¿Podrá Calderón deshacer el monopolio de Telmex?

Por Mary Anastasia O'Grady
The Wall Street Journal

Debió haber ocurrido hace una década, pero México finalmente tiene una camino claro para poner fin al casi monopolio de Telmex, Teléfonos de México, la compañía en manos de Carlos Slim. Si Felipe Calderón aprovecha el tiempo podrá enviar una señal de qué tan en serio toma la modernización de la economía de su país.

Cuesta exagerar el costo del dominio de Telmex sobre la economía. La falta de competencia es la razón por la que los mexicanos pagan una de las tarifas más altas del mundo desarrollado por servicios de telecomunicaciones, según un reporte del año pasado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es también la razón de que el acceso de los mexicanos a los servicios telefónicos (línea fija y móvil) es "uno de los menores en la OCDE". Como resultado, mientras el mundo avanza en la era de la información México se queda atrás en la edad de piedra.

Las buenas noticias llegaron la semana pasada, cuando el gobierno ordenó a Telmex que proveyera interconexión a un competidor clave. Se trata de la primera vez desde 1997, cuando expiraron los privilegios monopólicos de Telmex, que el gobierno se ha mostrado dispuesto a hacer cumplir los términos del título de concesión cedido en 1990. Ese es el acuerdo firmado en la época de la privatización.

Aún así, el fallo no hace nada para resolver la principal causa del ineficaz y costoso mercado mexicano de telecomunicaciones. Hasta que Telmex no se vea obligado a ofrecer precios competitivos al resto de los operadores que deben usar la red de Telmex, y facilidades para que los clientes que quieran cambiar de proveedor mantengan sus números de teléfono, no evolucionará la competencia. Telmex también debería cesar su práctica de subsidios cruzados a sus negocios de telefonía.

Hasta ahora, Slim ha sido un intocable. Cuando los privilegios de su monopolio expiraron en 1997, los reguladores intentaron obligarlo a proveer acceso a su red, con tarifas competitivas, a los otros operadores. Pero para entonces ya se había acostumbrado a las ventajas del monopolio. Siempre que los reguladores han intentado forzar la implementación de prácticas competitivas, Slim ha recurrido a los tribunales para bloquearlos.

El mayor interés especial de México también es conocido por usar sus influencias en el Congreso y con el poder ejecutivo. Durante la presidencia de Vicente Fox (entre 2000 y 2006), un ex empleado de Telmex fue milagrosamente nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes. Ese ministro no fue tímido a la hora de cuidar los intereses de su antiguo jefe.

Hasta ahora, los mexicanos han sido renuentes de incomodar al poderoso Slim, quien se dice que controla un 40% de la publicidad del país. Pero los problemas causados por las prácticas reñidas con la libre competencia de Telmex no pueden seguir siendo ignoradas. Para que eso acabe el regulador de las telecomunicaciones, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), ha redactado un borrador con el objetivo de crear un entorno donde la competencia pueda florecer. La iniciativa pide la interconexión para todos los competidores a tarifas basadas en el costo. Eso podría introducir un marco institucional similar al de la mayoría de los países de la OCDE y poner a México en conformidad con la Organización Mundial de Comercio.

El problema es que Slim ya ha demostrado que puede cuestionar eternamente en los tribunales todo lo que venga del regulador. Por ello, aunque se adopte la nueva regulación, lo más probable es que Telmex use el proceso de requerimiento judicial para bloquear su efectividad. Esto a menos que Calderón le dé algo a Slim a cambio de su cooperación.

Los gigantes económicos tienen apetitos gigantescos y el de Slim tiene que ser alimentado de nuevo. Después de haber consumido la telefonía mexicana, ahora quiere empezar a devorar el mercado de televisión al transmitir video. Pero los términos de la compra de Telmex en 1990 prohíben estrictamente esa expansión.

Entonces todo lo que el gobierno de Calderón tiene que hacer para calmar la bestia de Telmex es hacer cumplir los términos de la concesión existente. Esto significaría que la empresa tendría que adoptar prácticas contables para evitar subsidios cruzados. También significaría aclararle a Slim que la concesión de Telmex prohíbe ofrecer servicios de televisión.

Si Telmex quiere cambiar los términos de ese contrato original para que pueda competir en video, Calderón debe establecer un precio. Si la empresa se acoge a las obligaciones originales, el plan de Cofetel podría ponerse sobre la mesa, junto con un pago, como el costo de una licencia de televisión.

La firmeza en este punto es importante para el futuro de la televisión y la telefonía en México. Actualmente, las empresas de cable están tratando de ofrecer servicios de telefonía, pero las tasas de interconexión de Telmex hacen difícil competir. Slim aplastará a estos competidores de tamaño mediano si se le permite ofrecer video sin abrir la telefonía.

La dinastía Slim no puede prosperar si no se puede expandir a la televisión. Si los reguladores mexicanos son inteligentes y empiezan a privatizar de manera agresiva el espectro inalámbrico, las probabilidades son aún más limitadas. Por ello es que este es el momento clavar una estaca en el corazón del monopolio de Telmex. Si Calderón deja pasar el momento, sellará su propio destino como reformador y prácticamente garantizará que México no logre alcanzar su potencial en la próxima década.

¿Es rentable ser una empresa ética?

Cuánto premian los consumidores a las compañías socialmente responsables

Por Remi Trudel y June Cotte
The Wall Street Journal

Para las empresas, la responsabilidad social se ha convertido en un gran negocio. Las corporaciones están gastando miles de millones de dólares en hacer el bien —desde aumentar la diversidad étnica en sus nóminas hasta desarrollar tecnologías ecológicas— y luego en promover estos esfuerzos entre la opinión pública.

Pero ¿es rentable?

Muchas empresas esperan que los consumidores paguen una prima por productos que han sido hechos con estándares éticos más altos. Pero la mayoría de las empresas se lanza al proyecto sin probar ese supuesto. ¿Premiarán los compradores realmente el buen comportamiento corporativo al pagar más por productos y castigarán el comportamiento irresponsable pagando menos? Si es así, ¿de qué nivel será esa diferencia de precio? Y ¿qué tan lejos tendrá que ir una empresa para ganarse a los clientes?

Para conocer algunas respuestas, realizamos una serie de experimentos. Les mostramos a los consumidores los mismos productos (café y camisetas), pero le dijimos a un grupo que los productos habían sido hechos mediante el uso de altos estándares éticos y a otro grupo que los productos habían sido hechos con estándares éticos bajos. Un tercer grupo de control no recibió ninguna información.

Antes de analizar los resultados, son necesarias una aclaración y una advertencia: Para nuestro propósito, bienes "éticamente producidos" son los que se fabrican bajo tres condiciones: primero, la empresa debe tener relaciones progresistas con sus accionistas como el compromiso de contratar una fuerza laboral diversa y garantizar la seguridad del consumidor. Segundo, debe seguir prácticas ambientales progresistas, como la adopción de tecnología ecológica. Finalmente, debe demostrar respeto por los derechos humanos, por ejemplo, no emplear niños en fábricas en países pobres.

Ahora la advertencia: Aunque creemos que la producción ética puede aumentar las ventas, no todos los consumidores serán convencidos por los esfuerzos. Algunos pueden preferir un precio más bajo incluso si saben que el producto se fabricó con prácticas poco éticas.

Esta es una mirada más cercana a los resultados:

¿Qué tanto vale la ética?

Nuestro primer experimento tuvo dos preguntas. ¿Cuánto más pagaría la gente por un bien producido éticamente? Y ¿cuánto menos estaría dispuesta a pagar por uno que creen fue hecho con bajos estándares éticos?

Para probar estas preguntas reunimos al azar a un grupo de 97 bebedores adultos de café y les preguntamos qué tanto más pagarían por libra de café de determinada empresa. Utilizamos una marca que no era familiar para ninguno de los participantes.

Pero antes de que respondieran, les pedimos que leyeran alguna información sobre los estándares de producción de la empresa. Un grupo recibió información ética positiva y otro recibió información negativa. El grupo de control recibió información neutra, similar a la que los compradores tendrían típicamente en un supermercado.

Después de leer sobre la empresa y su café, los participantes nos dijeron cuánto estarían dispuestos a pagar en una escala de 11 puntos, de US$5 a US$15. ¿Los resultados? El precio medio para el grupo ético (US$9,71 por libra) fue significativamente más alto que el del grupo de control (US$8,31) o que el grupo poco ético (US$5,89).

El grupo con el producto poco ético castigó a la empresa de café por su mal comportamiento más de lo que el grupo ético premió a la empresa por su buen comportamiento.

La implicación del estudio para las compañías es que los esfuerzos por seguir una producción ética parecen ser una buena inversión. De otra parte, apartarse de artículos que son producidos con poca ética parecería ser más importante, ya que los consumidores esperarán obtener un descuento substancial sobre su precio.

¿Qué tan ético es necesario ser?

La siguiente prueba revisó los grados de comportamiento ético. Por ejemplo, ¿los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que es 100% éticamente producido frente a uno que es 50% o 25% éticamente producido?

Para averiguarlo, probamos las respuestas de los consumidores frente a las camisetas de un fabricante ficticio. Dividimos 218 personas en cinco grupos y les presentamos información sobre la empresa y su producto. A un grupo se le dijo que las camisetas eran 100% de algodón orgánico, a otro grupo, que eran 50% y a otro, que eran 25%. A un cuarto grupo, el "poco ético", se le dijo que el producto no tenía componente orgánico. El grupo de control no recibió información.

Además, todos los grupos, con excepción del grupo de control, recibieron un párrafo corto sobre los efectos negativos que el algodón no orgánico causa al ambiente.

Después se les preguntó a los participantes cuánto estarían dispuestos a pagar por las camisetas en una escala de 16 puntos en un rango de US$15 a US$30. Como en la primera prueba, encontramos que la gente estaba dispuesta a pagar una prima por todos los niveles de producción ética y que exigiría un descuento mayor por el artículo producido con poca ética que la prima que pagarían por un artículo ético.

Pero las diferencias no fueron muchas para los distintos niveles. Las camisetas 25% orgánicas recibieron un precio medio de US$20,72, no muy diferente de las de 50% (US$20,44) y las de 100% (US$21,21).

¿Cuál es el efecto de las actitudes del consumidor?

En nuestra última prueba, miramos las actitudes de la gente entre 84 bebedores de café. Si los consumidores esperan que las empresas se comporten éticamente, ¿eso cambiará qué tanto van a premiar o castigar ese comportamiento? ¿Qué pasa si los consumidores piensan que las empresas sólo buscan ganar dinero para maximizar utilidades, sin tener la ética en cuenta?

Una vez más encontramos que, sin importar sus expectativas, los consumidores estaban dispuestos a pagar más por una libra de café producida con altos estándares éticos, que por una producida con poca ética o por una sobre la que no tenían información. Del mismo modo, la información negativa tuvo mucho más impacto en la respuesta del consumidor que la información positiva. Los participantes castigaron los bienes producidos con poca ética con un mayor descuento (cerca de US$2 por debajo del grupo de control) de lo que premiaron los productos éticos (cerca de US$1 por encima del grupo de control).

¿Y el efecto de las actitudes? La gente con altas expectativas dio mayores primas y mayores descuentos que aquellos con bajas expectativas.

Las lecciones son claras: las empresas deben segmentar su mercado y hacer un esfuerzo especial para conquistar a consumidores con elevados estándares éticos porque esos serán los que tienden a producir las mayores ganancias potenciales sobre productos con altos estándares éticos.

—Remi Trudel es candidato al programa de doctorado en marketing de la escuela de negocios Ivey de la Universidad de Ontario Occidental. June Cotte es profesora de marketing de la escuela de negocios Ivey.

Esta vez, la retórica anticomercial en EE.UU. podría hacerse realidad

Por Bob Davis
The Wall Street Journal

WASHINGTON—Desde John F. Kennedy, al menos, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos han atacado al libre comercio durante sus campañas pero lo han promocionado una vez que llegan a la Casa Blanca. Algunos líderes empresariales esperan que pase lo mismo si Barack Obama gana los comicios presidenciales.

Pero es mejor que no cuenten con ello.

El senador Obama, quien va a la cabeza en las elecciones primarias del Partido Demócrata, y su rival, Hillary Clinton, han expresado cierto apoyo a la liberalización comercial durante sus carreras. Sin embargo, una coalición de activistas contra el libre comercio y líderes sindicales también han aprovechado la larga temporada de primarias para conseguir compromisos de los dos candidatos sobre una lista muy detallada de asuntos comerciales, dificultando un repentino cambio de curso.

Ambos senadores demócratas han dicho en público que son partidarios de volver a redactar el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (Nafta) con Canadá y México —si es que EE.UU. no lo abandona—, reconfigurar los tribunales de arbitraje del Nafta, oponerse a los tratados de libre comercio negociados por el presidente Bush, designar a China como un manipulador del tipo de cambio y examinar si los compromisos de la Organización Mundial de Comercio afectan temas tan diversos como las reglas de contenido local o los subsidios a las universidades.

Aunque sólo Clinton ha dicho que haría una pausa en los tratados comerciales, es probable que si Obama llega a la Casa Blanca haga lo mismo, teniendo en cuenta los compromisos que ha asumido.

Obama "quiere las políticas comerciales correctas", dice su asesor en economía internacional Daniel Tarullo, ex miembro del equipo económico durante la presidencia de Bill Clinton. "Necesitamos remediar los defectos de los tratados pasados y del entorno internacional", especialmente la política cambiaria de China.

El legislador del estado de Illinois hace hincapié en que cualquier tratado comercial debe contener cláusulas para proteger los derechos de los trabajadores para organizarse y negociar en forma colectiva. Las violaciones a estas normas podrían ser castigadas mediante sanciones comerciales.

Su propuesta difiere significativamente de lo que ocurre en la actualidad. Pocos tratados comerciales cubren temas laborales; el Nafta lo hace, pero la probabilidad de calcular los daños bajo el acuerdo es remota.

Las nuevas cláusulas "pueden ayudar a presionar a los países para que sigan mejorando las condiciones de los trabajadores", argumentó Obama en su libro. La audacia de la esperanza, una postura que repite regularmente en su campaña. Pero sus discursos no incluyen las dudas que expresa en su libro. Los cambios "no eliminarán la gran brecha entre los trabajadores en Estados Unidos y los trabajadores en Honduras, Indonesia, Mozambique o Bangladesh", escribió.

A algunas empresas les preocupa que los requisitos sean tan altos que imposibilitarían que EE.UU. firme acuerdos con países en desarrollo como Egipto, Pakistán e India que tienen mercados en crecimiento, pero malas condiciones laborales.

En los temas comerciales, hay poca distinción entre los dos candidatos demócratas. Pero hay una diferencia notable con el presunto candidato republicano a la presidencia, John McCain, quien ha dicho que "el libre comercio es lo mejor que le puede pasar a este país".

En términos estrictamente económicos, llama la atención que el libre comercio se convierta en un tema controversial en EE.UU. Gracias a la debilidad del dólar, las exportaciones estadounidenses crecen y el déficit comercial, aparte de las importaciones de petróleo, se achica. Pero el respaldo se ha reducido durante una década mientras los estadounidenses culpan al libre comercio por la pérdida de empleos y el estancamiento de los salarios.

El cambio en el Partido Demócrata hace menos probable que Obama y Clinton puedan cambiar sus posturas en caso de ganar la presidencia. Durante los últimos 50 años, los candidatos presidenciales han obtenido votos con promesas en temas comerciales y a veces han tomado medidas proteccionistas en sectores específicos. Pero todos gobernaron como defensores del libre comercio. En parte, lo hicieron porque creían que la economía estadounidense estaba mejor. En parte porque creían que abrir el mercado de EE.UU. a aliados constituía una poderosa arma de la política exterior.

Mexico's Oiling Days Are Numbered

Energy: Even without a terror attack on its oil facilities, Mexico's output is falling sharply and could end as soon as 10 years. Its president is setting an example by fighting a difficult Congress and culture to reverse that.

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If we Americans think persuading our Congress to get serious about drilling for oil is tough, consider what the president of Mexico is going through.

Put simply, Mexico's state oil company, Pemex, is running out of oil. Its output has plunged 20% in the last three years, an unsustainable drop that could lead to a collapse of the country's oil industry in a decade, according to Mexico's oil minister.

Exports could halt in as little as five years. This would be a fiscal disaster, given Mexico's reliance on oil earnings for 40% of its budget.

Nationalized since 1938, Pemex has muddled through for years on the nation's easily recoverable oil. But that's now running out. And without massive new investment to boost output, Mexico's oil experts warn, Mexican citizens will have to pay much-higher taxes or shut down nearly half of the federal government.

That's why President Felipe Calderon is taking the lead on a farsighted third option: using his political capital to reform the nation's oil sector and boost output — as America should be doing.

Mexico has other offshore fields that can replace its giant Cantarell field, but they're too far out and too deep in the Gulf of Mexico for Pemex to extract. It makes sense to invite in foreign partners from the private sector who can provide the technology. But under the 1938 oil nationalization, foreign investment isn't allowed.

For Calderon, that's a huge obstacle. The Mexican Congress he's up against is an incorrigible version of House Speaker Nancy Pelosi's Democratic Congress, dead set against bringing in critical foreign investment to help develop Mexico's oil. Like congressional Democrats in the U.S., they're just putting their heads in the sand.

Like Pelosi, Mexico's left-wing Congress likes to change rules and block votes from ever happening to ensure that things go their way.

Last April 8, President Calderon submitted a bill to Congress to begin a small modernization of Mexico's energy industry, by permitting private refineries and transport. Rather than vote, Mexico's left-leaning legislators shut their own Congress down for two weeks. Calderon gave them the 71 days of debate they wanted for the bill. Rather than debate, they rallied big crowds against it.

This works only because public sentiment on oil is potent.

Oil nationalization is connected in the Mexican public's mind with the forging of Mexico into a viable nation. Before 1938, Mexico had been weak and mired in civil wars. Many thought it wouldn't survive. Beloved President Lazaro Cardenas' oil nationalization coincided with a period of peace and a stronger central state.

So Calderon's bid to revive Mexico's oil industry through foreign investment is seen by many Mexicans as risky at best, and unpatriotic at worst. It's ironic, of course, because if the oil runs out, there won't be much of a state at all — and Mexicans will stream across U.S. borders looking for economic relief.

Yet Calderon's taking this risk against all political odds to save his country's energy industry and perhaps convert Pemex into a viable state company like Brazil's Petrobras. He's also doing us a favor by fighting to modernize, because Mexico's oil accounts for about 12% of America's imports.

What kind of courage, by contrast, does it take in the U.S. Congress and the presidency to fight for drilling in America's oil-heavy wildernesses? President Calderon shows a leadership that our own leaders should imitate. Because like Mexico, if we don't start producing, we'll lose much in five years, too.