Ecuador: Leyes arbitrarias

por Gabriela Calderón

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org y columnista de El Universo (Ecuador).

Guayaquil, Ecuador— Ahora las leyes que los asambleístas expiden (ilegalmente) también castigarán a individuos por algo que hicieron en el pasado cuando era legal. Hoy se castiga a los empresarios retroactivamente con el mandato laboral, mañana podría tocarle a usted. ¿Vamos a permitir este peligroso precedente legal?

Es necesario recordarles a nuestros asambleístas el artículo 11, inciso 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional”.1

En las últimas semanas muchos empresarios calcularon los nuevos costos que ese mandato les implicaría. Entre otras cosas, calcularon cuánto costaría convertir a todos los trabajadores anteriormente tercerizados en trabajadores de tiempo completo (con todos los beneficios laborales, dictados por la ley, que ese estatus implica). Si el costo de esta conversión superara a la utilidad generada por la producción de esos trabajadores, o al costo de una mayor automatización de la producción en su empresa, o al de entrenar a nuevos trabajadores que sean contratados por jornadas parciales, pues optarían por despedir a algunos de sus empleados.

Al parecer muchos lo hicieron durante el mes de marzo y abril. Pero algunos asambleístas interpretan estos despidos de otra manera. Y aquí volvemos a las teorías de conspiración. En esto el gobierno y sus asambleístas se parecen mucho a esas autoridades estadounidenses durante la guerra fría que veían a un comunista detrás de todo lo que no les gustaba en Latinoamérica. Pues ahora los socialistas del siglo XXI ven a un golpista derechista detrás de cada cosa que no les agrada.

Uno de los “radares de conspiraciones” es el Señor Diego Borja (ID), un extraño empresario que aún después de haber representado una de las industrias más dinámicas de exportaciones no tradicionales del país parece no entender la realidad del mercado laboral.

Por un lado el Sr. Borja dice que “hay empresarios cuyo patrón es solo el dinero”. No obstante, en esa misma entrevista dijo que los despidos de marzo y abril han sido una movida política para “hacer ver a la gente que el mandato atenta contra el empleo”.2 Es decir, no han sido motivados por el dinero, sino por una conspiración en contra del mandato de la asamblea. ¿Cuál es pues?

Lo cómico es que cuando el mandato—que todavía ni siquiera es ley—resulta en despidos, la reacción de los asambleístas es tratar de suprimir, por ley, las reacciones naturales a su mala medicina. Así no hacen más que darnos la razón a aquellos que venimos diciendo que la eliminación de la tercerización y de la contratación por horas solo resultará en una disminución del empleo formal y una precarización de la fuerza laboral.3 Obligar a los empresarios que han reaccionado recortando su fuerza laboral—como lo haría cualquier empresario “cuyo único patrón es el dinero”—a que incorporen a todos sus trabajadores anteriormente tercerizados a su nomina de pagos equivale a darle un somnífero al paciente y luego prohibirle dormir.

Era de esperarse que en un país sin Estado de Derecho, el grupo que monopoliza el poder comience a legislar retroactivamente. En esta nueva democracia tan participativa—los asambleístas nos participan lo que ya han decidido imponernos—corren peligro nuestras libertades individuales.

Le harían un bien al país si se limitaran a escribir la nueva constitución y se aseguraran de que en ella se prohíba la legislación retroactiva. Tenemos derecho a saber las consecuencias de nuestros actos en el momento en que los cometemos.