Cristina Fernández ante crisis interna tras revés en Congreso

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Cristina Fernández

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BUENOS AIRES --

La presidenta Cristina Fernández quedó expuesta ayer a una profunda crisis interna luego de que el vicepresidente de la república sepultara con su decisivo voto un proyecto de ley sobre un nuevo sistema de gravámenes a la exportación de granos que desde hace cuatro meses ha enfrentado al gobierno y con el sector agropecuario.

Tras solo siete meses de gobierno, la mandataria se quedó sin mayorías en el Congreso -las posee en número, pero no cuenta con su apoyo- y enfrenta el desafío de reconstituir su poder político minado por el extenso conflicto con el campo.

Pero el revés, también podría marcar un cambio positivo en el gobierno: la mandataria podría convertirlo en una oportunidad para reabrir el diálogo con los distintos sectores políticos y sociales y adoptar una gestión basada en la búsqueda de consenso que deje de lado el estilo de confrontación e imposición que hasta ahora tuvo su gobierno.

Al fin y al cabo, fue la propia presidenta quien decidió someterse a las reglas del juego democrático cuando a principios de julio envió el proyecto al Congreso para dotarlo de mayor "institucionalidad". Lo había hecho, sin embargo, creyendo que la mayoría propia en ambas cámaras haría de la sanción de la ley en un simple trámite burocrático.

Apenas pasadas algunas horas desde que el vicepresidente Julio Cobos definió la suerte del proyecto oficial votando en su contra tras un empate en el Senado, ningún integrante del gobierno se había manifestado públicamente.

Sólo el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, aliado del gobierno, aseguró: "No evalúo esto en términos de victoria o derrota... pienso que en política como en el fútbol, no siempre se puede ganar. No hay que dramatizar y hay que aprender de esta circunstancia".

Quienes sí se expresaron con fuerza fueron los líderes de una oposición, hasta ahora atomizada, que muestra nuevos bríos.

"Hay que dar una gran oportunidad a Cristina (Fernández) para que empiece una presidencia republicana, porque el cambio fue en el marco de las instituciones, con el poder simbólico enorme de una revolución en paz", dijo a periodistas la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien compitió con la mandataria en las elecciones presidenciales de octubre.

Ernesto Sanz, jefe del bloque en el Senado de la Unión Cívica Radical -partido de origen de Cobos- exhortó al gobierno a que haga "una lectura inteligente de lo que pasó".

"El gobierno necesitaba recibir un correctivo positivo y esto le puede permitir relanzarse, arrancar y mirar para los tres años y medio que le quedan y recuperar a la Argentina de este parate (estancamiento) que hemos tenido", agregó en declaraciones a Radio 10.

Cobos ya había expresado sus discrepancias con el esquema móvil de retenciones (gravámenes), que sujeta la tasa del impuesto a la cotización de los granos en el mercado internacional y que desde su implementación en marzo había desatado la reacción del campo, uno de los sectores económicos más poderosos de Argentina, que realizó cuatro huelgas y bloqueos de carreteras que causaron desabastecimiento de alimentos.

Pero nadie había previsto que sería él quien tendría la última palabra.

El voto de Cobos fue una decisión extrema, pues la Constitución estipula que el vicepresidente no tiene derecho a voto a menos que haya un empate.

"Voté de acuerdo a mis convicciones y principios. Ojalá se entienda el mensaje que di... Espero que hayamos llegado a una madurez en la democracia", dijo Cobos a periodistas al salir de su casa el jueves.

El vicepresidente pertenece a la centenaria Unión Cívica Radical, históricamente opositora al peronismo, pero aceptó integrar la fórmula presidencial en el marco de la concertación plural de partidos que promovió el anterior presidente, Néstor Kirchner.

Aunque un día antes del debate en el Senado Kirchner -esposo de Fernández y cuya figura tiene decisiva gravitación en su gestión- había asegurado que el gobierno acataría la decisión del Congreso "sea cual fuere", las polémicas retenciones (gravámenes) seguirán vigentes hasta que la Presidenta no derogue la resolución que las dispuso en marzo.