Ecuador: Monopolios públicos

por Gabriela Calderón

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org y columnista de El Universo (Ecuador).

Rio de Janeiro, Brasil—Según lo reportado en El Universo acerca de la Ley Antimonopolio, pareciera que los monopolios solo son malos cuando son privados. No obstante, una oposición consistente a los monopolios implica oponerse a estos ya sean privados o públicos. Hoy quiero concentrarme en dos monopolios públicos que nos afectan diariamente y que, sin embargo, serán ignorados por esta ley: la educación pública y la seguridad social estatal.

Un monopolio existe cuando determinado individuo o ente tiene suficiente control sobre un producto o servicio como para determinar las condiciones bajo las cuales otros pueden acceder a este. Los monopolios—públicos o privados—limitan la acción voluntaria de cada individuo.

El sistema nacional de educación pública tiene ese poder. Y de ese poder solo pueden escapar los que más dinero tienen. Si usted es un padre ecuatoriano de clase media o baja, usted es un cliente cautivo de este sistema. Usted no tiene la libertad para irse en protesta de una mala escuela pública a otra, a menos que incurra un costo considerablemente alto: transferirlo a una escuela privada y pagar el alto costo de esta o cambiarse de residencia para estar más cerca de una mejor escuela pública.

Aquellos que defienden el monopolio estatal por sobre la educación pública, deberían contestar la siguiente pregunta: Si están tan seguros de que solo de esta manera se provee un mejor servicio a los más necesitados, ¿por qué le temen a la competencia de aquellas instituciones privadas (con o sin fines de lucro) que estarían dispuestas a proveer el mismo servicio? ¿Será que tienen miedo de que sus clientes cautivos, una vez que tengan la opción de elegir en donde se gasta la porción del fisco que le corresponde a su hijo, tomen su bono y se vayan a las otras escuelas?

El otro monopolio es la seguridad social únicamente estatal. Los contribuyentes ecuatorianos—sin importar su ingreso—están obligados a contribuir a un fondo común de ahorro para la jubilación (sus jefes también pero el que en realidad carga el peso total de esta contribución es el empleado). Lo que uno contribuye no tiene relación alguna con lo que recibirá ya que lo que le quitan a usted de su salario mensual va para financiar las pensiones de los jubilados de hoy.

Nuevamente, si el monopolio estatal es tan bueno, ¿por qué el miedo a las entidades privadas que también podrían administrar fondos de jubilación?

Una verdadera revolución se dará en nuestro país cuando los políticos eliminen estos monopolios públicos y le cedan a cada ecuatoriano la libertad para elegir. Esto se podría implementar a través de un “bono educativo” que los padres pudieran redimir en la institución de su preferencia—pública o privada—y las instituciones que quieran ser consideradas para recibir estos bonos podrían ser reguladas por una entidad estatal. Y en cuanto a seguridad social habría que permitir que cada ecuatoriano tenga la libertad de elegir quién administra su cuenta individual de ahorro para su jubilación como lo hacen en Peru y Chile. Un país de ciudadanos con mayor libertad para elegir donde estudian sus hijos—sin importar la profundidad de su bolsillo—y donde también eligen donde invertir sus ahorros, es un país donde cada individuo es más libre y responsable.