C. Valenciana
El G-8 teme un contagio mundial de la crisis griega y exige a la UE soluciones
La Comisión Europea advierte a Atenas que el «tiempo se acaba» y urge a poner en marcha ya el nuevo plan de austeridad del GobiernoLa falta de consenso político en Grecia obstaculiza la entrega de la siguiente inyección del rescate, de 12.000 millones, prevista para junio
Los miembros no europeos del G8 (EE.UU., Rusia, Japón y Canadá) reclamaron ayer a la UE y los estados miembros de la zona euro (Alemania, Francia e Italia) «más energía» para combatir la crisis de Grecia, reveladora, desde su óptica, de los graves problemas que la crisis europea de deuda provoca a toda la economía global.
En nombre de la delegación de Japón, Tetsuro Fujuyama, resumió el punto de vista no europeo en estos términos: «Varios líderes han expresado a sus interlocutores europeos su inquietud, pidiendo más firmeza para pedir a Grecia más esfuerzos y colaboración con el FMI, imprescindible para que la crisis de la deuda europea no afecte a la recuperación de la economía mundial». En términos más diplomáticos, las delegaciones de los EE.UU. y Canadá insistieron en la misma inquietud.
Anfitrión y portavoz oficial del G8, a la hora de presentar los trabajos colectivos, Nicolas Sarkozy intentó disipar las reservas de los aliados no europeos, insistiendo en que Grecia, la UE y los representantes de estados e instituciones (FMI) siguen trabajando en estrecha colaboración, descartando, al mismo tiempo, el rescate, la bancarrota y el agravamiento de la crisis. «Si reestructuración significa que un país no pague sus deudas, está claro que Francia no apoya esa alternativa», declararó Sarkozy, dejando en suspenso otras alternativas: «Por el contrario, si el sector privado asume una parte del fardo, no hay problemas. Pero nosotros no llamamos reestructuración a esa posibilidad».
Saliendo al paso de los rumores sobre divergencias de fondo entre Alemania y Francia, en torno a la crisis griega, el presidente francés volvió a insistir en la convergencia y necesidad de trabajo común de París y Berlín, para salir de la crisis.
Mientras, la falta de consenso entre las fuerzas políticas griegas sobre el nuevo plan de recortes y privatizaciones aprobado el lunes viene a complicar aún más la situación. Convocada por el presidente de la República, Carolos Papulias, los principales partidos celebraron ayer una reunión para intentar acercar posturas, informa Begoña Castiella. Era un último cartucho, porque ya es público que el estado heleno tiene fondos para pagar los salarios y pensiones de sus funcionarios únicamente hasta mediados de julio. Pero la cita acabó sin avances, por más que el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, reconociera que si no llega el siguiente plazo del préstamo el país se declararía en bancarrota, ya que no tiene posibilidad de hacer frente a los vencimientos de deuda previstos para junio. En todo caso, Papandreu anunció que las duras reformas se aplicarán «con o sin consenso».
El acuerdo político es una exigencia de la troika formada por BCE, FMI y Comisión Europea para hacer entrega al país heleno de ese imprescindible quinto plazo del rescate, de 12.000 millones, previsto para junio. De hecho, la Comisión Europea volvió ayer a urgir a Grecia a aprobar «rápidamente» el plan de austeridad e insistió en la necesidad del consenso. «El tiempo se acaba», apremiaba ayer en un comunicado el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, para quien la «magnitud del reto al que hace frente Grecia es un examen para toda la sociedad helena», por lo que tienen que arrimar el hombro «tanto los políticos como la ciudadanía».
Más garantías
El FMI ya advirtió el jueves que no continuará dando soporte al país heleno si no hay garantía de que está en disposición de devolver el dinero que se le ha prestado. Mientras, en la UE siguen las declaraciones de apoyo al país heleno en el sentido de que no se le dejará caer, pero tampoco se vislumbra la posibilidad de reestructurar la deuda, con lo que se abre paso la posibilidad de reescalonarla, o lo que es lo mismo, alargar los plazos de devolución o rebajarle el tipo de interés de los préstamos, posibilidad que ha sido rechazada también desde Alemania.
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