Su papel en la historia de Cuba puede ser muy apreciado, si realiza los cambios que ha prometido al pueblo, que ya desespera por la demora'', añade el comunicado.
Según las Damas de Blanco, "no estaría a la altura de lo que se espera del general reimponer el miedo entre el pueblo mediante la injuria y la prisión a indefensas mujeres cubanas''.
''La primera muestra de buena voluntad -continúa el comunicado- sería la liberación inmediata e incondicional de los 55 prisioneros de los 75 que permanecen en prisión, y que los nueve con licencia extrapenal residentes en Cuba no sean retornados a las cárceles''.
Movimiento estudiantil venezolano se lanza nuevamente a las calles
Los universitarios encabezaron multitudinarias protestas contra la reforma a la Constitución que proponía la reelección indefinida y el establecimiento de un modelo socialista en el país y fue rechazada en diciembre en un referendo.
"Las amenazas a la democracia y las libertades civiles no han desaparecido y por eso el movimiento estudiantil vuelve a las calles y seguiremos en ellas'', dijo Yon Goicochea, uno de los líderes estudiantiles que se erigió en la más consistente oposición al gobierno.
Goicochea, de 23 años, rechazó las críticas del mandatario venezolano al movimiento universitario y sus líderes, a los que señaló de ser "peones del imperio'' de Estados Unidos en su intento de derrocarlo y de estar "confundidos''.
Ahora, los estudiantes enfocaron sus críticas a las limitaciones que enfrentan muchos políticos opositores para optar a cargos públicos en las elecciones de noviembre.
"Rechazamos que se le quite a muchos venezolanos el derecho de aspirar a un cargo público y que se pretenda llevar adelante por decretos una reforma (constitucional) que con los votos el pueblo contundentemente en diciembre rechazó'', agregó.
Casi 400 políticos, la mayoría de ellos opositores, han sido impedidos de postularse a cargos de elección popular estatales y municipales. El contralor general de la república, Clodosbaldo Russian, divulgó en febrero lo que los adversarios del gobernante califican de "lista negra''.
Según Russian, la ley le prohibirle postularse a 386 posibles candidatos mientras se investigan acusaciones que van desde nepotismo hasta el otorgamiento ilegal de contratos públicos, aún cuando no han sido acusados formalmente de ningún delito.
Bajo un abrasador sol, los universitarios marcharon por algunas avenidas del este y centro de la capital rumbo a la Asamblea Nacional en donde entregaron un documento exigiendo un presupuesto justo para las universidades y que también rechaza las restricciones a los candidatos.
Un grupo de cinco estudiantes le presentó el documento al vicepresidente de la Asamblea, el diputado oficialista Saúl Ortega, luego que militares con equipos antimotines detuvieron la marcha a unos 100 metros de la sede legislativa. No se registraron hechos de violencia.
Los líderes de la oposición dicen que nunca han visto un intento como éste por obstaculizar sus candidaturas desde que Chávez asumió hace casi una década.
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