OEA no halla fraude para próximo referendo en Bolivia

LA PAZ --

La misión de observadores de la OEA no ha encontrado indicios de un posible fraude electoral para el referendo fijado para el 10 de agosto, dijo el viernes el presidente del grupo, en relación con denuncias de fuerzas políticas opositoras.

El ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, que preside la misión la Organización de Estados Americanos, OEA, dijo en rueda de prensa que "no hay elementos específicos que permitan determinar que hubo alteración del padrón electoral".

Aseguró que "están dadas las condiciones" para que se realice el plebiscito en cual el presidente Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García y ocho de nueve prefectos (gobernadores) someterán la continuidad en sus cargos al voto.

Stein aclaró que líderes de la oposición se comprometieron a enviarle documentación sobre supuestas inscripciones irregulares de ciudadanos en un programa de cédulas gratuitas que tuvo la participación técnica y financiera del gobierno de Venezuela.

Expertos electorales de la OEA llegarán al país la próxima semana para "complementar" el trabajo de auditoria sobre el padrón electoral que inició una misión del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela).

Stein dijo que la OEA destacará más de medio centenar de observadores para la consulta en todo el país.

No obstante reconoció que en las preguntas de la consulta "hay una clara diferencia" entre aquella referida al presidente Morales con la de los prefectos (gobernadores).

La consulta al elector es: "¿está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Alvaro García?". Y la consulta para los prefectos dice: "¿está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del prefecto?".

Será la primera vez en el país que un gobernante y los prefectos se someterán a un referendo sobre la continuidad o el fin de sus mandatos. El plebiscito fue planteado por Morales en un intento por dirimir la disputa política con los líderes regionales, siete de los cuales son sus adversarios y rechazan la gestión gubernamental.

En cuatro regiones los prefectos impulsan un proceso de autonomía que el ejecutivo ha calificado de ilegal.