La legalidad en tiempos de Calderón
John M. Ackerman
El gabinete de Felipe Calderón nunca ha destacado por su profesionalismo, visión política o respeto a la legalidad, pero en la última semana hemos sido testigos de un par de burdas violaciones a la Constitución que generan profunda preocupación por lo que podría ocurrir durante este último tramo del sexenio.
En el ocaso de su mandato y frente a las ínfimas posibilidades de victoria en 2012 para un candidato oficial, o incluso para un candidato ciudadano avalado por el partido en el poder, el Presidente se encuentra cada día más desesperado y apuesta a enrarecer el ambiente político.
No fue casualidad que Genaro García Luna haya decidido saltar al Congreso de la Unión y violar olímpicamente la Carta Magna para recibir una medalla al mérito de manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Tampoco es gratuito que Ernesto Cordero haya decidido montar con recursos públicos un escenario para aceptar el apoyo de los 134 militantes calderonistas a su candidatura presidencial.
Ambos actos fueron fríamente calculados como pruebas de soberbia e impunidad en preparación para el próximo año electoral. Si ambos ilícitos quedan sin castigo, o por lo menos sin una respuesta enérgica de la sociedad, quedará pavimentado el camino para el total abuso del Poder del Ejecutivo.
El artículo 37 de la Constitución no deja lugar a dudas al señalar que la ciudadanía mexicana se pierde... por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente.
El texto no indica de manera potestativa que recibir una medalla de un gobierno extranjero podría ser causal del retiro de la ciudadanía, sino que es categórico al afirmar que esta sanción es consecuencia casi automática de tal acción.
Esta disposición legal tiene razón de ser, sobre todo cuando se trata de un alto funcionario público, ya que el Congreso debe velar que un reconocimiento de este tipo no implique alguna sumisión a un gobierno extranjero.
Se antoja difícil que se puedan reunir suficientes votos en el Congreso para iniciar un procedimiento de juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública por ésta u otras violaciones a la ley. Asimismo, sería francamente imposible imaginar al Poder Ejecutivo tomando medidas encaminadas a sancionar a uno de los más poderosos integrantes del gabinete.
Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE), como garante de los derechos y las obligaciones ciudadanas, debe actuar inmediatamente en defensa del marco normativo. Debería iniciar de oficio un procedimiento para dar de baja al secretario del padrón electoral e incluso reconocer formalmente la pérdida de ciudadanía de García Luna, con base en el texto constitucional y ante la inacción de la Secretaría de Gobernación en la materia.
Al perder su ciudadanía, que no implicaría perder su nacionalidad mexicana, pues ésta nunca se pierde, García Luna inmediatamente quedaría inhabilitado para ejercer el cargo de secretario de Seguridad Pública. El artículo 91 de la Constitución dice explícitamente que para ser secretario de despacho se requiere ser ciudadano mexicano y estar en ejercicio de sus derechos, requisitos que ya no cumpliría el galardonado.
Aquí también surge la duda con respecto al premio Mujeres de Coraje recientemente recibido por Marisela Morales, actual procuradura general de la República, de parte del gobierno estadunidense de manos de Hillary Clinton. El requisito de un aval del Congreso es aplicable a cualquier ciudadano mexicano. ¿Morales habrá recibido autorización antes de aquella ceremonia en Washington?
La semana pasada Cordero también incurrió en una evidente violación a la Constitución. En un comunicado oficial de la Secretaría de Hacienda abordó asuntos estrictamente político-electorales que no tienen nada que ver con sus funciones legales:
El día de hoy [sic] he sabido de una carta que circula en México firmada por distinguidos panistas... Es un gran honor ser considerado como un posible abanderado de mi partido... Aspiraciones sí tengo...
Estas declaraciones no fueron hechas espontáneamente en respuesta a alguna pregunta de los medios de comunicación, sino que fueron incluidas dentro de una comunicación formal emitida por el Poder Ejecutivo federal.
Se encuentran entonces en flagrante violación del artículo 134 constitucional, que obliga a todos los servidores públicos a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y prohíbe la utilización de recursos públicos para la promoción personalizada de cualquier servidor público.
De nuevo, le tocaría al IFE actuar de manera inmediata en este caso. Así como los consejeros han amonestado públicamente tanto a Enrique Peña Nieto como al Partido del Trabajo por promoverse de manera anticipada y al mismo Calderón por su intervención indebida en las elecciones locales de 2010, la autoridad también tendría que hacer algún señalamiento a Ernesto Cordero.
Hacerse de la vista gorda ante una violación tan evidente sería una invitación a una creciente intervención del Poder Ejecutivo en el proceso electoral federal.
Las metáforas de jinetes y caballos utilizadas por Vicente Fox durante 2006 podrían quedar como simples cursilerías ante el masivo operativo estatal que se prepara desde ya en Los Pinos para imponer al candidato oficial.
La sociedad y las instituciones no pueden permitirse el lujo que quedarse en las gradas como meros espectadores.
John M. Ackerman
El gabinete de Felipe Calderón nunca ha destacado por su profesionalismo, visión política o respeto a la legalidad, pero en la última semana hemos sido testigos de un par de burdas violaciones a la Constitución que generan profunda preocupación por lo que podría ocurrir durante este último tramo del sexenio.
En el ocaso de su mandato y frente a las ínfimas posibilidades de victoria en 2012 para un candidato oficial, o incluso para un candidato ciudadano avalado por el partido en el poder, el Presidente se encuentra cada día más desesperado y apuesta a enrarecer el ambiente político.
No fue casualidad que Genaro García Luna haya decidido saltar al Congreso de la Unión y violar olímpicamente la Carta Magna para recibir una medalla al mérito de manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Tampoco es gratuito que Ernesto Cordero haya decidido montar con recursos públicos un escenario para aceptar el apoyo de los 134 militantes calderonistas a su candidatura presidencial.
Ambos actos fueron fríamente calculados como pruebas de soberbia e impunidad en preparación para el próximo año electoral. Si ambos ilícitos quedan sin castigo, o por lo menos sin una respuesta enérgica de la sociedad, quedará pavimentado el camino para el total abuso del Poder del Ejecutivo.
El artículo 37 de la Constitución no deja lugar a dudas al señalar que la ciudadanía mexicana se pierde... por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente.
El texto no indica de manera potestativa que recibir una medalla de un gobierno extranjero podría ser causal del retiro de la ciudadanía, sino que es categórico al afirmar que esta sanción es consecuencia casi automática de tal acción.
Esta disposición legal tiene razón de ser, sobre todo cuando se trata de un alto funcionario público, ya que el Congreso debe velar que un reconocimiento de este tipo no implique alguna sumisión a un gobierno extranjero.
Se antoja difícil que se puedan reunir suficientes votos en el Congreso para iniciar un procedimiento de juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública por ésta u otras violaciones a la ley. Asimismo, sería francamente imposible imaginar al Poder Ejecutivo tomando medidas encaminadas a sancionar a uno de los más poderosos integrantes del gabinete.
Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE), como garante de los derechos y las obligaciones ciudadanas, debe actuar inmediatamente en defensa del marco normativo. Debería iniciar de oficio un procedimiento para dar de baja al secretario del padrón electoral e incluso reconocer formalmente la pérdida de ciudadanía de García Luna, con base en el texto constitucional y ante la inacción de la Secretaría de Gobernación en la materia.
Al perder su ciudadanía, que no implicaría perder su nacionalidad mexicana, pues ésta nunca se pierde, García Luna inmediatamente quedaría inhabilitado para ejercer el cargo de secretario de Seguridad Pública. El artículo 91 de la Constitución dice explícitamente que para ser secretario de despacho se requiere ser ciudadano mexicano y estar en ejercicio de sus derechos, requisitos que ya no cumpliría el galardonado.
Aquí también surge la duda con respecto al premio Mujeres de Coraje recientemente recibido por Marisela Morales, actual procuradura general de la República, de parte del gobierno estadunidense de manos de Hillary Clinton. El requisito de un aval del Congreso es aplicable a cualquier ciudadano mexicano. ¿Morales habrá recibido autorización antes de aquella ceremonia en Washington?
La semana pasada Cordero también incurrió en una evidente violación a la Constitución. En un comunicado oficial de la Secretaría de Hacienda abordó asuntos estrictamente político-electorales que no tienen nada que ver con sus funciones legales:
El día de hoy [sic] he sabido de una carta que circula en México firmada por distinguidos panistas... Es un gran honor ser considerado como un posible abanderado de mi partido... Aspiraciones sí tengo...
Estas declaraciones no fueron hechas espontáneamente en respuesta a alguna pregunta de los medios de comunicación, sino que fueron incluidas dentro de una comunicación formal emitida por el Poder Ejecutivo federal.
Se encuentran entonces en flagrante violación del artículo 134 constitucional, que obliga a todos los servidores públicos a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y prohíbe la utilización de recursos públicos para la promoción personalizada de cualquier servidor público.
De nuevo, le tocaría al IFE actuar de manera inmediata en este caso. Así como los consejeros han amonestado públicamente tanto a Enrique Peña Nieto como al Partido del Trabajo por promoverse de manera anticipada y al mismo Calderón por su intervención indebida en las elecciones locales de 2010, la autoridad también tendría que hacer algún señalamiento a Ernesto Cordero.
Hacerse de la vista gorda ante una violación tan evidente sería una invitación a una creciente intervención del Poder Ejecutivo en el proceso electoral federal.
Las metáforas de jinetes y caballos utilizadas por Vicente Fox durante 2006 podrían quedar como simples cursilerías ante el masivo operativo estatal que se prepara desde ya en Los Pinos para imponer al candidato oficial.
La sociedad y las instituciones no pueden permitirse el lujo que quedarse en las gradas como meros espectadores.
Estación México
Estación MéxicoHermann Bellinghausen
Podemos no verlo, si no queremos, pero en México enfrentamos una operación bélica de cierta proporción, por una vía irregular pero contundente. Como documenta Peter Dale Scott en su libro La máquina de guerra estadunidense (American War Machine, Rowmann and Littlefield, 2010), persiste a la fecha una vieja triangulación estratégica entre el gobierno de México, la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA) y el narcotráfico que, sostiene el autor, se efectúa al más alto nivel.
Este hilo argumental lo lleva a identificar una nueva etapa del viejo triángulo con la llegada del PAN al gobierno, en 2000, y la fuga del Chapo Guzmán de un penal de alta seguridad.
No hace falta suscribirse a ninguna teoría conspirativa para comprender que la guerra o combate al crimen organizado del actual gobierno no es una bravuconada del sastrecillo valiente (y que de pilón le daría una legitimidad que las urnas no le dieron), sino parte de un plan de control más vasto.
En otros tiempos, las acciones binacionales de inteligencia tuvieron propósitos políticos (anticomunismo, antisubversión), hoy llevan la tonada en el crudo y simple negocio de un capitalismo desbordado que perjudica al país pero favorece a los actores del juego.
Para entender el papel de los nuevos personajes colaboracionistas, como el jefe policiaco Genaro García Luna o la procuradora Marisela Morales, ampliamente apoyados por Washington, hacen falta algunos antecedentes.
Según el reportero de New York Times y biógrafo no oficial de la CIA, Tim Weiner, hacia 1970 la influencia de la agencia pesaba en la casi totalidad de los países del hemisferio occidental.
En México, el presidente de la República trataba directamente con el jefe de la estación local de la CIA, no con el embajador de Estados Unidos, y en año nuevo le hacían llegar a su domicilio un informe personal del director de la central de inteligencia (Legado de cenizas: la historia de la CIA, Anchor Books, Nueva York; traducido por Debate, México, 2008).
Dale Scott sostiene reiteradamente que los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría trabajaban para la CIA. Y más aún los directivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Dos de ellos, José Antonio Zorrilla Pérez y Miguel Nazar Haro, acabaron cayendo presos luego de dejar el cargo.
El primero por el asesinato, en 1984, del columnista e investigador Manuel Buendía, quien había revelado importantes secretos de la CIA en México, mientras también documentaba la corrupción en el sindicato petrolero y el gobierno, el crecimiento de la ultraderecha (como el caso de los Tecos) y sus catacumbas, así como otros secretos incómodos que a su muerte, un 30 de mayo hace 27 años, hicieron sospechosos del crimen a varios de los interesados.
Acabó pagando el crimen un exdirector de la DFS, precisamente.
El otro había sido detenido y procesado en 1981 por contrabando de carros robados en San Diego, California. Escribe Dale Scott: “Tanto FBI como CIA intervinieron para oponerse a la consignación de Nazar Haro, argumentando que éste era ‘un esencial, repetimos, esencial contacto de la estación de la CIA en México en materia de ‘terrorismo, inteligencia y contrainsurgencia’”.
Dale Scott se permite recordarnos su actuación protagónica en la Brigada Blanca que ejecutó a la oposición radical con métodos brutales e ilegales la década anterior. Y añade que, a la disolución de la DFS, sus funciones se transfieren a la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que simplemente continuó proporcionando credenciales protectoras a los traficantes del más alto nivel.
Dale Scott da por hecho que los gobiernos federales siguieron colaborando con la inteligencia estadunidense. Y hace un recorrido por las aventuras de la CIA y el gobierno con los narcos mexicanos.
Por ejemplo la participación de Rafael Caro Quintero y Miguel Félix Gallardo en el puente Irán-Contras para doblegar a los sandinistas de Nicaragua, o la cercanía de Juan García Abrego y el cártel del Golfo con Raúl Salinas de Gortari, ya entrados los años 90, cuando su hermano Carlos gobernaba el país.
Para entonces, “incluso la Procuraduría General de la República llegó a estar, hasta en un 95 por ciento, bajo control del narco, de manera que la agencia de justicia el país era en realidad un brazo del narcotráfico y servía de intermediaria entre el crimen organizado y el gobierno”.
La premisa del capítulo que Dale Scott dedica a México en La máquina de guerra estadunidense es demoledora:
“Para los años 80, puede sostenerse que el narcosistema prácticamente controlaba al gobierno mexicano”.
Y citando a Jamie Dettmer (Asuntos de familia: el empresario y político Carlos Hank González, presuntamente involucrado en el comercio de drogas, Insight, 29 de marzo de 1999), recoge la conclusión de un expediente de investigación del propio gobierno estadunidense:
El tráfico de drogas florece en México porque beneficia a la élite de ese país.
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