Iniciativa México: medios de comunicación cierran filas ante la violencia
Más de 715 grupos informativos, estaciones de radio y televisión, periodistas, intelectuales y activistas sociales, acuerdan reglas comunes para abordar los temas relacionados con la delincuencia organizada
Carlos Quiroz/ Foto: Eduardo Jiménez
Olegario Vázquez Aldir (Grupo Imagen); Emilio Azcárraga Jean (Televisa) y Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), se ponen de acuerdo. Cerrarán el paso a la violencia
CIUDAD DE MÉXICO, 24 de marzo.- Empresarios de los medios de comunicación, periodistas, intelectuales, académicos, comunicadores, artistas y deportistas se dieron cita en el Museo Nacional de Antropología para atestiguar la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.
Se trata de no hacer apología de la violencia, de establecer lineamientos informativos comunes, no ser voceros de crimen y proteger a los periodistas mexicanos amenazados por las bandas delictivas y el narcotráfico.
El "Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia", firmado en el marco de la segunda edición de Iniciativa México, establece la creación de un órgano ciudadano de observación para dar certidumbre de que los medios de comunicación cumplen con los compromisos éticos pactados.
En una reunión llevada a cabo en el Museo Nacional de Antropología, se firmó un documento donde se explica que "México vive una situación sin precedentes por los niveles y las formas que ha adoptado la violencia que proviene de la delincuencia organizada. Esta situación ha puesto a prueba la capacidad del Estado para combatir a los grupos que han hecho del terror su modo de operar. El poder intimidatorio y corruptor criminal se ha constituido en una amenaza a las instituciones y prácticas que sustentan nuestra vida democrática".
Así, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, los directivos de medios de comunicación se unieron para firmar el protocolo que ampara la libertad de expresión, que da seguridad a los periodistas y fija las bases para construir un país alejado del miedo.
Entre los compromisos están tomar postura en contra de la violencia, no convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada, dimensionar adecuadamente la información, atribuir responsabilidades explícitamente, no prejuzgar culpables, cuidar a las víctimas y a los menores de edad, alentar la participación y la denuncia ciudadana, proteger a los periodistas, solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios y no interferir en el combate a la delincuencia.
"La delincuencia organizada, y el terror que ha logrado propagar,amenaza ya en algunos lugares del país las libertades fundamentales de la sociedad. La posibilidad de expresarse, de reunirse o de transitarlibremente está muy limitada en localidades importantes del país", se explica.
"Los medios no somos ajenos a esta situación. Según los organismos internacionales más importantes en la materia, México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo y la libertad de prensa por la presión de la delincuencia organizada. El reto que hoy enfrentamos desde los medios es seguir informando a la sociedad en un contexto de alto riesgo. Para lograrlo, necesitamos de una estrategia que permita a los informadores continuar con su trabajo y no dejar que el terror vaya cancelando plazas informativas. Hoy, la libertad de expresión está amenazada".
También establece que "la responsabilidad del combate a la delincuencia organizada recae en los órganos de los tres niveles de gobierno del Estado mexicano. Puede y debe debatirse si la forma en que el gobierno ha decidido combatir al crimen organizado es la adecuada. Pero ese debate tiene que partir del reconocimiento de la obligación constitucional que tiene el gobierno de cumplir y hacer cumplir la ley".
Entre los adherentes están Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles, del cual forma parte Grupo Imagen Multimedia, con Excélsior, Imagen Radio y Cadena Tres; Emilio Azcarraga Jean, presidente de Televisa; Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca; Rogerio Azcárraga, presidente de Grupo Fórmula y Francisco A. González, de Grupo Multimedios, entre otros.
Por los testigos ciudadanos que avalaron el acuerdo estuvieron el rector de la UNAM, José Narro Robles; el politólogo Federico Reyes Heroles y el empresario Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinepolis, entre otros.
El documento ciudadano también está respaldado por más de 45 representantes de organizaciones sociales, entre quienes se encuentran Isabel Miranda de Wallace, Maria Elena Morera y organismos como el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
Busca Napolitano agilizar el comercio
Busca Napolitano agilizar el comercio en la frontera México-EU
La secretaria de Seguridad Interna estadunidense, se reunió con líderes empresariales y alcaldes de comunidades fronterizas
Notimex
La funcionaria federal explicó en conferencia de prensa que en el encuentro también se analizó cómo revertir las percepciones negativas que padecen las comunidades fronterizas a causa de la violencia generada por el narcotráfico en México.
“Estoy complacida” de recibir por parte de alcaldes y empresarios “el mensaje de que la frontera está abierta para los negocios”, declaró la secretaria.
Napolitano aseguró que a pesar de la creciente violencia que azota a la zona, el comercio a lo largo de la frontera se ha incrementado y sostuvo que la administración del presidente Barack Obama está comprometida “a fomentar una región fronteriza segura y próspera".
La seguridad en la frontera sur de Estados Unidos "es mejor ahora, que nunca antes'', y la violencia desde México no se ha propagado al norte de manera seria, señaló.
Además agregó que en el gobierno de Obama se han dado pasos para dar seguridad y fluidez al comercio legal y a los flujos de personas a través de la frontera.
Para ello, indicó, se ha trabajado con los líderes locales para actualizar la infraestructura y reducir los tiempos de espera en los puertos de entrada fronterizos y para incrementar la seguridad.
Napolitano fue acompañada por el subsecretario de Comercio Internacional, Francisco Sánchez; por el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Alan Bersin; y por los alcaldes de las comunidades fronterizas de El Paso, Yuma y Nogales, Arizona.
ciudades charter para inmigrantes
La alternativa a la ayuda externa: ciudades charter para inmigrantes
La revista Prospect publica un artículo del economista Paul Romer sobre los beneficios de crear ciudades charter en territorios deshabitados, administradas por Estados occidentales solventes y con las puertas abiertas al capital y a la inmigración.
Albert Esplugas
Paul Romer, experto en crecimiento económico de la Universidad de Stanford, propone las ciudades charter como alternativa a la ayuda externa. Lo que necesitan los pobres de Haití, dice Romer, son nuevas ciudades con normas distintas a las que poder inmigrar, y los Estados occidentales son los que deben construirlas y gestionarlas.
Entre las lentas reformas internas y la recolonización
Muchos países pobres están atrapados en un círculo vicioso de malas normas. Las garantías de los gobiernos a los potenciales inversores no tienen la credibilidad suficiente. Sus líderes pueden combatir la corrupción, establecer tribunales independientes y mejorar las normas sobre los derechos de propiedad, pero estas reformas encuentran resistencia y se implementan muy lentamente.
Una vía más rápida sería imponer un marco normativo funcional desde fuera por la fuerza, como sucedió en el período colonial. Romer señala que hay evidencias de que algunas ex colonias son hoy más prósperas gracias a las normas establecidas durante la ocupación.
Pero este beneficio económico raramente compensó los años de dominación y la oposición violenta que provocó. Las intervenciones militares humanitarias, opina Romer, solo se justifican en circunstancias extremas. Para el economista americano hay una opción a medio camino entre los intentos de recolonización y las lentas reformas internas: las ciudades charter.
Ciudades charter administradas por Occidente
Una ciudad charter es una nueva ciudad creada en territorio deshabitado y con unos fueros o estatutos garantizando una serie de normas que son ejecutadas por un gobierno existente o conjunto de gobiernos. Si la nueva ciudad establece normas atractivas crecerá y prosperará de forma natural con la entrada de inmigrantes, empresarios e inversiones en infraestructuras.
Paul Romer explica cómo podría desarrollarse una ciudad charter. Un gobierno en un país pobre invitaría a un Estado occidental a administrar una zona deshabitada fiel a unos estatutos previamente acordados. Personas de ese país pobre y de otras partes del mundo se desplazarían para trabajar y vivir en la ciudad emergente.
Las normas de la nueva urbe crearían oportunidades laborales y de inversión, y el hecho de ubicarse en territorio antes deshabitado garantizaría que todos sus residentes han elegido vivir allí con pleno conocimiento de sus normas.
El mundo tiende a la urbanización y, según encuestas de Gallup, 700 millones de personas estarían dispuestas a desplazarse permanentemente a un país que les ofreciera seguridad y oportunidades económicas.
En lugar de expandir las barriadas pobres de los grandes centros urbanos en el Tercer Mundo, los inmigrantes podrían ser acogidos en ciudades charter que ofrezcan viviendas de bajo coste, trabajo, un ambiente seguro y normas más eficientes.
Romer apunta que hay amplias áreas deshabitadas en la costa de África sub-sahariana que son demasiado secas para la agricultura. Una ciudad puede crecer incluso en la localización más seca, con ayuda de desalinizadoras y agua reciclada si es preciso.
La ciudad no tiene por qué ser directamente administrada por el Estado occidental asociado, los residentes podrían ejecutar ellos mismos las normas de los estatutos siempre que aquél retuviera el poder último de decisión.
La experiencia de Mauricio, Singapur y Hong Kong
En la República de Mauricio el tribunal de apelación de última instancia es aún el British Privy Council, el tribunal de la antigua metrópolis inglesa. Romer cita este ejemplo como uno de los muchos tipos de combinaciones posibles en el contexto de las ciudades charter.
En los años 90 Singapur, bajo la dirección del primer ministro Lee Kuan Yew, había experimentado con una idea similar, contribuyendo a crear nuevas ciudades en China e Indonesia que luego ayudaría a administrar.
Pero los gobiernos nacionales retuvieron poderes discrecionales que interferían con la gestión de Singapur. Por este motivo Romer considera necesaria la firma de tratados que asignen explícitamente el control de la ciudad.
Romer opina que la administración de Hong Kong por parte del Reino Unido ha sido el ejemplo más cercano de ciudad charter. China proporcionaba la tierra y la gente, y el Reino Unido las normas para una economía de mercado y una convivencia ordenada. Este escenario no nació de un acuerdo entre los dos países, pero el resultado fue positivo y el éxito de Hong Kong contribuyó a las reformas económicas en la China continental.
Una ciudad charter para los haitianos
Tras el terremoto de Haití, Paul Romer ha sugerido la creación de ciudades charter que acojan a inmigrantes haitianos dispuestos a trabajar y a empezar una nueva vida. La presión competitiva de la emigración también podría acelerar la mejora de las instituciones y las normas en Haití. Si las naciones de la región crearan sólo dos ciudades charter en territorios cercanos éstas podrían albergar a toda la población.
En respuesta al terremoto el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, ha hecho una oferta de tierra a inmigrantes haitianos. El gobernante ha dicho que “Senegal está dispuesto a ofrecer parcelas de tierra, incluso una región entera”.
Zonas económicas libres y ciudades privadas
Las zonas económicas libres o zonas francas en territorio nacional también permiten la aplicación de normas más eficientes para atraer empresas y capital. El Dubai International Financial Centre se rige por leyes distintas a las del resto del emirato. Un juez británico retirado es el principal responsable de gestionar el derecho anglosajón que rige en los 110 acres de la zona económica libre. El Gobierno de Dubai, ávido por captar inversores, se plantea la administración de la zona en términos puramente empresariales.
En Corea del Sur operan varias zonas económicas libres que ofrecen notables ventajas a los inversores: exenciones y rebajas fiscales temporales en impuestos sobre la renta y beneficios, exenciones en tarifas a la importación de bienes de capital, regulaciones mínimas sobre el uso del suelo para la construcción y ampliación de factorías.
El Gobierno coreano propuso a la empresa americana Gale International la creación de una ciudad comercial, verde y tecnológicamente avanzada, en una de esas zonas económicas libres. Gale ha tomado prestado 35.000 millones de dólares de bancos coreanos para erigir sobre terreno yermo Songdo City, una ciudad de seis quilómetros cuadrados con rascacielos de oficinas, aeropuerto, puerto, residencias y parques. Este distrito de negocios internacional tendrá capacidad para 300.000 personas durante el día, y Cisco se ha sumado al proyecto para desarrollar una tecnología que haga que la ciudad sea "inteligente". Songdo City no estará terminada hasta 2015.
Abu Dhabi también está desarrollando un proyecto similar: Masdar City, una ciudad de negocios diseñada por Foster + Partners que dependerá exclusivamente de energías renovables y no emitirá contaminación.
Comunidades en alta mar
El concepto de ciudades charter enlaza con la iniciativa de Patri Friedman y el Seasteading Institute, que busca aumentar la competencia entre unidades políticas y la experimentación con distintas normas y sistemas legales. En particular, abogan por la creación de plataformas o ciudades en alta mar, fuera de la jurisdicción de otros países, abiertas a la incorporación de familias y empresas que acepten las normas de la comunidad.
La soberanía de los Estados termina a 12 millas de la costa, en el océano. Existen jurisdicciones parciales sobre zonas de pesca, recursos marinos etc. pero es concebible establecer plataformas flotantes u otras instalaciones artificiales en las zonas económicas exclusivas o en aguas internacionales, donde al principio sería necesario comprar banderas de conveniencia a los países que propusieran la mejor oferta.
Tanto las ciudades charter de Romer como las comunidades en alta mar de Friedman apuntan en una misma dirección: la creación de nuevas entidades políticas en zonas deshabitadas, con normas atractivas que promuevan la inmigración y la inversión.Ciudades charter
Ciudades charter
Una ciudad charter es una nueva ciudad creada en territorio deshabitado y con unos fueros o estatutos garantizando una serie de normas que son ejecutadas por un gobierno existente o conjunto de gobiernos. Si la nueva ciudad establece normas atractivas, crecerá y prosperará de forma natural con la entrada de inmigrantes, empresarios e inversiones en infraestructuras.
El proponente más destacado de las ciudades charter es Paul Romer, experto en crecimiento económico de la universidad de Stanford. En su artículo For richer, for poorer para la revista Prospect sintetiza su visión y sostiene que lo que necesitan los pobres de Haití que se han quedado sin techo después de la catástrofe son nuevas ciudades con normas distintas a las que poder inmigrar, construidas y gestionadas por Estados occidentales.
Entre las lentas reformas internas y la recolonización
Muchos países pobres están atrapados en un círculo vicioso de malas normas. Las garantías de los gobiernos a los potenciales inversores no tienen la credibilidad suficiente. Sus líderes pueden combatir la corrupción, establecer tribunales independientes y mejorar las normas sobre los derechos de propiedad, pero estas reformas encuentran resistencia y se implementan muy lentamente.
Una vía más rápida sería imponer un marco normativo funcional desde fuera por la fuerza, como sucedió en el período colonial. Paul Romer señala que hay evidencias de que algunas ex colonias son hoy más prósperas gracias a las normas establecidas durante la ocupación. Pero este beneficio económico raramente compensó los años de dominación y la oposición violenta que provocó. Las intervenciones militares humanitarias solo se justifican en circunstancias extremas. Romer sugiere una opción a medio camino entre los intentos de recolonización y las lentas reformas internas: las ciudades charter.
Ciudades charter administradas por Occidente
Romer explica cómo podría desarrollarse una ciudad charter. Un gobierno en un país pobre invitaría a un Estado occidental a administrar una zona deshabitada fiel a unos estatutos previamente acordados. Personas de ese país pobre y de otras partes del mundo se desplazarían para trabajar y vivir en la ciudad emergente. Las normas de la nueva urbe crearían oportunidades laborales y de inversión, y el hecho de ubicarse en territorio antes deshabitado garantizaría que todos sus residentes han elegido vivir allí con pleno conocimiento de sus normas.
El mundo tiende a la urbanización y, según encuestas de Gallup, 700 millones de personas estarían dispuestas a desplazarse permanentemente a un país que les ofreciera seguridad y oportunidades económicas. En lugar de expandir las barriadas pobres de los grandes centros urbanos en el Tercer Mundo, los inmigrantes podrían ser acogidos en ciudades charter que ofrezcan viviendas de bajo coste, trabajo, un ambiente seguro y normas más eficientes.
Romer apunta que hay amplias áreas deshabitadas en la costa de África sub-sahariana que son demasiado secas para la agricultura. Una ciudad puede crecer incluso en la localización más seca, con ayuda de desalinizadoras y agua reciclada si es preciso. La ciudad no tiene por qué ser directamente administrada por el Estado occidental asociado, pues los residentes podrían ejecutar ellos mismos las normas de los estatutos siempre que aquél retuviera el poder último de decisión.
La experiencia de Mauricio, Singapur y Hong Kong
En la República de Mauricio el tribunal de apelación de última instancia es aún el British Privy Council, el tribunal de la antigua metrópolis inglesa. Romer cita este ejemplo como uno de los muchos tipos de combinaciones posibles en el contexto de las ciudades charter.
En los años 90 Singapur, bajo la dirección del primer ministro Lee Kuan Yew, había experimentado con una idea similar, contribuyendo a crear nuevas ciudades en China e Indonesia que luego ayudaría a administrar. Pero los gobiernos nacionales retuvieron poderes discrecionales que interferían con la gestión de Singapur. Por este motivo sería necesaria la firma de tratados que asignasen explícitamente el control de la ciudad.
Romer considera que la administración de Hong Kong por parte del Reino Unido ha sido el ejemplo más cercano de ciudad charter. China proporcionaba la tierra y la gente, y el Reino Unido las normas para una economía de mercado y una convivencia ordenada. Este escenario no nació de un acuerdo entre los dos países, pero el resultado fue positivo y el éxito de Hong Kong contribuyó a las reformas económicas en la China continental.
Una ciudad charter para los haitianos
Tras el terremoto de Haití, Paul Romer ha sugerido la creación de ciudades charter que acojan a inmigrantes haitianos dispuestos a trabajar y a empezar una nueva vida. La presión competitiva de la emigración también podría acelerar la mejora de las instituciones y las normas en Haití. Si las naciones de la región crearan sólo dos ciudades charter en territorios cercanos, podrían albergar a toda la población.
En respuesta al terremoto el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, hizo una oferta de tierra a inmigrantes haitianos. El gobernante ha dicho que "Senegal está dispuesto a ofrecer parcelas de tierra, incluso una región entera". Pero no está claro que esta posibilidad vaya a materializarse.
Las zonas económicas libres o zonas francas en territorio nacional también permiten la aplicación de normas más eficientes para atraer empresas y capital. El Dubai International Financial Centre se rige por leyes distintas a las del resto del emirato. Un juez británico retirado es el principal responsable de gestionar el derecho anglosajón que rige en los 110 acres de la zona económica libre. El Gobierno de Dubai, ávido por captar inversores, se plantea la administración de la zona en términos puramente empresariales.
En Corea del Sur operan varias zonas económicas libres que ofrecen notables ventajas a los inversores: exenciones y rebajas fiscales temporales en impuestos sobre la renta y beneficios, exenciones en tarifas a la importación de bienes de capital, regulaciones mínimas sobre el uso del suelo para la construcción y ampliación de factorías.
El Gobierno coreano propuso a la empresa americana Gale International la creación de una ciudad comercial, verde y tecnológicamente avanzada, en una de esas zonas económicas libres. Gale ha tomado prestado 35.000 millones de dólares de bancos coreanos para erigir sobre terreno yermo Songdo City, una ciudad de seis kilómetros cuadrados con rascacielos de oficinas, aeropuerto, puerto, residencias y parques. Este distrito de negocios internacional tendrá capacidad para 300.000 personas durante el día, y Cisco se ha sumado al proyecto para desarrollar una tecnología que haga que la ciudad sea "inteligente". Songdo City no estará terminada hasta 2015.
Abu Dhabi también está desarrollando un proyecto similar: Masdar City, una ciudad de negocios diseñada por Foster + Partners que dependerá exclusivamente de energías renovables y no emitirá contaminación.
Comunidades en alta mar
El concepto de ciudades charter enlaza con la iniciativa de Patri Friedman y el Seasteading Institute, que busca aumentar la competencia entre unidades políticas y la experimentación con distintas normas y sistemas legales. En particular abogan por la creación de plataformas o ciudades en alta mar, fuera de la jurisdicción de otros países, abiertas a la incorporación de familias y empresas que acepten las normas de la comunidad.
La soberanía de los Estados termina a 12 millas de la costa, en el océano. Existen jurisdicciones parciales sobre zonas de pesca, recursos marinos etc. pero es concebible establecer plataformas flotantes u otras instalaciones artificiales en las zonas económicas exclusivas o en aguas internacionales, donde al principio sería necesario comprar banderas de conveniencia a los países que propusieran la mejor oferta.
Tanto las ciudades charter de Romer como las comunidades en alta mar de Friedman apuntan en una misma dirección: la creación de nuevas entidades políticas en zonas deshabitadas, con normas atractivas que promuevan la inmigración y la inversión.
El descrédito del monetarismo
El descrédito del monetarismo
por Juan Ramón Rallo
Juan Ramón Rallo Julián es Director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana (España).
2010, lo sepan ellos o no, fue el año del descrédito del keynesianismo. Les entregamos cautivos y desarmados las llaves del reino para que nos sacaran de la depresión merced a sus planes de estímulo y, en el menos malo de los casos, sólo cosecharon fracasos absolutos; en el peor, quiebras soberanas.
Tal como van las cosas, todo parece indicar que 2011 será el año del descrédito del monetarismo. Tras el fracaso de los planes de estímulo fiscales, la única tecla intervencionista que quedaba por pulsar era la que venía apretando Bernanke desde 2009 con sus sucesivos Quantitative Easings: la expansión monetaria.
A nadie le extrañe semejante compenetración. Tanto monetaristas como keynesianos ubican los problemas de la economía en un mismo fenómeno: el atesoramiento. Cuando la demanda de dinero aumenta, la Ley de Say, dicen, deja de ser válida; habrá vendedores que no podrán dar salida a su mercancía, de modo que impagarán sus deudas, generando quiebras bancarias, deprimiendo aun más las perspectivas económicas y espoleando un mayor nivel de atesoramiento.
Ante el mismo diagnóstico, sin embargo, keynesianos y monetaristas abogan por soluciones distintas. Los primeros defienden que debe ser el Gobierno quien, a través del gasto público, adquiera todas las mercancías que, por culpa del atesoramiento, ahora no logran salida en los mercados. Los segundos, en cambio, proponen que el banco central aumente la oferta de dinero tanto como sea necesario para sustituir el dinero que se está atesorando; de este modo, sostienen, los agentes privados continuarán gastando al mismo ritmo que antes y por tanto la economía no encallará. Lo único que separa realmente a unos y otros, pues, es el tipo de receta que reputan óptima para reinflar la demanda agregada: ora gasto público a machamartillo, ora liquidez extraordinaria para el sector privado.
El error de ambos, empero, es el mismo: la crisis no viene causada por un problema de insuficiente demanda, sino por un colapso de la liquidez individual de los agentes que tiene su reflejo en un colapso de la liquidez del conjunto de la estructura productiva para readaptarse ante el descubrimiento de errores generalizados de inversión. Si los agentes no pueden mantener sus planes empresariales reajustándolos a las actuales circunstancias, sino que tienen que liquidarlos y finiquitarlos en numerosos casos, es porque han invertido a un plazo muy superior a aquel al que se han endeudado. Por análogos motivos, si el conjunto de planes empresariales no puede adaptarse al nuevo entorno, es porque la estructura productiva dispone de demasiadas pocas reservas de recursos productivos (en forma de planes empresariales muy fácilmente adaptables o prescindibles) para solucionar ipso facto los cuellos de botella existentes; esto es, porque los planes empresariales se han vuelto muy capital intensivos y ahora tienen un escaso margen para su reconversión en otros planes que produzcan bienes de consumo más rápidamente.
De ahí que contrarrestar los efectos del atesoramiento a través del arrollador gasto público o del falseado gasto privado sólo pueda conducir a que se acentúen los insostenibles desequilibrios que llevaron en primer lugar al colapso de la economía y luego a un incremento de la demanda de dinero. Así ha sucedido con la expansión crediticia que ha promovido Bernanke merced a sus sucesivas monetizaciones de deuda pública o privada: la liquidación y reconversión de las malas inversiones no ha sido todo lo profunda que tenía que ser, de modo que a poco que crece esa demanda agregada que presuntamente debía poner a la economía a pleno funcionamiento y dar ocupación a los millones de recursos ociosos, los cuellos de botella que jamás se fueron vuelven a aparecer, estrangulando rápidamente cualquier expectativa de crecimiento sostenible futuro.
¿Y cuál es ese cuello de botella que tanto le amarga la fiesta al presidente de la Fed? Justamente las materias primas: durante una década los agentes económicos, confundidos por un crédito artificialmente abaratado por los bancos centrales, hemos sobreinvertido en demasiados bienes de consumo muy duraderos y en demasiados bienes de capital muy alejados del consumo y hemos infrainvertido en la producción de materias primas. El reajuste que necesitamos ahora, tras la acumulación de las malas inversiones previas, es corregir ese desequilibrio: no tenemos un problema de falta de demanda agregada, sino de inadecuada provisión de la oferta. Los agentes demandan muy pocas viviendas y mucho petróleo, pero tenemos una estructura productiva especializada en producir muchas viviendas y muy poco petróleo; he ahí la catarsis que requerimos y que los intervencionistas de todas las corrientes se empeñan en entorpecer con el peregrino argumento de lograr una rápida, pronta (e imposible) recuperación sin dolorosa reconversión.
Pero la evidencia es la que es y las commodities no dan tregua. ¿Qué hará Bernanke ante la escalada de las materias primas? ¿Seguir cebando la demanda para que, como en 2008, se sigan encareciendo hasta abocar a la quiebra a numerosas familias y explotaciones empresariales? ¿Detener su obsesiva expansión crediticia reconociendo que alimentando la demanda sin corregir previamente la oferta no solucionamos nada? El monetarismo, como el keynesianismo, no tiene nada que ofrecer a la hora de facilitar la superación de la crisis. Más bien al contrario, las recetas de ambos sólo son deuda, inflación y nuevas malas inversiones; tres losas que únicamente prolongan nuestro estancamiento. Por el bien de todos —salvo el de aquellos que viven de vender una ideología oxidada—, convendría que fuéramos entendiéndolo: de 2009 a acá, Bernanke y Obama sólo nos han vuelto más pobres... mucho más pobres.
DEMOCRACIA VS LIBERTAD
Sobre la democracia versus la libertad
por Steve H. Hanke
Steve H. Hanke es profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins y Académico Titular del Cato Institute. Aquí puede obtener el ensayo en formato PDF.
“El Profesor Hanke brinda uno de los análisis más profundos que he leído sobre los Padres Fundadores y sus documentos. En lugar de analizar los documentos de los Padres Fundadores con nuestros puntos de vista, sesgos y prejuicios del presente, él se enfoca en su significado esencial y original.
Muchos se sorprenderán al enterarse de que la palabra “democracia” no fue usada ni en la Declaración de Independencia ni en la Constitución. De hecho, los Padres Fundadores temían permitir cualquier tipo de tiranía, incluso la tiranía de la mayoría.
Este ensayo debería ser leído y meditado por todos aquellos que piensan que tienen el derecho a influir la sociedad. ¡Una verdadera joya!”
—Jacques de Larosière, consultor para BNP Paribas en París, ex presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, ex director administrativo del Fondo Monetario Internacional y ex gobernador del Banco de Francia.
Luego de la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson se propuso hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. Desde entonces, los presidentes estadounidenses han marchado al ritmo del idealismo wilsoniano. De hecho, gran parte de la política exterior de EE.UU. se lleva a cabo bajo el pretexto —y en algunos casos la genuina creencia— de que EE.UU. está llevando la democracia al resto del mundo. De manera que la justificación del presidente Barack Obama para intervenir en el extranjero no es ni nueva ni extraña.
La mayoría de las personas, incluyendo gran parte de los estadounidenses, se sorprenderían al darse cuenta que la palabra “democracia” no aparece en la Declaración de Independencia (1776) o en la Constitución de EE.UU. (1789). También les sorprendería la razón por la cual la palabra democracia no está en los documentos fundadores de EE.UU. Contrario a lo que la propaganda ha hecho creer a la gente, los Padres Fundadores de EE.UU. eran escépticos y le temían a la democracia. Estaban al tanto de los peligros que acompañan a la tiranía de la mayoría. Los autores de la Constitución se esforzaron considerablemente en asegurarse que el gobierno federal no estuviese basado en la voluntad de la mayoría y no fuese, por lo tanto, democrático.
La Constitución dividía al gobierno federal en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. Cada rama estaba diseñada para limitar el poder de las otras ramas. Los Padres Fundadores no querían depender solamente de los electores para limitar el poder del Estado. Por lo tanto, los ciudadanos recibieron muy poco poder para elegir las autoridades federales. Ni el presidente, ni los miembros del poder judicial, ni el Senado eran elegidos mediante el voto popular directo. Sólo los miembros de la Cámara de Representantes eran directamente elegidos mediante el voto popular. Incluso en ese caso, el derecho era considerablemente restringido.
Si los autores de la Constitución no adoptaron la democracia, ¿a qué se adherían? Para un hombre, ellos acordaron que el propósito del Estado era aquel de asegurarle a los ciudadanos la trilogía de derechos de John Locke: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Los autores de la Constitución escribieron de manera extensa y elocuente. Sobre la propiedad, por ejemplo, John Adams escribió que “el momento en que la idea es admitida en la sociedad, de que la propiedad no es tan sagrada como las leyes de Dios, y de que no hay una fuerza de Derecho y de la justicia pública que la proteja, comienzan la anarquía y la tiranía”.
Las acciones de los Padres Fundadores muchas veces comunicaron más eficazmente que sus palabras. Alexander Hamilton, un abogado distinguido, aceptó varios casos famosos solamente por defender principios. Luego de la Guerra Revolucionaria, el estado de Nueva York estableció medidas severas en contra de aquellas personas que permanecieron leales a la corona británica y de los súbditos británicos. Estas incluían la Ley de Confiscación (1779), la Ley de Citación (1782) y la Ley de Ingreso sin Autorización (1783). Todas estas medidas involucraban la confiscación de propiedades. Desde el punto de vista de Hamilton, estas leyes ilustraban la diferencia inherente entre la democracia y la ley. Aunque las leyes eran ampliamente populares, estas desobedecían principios fundamentales del derecho de propiedad. Hamilton llevó sus ideas a la acción y defendió exitosamente —frente a una hostilidad pública enorme— a aquellos cuyas propiedades habían sido confiscadas en virtud de estas tres leyes del estado de Nueva York.
La Constitución fue diseñada para promover la causa de la libertad, no de la democracia. Para lograr eso, la Constitución protegía los derechos de los individuos de transgresiones del Estado, así como también de sus conciudadanos. Con ese propósito, la Constitución estableció reglas claras, inequívocas y ejecutables que protegiesen los derechos de los individuos. Como resultado, la envergadura y tamaño del Estado fueron estrictamente limitados. La libertad económica, la cual es un requisito para el crecimiento y la prosperidad, fue consagrada en la Constitución.
Después de la colonización europea, EE.UU. consistía en trece colonias inglesas. Estas se beneficiaban de una administración algo superficial desde Londres y de un abandono saludable. Esto contrastaba con las colonias francesas, las cuales eran controladas desde París, y con las colonias españolas, las cuales tenían superestructuras institucionales impuestas desde España.
Sin embargo, no todo andaba bien en las colonias inglesas en Norteamérica. Un importante problema colonial tenía que ver con el dinero. Oficialmente, las monedas de plata inglesas eran la moneda del reino en América. Pero hubo problemas. Las Leyes de Navegación prohibieron la exportación de monedas de plata desde Inglaterra. También hubo una prohibición en contra de que cualquiera de las colonias estableciera casas de moneda. Como resultado, hubo una escasez endémica de monedas de plata en las colonias. Para cubrir esta gran brecha, se emitieron notas de crédito, las cuales circularon libremente durante la primera mitad del siglo XVIII.
Esto resultó en una alta inflación, la cual obligó a que gran parte de las colonias abandonaran los tipos de cambio fijos y las monedas metálicas. Las cosas finalmente empeoraron a tal punto que la Junta Inglesa de Comercio impuso las Leyes de Moneda de 1751 y 1764. Estas prohibían la emisión y uso de notas de crédito no respaldadas enteramente por un metal. Las prohibiciones en contra del papel moneda fueron una enorme fuente de resentimiento en las colonias. Junto con la más famosa Ley de Estampas de 1765, las prohibiciones sobre las notas de crédito crearon el marco para la Declaración de Independencia y la subsiguiente Guerra Revolucionaria.
La Guerra Revolucionaria agravó los problemas monetarios de las colonias. Los mejores cálculos ubican el costo de la guerra entre el 15 y el 20 por ciento del Producto Nacional Bruto de las colonias. Aproximadamente el 85 por ciento de esta guerra fue financiada con dinero fiduciario. Durante el periodo 1775-80, la inflación anual era de alrededor del 65 por ciento. Como consecuencia —y antes de la Convención Constitucional de 1787— la situación económica era tal que los estados individuales aumentaban dramáticamente los impuestos y las regulaciones y el dinero seguía siendo inestable. Además, había mucha corrupción y escándalo en la política. Y por si fuera poco, la economía se encontraba en una depresión general que fue agravada por la crisis de 1787.
Como una reacción a la situación político-económica, se convocó la Convención Constitucional de 1787 en Filadelfia. En el debido tiempo, la Constitución fue redactada y ratificada en 1789. Es un documento corto, claro y comprensible. El preámbulo de la Constitución contiene sólo 52 palabras que están seguidas de siete artículos cortos y diez enmiendas conocidas como la Carta de Derechos, ratificada en 1791. La Constitución original establecía el Estado de Derecho y el gobierno limitado. Cabe destacar que alrededor del 20 por ciento de la Constitución enumera cosas que el gobierno federal y los gobiernos de los estados no pueden hacer, mientras que solamente un 10 por ciento de la Constitución concierne la entrega positiva de poder. En total, los poderes legítimos concedidos por la Constitución eran menos que aquellos que habían existido. Gran parte de la Constitución —alrededor del 70 por ciento de ella— se refiere a la concepción de los autores de su principal objetivo: colocar a EE.UU. y a su gobierno dentro del marco del Estado de Derecho.
La Constitución es un documento principalmente estructural y de procedimientos que indica quién o quiénes deberá (n) ejercer el poder y cómo lo deberá (n) ejercer. Se resalta mucho la separación de poderes y los pesos y contrapesos del sistema. No se trata de una construcción cartesiana o de una fórmula para practicar ingeniería social, sino un escudo para proteger a la gente del Estado. En pocas palabras, la Constitución fue diseñada para gobernar al Estado, no a la gente.
La Carta de Derechos establece los derechos de la gente frente a violaciones por parte del Estado. La única cosa que los ciudadanos pueden demandar del Estado, en virtud de la Carta de Derechos, es un juicio con un jurado. El resto de los derechos de los ciudadanos son protecciones frente al Estado. Durante alrededor de un siglo después de que la Constitución fuera ratificada, la propiedad privada, los contratos y el libre comercio doméstico en EE.UU. fueron sagrados. La envergadura y el tamaño del Estado permanecieron muy restringidos. Todo esto era consistente con lo que se entendía por libertad.
Es necesaria una observación acerca de los Padres Fundadores y el público. Hubo 55 Fundadores y 35 de ellos tenían educación universitaria. Los estándares para ingresar a las universidades en ese entonces eran extremadamente exigentes y estrictos. A los 14 y 15 años, la edad normal para ingresar a la universidad, a los estudiantes se les requería tener fluidez tanto en latín como en griego y ser competentes en los Clásicos. Eran expertos en el arte de la retórica y estaban profundamente conscientes de la necesidad de conseguir respaldo popular para su proyecto constitucional. Para los Fundadores, las políticas tenían que ser desarrolladas desde abajo hacia arriba.
En ese entonces, los estadounidenses estaban alfabetizados y bien informados, a través de panfletos y manuscritos, acerca de los debates políticos del momento. La cantidad de periódicos en EE.UU. en esa época cuadruplicaba la de Francia, país que era el centro del pensamiento continental y del debate acerca de muchas cuestiones constitucionales y filosóficas. Los Federalist Papers (Documentos Federalistas) fueron publicados en 1787 y 1788 en el Independent Journal de Nueva York, un periódico común y corriente. Estos importantes ensayos —escritos por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, bajo seudónimos— eran de alta calidad y crearon el marco para la Convención Constitucional y el producto resultante. Vale la pena mencionar que Hamilton organizó este proyecto, escribió gran parte de los ensayos y, de entre todos los Padres Fundadores, fue él quien desempeñó gran parte del trabajo intelectual por el menor crédito histórico. Dicho esto, dos economistas notables le han dado a Hamilton lo que le corresponde. Lionel Robbins pensó que los Federalist Papers eran “el mejor libro sobre ciencias políticas y sus aspectos prácticos escrito en los últimos mil años”. Y si eso no fuera suficiente, Milton Friedman escribió en 1973 que el Federalista No. 15, escrito por Hamilton, “contiene un análisis más convincente del Mercado Común Europeo que cualquier otro que he visto salir de la pluma de un escritor moderno”.
Luego de que la Constitución fuera ratificada y George Washington fuera electo presidente, el nuevo gobierno federal carecía de credibilidad. Las finanzas públicas oscurecían los prospectos del gobierno. Recordemos que el dinero de papel y la deuda fueron innovaciones de la era colonial y que una vez que empezó la Guerra Revolucionaria, los estadounidenses abusaron de estas innovaciones. Como resultado, EE.UU. nació en un mar de deuda. La mayoría de la gente favorecía una mora en el pago de la deuda. Alexander Hamilton, en su cargo como Secretario del Tesoro de Washington, se opuso firmemente a una mora. Como cuestión de principios, argumentó que la inviolabilidad de los contratos era el fundamento de toda moralidad. Para efectos prácticos, Hamilton argumentó que el buen gobierno dependía de su habilidad de cumplir con sus promesas.
Hamilton ganó la discusión y se dedicó a sacar al país de su debacle financiera. Entre otras cosas, Hamilton era —lo que hoy se llamaría— un ingeniero financiero de primera clase. Estableció un fondo federal de amortización para financiar la deuda de la Guerra Revolucionaria. También diseñó un importante intercambio de deuda en el cual las deudas de los estados individuales fueron asumidas por el nuevo gobierno federal. Para agosto de 1791, los bonos federales se vendían sobre par en Europa y, para 1795, todas las deudas extranjeras habían sido canceladas. La solución de Hamilton para el problema de la deuda de EE.UU. le dio al país una descarga de credibilidad y de confianza.
Hasta aproximadamente la Primera Guerra Mundial, la situación de la política económica de EE.UU. estaba en línea con el espíritu de la Constitución. La economía floreció, con importantes aumentos en los insumos de trabajo y capital, así como también un sólido crecimiento de la productividad. Hubo, por supuesto, una interrupción casi fatal durante este periodo: la Guerra Civil. La guerra consumió entre el 15 y el 20 por ciento del PNB, casi la misma proporción que la Guerra Revolucionaria. Las finanzas de guerra eran algo parecidas en la Confederación (el Sur) a lo que habían sido durante la Guerra Revolucionaria. Alrededor del 60 por ciento del financiamiento sureño venía de la impresión de papel moneda. El Norte también recurrió al financiamiento con dinero fiduciario, pero sólo a una tasa del 13 por ciento. Como resultado, hubo una oleada de inflación. Además del importante trastorno causado por la Guerra Civil, vale la pena mencionar una importante anomalía en la economía estadounidense: las tierras que le pertenecían al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y locales.
Alexander Hamilton, el primer Secretario del Tesoro, quería venderle a la gente la tierra tan pronto como fuera posible. Esto no ocurrió. Como consecuencia, el Estado todavía posee una gran cantidad de bienes raíces. Su área superficial es alrededor de seis veces más grande que el área total de Francia. Esta es una empresa estatal. Como podría imaginarse, también es poco productiva. Estudios detallados de las tierras que son propiedad del Estado indican que solamente alcanzan el 25-30 por ciento de la productividad de aquellas que son propiedad privada.
Las tierras públicas en EE.UU. han sido el centro de repetidos debates acerca del sistema de libre mercado en el país. De hecho, la Asociación Estadounidense de Economía se colocó en el centro de uno de estos debates. Un motivo, posiblemente el principal, para fundar la Asociación Estadounidense de Economía era protestar contra las actitudes laissez-faire en EE.UU. ¡No debería sorprender que la edición de mayo de 1885 del American Economic Review contenga tres estudios justificando la retención de los terrenos madereros del Estado!
En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el gasto público era menos del 2 por ciento del PNB y el 99 por ciento de la población no pagaba impuesto sobre la renta. Recién se había creado el impuesto sobre la renta, pero la tasa más alta era de solo de 7 por ciento y se aplicaba a los ingresos que excedían los $500.000. El gobierno federal tenía alrededor de 400.000 empleados, menos del 1 por ciento de la fuerza laboral. Alrededor de 165.000 soldados estaban en servicio activo. No existía regulación alguna de los mercados de capitales o de trabajadores. La producción y distribución agrícola tampoco estaban reguladas. No había salario mínimo ni seguridad social. Un área en la que había una intervención relativamente agresiva en la economía era aquella de las tarifas que cobraban los ferrocarriles. La legislación antimonopolios también era fuerte.
La conflagración de la Primera Guerra Mundial marca una ruptura violenta con la letra y el espíritu de la Constitución. Los derechos de propiedad fueron suspendidos a gran escala. Hubo nacionalizaciones de gran envergadura de ferrocarriles, telefonía, telegrafía y, en un grado menor, de las embarcaciones navales. Más de 100 fábricas de manufacturas fueron nacionalizadas. El gobierno se involucró en la relación entre los trabajadores y los patronos con la Ley Adams de 1916. Se estableció el servicio militar obligatorio. La Ley de Espionaje fue aprobada en 1917. La Ley de Sedición de 1918 impuso penalidades sobre las expresiones anti-gobierno, socavando la Carta de Derechos. El novelista Upton Sinclair de hecho fue arrestado por leer la Carta de Derechos y Roger Baldwin, uno de los fundadores de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), fue arrestado por leer la Constitución. El presidente Woodrow Wilson logró todo esto con los poderes de emergencia que el Congreso le concedió en 1916.
Gran parte de este aparato anti-constitucional fue desmontado después de la Primera Guerra Mundial. No obstante, permanecieron algunos residuos y estos resurgieron eventualmente. Todo lo que se necesitó para ello fueron otras emergencias nacionales —la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, y así sucesivamente. Con cada una, se aprobaron leyes, se crearon entes federales y crecieron los presupuestos. En muchos casos, estos cambios resultaron ser permanentes. El resultado es que las crisis sirvieron de catalizador, desviando la tendencia del tamaño y envergadura del Estado hacia un nivel mucho más alto.
No debería sorprendernos que los estados gastan más dinero y regulan más activamente durante las crisis —las guerras y los rescates económicos son costosos y complicados. Pero un Estado más activo también atrae oportunistas, quienes perciben que una emergencia nacional puede servir de pretexto útil para lograr sus propios objetivos.
EE.UU. y otros países parecen no estar más conscientes de esto hoy que lo que estuvieron en el pasado. Y aún así, la historia ha dado muchos ejemplos que ilustran lo dañino que es. Veamos la Gran Depresión. En ese momento, los grupos de presión agrícolas, habiendo intentado obtener subsidios durante décadas, se aprovecharon de la crisis para aprobar un amplio paquete de rescate, la Ley de Ajuste Agrícola, cuyo título la declaraba ser “una ley para aliviar la actual emergencia económica nacional”.
Casi 80 años después, los agricultores todavía están succionando dinero del resto de la sociedad y la política agrícola ha sido ampliada para satisfacer una variedad de grupos de presión, incluyendo conservacionistas, nutricionistas y amigos del Tercer Mundo. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno representaba alrededor de la mitad del PIB de EE.UU., prácticamente cada grupo de interés intentaba obtener algo del abultado presupuesto del gobierno. Aún departamentos federales aparentemente ajenos al esfuerzo de la guerra, tales como el Departamento del Interior (el cual está a cargo de las tierras estatales y de los recursos naturales), declararon estar desempeñando “trabajos esenciales para la guerra” y tener derecho a presupuestos y un personal todavía más grandes.
Dentro del gobierno estadounidense, la guerra contra el terrorismo le ha dado la excusa a una multitud de oportunistas provincianos, cuyas propuestas incluyen rescatar aerolíneas y nacionalizar la producción de vacunas. Como consecuencia, el ex presidente George W. Bush —supuestamente un conservador— lideró una expansión del Estado que marcó un hito. Esta tendencia continúa con el presidente Barack Obama, un intervencionista.
¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, “democracia” y “libertad” no son palabras intercambiables. Segundo, sólo el primer siglo de la experiencia estadounidense representa un parámetro de libertad. Expandir la democracia es un eslogan que requiere de mucha precaución. Puede convertirse fácilmente en una tiranía electa. La libertad es el concepto. Nuestro reto es convencer a cada ciudadano de los beneficios que fluyen de la puesta en práctica de la libertad. La libertad incluso podría florecer de formas muy diversas e inesperadas en diferentes partes del mundo.
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