El fin de la dictadura siria?
Los estados occidentales deberían aprovechar la oportunidad de despachar rápida y contundentemente al dictador Bashar al-Assad y sus cómplices. Muchos efectos benéficos surtirá el que ocupen su lugar en el vertedero de la historia.
Por Daniel Pipes
La multitudinaria revuelta de Siria abre oportunidades, humanitarias y geopolíticas. Los estados occidentales deberían aprovechar la oportunidad de despachar rápida y contundentemente al dictador Bashar al-Assad y sus cómplices. Muchos efectos benéficos surtirá el que ocupen su lugar en el vertedero de la historia.
Exteriores: El perverso pero tácticamente brillante Hafez al-Assad castigó Oriente Próximo durante décadas con la desproporcionada influencia siria. Su vástago, el imprudente Bashar, ha prolongado este patrón desde el año 2000 enviando terroristas a Irak, asesinando al primer ministro del Líbano Rafiq al-Hariri, deponiendo a su hijo Saad, ayudando a los grupos terroristas Hezbolá y Hamás y desarrollando armas químicas y nucleares. Su desaparición será una bendición universal.
Pero el principal papel de Bashar a nivel internacional consiste en servir de aliado de referencia de Teherán. A pesar de que los occidentales consideran normalmente la alianza sirio iraní un endeble matrimonio de conveniencia, se prolonga durante más de 30 años aguantando cambios drásticos de los intérpretes y las circunstancias, gracias a lo que el analista Jubin Goodarzi bautizó en 2006 "las inquietudes estratégicas de las dos partes a largo plazo más generales que se desprenden de sus prioridades en política nacional de seguridad".
La intifada siria ya ha debilitado al "bloque de resistencia de dirección iraní" al propiciar el distanciamiento político de Teherán con respecto a Assad y fomentando las divisiones en el seno de la cúpula iraní. Los manifestantes sirios andan quemando la bandera iraní; si los islamistas (sunitas) llegan al poder en Damasco, cortarán la conexión iraní obstaculizando gravemente las grandiosas ambiciones de los mulás.
El final del ejecutivo Assad apunta otras importantes repercusiones. Bashar y el partido islamista AK en el poder en Turquía han desarrollado relaciones estrechas que ciertos analistas consideran indicación de que la desaparición del régimen de Assad conduciría directamente al desplome de la política de Ankara para Oriente Medio entero. Asimismo, el malestar entre los kurdos de Siria podría conducir a una mayor autonomía por su parte que a su vez podría invitar a sus correligionarios étnicos de Anatolia a reclamar un estado independiente, perspectiva que aterroriza de tal manera a Ankara que envió un aluvión de representantes de alto nivel a Damasco y sacaba adelante con urgencia un acuerdo de contrainsurgencia en la iniciativa.
El malestar social en Siria supone alivio para el Líbano, que lleva bajo el control indirecto sirio desde 1976. De igual manera, un distraído Damasco permite a los estrategas israelíes, temporalmente al menos, centrar la atención en los muchos problemas exteriores que tiene el país además.
Nacional: Durante una engreída entrevista que concedió para discutir los acontecimientos de Túnez y Egipto a unas semanas de que su propio país estallara el día 15 de marzo, Bashar al-Assad explicaba la miseria a la que se enfrentan también sus propios súbditos: "Siempre que tenga lugar un acontecimiento, es evidente señalar que se produce indignación que se alimenta de la desesperación".
El término desesperación resume de manera idónea el sentir de la población siria; desde el año 1970, la dinastía Assad ha dominado Siria con puño estalinista sólo marginalmente menos opresor que el de Saddam Hussein en Irak. La pobreza, las expropiaciones, la corrupción, la parálisis, la opresión, el miedo, el aislamiento, el islamismo, las torturas y las masacres son el sello de la administración Assad.
Gracias a la avaricia y la ingenuidad occidentales, sin embargo, pocas veces los extranjeros se dan cuenta de la magnitud total de esta realidad. Por una parte, el ejecutivo sirio apoya económicamente el Centro de Estudios Sirios de la University of St Andrews. Por otra, existe un grupo de presión informal de Siria. Por eso, la Secretario de Estado estadounidense Hillary Clinton se refiere a Bashar al-Assad como "un reformista" y la revista Vogue publica un almibarado artículo acerca de la mujer del tirano, "Asma al-Assad: una rosa del desierto" (llamándola "glamorosa, joven y muy chic — la más magnética y efervescente de las primeras damas").
Hay que destacar un riesgo potencial derivado del cambio de régimen. No espere un golpe de estado relativamente suave como el de Túnez o Egipto sino una revolución integral dirigida no sólo contra el clan Assad sino también contra la minoría Alawi de la que procede. Los Alawi, una secta secreta post-islámica que representa alrededor de la octava parte de la población siria, han dominado la administración desde 1966, despertando la hostilidad agresiva de la mayoría sunita. Los sunitas emprendieron la intifada y los Alawi llevan a cabo el trabajo sucio de reprimirlos y asesinarlos. Estas tensiones podrían alimentar un baño de sangre y hasta una guerra civil, posibilidades que las potencias exteriores tienen que reconocer y para las que tienen que prepararse.
Mientras la parálisis se instala en Siria con manifestantes llenando las calles y con el régimen matándolos, la política occidental puede marcar la diferencia definitiva. Steven Coll del New Yorker, acierta al decir que "el momento de negociación fructífera con Assad ha pasado". Ha llegado la hora de dejar de lado los miedos a la estabilidad y, como apunta el analista Lee Smith con razón, "Mucho peor que el régimen de los Assad no será". Ha llegado la hora de sacar del poder a Bashar, proteger a los miembros de la minoría Alawi que sean inocentes y afrontar "lo bueno por conocer en lugar de lo malo conocido."
El Exit Poll de los Presidentes Correa, Chávez y Evo
El Exit Poll de los Presidentes Correa, Chávez y Evo
La injerencia del Presidente Chávez en la elección ecuatoriana superó todos los límites
El pasado 07 de mayo se realizó en Ecuador el Referendo convocado por el Presidente Rafael Correa
Por Baldomero Vásquez Soto
El pasado 07 de mayo se realizó en Ecuador el Referendo convocado por el Presidente Rafael Correa, el cual contenía 10 preguntas. Sin duda que en las preguntas 4 y 9 se concentraba el interés del mandatario, ya que el voto mayoritario favorable en ellas lo autorizaba para nombrar un Consejo de la Judicatura de Transición y un Consejo Regulador de los medios de comunicación.
Escrutadas el 100% de las actas, el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador fue: en la pregunta 4 a favor del “Si” el 46,15% frente a 42,56% que apoyó al “No” y en la pregunta 9 votó por el “Si” un 44,96% y 42,04% lo hizo por el “No”.
Dichos resultados, se encuentran a una distancia sideral de los pronosticados por el Exit Poll contratado a la encuestadora del antropólogo Santiago Pérez por los canales estatales GamaTv y Tc Televisión. Sondeo en el que se apoyó el Presidente Correa para declarar “Hemos ganado con más de 20 puntos” (1) y celebrar su victoria en el Referendo por anticipado, antes del primer boletín oficial del CNE.
El citado Exit Poll predijo un triunfo del “Si” por encima del 60% en todas las preguntas, en particular 61% a 39% en las preguntas 4 y 9. Dado el margen de error de de +ó- 2% que previamente se estableció en la encuesta, el sondeo pronosticaba que la votación del “Si” estaría, con una probabilidad de 95%, entre 59% y 63%. Por tanto, la diferencia en la pregunta 4 entre el límite inferior del pronóstico de la encuesta a boca de urna (59%) y el resultado oficial del CNE (46,15%) fue de 12,85%. Pero esa diferencia, estadísticamente lo que significa es que el sondeo cometió un astronómico error de predicción de 642,5% -no de 8% como malintencionadamente declaró días después el señor Pérez- porque la desviación de 12,85% contiene más de 6 veces el margen de error de 2%.
Vale informar que en Venezuela hemos visto este tipo de errores de predicción similares al del Exit Poll del antropólogo Pérez. Los han cometido “encuestadoras” cuyos voceros son ex-ministros del gobierno nacional (GIS XXI del Profesor Merentes (2) y de su discípulo, el Teniente Jesse Chacón, se equivocó en 528% en su pronóstico del Alcalde Metropolitano en noviembre de 2008). Siempre hemos afirmado que estos “errores de predicción” son de una magnitud tan grande que lo que demuestran es que la encuesta es fraudulenta y que se divulgó con finalidad de manipular a la opinión pública.
Retornando a lo ocurrido en Ecuador, alguien podría pensar que el Presidente Correa cometió una simple ligereza al apoyarse en un Exit Poll para anunciar y celebrar su victoria en el Referendo. No fue ninguna ligereza. El sondeo fue premeditadamente preparado con la intención de manipular a la opinión pública ecuatoriana y latinoamericana. Por eso es que luego de la declaración del Presidente Correa, inmediatamente fue secundado por el Presidente Chávez, quién, a través de un Comunicado de la Cancillería, resaltó “la histórica victoria que representan los resultados de dicha consulta” (3). Detrás de él, vendría la felicitación del Presidente Evo Morales. Y para que a nadie le quede duda de la orquestada manipulación, veamos la integración en la operación mediática de Prensa Latina, la Agencia Internacional de Noticias de los Castrofósiles dueños de Cuba. Dicha Agencia tituló su nota, “Amplia victoria del Si en Ecuador da encuesta en urnas” (4)
Esta repugnante manipulación adelantada por los Presidentes Correa, Chávez y Evo nos ratifica el desprecio que comparten por dos instituciones fundamentales del sistema democrático: la ley y la opinión pública. Pero la injerencia del Presidente Chávez en la elección ecuatoriana superó todos los límites, ya que contradijo abiertamente las normas que él y su Asamblea Nacional establecieron para las elecciones en Venezuela en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (5) aprobada el 31 de julio de 2009. Dicha ley establece la “Prohibición de publicación de encuestas… durante el lapso de siete días anteriores al acto de votación”, en el Artículo 82 y la “Prohibición de difusión de resultados electorales antes del primer boletín del CNE”, en el Artículo 83.
Referencias
1) Video en: http://www.youtube.com/watch?v=6HUzmxmxaH0&feature=related
2) http://www.soberania.org/Articulos/articulo_5335.htm
3) http://www.avn.info.ve/node/56694
4) http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=286568&Itemid=1
5) http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/indice.php
Texto de la referencia 4 (Link bloqueado por la agencia cubana Prensa Latina)
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=286568&Itemid=1
Amplia victoria del Sí en Ecuador da encuesta en urnas
07 de mayo de 2011, 18:41 Por Pedro Rioseco
Quito, 7 may (PL) Concluida la jornada electoral de hoy en Ecuador la única encuestadora autorizada a realizar sondeos a boca de urnas, dio un resultado favorable al Sí con más del 60 por ciento en las 10 preguntas del plebiscito.
La empresa Santiago Pérez precisó que en 23 mil 800 consultas, aunque no constituyen resultados oficiales, en las cinco primeras preguntas que implican reformas a la Constitución el Si ganó en 64, 62, 61, 61 y 61 por ciento respectivamente.
En la uno que impide la caducidad de la prisión preventiva por demoras provocadas, se impuso con el 64 por ciento y venció en 19 de las 24 provincias encuestadas.
La pregunta dos, referida a la no aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en delitos graves, aportó al Sí un 62 por ciento y venció al No en 18 provincias.
En la tres referida a evitar conflictos de intereses al prohibir a las empresas de comunicación negocios fuera de ese ámbito, ganó el Sí con un 61 por ciento y venció en 18 provincias, e igual por ciento del Sí obtuvo la pregunta de sustituir al Pleno de la Judicatura.
Las cinco preguntas de la consulta popular se comportaron en la encuesta a boca de urna con igual por ciento, 61 por el Sí y triunfo entre 17 y 18 provincias.
Estas son las referidas a condenar el enriquecimiento ilícito privado, eliminación de juegos de azar, creación del Consejo de Regulación del contenido de los medios y la afiliación obligatoria de los trabajadores al Seguro Social.
La relacionada con prohibir las corridas de toros que tengan la finalidad de dar muerte al animal es de aplicación cantonal (municipal) y habrá que esperar los resultados del voto a ese nivel.
mem/prl
Colombia: ¿Política o Jurídicamente Incorrecto?
El caso de las computadoras ha sido tan trillado, que de no ser por la gravedad de la información allí suministrada, uno preferiría olvidarlo
La tradicional estrategia de “la zanahoria y el garrote”
Por Virginia Contreras
La reciente decisión dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en la cual declara inválidas las pruebas emanadas de ciertas computadoras encontradas en el campamento del comandante Raúl Reyes, de las FARC, desempolva toda una trama de intrigas, aciertos y desaciertos, entre la cúpula del gobierno Neogranadino y el más Alto Tribunal del país.
Quienes pensaron que la tradicional política del garrote había terminado por parte de dicho organismo jurisdiccional, simplemente por haber facilitado éste la escogencia al mandatario colombiano del país de destino en la extradición del delincuente Walid Makled, parecieran olvidar los dramáticos desencuentros entre este Tribunal y su gobernante anterior, Álvaro Uribe. Tal situación ha llevado hasta a la iniciación de procesos judiciales en contra de personalidades vinculadas a dicho gobernante. En el argot popular, esto no sería más que la tradicional estrategia de “la zanahoria y el garrote”, y habría que ser muy ingenuo para no verlo.
El caso de las computadoras ha sido tan trillado, que de no ser por la gravedad de la información allí suministrada, uno preferiría olvidarlo. Obtenida esta información por parte de las autoridades colombianas, éstas tomaron la iniciativa de interponer acciones judiciales en contra de ciertas personalidades del mundo político, y social de ese país, e incluso de algunas extranjeras, de las cuales se presume su vinculación con el referido grupo guerrillero.
Una de estas personas, es el ex congresista, y miembro del Polo Patriótico, Wilson Borja, quien desde hace algunos años ha estado involucrado en distintas situaciones irregulares, si bien no todas atribuibles a él directamente. Basta recordar el atentado en su contra en el año 2000, en el cual el entonces dirigente sindical casi pierde la vida, y en donde se involucra a un mayor del ejército colombiano, (quien al parecer habría actuado bajo las órdenes del conocido ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el hoy fallecido, Carlos Castaño), para entender el calibre de juego en el cual se involucra el personaje. Todo esto de acuerdo a la sentencia dictada en el respectivo proceso judicial.
Vuelve así entonces Borja a la palestra publicitaria, pero hoy como consecuencia de la decisión dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual ordena “archivar” el proceso penal en su contra, por no encontrar elementos probatorios válidos que lo vinculen con la organización guerrillera. Esta situación, de restarle toda validez a la información recabada en las mencionadas computadoras, ha causado gran conmoción en la sociedad colombiana, y en muchos otros lugares del continente, toda vez que con la misma podría darse al traste con todo el esfuerzo que miembros de las fuerzas militares de Colombia, e infinidad de autoridades de ese país, han venido realizando desde hace años para combatir a tan terribles y sanguinarias organizaciones irregulares armadas.
Dentro de los aspectos más relevantes de la referida decisión, existen dos que pueden ser considerados como fundamentales. El primero se refiere a la calificación de “ilegales” de las pruebas vinculadas directamente con los mencionados computadores, recabados en territorio ecuatoriano. A juicio del Alto Tribunal, "Ninguna autoridad colombiana tiene competencia, o está facultada, para practicar en el extranjero inspecciones y recoger elementos por fuera de los mecanismos de cooperación internacional…” (sic.)
Esta situación ha dado origen a múltiples discusiones por parte de la opinión pública en general. De allí que valga la pena incluir algunas otras consideraciones.
Comencemos por destacar las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Camilo Tarquino, quien señalara: “Las pruebas que la Corte tuvo en cuenta en el proceso contra el ex congresista del Polo Democrático no fueron recolectadas de manera correcta, por lo que no se le dio validez” (sic). De igual modo, agregaba, que los registros conseguidos en el campamento guerrillero, fueron recolectados de forma ilegal por cuanto que junto con el personal militar allí agolpado, recabando información, no se encontraba presente un fiscal del Ministerio Público, capaz de evidenciar la existencia de la prueba como tal.
Efectivamente, tal y como lo ha determinado la referida decisión judicial, y aclarado por el presidente del Alto Tribunal, existe todo un procedimiento legal para la obtención de pruebas, y toda serie de circunstancias vinculadas con una averiguación judicial, cuando dichos elementos se encuentran en el extranjero. De hecho, Colombia ha suscrito diversos Convenios al respecto. Uno de carácter multilateral, como lo es la “Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal”, la cual fue convertida en lo que sería la “Ley 636” (2001), así como distintos acuerdos bilaterales sobre la materia.
En el caso específico de Ecuador, la Ley 519, de 1999, hizo suyo el contenido del "Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República de Colombia y la República del Ecuador", de diciembre de 1996. En este instrumento jurídico, ambas partes “se obligan a prestarse asistencia recíproca, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y de sus respectivos ordenamientos jurídicos, en la realización de investigaciones y de procedimientos judiciales” (ordinal 1. artículo 20).
Visto así, ninguna duda cabría respecto a la ineludible obligación para las autoridades colombianas y/o de Ecuador, de requerir la “asistencia jurídica del otro Estado”, de acuerdo a sus respectivos ordenamientos jurídicos para la realización de investigaciones y procedimientos judiciales. Dicho de otra forma: en un caso “típico”, de la comisión de un delito en el cual uno de los dos Estados estuviere interesado en investigar en territorio del otro, (por cuanto se presume la existencia de elementos vitales para las investigaciones), el Estado interesado deberá notificar al otro Estado, y solicitar su colaboración, a los fines de que las pruebas recabadas se ciñan a lo que sobre la materia establezca la legislación de este último Estado.
No obstante, los hechos que dieron origen al proceso judicial decidido por el Máximo Tribunal en su controvertida decisión, obedecen a una situación sui generis, producto del conflicto de violencia que ha padecido la sociedad colombiana desde hace más de 50 años, como consecuencia de la acción guerrillera.
El caso es que Raúl Reyes, comandante de las FARC, utilizaba toda serie de subterfugios para garantizarse la impunidad de sus crímenes; entre ellos el de trasladarse permanentemente, desde Colombia hacia territorios extranjeros, como Venezuela y Ecuador, (e incluso se le menciona a veces con la frontera brasileña), a fin de evadir la persecución de la cual era objeto.
El primero de marzo de 2008, el gobierno colombiano, estando en conocimiento de la presencia de Reyes en la frontera ecuatoriana, ordenó el bombardeo del campamento en el cual se encontraba, hecho que ocasionó la muerte, tanto del comandante guerrillero, como de sus secuaces. Dicha situación facilitó la incautación de todos los bienes que allí se encontraban (entre ellos ciertas computadoras), las cuales, por estar “en posesión” del grupo guerrillero, representaban la “propiedad” de las mismas.
Tal y como era su obligación, los efectivos militares y los miembros de la Policía Nacional allí presentes, procedieron a incautarlas. Respecto a los efectivos militares, su función correspondió a la persecución de los elementos guerrilleros. En el caso de los miembros de la Policía Nacional, su actuación obedeció a su condición de “miembros de policía judicial permanente”. En estos términos, tal y como lo establece el artículo 201 del Código de Procedimiento Penal de Colombia, “Ejercen permanentemente las funciones de policía judicial los servidores investidos de esa función, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad, por intermedio de sus dependencias especializadas”.
Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales se produjeron los hechos aquí señalados, nos permiten determinar, que a diferencia del criterio establecido por el organismo jurisdiccional, dichos eventos no son más que la consecuencia de la acción ejercida por las autoridades antes mencionadas dentro de un conflicto armado, que si bien no ha sido declarado oficialmente, y no ha abarcado el ámbito internacional, se encuentra enmarcado dentro del artículo 3., común a los cuatro Convenios de Ginebra existentes. La Convención de Ginebra representa la aplicabilidad de dichas normas en conflictos “entre el Gobierno y fuerzas rebeldes, o entre dos fuerzas rebeldes, o hacia otros conflictos que tengan todas las características de una guerra pero que estén contenidos en un único país”.
En el caso particular de los bienes hallados en el lugar de la acción, debemos recordar que si bien en un principio las normas contenidas en la mencionada Convención hacían mención a las personas actuantes, o víctimas de dichas acciones, los problemas surgidos con ocasión de los bienes que se encontraban en las áreas de acción, obligaron a la conformación de otro tipo de normativas, incluidas en Protocolos adicionales a dichas Convenciones, como el artículo 52 y siguientes del Protocolo 1. referido a los “bienes civiles" localizados.
Adicionalmente a esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja, (organización vital en esta materia, si recordamos que precisamente el origen de la Convención de Ginebra obedece a las bases sentadas por dicha organización) hace referencia a 161 normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario, en las cuales se incluye la situación de los distintos tipos de bienes que pueden encontrarse dentro de una situación de conflicto, entre ellos el caso de los llamados “botines de guerra” (publicado por la “Cambridge University Press”, 2005).
De acuerdo a la definición establecida en los distintos manuales militares del mundo, entre ellos Francia, Alemania y los Países Bajos, botín de guerra, se refiere tanto a las armas; municiones; equipo militar, como a los documentos; depósitos de mercancía; máquinas; e incluso dinero, capturados, o encontrados en el campo de batalla. En base a esta secuencia ejemplificativa de bienes considerados como “botín de guerra”, es obvio comprender cómo las computadoras encontradas en el campamento guerrillero en Ecuador, corresponden a la esencia de un verdadero botín de guerra, y no a instrumentos vinculados a la comisión de un delito ordinario, encontrados en territorio extranjero, como pretende demostrar el Máximo Tribunal colombiano.
Como consecuencia de esta circunstancia, mal podría aplicarse el contenido del Convenio de Asistencia recíproca en materia penal, suscrito entre ambas Naciones, ni mucho menos el Acuerdo multilateral del cual Colombia también es parte, a una situación, que como la planteada, obedece a específicas normas y costumbres asumidas mundialmente a raíz de conflictos como los antes señalados.
Para mayor abundamiento, vale la pena referir herramientas de innegable trascendencia en la vida jurídica y política de nuestros pueblos, como el Estatuto de Roma, de cuyo instrumento jurídico emana la Corte Penal Internacional. Igualmente mencionar el artículo 18. del III Convenio de Ginebra (sobre el trato a los prisioneros de guerra), en donde se verifica que “los medios, recursos y abastecimientos del enemigo capturados, exceptuados los medios de identificación, los recursos sanitarios y religiosos y los necesarios para el vestuario y alimentación y protección del personal capturado, se convierten en botín de guerra, que puede ser utilizado sin restricción. Pertenecen a la potencia captora y no a los combatientes individuales, por lo que serán evacuados por los canales logísticos” (sic).
El segundo fundamento de la decisión dictada por la Corte Suprema de Justicia colombiana se refiere a la supuesta manera irregular como se recolectó la información emanada de dichas computadoras, en el sentido de afirmar que “no se siguieron principios legales de procedimiento, es decir no se respetó la cadena de custodia” (sic).
Comencemos por entender qué quiere decir el Legislador colombiano con la expresión “cadena de custodia”. En los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Penal de ese país, la cadena de custodia es utilizada “con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física”. Tomando en cuenta, entre otros, “los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente” (sic).
En este sentido, si retomamos la decisión judicial comentada, atraen poderosamente la atención las afirmaciones contenidas en ésta, en la cual se advierte que “lo que se han llamado correos electrónicos de Raúl Reyes en realidad se desconoce si lo fueron, pues no se hallaron en un navegador o red de transmisión de datos, sino en formato de Word, en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino, remotos. Quienes recogieron esos documentos, los copiaron y clasificaron, no informan haber ingresado al correo electrónico presuntamente utilizado por Raúl Reyes” (sic).
Sin ánimo de confrontar la veracidad de esta afirmación, de ser ciertas las mismas, resultarían de una gravedad tal, imposibles de asimilar de acuerdo al sentido común que debe acompañar a todo funcionario, y persona en general, que tenga la responsabilidad de preservar un elemento de juicio tan importante.
Si retomamos el origen de la certificación del contenido de dichas computadoras, recordaremos que en mayo de 2008, el mundo fue informado de boca del secretario general de la “INTERPOL” respecto al sólido, eficiente y legal manejo de la información contenida en las referidas computadoras, tanto por parte de las autoridades colombianas, como de manos del organismo internacional.
Dicho funcionario, en rueda de prensa celebrada en Colombia, destacaba la utilización de “más de 4 mil horas de trabajo” a fin de “descifrar los documentos que habían sido protegidos,” y en donde “sus técnicos conectaron 10 computadores y los hicieron trabajar de manera continua y conjunta por 2 semanas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana”. Tal y como manifestó, “en total se analizaron 8 evidencias encontradas en el campamento de Reyes, correspondientes a más de 600 Gigas, entre los cuales había 37.000 documentos y 210.000 imágenes, 22.000 páginas web, casi 8 mil direcciones de e-mail, y 983 archivos cifrados” (sic). Concluyendo, que ninguno de estos archivos fueron manipulados, a cuyo efecto advirtió, que” Interpol ha obtenido los hashes MD5 (firmas de encriptación únicas para un archivo determinado) que darán fe de que los archivos que Colombia entregue a sus tribunales son idénticos a los verificados por Interpol” (sic).
Esta situación contrasta con cierta información publicada por ante los medios de comunicación colombianos, en donde se señala que supuestamente “los investigadores de la Dijín explicaron que buena parte de los mensajes electrónicos fueron borrados del navegador, sin embargo, quedaron grabados en las copias de seguridad del computador, y para hacer visible esta información se tuvo que recurrir al formato Word” (sic)
De haberse modificado el contenido de todos esos elementos analizados por la organización policial internacional, evidentemente que la decisión judicial comentada, obtendría una connotación distinta, por cuanto que a la crítica que podría ocasionar el que el Mayor Tribunal del país haya aplicado una normativa distinta en materia de acciones militares, se le uniría la reprobación de toda una comunidad internacional a la autoridad, o funcionarios, que estando en la obligación de preservar los elementos probatorios en su estado original , hubiesen tomado la descabellada decisión de transformarlos en otros formatos, y bajo otras condiciones.
Es posible que dicha transformación no modifique el contenido de la información como tal, pero muy seguramente impediría el conocimiento de la verdadera y real circunstancia en las cuales esta información fue manejada, así como crearía una situación de duda en el Juzgador, que evidentemente beneficia al reo. Esta situación, de transformar e mails, en documentos “Word”, si fuere cierta, equivaldría a hechos tan insólitos, e impracticables, como el funcionario que ordenara el lavar un cuchillo encontrado en el sitio de un asesinato, a fin de mantenerlo en estado de limpieza, o el que ordenara trasladar del lugar del suceso a la persona asesinada, sin hacer el levantamiento del cadáver, para facilitar el uso de la habitación en donde se encontraba.
Sea cual fuere la realidad de tal afirmación, incluida dentro de la referida decisión judicial, e indistintamente de la impugnación que la Procuraduría colombiana ejerza en contra de dicha sentencia, le corresponderá a las autoridades encargadas de la misión de preservar esa “cadena de custodia”, así como a las mismas autoridades políticas de ese país, el aclarar al mundo si esta situación es cierta o no, así como asumir la responsabilidad de su propia torpeza, si fuere el caso.
Son muchas las personalidades a las cuales se les vincula con la organización terrorista, como consecuencia del análisis de dichas computadoras. En el caso de ciudadanos colombianos, tal vez los más destacados últimamente hayan sido las ex senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez; Joaquín Pérez Becerra, recién deportado desde Venezuela y ex director de la cadena informativa “ANNCOL”; el periodista William Parra (contra quien existe una orden de captura);
y el académico Miguel Ángel Beltrán, conocido como "Cienfuegos".
Algunas de esas informaciones han sido utilizadas por parte de organismos de otros Estados para abrir averiguaciones criminales, o tomar decisiones administrativas, como los casos del juicio iniciado por la Real Audiencia Nacional de España, en donde ex miembros de la organización guerrillera FARC han confesado su vinculación con comandos del grupo terrorista “ETA”, así como con autoridades del gobierno venezolano, -dentro de territorio de Venezuela- a fin de facilitar el entrenamiento en acciones terroristas. Supuestamente, dentro de estas acciones terroristas estaría la “posibilidad de atentados en contra de personalidades opositoras al régimen venezolano en ese país”, según informara el Diario “The New York Times”, el pasado 10 de mayo.
Otras dependencias oficiales, como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, han tomado algunas decisiones en contra de ciudadanos referidos en las computadoras incautadas, aún cuando muy probablemente el origen de la información que ha dado lugar a sus decisiones, no obedezca exclusivamente a aquellas. En este sentido, el referido organismo ordenó la congelación de las cuentas bancarias de los oficiales venezolanos: capitán de navío (R.)Ramón Rodríguez Chacín, quien días antes de dicha decisión ocupara el cargo de ministro del interior de Venezuela; general en Jefe, Henry Rangel Silva, para entonces director de la policía política (DISIP) y actual jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB; y el general de división Hugo Carvajal, Director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Esto como consecuencia de la presunta colaboración de estas personas, en materia de tráfico de drogas y facilitación de armas a la organización guerrillera.
Jefes de Estado han sido denunciados por su vinculación con la mencionada organización guerrillera, como el presidente de Venezuela, a quien se le ha involucrado con su colaboración a las FARC; la entrega de contribuciones económicas y la oferta de mayores cantidades de dinero; la oferta de facilitación de petróleo para su venta por dicha organización, y reuniones secretas con líderes guerrilleros, como el hoy fallecido comandante Raúl Reyes.
El jefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa, también ha sido mencionado como beneficiario de cantidades de dinero de manos de las FARC para su campaña presidencial, circunstancia que se habría realizado gracias a las entrevistas que supuestamente el ministro de seguridad de ese país hubiera celebrado con líderes guerrilleros.
De igual forma, ciudadanos extranjeros, como Manuel Francisco Olarte (alias “Roque”), de nacionalidad chilena, y miembro del partido comunista de ese país, quien por decisión de la Corte Suprema de Justicia chilena acaba de ser liberado, tras 6 meses de detención, fue denunciado por el gobierno colombiano por presuntamente pertenecer a una célula de las FARC en Chile.
En todos estos casos, cada uno de los involucrados ha celebrado la decisión del Máximo Tribunal de Justicia colombiano, en el sentido de pretender restarle importancia a las denuncias que durante estos últimos años ha habido en su contra.
Lo curioso de toda esta situación, es que a raíz de la divulgación del contenido de las referidas computadoras, personalidades como el propio presidente de Venezuela, reconocieron haber mantenido relaciones con líderes de las FARC. En efecto, tal y como manifestó el mandatario venezolano: “Yo recibí a Raúl Reyes una vez, en privado y en secreto, en La Casona (residencia presidencial), hablamos toda una madrugada, porque me lo había pedido Andrés Pastrana, me lo pidió varias veces"(sic). A lo que el propio ex presidente Pastrana respondió que "Nunca se dio una autorización para que Chávez hablara con el señor ‘Reyes'-muerto en marzo de 2008-" (sic).
En el caso de la República del Ecuador, a pesar de la negativa del mandatario Correa de haber tenido su gobierno algún nexo con las FARC, el ex subsecretario de Gobierno, José Ignacio Chauvín, al final ha tenido que reconocer que encabezó el registro de habitantes en la frontera norte, en donde se habría reunido circunstancialmente con miembros de la organización guerrillera.
Respecto al proceso judicial abierto por los Tribunales españoles en contra de integrantes de la “ETA”, así como de ex miembros de las FARC, frente a la confesión realizada por éstos últimos, mal podría alguna autoridad, o persona alguna pretender desvirtuarla debido a la decisión recientemente dictada por la Corte Suprema Colombiana.
En el caso de la ex senadora Piedad Córdoba, basta con verificar el nivel de vida y de movilidad que ha mantenido por años para no entender, cómo una persona que ejercía una función cómo legisladora, podía ausentarse de su lugar de trabajo por larguísimo tiempo, sin que ninguna autoridad pudiera notarlo, siquiera para solicitar una acción disciplinaria en su contra. De igual forma, habría que preguntarse cómo dicha ex funcionaria podría justificar el financiamiento de viajes y demás gastos inherentes a éstos, por todos los rincones del mundo, habida cuenta de su escasa condición económica. Esto sin contar la denuncia pública realizada por el recientemente extraditado criminal, Walid Makled, en donde manifestara haber ordenado el pago de UN MILLÓN DE DÓLARES para la mencionada ex legisladora, a cambio de su gestión, como una especie de “lobby”, para el acercamiento con el presidente venezolano. Ciertas o falsas todas estas circunstancias, muy seguramente que el pueblo colombiano tendrá derecho a conocer la verdad.
De igual forma, en relación con ciudadanos extranjeros, como el mencionado Rafael Olarte, en Chile, indistintamente de la decisión actualmente tomada por los órganos jurisdiccionales en su país, ordenando su libertad, les corresponderá a las autoridades chilenas el verificar hasta qué punto las acusaciones en las cuales se le vincula al referido ciudadano con las FARC son ciertas. Todo esto en función de su obligación de preservar, no la seguridad de un país extranjero, como Colombia, sino la de Chile, sus ciudadanos y su propio territorio.
Son muchas las posibilidades que tiene la Justicia para actuar en el caso colombiano, las cuales dependerán de la voluntad política de sus gobernantes para impulsarla. Estos, a veces por la presión social, dejan escapar situaciones irregulares que sirven como antesala a hechos de mayor gravedad. Es cierto que en una Nación en donde priva el Estado de derecho, es poco lo que sus líderes políticos puedan hacer directamente para tratar de alumbrar a la luz de la Justicia. Pero lo que sí es pertinente recordar, es que a pesar de que a veces la verdad reste votos, sus pueblos esperan acciones jurídicas y políticamente correctas.-
Lo que Obama hizo a Israel
Lo que Obama hizo a IsraelCada negociación árabe-israelí alberga una asimetría fundamental: Israel cede territorio, que es un bien tangible; los árabes hacen promesas, que son intangibles efímeros. La veterana solución estadounidense ha consistido sin embargo en empujar a Israel a correr riesgos por la paz al tiempo que América equilibra las cosas dando garantías de apoyo estadounidense a la seguridad y las necesidades diplomáticas de Israel.
Por Charles Krauthammer
Cada negociación árabe-israelí alberga una asimetría fundamental: Israel cede territorio, que es un bien tangible; los árabes hacen promesas, que son intangibles efímeros. La veterana solución estadounidense ha consistido sin embargo en empujar a Israel a correr riesgos por la paz al tiempo que América equilibra las cosas dando garantías de apoyo estadounidense a la seguridad y las necesidades diplomáticas de Israel.
Es sobre la base de tan solemnes garantías que Israel llevó a cabo, por ejemplo, el repliegue de Gaza. Para paliar este riesgo, el Presidente George W. Bush hizo la promesa por escrito de que América apoyaba que Israel absorbiera los principales bloques de asentamientos dentro de cualquier acuerdo de paz, que se oponía a la demarcación de 1967, y que permanecería firme frente al denominado derecho de retorno palestino a Israel.
Durante dos años y medio, la administración Obama se ha negado a reconocer y refrendar estas garantías. Entonces, en su intervención en el Departamento de Estado la semana pasada, el Presidente Obama se deshacía de ellas definitivamente. Afirmó públicamente que el conflicto árabe-israelí debe resolverse realmente según "la demarcación de 1967 con intercambios mutuamente acordados".
Nada nuevo en esto, decía Obama tres días más tarde. "Por definición, significa que las propias partes -- israelíes y palestinos -- negociarán una frontera diferente" a la de 1967.
No significa nada parecido. "Mutuamente" significa que ambas partes deben estar de acuerdo. ¿Y si una de las partes no está de acuerdo? Entonces, por definición, volvemos a la demarcación de 1967.
Tampoco se trata de un postulado teórico simplemente. En tres ocasiones se les ha ofrecido exactamente esa fórmula a los palestinos, 1967 con intercambios - en Camp David en el año 2000, en Taba en el año 2001, y en las negociaciones Olmert-Abbás de 2008. En cada ocasión, los palestinos respondieron negativamente y abandonaron las negociaciones.
Y ésa sigue siendo su postura hoy: la demarcación de 1967. Punto. En la práctica, los palestinos acudirán en septiembre a las Naciones Unidas a obligar al mundo a ratificar eso exactamente -- un estado palestino en las fronteras del 67. Cero intercambios.
Observe la forma en que Obama ha minado la postura de negociación de Israel. Está exigiendo que Israel entre en negociaciones de paz habiendo renunciado ya a sus aspiraciones al territorio con el que se hizo en la guerra del 67 -- su única moneda de cambio. Recuerde: la demarcación del 67 discurre justo a lo largo de Jerusalén. El punto de partida de las negociaciones sería por tanto que el Muro de las Lamentaciones y hasta el barrio judío de Jerusalén son palestinos -- territorio extranjero por el que Israel debe ahora negociar.
La idea misma de que el lugar más sagrado del judaísmo es extranjero o de que el barrio judío de Jerusalén es ilegítima o histórica o demográficamente árabe es un absurdo. Y la idea de que, para conservarlos, Israel tiene que renunciar a regiones del propio país es una aberración.
Obama también cambió las reglas del juego del llamado derecho de retorno. Inundar Israel con millones de árabes destruirá al único estado judío del mundo al tiempo que crea el estado árabe número 23 y el segundo estado palestino -- que no es precisamente lo que queremos decir cuando hablamos de "la solución de los dos estados". Ésa es la razón de que la política de los Estados Unidos haya sido tan numantinamente contraria a este "derecho".
Pero en su intervención del Departamento de Estado, Obama se negaba a repetir simplemente esta postura -- y se volvía a negar en un discurso de corrección supuestamente tres días más tarde. En su lugar, decía a Israel que tiene que negociar el derecho de retorno con los palestinos después de haberles cedido hasta el último centímetro de territorio. ¿Negociar con qué, dígame?
No importa. "El estatus quo es insostenible", anunciaba Obama, "e Israel también tiene que actuar audazmente para impulsar una paz duradera".
¿Israel también? ¿Qué pasos audaces por la paz han dado los palestinos exactamente? Israel ha hecho tres ofertas radicalmente conciliatorias de establecer un estado palestino, replegarse de Gaza, y lleva más de dos años tratando de renovar las negociaciones. En ese tiempo, los palestinos de Gaza han estado disparando misiles contra los pueblos y los municipios israelíes. Y en Cisjordania, el Presidente palestino Mahmoud Abbás rechaza la oferta de Olmert, abandona las negociaciones con Binyamin Netanyahu, y ahora desafía a los Estados Unidos al aspirar no a conversaciones de paz sino al estado instantáneo -- sin paz, sin reconocer a Israel -- en las Naciones Unidas. Y para hacer imposible de confundir este rechazo tajante a cualquier proceso de paz, Abbás accede a unirse al abiertamente al genocida Hamás en un gobierno de unidad, que hasta Obama reconoce hace imposible las negociaciones.
¿La respuesta de Obama a esta implacable intransigencia de los palestinos? Recompensarla -- abandonando las garantías Bush, legitimando la demarcación del 67 y negándose a reafirmar el rechazo de América al derecho de retorno.
El único interrogante que queda es si esta política nociva y en última instancia contraproducente nace de la antipatía genuina hacia Israel o de la arrogancia de un torpe aficionado que se niega a ver que está socavando no sólo la paz sino la posibilidad misma de negociación.
Las implicaciones del 'caso DSK'
Las implicaciones del 'caso DSK'
Por Nouriel Roubini
¿Quién será el próximo director del FMI?Antes de la detención del pasado fin de semana, DSK seguramente tenía pensado dimitir de su cargo en el FMI para preparar su candidatura a la Presidencia de Francia en 2012. De hecho, según casi todas las encuestas, era el favorito para ganar.
Aunque de momento sólo estamos ante acusaciones de violación, el suceso del fin de semana habrá destruido sin duda cualquier posibilidad de que DSK se presente a las elecciones. En el juzgado de la opinión pública ya es mercancía dañada, por mucho que sea inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Hay muy pocas probabilidades de que recupere sus ambiciones políticas si las acusaciones resultan ser falsas a corto plazo. Algunos incluso han lanzado la hipótesis de que le han tendido una trampa para destruir su candidatura. Algunas fuentes sugieren que los "poderes ocultos" de Francia podrían estar decididos a acabar con el jefe del FMI pero, a no ser que se descubra que las alegaciones de "conspiración" y "trampa" son ciertas en los próximos días o semanas, su carrera en el FMI estará acabada y también sus probabilidades de presentarse a las elecciones francesas, independientemente de que se le declare culpable o inocente en un tribunal.
Implicaciones para los rescates
DSK debía entrevistarse con la canciller Angela Merkel el domingo, y el lunes con los ministros de Economía de la UE, para discutir los pasos a seguir con Grecia, es decir, ceñirse al plan A+ -aumentando con creces el programa oficial del FMI, la UE y el Fondo Permanente de Estabilidad (EFSF)-, que permitiría a Grecia cubrir su brecha de financiación de 25.000-30.000 millones en 2012; o pasar a un plan B, y forzar una reestructuración ordenada de la deuda, siguiendo con un programa modificado de austeridad y reformas.Aunque hay más personas en el FMI que pueden tomar el mando de las negociaciones del papel del Fondo en un rescate adicional de Grecia o una fianza de sus acreedores privados, DSK tenía la experiencia y seriedad necesarias para liderar al FMI en estas difíciles concesiones. Además, la marcha prevista en agosto de John Lipsky, número dos del FMI, se suma al vacío de liderazgo. No hay duda de que el programa del FMI para Grecia se ha desviado seriamente. El país no sólo presenta una enorme laguna financiera en 2012, sino que, además, el tramo de préstamos oficiales que debía desembolsarse tras la revisión de junio se encuentra ahora en peligro, porque Grecia se ha excedido de sus objetivos del déficit con este año.
De hecho, Grecia tendría que ir más allá del programa original, cuyos objetivos ya ha empezado a incumplir, para acercarse remotamente a poder solicitar y recibir recursos adicionales de rescate para 2012 y más allá, dada la probabilidad de que no recupere el acceso al mercado hasta dentro de muchos años.
Las opiniones personales de DSK sí que importaban en términos de si el programa para Grecia iba a aumentarse o tendría lugar una reestructuración ordenada de la deuda. Pese a que los puntos de vista del personal del FMI pesan en cierto modo, el programa griego no pasó los estrictos criterios del análisis de sostenibilidad de la deuda del Fondo en un principio y fue necesario tomar la decisión política de "prestar y rezar", dada la decisión de la UE de tomar el camino del rescate.
Así, aunque DSK sabía perfectamente que el plan A había fallado y que era necesario pasar al plan B (la reestructuración ordenada de la deuda), él es un hombre de política, consciente de que había que tener en cuenta los siguientes factores políticos: 1) la resistencia radical del BCE a la reestructuración; 2) el riesgo de que, si el FMI forzaba una reestructuración, el contagio podía conllevar consecuencias adversas para su propio futuro político en Francia; y 3) el objetivo francés tradicional de controlar el poder de Alemania, anclándola más todavía en la integración de la UE mediante un rescate completo y más caro de Grecia. DSK seguramente favorecía el plan A+ frente al plan B, aunque tanto él como el FMI supieran que el plan A era un fracaso.
Para poder seguir el plan B, hace falta lógicamente que todos los miembros de la troika (el FMI, la UE y el BCE) estén convencidos de que es el mejor camino. Por ahora, el BCE ha hecho oír públicamente su oposición a la reestructuración de la deuda en Grecia, ante la preocupación por los daños colaterales y el contagio. Otros miembros del consejo ejecutivo del BCE (o futuros miembros) como Jurgen Stark y Mario Draghi puede que tengan opiniones más flexibles sobre esta cuestión, pero con la futura presidencia del BCE prevista de este último, no es el momento de presentar opiniones confrontadas.
Si el BCE ha tomado legítimamente esa postura, las vendas ideológicas que le han llevado hasta ahí, ante su incapacidad de considerar seriamente la posibilidad de una reestructuración ordenada y las formas de evitar el contagio, han dejado a la institución en una posición incómoda.
Su cartera de activos acumula cientos de miles de millones de euros en reclamaciones contra los bancos de los PIIGS que se han convertido en un mal colateral -tratándose, en su mayoría, de deuda pública o bancaria garantizada por los gobiernos- por sus préstamos a entidades bancarias de esos países. Y, por encima, hay otra pila de deuda pública de los PIIGS, resultado de sus adquisiciones limitadas directas de deuda estatal. En parte, la oposición del BCE a una reestructuración de la deuda podría deberse más al temor a los efectos para su hoja de balances que a una consideración racional de las ventajas e inconvenientes. Además, el BCE, arrinconado en el rechazo a cualquier mención de reestructuración, no hizo los deberes y análisis necesarios del posible escenario de una reestructuración ordenada.
Y ése es un fallo institucional que raya en la imprudencia, porque cualquier institución seria consideraría y analizaría como es debido un plan B por si falla el A. Esta vez, los prejuicios ideológicos han llevado al BCE a no hacer los deberes del plan B, que le habrían llevado a la conclusión de que existen formas de efectuar una reestructuración ordenada de la deuda, limitando los efectos del contagio.
Los líderes del G-8 respaldan a Lagarde
Los líderes del G-8 respaldan a Lagarde para el FMI
Christine Lagarde en una imagen de archivo.
Francia tuvo el cuidado de no hablar sobre la candidatura de Lagarde durante la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8) países más industrializados del mundo que tuvo lugar en Deauville el jueves y viernes, pero Juppe dijo que Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón y los miembros europeos del grupo - Francia, Reino Unido, Italia y Alemania - estaban a favor de Lagarde.
"Entre los ocho jefes de Estado y gobierno más el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo que estaban allí, hubo apoyo unánime para Christine Lagarde", dijo Juppe en Canal+ televisión.
El principal cargo del FMI está vacante, después que Dominique Strauss-Kahn dimitiera por los cargos de intento de violación que ha prometido rebatir.
Lagarde volará a Brasil este domingo dentro de su campaña para sumar apoyos para su candidatura de las economías emergentes, que han criticado a responsables de la Unión Europea por sugerir que el nuevo jefe debe ser europeo.
Otro candidato es el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.
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