¿Quién es el culpable de la crisis? Los accionistas apuntan a las juntas directivas
Sin duda alguna, y con una mirada retrospectiva, podemos decir que algunas juntas directivas podrían haber actuado con más audacia en sus intentos por evitar la crisis. Pero, la verdadera falacia acerca de las corporaciones en esta crisis no involucra qué hicieron o no hicieron las juntas directivas, sino aquello que se esperaba de ellas.
No es que seamos defensores de las juntas directivas. Durante los últimos tres años, nuestras columnas las han criticado en varias ocasiones. Pero, en este caso, creemos que las juntas directivas tienen el derecho a defenderse contra los gritos de "¿Dónde estaban?" cuando se avecinaba la catástrofe.
Riesgos excesivos y fechorías
La respuesta es: en la mayoría de los casos, se hallaban donde se suponía que debían estar, haciendo sus tareas... dentro de los límites de la realidad. Mire, los accionistas activistas querrían que los miembros de una junta directiva actúen como los superhéroes de todas las operaciones detalladas de la compañía, una mezcla de policías y contadores forenses. Pero tenemos que aceptar la realidad. La mayoría de las juntas directivas se reúnen uno o dos días por mes y están integradas por individuos que tienen empleos a tiempo completo en otra parte.
Dadas esas circunstancias, es absurdo creer que miembros de una junta directiva, inclusive aquellos con mayor experiencia y con las mejores intenciones, pueden descubrir fallos sistémicos o actos delictivos, especialmente en complejas instituciones financieras. Es por eso que existen los reguladores, que actúan al margen de la contabilidad y de los sistemas de control interno. Esos reguladores ayudan a las juntas directivas a eliminar riesgos excesivos y fechorías.
Las juntas directivas tienen otro propósito. Su tarea es contratar y echar a un director general en base a su desempeño y a sus valores, a la calidad de su equipo y a la coherencia de su modelo de negocio. Cuando las juntas directivas operan como deben hacerlo, sus miembros participan en un vigoroso, cándido diálogo con el director general y sus principales lugartenientes acerca de la dirección estratégica, o si la compañía tiene los talentos necesarios para implementar iniciativas claves a la velocidad correcta.
Los valores de la compañía
Y también pasan tiempo en las entrañas de la organización hablando con empleados regulares, tratando de determinar si la visión del director general es entendida y compartida, y si los valores de la compañía significan más para la organización que simplemente hablar de los dientes para afuera a fin de complacer a la junta directiva. Ellos protegen a los accionistas no usando calculadoras, sino mostrando un buen juicio.
Lamentablemente, incluso buenas juntas directivas que usan un buen juicio no tienen muchas posibilidades contra los nuevos instrumentos financieros que causaron la actual crisis. Usted puede imaginar cómo eran las reuniones. Genios financieros aparecieron con presentaciones llenas de diapositivas y ofreciendo explicaciones en una jerga técnica imposible de entender.
En esas ocasiones, seguramente intentaron demostrar cómo podían lograrse beneficios gracias a la "sociedad de propietarios de viviendas" empaquetando hipotecas en una forma que trasladaba los riesgos a otras empresas. Esos genios informaron a sus juntas directivas que el crédito de los consumidores estaba aumentando con gran rapidez, pero que los modelos sólo pronosticaban pérdidas modestas. Y también aseguraron que, con bajas tasas de interés, grandes préstamos incobrables eran de alguna manera diferentes en ese ciclo que en el pasado.
"No se preocupen", seguramente dijeron a sus juntas directivas, "tenemos cubierta toda posibilidad de pérdidas". Obviamente, eso no era cierto. ¿Tendría que haber sabido eso la junta directiva? No, pero el director general y sus subordinados seguramente que sí. Y si lo ignoraban, la junta directiva tendría que haber percibido esa "brecha de conocimiento" en sus huesos. Y realmente, algunas juntas directivas merecen críticas por la actual situación.
Correr riesgos
Seguramente, los miembros de las juntas directivas de algunas instituciones financieras tendrían que haber presionado a sus directores generales y a los equipos de ejecutivos acerca de los riesgos, y exigir saber cómo los gerentes de riesgo eran recompensados. En cambio, muchas juntas directivas esperaron hasta que los periodistas comenzaran a formular preguntas antes de obligar a sus directores generales a cruzar la puerta. Tal vez en el futuro, las juntas directivas no aguardarán a la "ratificación" de una publicidad negativa para reaccionar.
Pero eso sólo puede ocurrir cuando las juntas directivas tienen la clase correcta de personas actuando en ellas. Esto es, miembros que, en un tiempo muy limitado, puedan mostrar un buen juicio y actuar con coraje. Miembros que puedan oír una presentación de algún ejecutivo y diferenciar entre aquellos que prometen de manera excesiva, y aquellos que entregan menos de lo prometido; entre un ejecutivo que es un vendedor de aceite de víbora, y uno por el cual pueden apostar su dinero. Miembros que se juegan el pellejo, entienden la compañía, y se preocupan profundamente por ella.
Si tienen que emerger lecciones de gobernabilidad de esta crisis, además de la necesidad de expectativas realistas, que ésa sea una de ellas. La lista de sectores culpables involucrados en la crisis actual es bastante larga. Y las juntas directivas pertenecen a esa lista. Pero no las coloquemos cerca del tope de la lista. Es darles demasiado crédito por una tarea que no pueden concretar.
EEUU ignora el destino de 350.000 millones
EEUU ignora el destino de 350.000 millones de dólares de ayuda a los bancos
El Gobierno de Estados Unidos se ha dado cuenta de que no tiene ni idea de qué ha pasado con los 350.000 millones de dólares que ha dado a los bancos para que volvieran a conceder préstamos, aunque sí sabe que el crédito apenas ha aumentado. "Algunas de las noticias que hemos visto en los últimos días hablan de empresas que han recibido ayudas y las han usado para reformar los baños o las oficinas", se quejó el viernes el nuevo presidente, Barack Obama.
Deben ser baños de oro, porque 350.000 millones de dólares es más que todo lo que producen, por ejemplo, los argentinos en un año.
Neil Barofsky, encargado de supervisar el uso de los fondos, ha reconocido que "prácticamente se desconoce... lo que los receptores de las inversiones del departamento del Tesoro han hecho con el dinero y sus planes para cumplir con los requisitos de compensación".
El programa impuso algunos límites a la remuneración de los directivos, pero los banqueros aparentemente no han tenido problemas en sortear el obstáculo.
Marrill Lynch en el punto de mira
El caso más flagrante hasta ahora ha sido el del banco de inversión Merrill Lynch, que en diciembre otorgó a sus ejecutivos entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en bonificaciones por buen desempeño, según ha revelado el diario "The Financial Times".
El consejo directivo de Merrill otorgó las bonificaciones días antes de informar de pérdidas por valor de 21.500 millones de dólares en el cuarto trimestre y mientras Bank of America, que accedió a comprar el banco en octubre, llamaba a la puerta del Gobierno para pedir más ayudas para llevar a cabo la operación.
Los premios fueron aprobados en diciembre, en lugar de en enero, como es usual, aparentemente para impedir que Bank of America bloqueara la decisión.
Al final, quien pagó por todo fue el contribuyente estadounidense, que dará préstamos por valor de 45.000 millones de dólares a Bank of America.
Em busca del favor del Congreso
Al mismo tiempo que han recibido el dinero del gobierno por su precaria situación económica, los bancos han continuado con sus programas de relaciones públicas para ganarse el favor del Congreso, según ha informado el diario "The Wall Street Journal".
Bank of America, por ejemplo, se gastó el año pasado más de cuatro millones de dólares para ese fin, frente al millón de dólares del 2007.
Barofsky ha dicho que pedirá a todas las entidades que se han beneficiado del fondo de rescate que expliquen en un plazo de 30 días qué han hecho con los fondos.
En lugar de dar créditos, han pagado deudas
La meta del plan era que la inyección de capital les permitiera reanudar la concesión de créditos para la compra de automóviles y viviendas, y les diera margen para ser flexibles con los propietarios de casas con el agua al cuello para pagar las letras.
En su lugar, todo indica que la mayoría de los bancos ha agrandado sus reservas o pagado deudas y no ha concedido más préstamos por miedo a que la crisis lleve a la quiebra al prestatario.
Eso probablemente les haga dormir mejor por la noche, pero no ayuda nada al ciudadano común, que sufre las consecuencias de una recesión aguda originada en gran medida por los riesgos excesivos que asumieron los banqueros en su deseo de enriquecerse.
Obligados a un seguimiento
Los bancos no tienen la obligación de divulgar qué han hecho con el dinero, según las reglas del programa aprobado en octubre.
La administración tampoco puede forzarles a prestar porque ha comprado acciones en los bancos sin derecho a voto, de forma intencional, según explicó entonces el secretario del Tesoro, Henry Paulson, porque no quería que el Gobierno se metiera a dirigirlos.
En el fondo de rescate quedan 350.000 millones de dólares y Obama quiere usarlos, pese a las críticas al programa, aunque ha prometido "más transparencia y control".
Muchos banqueros se han resistido hasta ahora a la llamada a arrimar el hombro en momentos de dificultad. Por ejemplo, John Thain, quien hasta el jueves era el principal ejecutivo de Merrill Lynch, gastó 1,2 millones de dólares en reformar su oficina hace un año, cuando su banco perdía miles de millones de dólares.
Su decorador fue Michael Smith, el mismo que escogió Michelle Obama para cambiarle la cara a la Casa Blanca. En este caso la factura para el contribuyente sólo ascendió a 100.000 dólares.
Steven Chu, un engranaje clave en la agenda energética de Obama
Steven Chu, un engranaje clave en la agenda energética de Obama
Por Stephen Power
Washington
Steven Chu, la elección del futuro presidente de Estados Unidos Barack Obama para dirigir el Departamento de Energía, se llevó la semana pasada su primera impresión de lo que será su vida en Washington.
Obama está basando una parte significativa de su plan de recuperación económica en la apuesta de que EE.UU. será capaz de cambiar drásticamente su manera de propulsar la economía.
Chu, premio Nobel de Física, considera la expansión de las plantas generadoras de electricidad tradicionales a partir de carbón su peor pesadilla. El científico dice no estar seguro de que algunos de los proyectos que Obama está estudiando con plantas de menores emisiones representen una solución al impacto del carbón sobre el medio ambiente. Sin embargo, cuando se reunió el 7 de enero con la delegación de Illinois en el Congreso, se mostró evasivo, asegurando que entiende la importancia de la investigación sobre la tecnología de carbón limpio. "Se rió y dijo que uno de los auténticos desafíos de su trabajo será acostumbrarse a la gente con la que trabajará en el gobierno y los pasillos del Congreso", dijo el senador de Illinois Dick Durbin.
Este es sólo un ejemplo de los asuntos que Chu, director del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, de la Universidad de California, enfrentará en su intento por conciliar las ambiciosas promesas del nuevo gobierno con medidas concretas.
De ser confirmado por el Congreso, lo que podría tener lugar el martes, su siguiente reto es utilizar el alcance y presupuesto relativamente limitados de su agencia como una plataforma para cambiar la forma en que los estadounidenses piensan sobre energía. El año pasado, Chu se quejó durante un discurso en Washington de que muchos estadounidenses "preferirían tener un mesón de granito" que gastar extra en eficiencia energética.
Pese a todo el entusiasmo que el nombramiento de Chu ha generado entre los ecologistas y científicos, el Departamento de Energía tiene un poder formal escaso a la hora de influir sobre las decisiones energéticas del país. La mayor parte del presupuesto del departamento va a parar a las armas nucleares y la modernización de laboratorios armamentísticos. Sus fondos para investigación y desarrollo se han precipitado desde un máximo de US$6.000 millones durante el gobierno de Jimmy Carter a US$1.400 millones el año pasado, según un informe reciente del Consejo de Liderazgo de Seguridad Energética, un grupo con sede en Washington.
Hijo de inmigrantes chinos, Chu fue uno de los ganadores del premio Nobel de Física en 1997 por su colaboración en el desarrollo de formas de atrapar átomos con rayos láser. Chu ha advertido en distintas ocasiones que el cambio climático tendrá importantes consecuencias económicas y sociales. Como director del laboratorio Lawrence Berkeley, se concentró en el desarrollo de biocombustibles avanzados y tecnologías de energía eficiente. Entre otras cosas, ayudó a crear un nuevo instituto de biociencias energéticas, financiado por el gigante petrolero BP PLC. A través de una vocera, Chu declinó ser entrevistado para este artículo.
Como secretario de Energía, el científico jugará un papel clave a la hora de ayudar a Obama a ejecutar sus ambiciosas metas de duplicar en unos tres años la capacidad de EE.UU. de generar energía eólica, solar y geotérmica. Los más escépticos, como el presidente ejecutivo de Exxon Mobil Corp., Rex Tillerson, aseguran que no hay suficiente capacidad manufacturera en el país para producir las turbinas eólicas necesarias para hacer realidad la visión de Obama.
El presidente electo también se comprometió a recaudar US$150.000 millones en los próximos 10 años para proyectos de tecnología de eficiencia energética y combustibles alternativos. Con todo, no se espera que la legislación que crearía un sistema semejante sea aprobada por el Congreso este año. Por eso, ha aumentado la presión sobre Washington para encontrar formas más rápidas de financiar dichos proyectos.
Bolivia abre la puerta a la negociación con Pan American Energy
Bolivia abre la puerta a la negociación con Pan American Energy
LA PAZ (Reuters) - El presidente Evo Morales se mostró el sábado dispuesto a negociar con Pan American Energy sobre la decisión del Gobierno de nacionalizar su filial en Bolivia, después de que la compañía se negara a traspasar su control al Estado.
El viernes, la petrolera estatal YPFB intervino a la compañía Chaco tras el fracaso de las negociaciones para que el Estado boliviano pudiera comprar una participación que le diera la mayoría accionarial.
La medida se ha adoptado dos días antes de que los bolivianos voten una reforma constitucional impulsada por Morales que le entregaría al Estado el control casi absoluto de la economía, profundizaría la nacionalización de los recursos naturales y otorgaría mayor poder a los indígenas.
Pan American Energy, controlada por BP, afirmó en un comunicado que defenderá "en todas las instancias" sus intereses en Chaco, aunque señaló que confiaba en lograr un entendimiento con el Gobierno.
"Va a haber conversaciones, por supuesto, con todas las empresas", afirmó Morales en una rueda de prensa, cuando se le preguntó si el Gobierno se sentaría a negociar con Pan American Energy.
Sin embargo, el mandatario añadió una advertencia:
"Cualquier inversionista, en cualquier rubro, lo primero que tiene que pensar es en respetar las normas bolivianas. Si no hay cierta voluntad de respetar las normas, tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros recursos naturales".
Al nacionalizar aproximadamente el 51 por ciento de Pan American Energy en Chaco, Bolivia recuperaba el control de las empresas petroleras mixtas, que eran gestionadas por empresas trasnacionales desde una privatización realizada a mediados de la década pasada.
YPFB, que ya tenía un 49 de la compañía, ofrecía pagar 4,8 millones de dólares (unos 3,7 millones de euros) a Pan American Energy por una participación algo superior al 1 por ciento que le permitiera controlar Chaco.
Bolivia tiene las segundas reservas de gas natural más grandes de Sudamérica, por detrás de Venezuela. Los principales importadores del fluido son Brasil y Argentina.
Uribe y Chávez se reúnen en Cartagena
Uribe y Chávez se reúnen en Cartagena
BOGOTA --
El presidente Alvaro Uribe recibe este sábado en el balneario caribeño de Cartagena a su colega venezolano Hugo Chávez, para un encuentro bilateral de un día, de agenda abierta, pero con marcado acento en el intercambio comercial de los dos países a raíz de la crisis económica mundial.La presidencia colombiana divulgó una agenda del encuentro indicando que la llegada de Chávez a Cartagena, balneario a unos 650 kilómetros al norte de Bogotá, esta prevista para el mediodía (17:00 GMT).
De inmediato, el visitante sostendrá un encuentro privado con Uribe y más tarde los dos presidentes sostendrán una reunión con varios de sus ministros, y ofrecerán una conferencia de prensa conjunta a las 16:30 (21:30 GMT), de acuerdo con la agenda oficial.
Uribe ha dicho que en la cita con Chávez busca discutir formas para encarar la crisis económica mundial y mantener el comercio de las dos naciones. Se trata del encuentro bilateral número 12 de los dos presidentes desde 2002, cuando comenzó el gobierno del colombiano.
María Luisa Chiappe, presidenta de la Cámara Colombo Venezolana, ha dicho que en 2008, Colombia exportó 6.000 millones de dólares a Venezuela, que a su vez vendió productos a Colombia por 1.200 millones de dólares, para una balanza de 7.200 millones de dólares.
El comercio bilateral fue de 5.200 millones de dólares en 2007.
Como el petróleo es la principal fuente de ingresos de divisas de Venezuela, se teme que esa nación reduzca sus importaciones debido a las bajas del precio internacional del crudo. Una merma en las importaciones venezolanas desde Colombia sería un impacto directo para el sector productivo colombiano, que tiene en el vecino país su segundo mercado, después de Estados Unidos.
En la cita de Cartagena además se anunciaría oficialmente la designación de Chiappe como nueva embajadora de Colombia en Venezuela, en sustitución de Fernando Marín, según ha indicado el canciller colombiano Jaime Bermúdez.
A su vez Caracas designaría al ex legislador Gustavo Márquez como su embajador en Bogotá, tras más de un año con la misión en manos de funcionarios de segundo renglón. Caracas retiró a su representante a fines del 2007 en medio de una serie de impasses diplomáticos por el rol de Chávez en busca de liberación de secuestrados en manos de las guerrillas.
Y aunque Uribe y Chávez dieron esos impasses como subsanados en marzo y el presidente colombiano realizó una visita a Venezuela en julio del 2008, la misión diplomática siguió sin embajador venezolano.
Evo Morales se juega en las urnas el futuro de su proyecto político
Evo Morales se juega en las urnas el futuro de su proyecto político
Los bolivianos acudirán mañana a las urnas para votar por una nueva Constitución que en el fondo podría definir la suerte del proyecto socialista del presidente Evo Morales, en otro capítulo de la prolongada crisis política en este país andino.
Varias encuestas anticipan el triunfo del ''sí'', pero Morales espera un respaldo contundente para avanzar sin la oposición. Los opositores prometen una sorpresa que los deje en buen pie para enfrentar las elecciones generales convocadas para diciembre.
De aprobarse el proyecto, Morales podrá aspirar a la reelección por una vez.
Los tres años que lleva en el gobierno coincidieron con una bonanza económica por los buenos precios de las materias primas y la nacionalización de los hidrocarburos. Pero la economía puede ser el talón de Aquiles del Gobierno por la alta dependencia del país de la exportación de materias primas: gas, minerales y soja.
Morales quiere ''refundar Bolivia'' con una constitución que consagra un estado ''plurinacional'' en un país de mestizos, indígenas y campesinos, aunque la oposición alega que el texto no expresa el sentir de todos los bolivianos y sospecha que el trasfondo es la reelección presidencial, lo que no permite la Constitución vigente.
Los indígenas y campesinos tendrán más poder. Los pueblos de tierras bajas contarán con una representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional lo que les dará igualdad de oportunidades frente a los aymaras y quechuas, las etnias mayoritarias.
Indígenas y campesinos tendrán presencia en todos los órganos del Estado, incluso contarán con su propia justicia y podrán juzgar según sus costumbres.
El texto incluye un régimen de autonomías para las regiones, principal bandera de los gobernadores de oposición, quienes ahora rechazan el proyecto porque consideran que no les otorga prerrogativas que reclaman. A los indígenas también reconoce autonomía.
La pregunta de la consulta señala: ¿Está usted de acuerdo con refrendar el texto del proyecto de Constitución presentado por la Asamblea Constituyente, y ajustado por la Comisión Especial del Congreso Nacional y que la misma sea promulgada y puesta en vigencia como nueva Ley Fundamental del Estado Boliviano?
Para el vicepresidente Alvaro García, ideólogo de la reforma, la nueva constitución reconoce para todos los ciudadanos igualdad ante el Estado, descentraliza el poder y fortalece el rol estatal en la economía.
El presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, dice que se trata de una ``constitución de corte socialista y chavista que no busca una economía para resolver la pobreza''.
Para el ex presidente centrista Carlos Mesa el texto tiene ``graves contradicciones y ambigüedades. Su principal deficiencia es haber dejado de lado la idea de igualdad al categorizar a los ciudadanos por razones de origen, color de piel o lengua consagrando la discriminación''.
Aunque no emergió de un pacto social por disputas en la Asamblea Constituyente, es la primera constitución que será sometida a voto. ''Es una constitución que reconfigura un nuevo estado e impulsa el pluralismo multicultural'', comentó el profesor universitario Fernando Mayorga.
Desde el 2003 Bolivia ha cambiado a cuatro presidentes; han habido cinco referendos en los últimos nueves meses y rebeliones regionales que han estado a punto de provocar la división del país.
La pregunta ahora es si la futura Constitución ayudará a recomponer el camino.
En su informe al Congreso al cumplir el jueves tres años en el gobierno, Morales dijo que el proyecto constitucional permitirá ``reencontrar nuestro presente con nuestro pasado, rindiendo tributo a todas las mujeres y hombres que a lo largo de más de 500 años ofrendaron sus vidas para que nosotros construyamos un futuro para vivir bien''.
El proyecto declara a la coca ''patrimonio cultural'' y ''factor de cohesión social''; reconoce como oficiales a 36 lenguas indígenas y obliga a funcionarios públicos a utilizar al menos dos, una de ellas el español.
Prohibe la instalación de bases militares extranjeras; propone la elección de magistrados del Tribunal Supremo por voto y declara que Bolivia tiene ``derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico''.
Obama revierte prohibición para financiar abortos
Obama revierte prohibición para financiar abortos
Grupos liberales recibieron la decisión con beneplácito, mientras que los enemigos de los derechos al aborto criticaron al presidente.
Conocida como "política de la Ciudad de México", la prohibición ha sido implementada y posteriormente revertida por presidentes republicanos y demócratas desde que el republicano Ronald Reagan la estableció en 1984. El demócrata Bill Clinton la canceló en 1993, pero el republicano George W. Bush la volvió a instituir en el 2001 como uno de sus primeros actos en el puesto.
Un vocero de la Casa Blanca, Bill Burton, dijo que Obama firmó una orden ejecutiva sobre la prohibición el viernes por la tarde, sin la presencia de los medios de comunicación, en contraste con la firma de otras órdenes a mediodía que gozaron de una amplia cobertura días antes.
La acción de Obama llega un día después del 36 aniversario del emblemático fallo Roe versus Wade de la Corte Suprema, que legalizó el aborto en Estados Unidos.
La política de Bush había prohibido que el dinero de los contribuyentes estadounidenses, generalmente en fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional, fuera destinado a grupos de planeación familiar que realizan abortos o proporcionan información, asesoría y canalizan a personas que buscan tener un abortos. La ley también había prohibido que se dieran fondos federales para los grupos que promueven la legalización del aborto o lo propugnan como un método de planificación familiar.
Tanto Obama como la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton, que supervisará la ayuda al exterior, habían prometido retirar la norma durante la reñida campaña presidencial. Clinton visitó el viernes la Agencia Federal para el Desarrollo Internacional, pero no hizo ninguna referencia a la medida.
Obama ha dedicado sus primeros días como presidente a firmar incesantemente órdenes ejecutivas que revierten las pautas del gobierno de Bush sobre temas tan distintos como la política exterior o las operaciones gubernamentales.
Las cámaras de televisión fueron invitadas a los anuncios del miércoles sobre normas éticas y para la firma del jueves de las órdenes que clausuran la prisión de la Bahía de Guantánamo y prohiben la tortura en los interrogatorios a presuntos terroristas.
En otra acción relacionada con la anulación de la medida contra el apoyo a las instituciones en favor del aborto, se espera que Obama restablezca también la ayuda monetaria para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, posiblemente en su próximo presupuesto.
Tanto él como Clinton han pugnado por revertir una resolución del gobierno de Bush, que calificaba el ayudar a esa organización como un acto contrario a las leyes estadounidenses por su presunto apoyo a las medidas de aborto coercitivo y esterilización involuntaria en China. La dependencia de la ONU a negado categóricamente esas aseveraciones.
La "política de la Ciudad de México" fue llamada así después de que esta ciudad fue sede de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Población, en la cual esta política fue dada a conocer.
En el 2007 la Ciudad de México legalizó los abortos para mujeres con menos de 12 semanas de embarazo.
Reelección presidencial divide a venezolanos
Reelección presidencial divide a venezolanos
CARACAS --
La propuesta de enmienda constitucional que impulsa el mandatario venezolano Hugo Chávez para lograr la reelección presidencial ilimitada, ha agudizado la polarización entre los venezolanos que salieron el viernes divididos a marchar en la capital a favor y en contra de la iniciativa.Mientras varios miles de universitarios y opositores marcharon en el este de la capital contra la reelección presidencial indefinida, en el centro de la ciudad se concentraron otros miles de simpatizantes de Chávez para expresar su apoyo al gobernante.
Desde una plaza del centro de Caracas, Chávez llamó el viernes a sus seguidores a que "cada día arrecie más la batalla" a favor de la enmienda constitucional. "Le vamos a dar un knock-out a los escuálidos, a los burgueses y a los burguesitos, a los pitiyanquis (pro estadounidenses) y a los pitiyanquitos", agregó.
"Uh, ah, Chávez no se va", voceaban varios miles de seguidores del gobernante venezolano y empleados públicos que recorrieron algunas vías del centro de Caracas para manifestar a favor de la reelección presidencial.
Chávez reiteró la polémica orden que dio el pasado fin de semana a la policía de reprimir con gases lacrimógenos a los estudiantes que realicen incendios y tranquen vías.
El mandatario recordó el aniversario del 23 de enero de 1958, fecha en la que se conmemora el establecimiento de la democracia en Venezuela luego de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.
Bajo las consignas "no es no", y entre pancartas en las que se decía "No a la delincuencia perpetua, no a la escasez indefinida", varios miles opositores tomaron algunas calles del este y centro de Caracas para manifestar contra la reelección presidencial ilimitada.
La marcha, que se desarrolló de forma pacífica bajo el resguardo de varios centenares de policías, culminó en los alrededores de la céntrica Plaza Venezuela.
"Estamos cansados que este gobierno nos siga pisoteando y siga destruyendo la esperanza del pueblo venezolano. El presidente tiene un discurso de odio, el presidente está dividiendo al pueblo y no lo vamos a dejar", expresó Jesús Fermín, un estudiante de 22 años becado en la Universidad Metropolitana.
Fermín, quien llevaba en su pecho una banda que decía "yo también quiero ser presidente", afirmó que estaba en contra de la reelección presidencial porque "Chávez le está cercenando el futuro a las nuevas generaciones".
"Yo soy pobre. Vengo de un barrio, del cerro, y estoy en contra de la reelección perpetua de Chávez", comentó la costurera Raiza Velásquez, de 43 años.
"No me parece nada bueno que Chávez quiera quedarse para toda la vida en el gobierno. Eso es un Fidel venezolano", agregó.
Del lado opuesto de la moneda se encontraba el profesor universitario retirado, José Jiménez, de 66 años, que expresó que "tenemos que apoyar la enmienda. La aprobación de la enmienda no es para que el presidente se perpetúe en el poder, sino por la continuidad del proceso".
"Pueden entrar otros líderes, pero en este momento es necesario que Chávez" siga, comentó Elba Chacón, una abogada de 43 años.
De aprobarse la modificación en la Carta Magna en el referendo del 15 de febrero, Chávez podría optar a un nuevo mandato al concluir en febrero de 2013 el actual.
Chávez fue electo por primera vez en diciembre de 1998. Luego del proceso constituyente del 2000, el mandatario fue ratificado en su cargo a finales de ese año para gobernar por seis años.
En diciembre del 2006 Chávez logró la reelección por un período adicional que concluye en febrero del 2013.
AMERICA LATINA
Economic policy in Mexico
Damage control
A Latin American country softens recession with counter-cyclical policies
MANUFACTURERS and banks are firing workers. The value of wages fell last year. Credit card debts are piling up. The economy began to contract in the last quarter of last year. Mexico has been here before. But there are two big differences between this recession and the three that preceded it in the past quarter of a century. This time the problem stems from economic mismanagement in the United States, not at home. And for the first time Mexico’s government is in a position to lean against the economic cycle with expansionary fiscal and monetary policies.
On January 16th the Bank of Mexico, the independent central bank, cut its benchmark interest rate by half a percentage point (to 7.75%). It was the first cut since April 2006, but will not be the last. Having worried about inflation, which climbed to 6.5% last year, the bank is now more concerned about the sinking economy.
Days earlier President Felipe Calderón unveiled fiscal measures amounting to an injection of 1% of GDP, including cuts in energy prices, extra investment in roads, railways and oil wells, and measures to extend medical cover, welfare benefits or temporary jobs to the unemployed. That comes on top of an expansionary budget for this year, and a previous fiscal stimulus last October (which included extra payments to poorer Mexicans). All told, the government is injecting about three percentage points of GDP.
Officials are under no illusion that this will prevent recession. Few countries are as vulnerable as Mexico to the turmoil originating in the United States. The North American Free-Trade Agreement has tied industry in both countries closely together (see chart). Remittances from Mexicans working across the border fell sharply in November, while fewer tourists will venture south. The finance ministry talks of zero growth for 2009, but that is “optimistic”, says Guillermo Ortiz, the Bank of Mexico’s governor. It assumes a recovery in the United States (and Mexico) in the second half of the year.
Officials hope, however, they can at least limit the damage from the global credit crunch. This hit Mexico suddenly in September, when the peso devalued (it has lost about 25% of its value against the dollar). Several Mexican companies lost billions on derivative contracts (one of them, Comercial Mexicana, a large retailer, went bankrupt). The foreign banks that dominate Mexico’s financial system stopped lending, as they shored up their balance-sheets at home.
The government stepped in, guaranteeing credit lines and offering loans to small businesses through the development bank, Nafinsa. The peso has stabilised after the central bank spent $15 billion of its reserves; it still has $85 billion, plus a swap line of $30 billion from the United States Federal Reserve which it has not used. The volume of bad debts is rising, especially on credit cards. But the financial system is solid, and credit is available again—at a price. The risk premium (over the yield on United States treasury bonds) on Mexican corporate bonds has risen fivefold to over 1,000 basis points, says Mr Ortiz.
The government’s efforts are aimed at limiting the social impact of recession. The fiscal measures might save up to 150,000 jobs, says one official. Even so, with about 900,000 joining the workforce each year, unemployment is bound to rise (it climbed from 4% to 4.8% in November alone). Migration to a recession-hit United States no longer offers much of a safety valve.
In past recessions Mexico has had to cut public spending. That it is different this time is tribute to the health of public finances. Public debt is only around 30% of GDP (and a fifth of that comprises contingent liabilities that the government may never have to repay). Only $3.2 billion of foreign public debt falls due this year—and the government has already raised $2 billion in a bond issue last month. Skilful hedging by the finance ministry has softened the fall in the price and production of oil, which provides a third of government revenue. Mexico presold its oil output for 2009 at $70 a barrel—almost twice the current market price.
If recession persists into 2010, the government can still stimulate the economy, albeit on a smaller scale, points out Alejandro Werner, the deputy minister of finance. When the economy was growing, the government saved a sum equivalent to 1.8% of GDP in stabilisation funds which have not yet been spent. And the devaluation of the peso means that dollar oil revenues will go further in pesos.
This greater resilience applies, too, to Mexico’s manufacturing industry. Many firms went bankrupt or moved in the last recession in 2001, when they were unable to compete with China after it joined the World Trade Organisation. Those that remain are much more efficient and have cut costs “furiously” since the middle of 2007, according to Alfredo Thorne of JPMorgan, an investment bank. They will be helped by devaluation. This might normally prompt more American firms to move south of the border. They are being discouraged by a wave of violent crime.
The recession is a blow to Mr Calderón’s hopes of winning a majority in a legislative election in July. It is a small consolation that the government can act to curb the damage. It would be a bigger one if it felt emboldened to undertake the structural reforms—of monopolies in energy, telecoms and television, for example—that Mexico needs to become a more dynamic and competitive economy.
Bolivia's new constitution
A passport to Utopia
Evo Morales campaigns for a great leap forward. Or back, say some
IT HAS certainly been colourful. In peasant communities across the Andean highlands, Aymara Indian elders dressed up in ceremonial red ponchos and knitted caps, a rawhide whip knotted around one shoulder as a badge of authority, have been convening open-air meetings to urge support for a new constitution designed to give special rights and privileges to Bolivians of indigenous descent. Their wish is likely to be granted in a referendum on January 25th. But the new charter risks further dividing an already polarised country.
Its supporters, led by President Evo Morales, a socialist of Amerindian descent, argue that the constitution will reverse centuries of discrimination. An idealistic, almost Utopian document, it defines Bolivia, wordily, as “a United Social State of Plurinational Communitarian Law”. But opponents claim that, far from deepening democracy, its application will in practice undermine it.
Mr Morales is popular, in part because since taking office in January 2006 he has presided over a commodity boom (which is now fizzling). His support is particularly strong among the 50% of Bolivians officially classed as “indigenous”. Although the government has distributed the text widely, few Bolivians have read the new constitution—a 411-article blockbuster. Ministers have been loth to debate its details. They are trying to turn the constitutional vote into a referendum on Mr Morales and his attempt to “refound” Bolivia along “indigenous” and socialist lines. Since the president won a recall referendum on his rule last August with 67% of the vote, he seems likely to prevail, although the opposition has gained momentum in recent weeks.
Opponents claim that the new constitution will impose a dogmatic socialism, curtail human rights and undermine property rights and the rule of law. Opposition is led by regional leaders in the more prosperous eastern lowlands, but it also includes respected academics such as Carlos Mesa, a former president, and Víctor Hugo Cárdenas, an intellectual of Aymaran descent who as vice-president in the 1990s introduced bilingual education.
The new charter will give sweeping rights to the country’s 36 indigenous groups (some of whom number only a few hundred people). Supporters argue that this reverses centuries of injustice since the Spanish conquest, and ensures that a “white” minority can no longer boss Indians around. Critics say the constitutional blessing of collective rights and traditional authorities smacks of corporatism and will entrench undemocratic caciques (political bosses).
The text gives official recognition to “community justice” imparted by elders, and introduces the popular election of judges and members of a judicial council. These measures are intended to clean up a corrupt judiciary. Opponents say they will politicise justice, create jurisdictional conflicts and uncertainty for the police, and legitimise mob justice in the form of lynchings and stonings, which have become more common over the past two years.
In a supplementary question Bolivians will also be asked to choose to limit landholdings either to 5,000 hectares (12,400 acres) or to 10,000 hectares. This is to curb the power of big landowners in the east, some of whom gained their land illegally from military governments. Many of them are among Bolivia’s most efficient farmers.
The constitution mandates “social control” of public institutions by “organised civil society”. This provision, too, is ostensibly aimed at cutting corruption. How it would work in practice is unclear, but critics fear that it will legitimise mob rule. Education is to become “decolonising”, “liberating” and “revolutionary”—or doctrinaire and partisan, if you prefer. The Catholic church has been angered by clauses which could be interpreted as legalising abortion and gay marriage.
The opposition worries that in the highlands the vote may not be free. It notes that in some peasant communities Mr Morales won almost 100% of the votes in the recall referendum. That may reflect an Amerindian tradition of collective decision-making. “We are not telling our people what to vote, they are aware of what is going on, they already know what to vote,” says Oscar Mamani, an elder in Collana, a village south of La Paz. In the capital, government supporters are less coy. Government workers and money have been shamelessly mobilised to campaign for a yes vote.
If they triumph, a new general election will be held in December, in which Mr Morales would be able to run for a second term. Some leaders of his Movement to Socialism want to bring the election forward. Bolivia’s economic outlook is dark. Mr Morales scared off investment by nationalising the natural-gas industry, telecoms and parts of mining. That boosted government revenues in the short term, but is now jeopardising them. Miners are being laid off because of plunging mineral prices. The price of gas exports has fallen too, while Brazil (the main market) has cut imports by a third because of a slowing economy and plentiful rainfall for hydroelectricity. To make matters worse, Bolivian migrants are returning from recession-hit Spain, cutting remittances. The public finances are set to go into deficit this year.
At heart, the constitutional referendum involves a choice as to whether or not Bolivia should graft on to an imperfect Western liberal democracy a socialist model that owes rather more to the corporatism of Spanish colonial rule (but with Amerindians, rather than conquistadors, in charge) than to Marx. A less confrontational president than Mr Morales might find a more harmonious way to blend the two. As it is, his probable victory risks setting his country on a path of chaotic conflict, government paralysis and continuing economic backwardness.
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