Venezuela: La milicia – por Pedro Carmona Estanga
“Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios”
Continúa indetenible el proceso de demolición de la institucionalidad venezolana, de manos de un gobierno que, apegado a la más pura dialéctica marxista, no repara en los medios para el logro de sus fines: la implantación del Socialismo del Siglo XXI, y su irradiación hacia otros países de la región.
Parece no bastar con las impúdicas declaraciones de sumisión de los demás Poderes Públicos a los designios del Jefe del Estado, con lo cual la democracia está herida de muerte, sino que luce necesario acentuar la concentración de poder, asegurar la perpetuación del régimen a través de campañas sistemáticas de ideologización, y la creación de organizaciones armadas paralelas cuya finalidad es la defensa del proceso revolucionario, incluso ante la posibilidad de una alternabilidad política por vías constitucionales, al buen estilo de las tambaleantes dictaduras de los países árabes, o de la admirada Cuba.
Venezuela se encuentra así en una transición entre el sistema republicano consagrado en la Carta Magna de 1999, la que fue considerada la mejor del mundo por el gobernante en ejercicio, a uno en el cual ha desaparecido toda forma de control político, donde la oposición es criminalizada y perseguida, la propiedad privada es vulnerada por el régimen para reducirla a su mínima expresión, en aras de la construcción de un Estado dueño y señor de cuanto acontece dentro de sus fronteras, bajo exacerbantes modalidades de control e intervención en todas las formas de vida y organización de la sociedad venezolana.
A tales efectos en diciembre de 2010 se aprobaron entre gallos y media noche, antes de que la nueva Asamblea Nacional asumiera sus funciones, decenas de leyes, incluyendo las que permitirán la creación del Estado Comunal, una nueva forma inconstitucional de organización política que reemplazará al Estado republicano, al margen de la voluntad popular expresada en el referéndum de diciembre de 2007, y en las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010.
Como si fuera insuficiente, el oficialismo optó por obsequiar al jefe supremo poderes especiales mediante una nueva Ley Habilitante, para gobernar durante año y medio mediante Decretos-Leyes, en lo humano y en lo divino, sea en leyes ordinarias u orgánicas o de rango superior -ello no interesa- dejando a la nueva Legislatura atada de manos, y con un nuevo reglamento de debates que restringe el ejercicio de sus facultades, hasta para reunirse o ejercer el derecho de palabra. Ya es visible la parálisis provocada por estas decisiones en la Asamblea Nacional, pues los representantes a la misma han quedado neutralizados para legislar y deliberar, sin olvidar que el número de representantes habría sido mayoritario, de no haber sido por la ilegítima modificación impuesta a la composición de los circuitos electorales.
En un país que ya parece no sorprenderse con nada, y donde en los últimos tiempos sólo la juventud ha promovido con determinación protestas capaces de obligar al gobierno a aceptar algunas de sus reivindicaciones, el Jefe de Estado en uso de las facultades de Ley Habilitante, modificó de nuevo la Ley Orgánica de la Fuerza Armada (LOFAN), cuarta en cinco años, para fortalecer la Milicia por él creada en 2005, e incorporada como componente de la Fuerza Armada en 2008, asemejándola cada vez más al estamento armado organizado por Gadafi en la convulsionada Libia.
De lo más grave en esta modificación a la LOFAN, es que se atribuye a la Milicia Bolivariana la función de “elaborar los programas y planes educativos, basados en los principios y fundamentos para la defensa integral, conforme a las políticas emitidas por el Sector Defensa y el Nuevo Pensamiento Militar Venezolano”, un zarpazo que intenta subyugar a la sociedad venezolana desde la niñez, a la usanza de la China de Mao, la Cuba de Castro, la Alemania de Hitler o la Rusia staliniana, y que consolida a la Milicia como la guardia pretoriana del Presidente, temeroso quizás de cualquier contagio de la situación que vive el mundo árabe, donde ahora en otro aliado, Siria, el pueblo ha insurgido en contra de la tiranía de Al Assad.
Pero además, como en el realismo mágico venezolano no hay imposibles, la Ley equipara a los milicianos y voluntarios sin formación con oficiales de rango de la institución castrense, bajo la figura de “oficiales de tropa y oficiales de milicia”, con el fin de “lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo”. La reforma también supera limitaciones legales preexistentes para que los integrantes de la milicia puedan militar en partidos políticos, pues a pesar de continuar como un componente de la FAN, se estipula que la Milicia no forma parte de la profesión militar.
Para Rocío San Miguel, analista en temas militares: “La reforma fortalece la figura de la Milicia creando una oficialidad y permitiendo su acceso a las armas de la Fuerza Armada más allá de actos y desfiles, de un órgano paralelo que no forma parte de la estructura de la Fuerza Armada”, agregando que ” la reforma supone un aceleramiento y punto de no retorno en la consolidación del brazo armado de la revolución constituido por ciudadanos al margen de la FAN que detentan las armas de guerra de la República”.
Por su parte, para el General (r) Raúl Salazar, ex Ministro de Defensa de Chávez: “La palabra milicia no está en la Constitución. Las Fuerzas Armadas en Venezuela pasan a ser una política de gobierno y no una política de Estado como debiera ser”, mientras que otro ex Ministro de Defensa, el General (r) Fernando Ochoa Antich, afirma: “Es una forma más de destruir el profesionalismo de nuestros militares. Chávez considera que el profesionalismo compromete su poder político; su objetivo es seguir debilitando a las Fuerzas Armadas para controlarlas lo más posible”.
Desde la distancia, quedan estos hechos propios de una autocracia obsecada a la consideración de los lectores, y de la dirigencia política, oficiales en retiro, analistas políticos nacionales e internacionales, el veredicto sobre una delicada realidad que no parece percibirse en su justa y profunda dimensión.
Guatemala: De gorrones y perezosos en reforma fiscal
Guatemala: De gorrones y perezosos en reforma fiscal – por Reny M. Bake
Siguiendo con el tema de la semana pasada de los detalles de las “cacareadas” reformas fiscales que cada gobierno promueve y la comunidad internacional apoya a coro, hoy hablaremos sobre los “gorrones” y “perezosos” relacionados.
Una reforma fiscal puede ser de tres tipos: A) Subirle impuestos a quienes ya tributan. B) Ampliar la base tributaria —cobrarle al que no paga— y C) Mejorar la recaudación de los impuestos ya existentes.
En la opción B, que sería cobrarle a los que no pagan, caen en este grupo a los que he bautizado “gorrones” —viven de los impuestos ajenos o reciben beneficios sin pagar impuestos—. Por ejemplo, ONG que reciben fondos del Estado para vivir —y exigen que los demás paguen más impuestos— o sectores privados que por ley están exentos de pago de impuestos. Eso sí, exigen seguridad y se quejan de que el Gobierno no los apoya cuando les va mal o baja el precio del dólar en el país por razones estacionales.
En la opción C, que es mejorar la recaudación fiscal de los impuestos existentes, hay acciones que por “pereza” —siendo bien pensados— no se hacen, y que pueden ayudar a mejorar la recaudación actual. Por ejemplo, hacer más “amigable” las oficinas y sedes de la SAT, y los horarios de atención al público. Si se visita la página web de la SAT, no se encuentra en la misma los horarios de atención de cada una de las oficinas. Averiguando, resulta que es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas —excepto el Registro Mercantil, que cierra a las 16 horas—.
Bonita forma de incentivar la creación de más empresas y la reducción de la economía informal, con esos horarios antigente trabajadora que quiere superarse y cumplir sus obligaciones con el fisco.
Las oficinas de la SAT debiesen abrir de lunes a domingo, de 8 a 20 horas, para no dar excusa ni entorpecer al productivo que paga impuestos y tener SAT móviles para visitar áreas de afluencia comercial. A estos horarios poco “amigables” agreguemos que varias sedes de la SAT son un “infierno”, con pocas sillas, locales sin ventilación y sin aire acondicionado. Por ejemplo, SAT zona 18, donde visitantes y empleados se asfixian sin aire y con un sol abrasador por la ubicación del local.
¿Cómo quieren que la gente tribute si no lo facilitan? Invito a los representantes de “organismos internacionales” que hablan sobre la baja recaudación tributaria en el país a que visiten ese local, a ver si les dan ganas de hacer un trámite. Y mientras tanto, la competitividad del país es amenazada por la típica inestabilidad “nuevo gobierno, nuevos impuestos para los de siempre”.
Argentina: Las razones de un gobierno limitado
Argentina: Las razones de un gobierno limitado – por Roberto Cachanosky
La existencia de un gobierno limitado no solo tiene que ver con la eficiencia económica, sino, fundamentalmente, con los derechos individuales. El intervencionismo estatal tiene una dinámica de corrupción, pobreza y abuso del poder que puede mutar en una autocracia feroz.
Ricardo López Murphy viene sosteniendo que la prioridad en octubre es derrotar electoralmente al kirchnerismo. Es evidente que López Murphy está advirtiendo que una eventual victoria del oficialismo aceleraría el tránsito hacia un sistema más autocrático. El punto no es menor porque una vez que los sistemas autocráticos se instalan en el poder, en algún momento terminan mal pero en el mientras tanto la población sufre grandes sacrificios económicos y sus libertades civiles son limitadas al mínimo.
Si bien la propuesta de RLM es perfectamente atendible, también da lugar a plantearse porqué corremos ese peligro. Y la razón de ese peligro de perder las libertades más elementales, se debe a la ausencia de un gobierno limitado. Cuando digo un gobierno limitado es un gobierno que no pueda utilizar el monopolio de la fuerza como le venga en gana.
Mucha gente critica al liberalismo porque cree que lo que le interesa a dicha concepción filosófica es que los precios sean libres. Nada más alejado de la realidad, pero, en todo caso, la libertad de precios no es un fin en sí misma sino un medio para evitar las dictaduras y el abuso por parte del poder del monopolio de la fuerza, al margen de su eficiencia económica.
Por ejemplo, un gobierno no limitado en el uso del monopolio de la fuerza puede extorsionar a dueños de empresas con el simple trámite de no permitirles subir los precios bajo el argumento del control de los mismos, generarles pérdidas y forzarlos a cerrar o vender a algún amigo del poder. En vez de confiscar directamente la empresa, se recurre al simulacro de una política económica progresista con el solo objetivo de ahogar a los accionistas de una empresa para forzarlos a vender. Es más prolijo ante los ojos de la gente, pero el fin es el de apoderarse de los activos más importantes de un país. Crear una nomenklatura que disfruta de la buena vida, pisando con el monopolio de la fuerza a una población indefensa, y sumida en una creciente pobreza.
Semejantes práctica no pueden darse bajo un gobierno limitado, porque el Estado no tiene la potestad para que un funcionario de segunda categoría decida qué se puede producir, a qué precio y en qué cantidades. En un gobierno limitado el monopolio de la fuerza es para defender el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de las personas.
Algunos colegas economistas están sufriendo en carne propia las presiones del secretario Moreno para que no difundan sus propias estimaciones de precios al consumidor al punto que varios de ellos han sido multados. Para aplicar las mencionadas multas Moreno hace una pirueta argumental fundamentándose en el artículo 9 de la disparatada ley de lealtad comercial. Es decir, recurre a una ley de intervencionismo económico para silenciar a los colegas.
Este es un ejemplo práctico de cómo un simple secretario puede decidir sobre la libertad de expresión y arrogarse el derecho a establecer quién está autorizado y quién no a decir cuánta inflación hay. En este caso la ausencia de un gobierno limitado muestra cómo se puede anular la libertad de expresión. La libertad económica, producir y vender un índice de precios al consumidor, no hace solo a la libre empresa, también tiene que ver con la más elemental libertad de expresión, porque es bien sabido que el gobierno niega sistemáticamente la existencia de inflación. Hablar de ese tema, más en un año electoral, es inaceptable para quien quiere establecer una autocracia. En todo caso, la fobia del kirchnerismo con los medios que no se subordinan a sus caprichos refleja su clara tendencia autocrática, y el caso de los IPC privados son una muestra de esa intolerancia hacia quien piensa u opina distinto.
El punto a reflexionar es que cuando se le permite al Estado intervenir en la economía a su capricho, no solo se presentan problemas de eficiencia económica, sino que lo que es más grave, el intervencionismo económico puede utilizarse también para establecer una dictadura. ¿Cómo? Ahogando económicamente a las empresas con regulaciones y controles para que testaferros del poder dominen también la economía. Asfixiando a la población con impuestos para, bajo el argumento de la redistribución del ingreso, igualar a todos hacia abajo, quedando unos pocos burócratas con buen nivel de vida y comprando con regulaciones, subsidios y demás privilegios a quienes pueden serles de utilidad para sostenerse en el poder. Se puede anular la libertad de expresión amenazando a las empresas que si hacen publicidad en los medios adversos al gobierno no tendrán aumentos de precios y sufrirán la persecución del ente recaudador o cualquier otro mecanismo que los destruya. Con ese mecanismo de supuesto intervencionismo estatal se logra impedir la libertad de expresión.
Una vez anulada la liberta de expresión, utilizando lo que se denomina políticas económicas de equidad social, los funcionarios del Estado puede violar todos los derechos que le vengan en gana sin que nadie se entere porque ya no habrá libertad de expresión. Nadie se enterará si fulano fue arrestado, asesinado o golpeado por una patota por hablar mal del gobierno. A medida que el Estado avanza en el cercenamiento de las libertades individuales a través de las políticas económicas progresistas, necesita de mayor brutalidad para controlar el descontento social. Como consecuencia de la ineficiencia económica del intervencionismo estatal la gente será cada vez más pobre. Ante la creciente pobreza habrá que acallar las protestas con mayor represión y esa represión no tendrá que ser conocida por la población.
Claro que alguno podrá argumentar que el intervencionismo estatal es una cuestión de grados. Si el Estado interviene poco no se corre el riesgo de caer en un intervencionismo desaforado. Sin embargo, una vez que uno empieza a intervenir en la economía y los funcionarios no tienen límites a su accionar, las necesidades de intervencionismo crecen. En unos casos colapsa el sistema económico y cae el gobierno. En otros casos, ese intervencionismo económico no tiene como objetivo una supuesta política económica, sino que es un medio para establecer una dictadura simulando que se está en democracia porque cada tanto se va a votar bajo dudosa transparencia. Sigo pensando que es muy llamativo que en las elecciones presidenciales del 2007 el oficialismo haya salido a proclamar su victoria cuando en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% del padrón electoral, recién se habían contado los votos de solo el 10 o 12 por ciento de las mesas.
El kirchnerismo ha dado acabadas muestras de tener un gran desprecio por la democracia republicana y sigue utilizando el monopolio de la fuerza en forma escandalosa. Y cuánto mayor tiempo permanezcan en el poder usando arbitrariamente el monopolio de la fuerza, más necesidad de mantenerse en el mismo, porque dejarlo implicaría ser sometidos a una lluvia de juicios.
Los gobiernos autoritarios entran en una dinámica de manejo del poder que consiste en violar derechos, malversar los recursos públicos y comprar voluntades generando corrupción. Esta lógica del poder es lo que hace que luego no solo no quieran, sino que no puedan dejar el poder porque darían lugar a infinidad de juicios y sanciones. Dejar el poder implica, para los gobiernos autoritarios, que los que lo ejercieron impunemente pierdan su libertad si se restaura el estado de derecho. Por eso cada vez son más violentos y despóticos. Instaurar el terror en la población es la manera de evitar que manifieste su disconformidad y seguir usando el aparato estatal para preservar su propia libertad.
Es por eso que, desde mi punto de vista, es absolutamente indispensable tener un gobierno limitado. No es solo una cuestión de eficiencia económica y mejor nivel de vida de la población, sino que es el resguardo contra los movimientos totalitarios que, aprovechando los beneficios de una sociedad abierta, intentan llegar al poder para luego destruirla.
Pero no nos engañemos, tener un gobierno limitado que sea un dique de contención a las dictaduras, requiere de la existencia de ciertos valores que deben imperar en una sociedad. Cuando los valores que imperan en una sociedad son la cultura de la dádiva, del hacer negocios sin competir, del vivir a costa del otro, del reclamar que otro tiene la obligación de pagarme la casa, de alimentarme, de vestirme, etc., entonces se tienen los ingredientes necesarios para que lo que al principio parece un populismo inofensivo e inviable, termine mutando en una feroz destrucción de la libertad.
Por eso, en gran medida coincido con Ricardo López Murphy. En octubre se juega mucho más que lo que se llama un modelo económico. En todo caso ese sería el tema menos relevante, porque al caerse la máscara de tanto dibujo económico y artificialidad del consumo, todo se derrumbaría como un castillo de arena arrastrando a un gobierno inepto.
Lo más importante que se juega en octubre es la misma libertad de los próximos años para cada uno de nosotros. Habrá que ver si la gente está dispuesta a sacrificar su libertad por un televisor plasma o prefiere entrar en la etapa de la madurez y privilegiar un gobierno limitado que le asegure la libertad y la prosperidad.
¿Jefe de Estado o jefe de partido?
Paralaje
Liébano Sáenz
Felipe Calderón tiene derechos políticos, incluidos los de asociación y libertad de expresión; sin embargo, es fundamental para el desarrollo democrático que el PAN resuelva, sin su intervención, la candidatura presidencial. El mandatario está llamado a acreditar imparcialidad y prudencia. La contienda es de candidatos y de partidos; a él lo que le corresponde es gobernar para todos.
Durante mucho tiempo se ha creído que la fortaleza de la democracia depende de la vigencia de la ley. Esta tesis, válida sin duda, ha dado lugar a un equívoco: el de circunscribir la conducta de los altos servidores públicos a la norma escrita exclusivamente, dejando de lado cualquier regla que tenga un origen diferente al acto formal legislativo. La realidad es más compleja; estoy convencido de que existen innumerables aspectos relativos a la actuación del servidor público que deben estar regidos por un sentido de ética; creo que no basta con las previsiones de la ley y que las circunstancias exigen un marco más amplio de responsabilidad.
Este tema ha sido uno de los más polémicos tanto en el régimen anterior como en el actual, sobre todo en lo concerniente a los límites y alcances de los derechos políticos que tienen, especialmente, el presidente de la República y los mandatarios locales. Claros ejemplos son: la discusión generada por el encuentro del presidente Calderón con la dirigencia de su partido en la residencia oficial el pasado miércoles 30 de marzo y la intención del PAN de demandar judicialmente a los gobernadores del PRI que el lunes pasado tuvieron una reunión con el dirigente nacional en la sede de su partido para conocer el programa electoral para la elección de 2012.
En mi opinión, ninguno de los casos supone infracción. Ha sido la decisión panista de cuestionar la legalidad del encuentro de los gobernadores tricolores la que causó un movimiento análogo por parte del PRI ante un encuentro que ofreció argumentos adicionales con las declaraciones de la secretaria general Cecilia Romero sobre una supuesta simpatía del Presidente para suscribir una alianza con el PRD. Debo decir que no hay conducta impropia ni de los gobernadores ni del Presidente. Discutir la legalidad de este tipo de encuentros confunde, distrae y levanta una cortina de humo sobre temas más serios que sí deben ser objeto de cuestionamiento y de deslinde entre lo políticamente discutible y lo puramente ilegal.
El Presidente tiene derecho de reunirse con los dirigentes de su partido y a opinar con libertad sobre sus asuntos internos, y hasta de los pactos con otras fuerzas políticas, al igual que los gobernadores pueden encontrarse con la dirigencia de su partido para conocer las acciones y estrategias de carácter electoral. Sin embargo, en repetidas ocasiones, en este espacio me he referido a la responsabilidad del presidente de la República en lo que toca a la elección de su relevo. Considero que es fundamental que en dicho proceso el mandatario no solamente muestre una postura de mesura y de prudencia, sino que acredite su condición de jefe de Estado y, en consecuencia, asuma la representación de la totalidad del país. El Presidente no debe ser parte de la contienda; por todo lo que representa su investidura, su tarea consiste en contribuir a la unidad de todos los mexicanos frente a la disputa política por el poder.
La intervención del presidente Fox en la sucesión de 2006 fue muy lamentable para el país y particularmente para el proceso democrático, mucho de lo que hoy sucede en el ambiente político deriva de la impertinencia de aquella confesa intromisión, ahora ya dictaminada por el Tribunal Electoral. El Presidente tiene derecho a definir una posición frente a los contendientes; lo que no resulta jurídica ni éticamente aceptable es cargar los dados o utilizar su investidura para favorecer o afectar a alguno de los contendientes. El argumento de que, en las nuevas condiciones, el Presidente sí puede actuar abierta y públicamente, sin simulación, a favor del candidato del partido al que pertenece o contra los candidatos de los partidos de oposición, es inaceptable. Tampoco es válida la tesis de que el IFE es la autoridad y el árbitro supremo de la contienda, porque ello sugeriría que el jefe de Estado renuncia a cumplir esa responsabilidad para convertirse en una instancia más y, por lo mismo, poder actuar partidariamente.
En el PAN existe la idea de equiparar a los gobernadores con el Presidente en lo que concierne a sus responsabilidades y derechos políticos. Aunque concedo que los mandatarios estatales, por el bien de sus comunidades, también deben asumir una conducta de prudencia, acepto que este objetivo de moderación se torna difícil por la costumbre que tiene la oposición, de cualquier color, de criticar y confrontar personalmente al gobernante como un argumento elemental para abrir espacio a la alternancia. No está por demás destacar que en comicios de gobernador, el activismo desde las estructuras de gobierno ha probado ser ineficaz frente a una voluntad mayoritaria por la alternancia. Y de la misma manera, hay que subrayar que el único caso de alternancia en el poder nacional ha tenido lugar con un presidente que cumplió cabalmente con sus responsabilidades como jefe de Estado.
Es necesario debatir sobre las responsabilidades del presidente de la República frente a los comicios de 2012. Desde luego que el presidente Calderón tiene derechos políticos, incluidos los de asociación y libertad de expresión; sin embargo, es fundamental para el desarrollo democrático del país que su partido resuelva, sin su intervención, la candidatura presidencial y que, una vez definida, el mandatario se dedique a contribuir a que la contienda entre los partidos y candidatos se lleve a cabo con normalidad. El Presidente y sus colaboradores están llamados a acreditar imparcialidad y sobre todo prudencia. La contienda es de candidatos y de partidos; a los funcionarios (federales o locales) lo que les corresponde es gobernar para todos.
El país ha recibido dos lecciones: una positiva en la elección de 2000 y otra muy desfavorable en 2006. El debate, la disputa política y la alternancia son condiciones propias de la democracia. Cabe destacar que en las elecciones de gobernador de los últimos años, la mitad de los estados ha vivido el relevo del partido gobernante. Es preciso asimilar la normalidad democrática no sólo durante la contienda, sino en su desenlace. No hay derrotas ni triunfos fatales. Es necesario, desde ahora, sentar las bases para que, una vez consumados los comicios de julio de 2012, el país cuente con autoridades legítimas y con un entorno de unidad y concordia que acredite a la política y constituya gobiernos eficaces. El cuidadoso ejercicio de los derechos políticos de los gobernadores y del Presidente es la senda más confiable para un mejor porvenir.Tamaulipas: ya son 72 los cuerpos hallados
Tamaulipas: ya son 72 los cuerpos hallados
Canseco Gómez señaló que las líneas de investigación apuntan al secuestro, la incorporación de personas a realizar actos delictivos y la trata de personas.
México.- Morelos Jaime Canseco Gómez, secretario de Gobierno de Tamaulipas, informó que en dos fosas clandestinas fueron encontrados otros 13 cadáveres, con lo que ya van 72 cuerpos hallados en aquella entidad. La PGR, a su vez, vinculó a los 14 detenidos con Los Zetas.
El funcionario dijo en entrevista televisiva que las fosas estaban “una ubicación diferente al municipio de San Fernando, no próxima al ejido de La Joya, donde se hallaron las ocho fosas”, con 59 cuerpos.
“Las fosas ahora descubiertas pudieran estar relacionadas con hechos diferentes. No tenemos elementos para confirmarlo, particularmente por la ubicación de las fosas”, explicó.
Acerca de la identificación de los cuerpos, el funcionario indicó que ya hay avances y que la mayoría son hombres.
Canseco Gómez señaló que las líneas de investigación apuntan al secuestro, la incorporación de personas a realizar actos delictivos y la trata de personas.
“Contamos con estas tres suposiciones, ya que por las características se contempla que fue ya sea para pedir algún rescate, involucrarlos en acciones criminales o bien seguir operando el tráfico de personas. Por ahora es lo que tenemos pero estamos seguros de que las líneas van por esos caminos”, comentó.
Dio a conocer que los gobierno de Querétaro y Guanajuato ya presentaron denuncias por desapariciones de personas de esas entidades que se dirigían hacia el norte del país para llegar a EU.
Precisamente la procuraduría de Guanajuato anunció que ascienden a 21 las denuncias presentadas por personas desaparecidas y que se teme se encuentren entre los 72 cadáveres que fueron encontradas en Tamaulipas.
Un día antes eran 17 las personas de las que no se sabía su paradero desde el 24 de marzo, cuando abordaron autobuses con destino al norte del país.
Mientras, en Tamaulipas las empresas Enlaces Terrestres Nacionales y Omnibus de México decidieron no transitar más por la carretera Matamoros- Ciudad Victoria y rodear por Monterrey debido al clima de inseguridad.
La ONU exige investigación
Por otra parte, El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios de la ONU manifestó su preocupación por los ataques de la delincuencia organizada trasnacional contra los migrantes que cruzan por México.
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