Crisis, problema de desarrollo

Indicador Político

Carlos Ramírez

Crisis, problema de desarrollo

Y no de la seguridad nacional

La escena del lunes fue altamente significativa: en la mesa principal, el senador René Arce, ex guerrillero del EPR fundado en 1994 con los sobrevivientes del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y hoy miembro de la comisión bicameral de seguridad nacional; a su izquierda, el general de división y subsecretario de la Defensa Nacional, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. El tema de debate: la seguridad nacional, la sociedad democrática y la participación del Ejército en la lucha contra los cárteles del crimen organizado.

Como segundo pensamiento, la decisión de la Corte Suprema de avalar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para limitar el fuero militar en derechos humanos a cortes civiles, como parte del caso Rosendo Radilla, presuntamente detenido por el Ejército en 1974 en la batalla ordenada por el gobierno priista de Luis Echeverría contra la guerrilla en Guerrero, a cuyo PDLP pertenecían varios miembros de la familia Radilla y el propio Rosendo.

El problema de fondo en la relación de la seguridad nacional con la sociedad democrática no se localiza en el territorio militar. Las fracciones I y II del artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea señalan con claridad las misiones de las fuerzas armadas: "defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación" y "garantizar la seguridad interior".

Por tanto, el debate sobre la participación de los militares en la lucha contra la delincuencia organizada y transnacional está fuera claro porque los criminales son una amenaza a la soberanía y la seguridad. Por eso el general Gaytán Ochoa fue claro en la corresponsabilidad de todas las instituciones del Estado: la seguridad nacional no es sólo el orden legal sino el desarrollo económico, social y político. De ahí que sólo las fuerzas armadas han cumplido con su tarea de garantizar la seguridad interior con el combate frontal contra los grupos criminales, en tanto que las demás instituciones del Estado no han desempeñado sus tareas de desarrollo integral. "La seguridad nacional es una función del Estado, es una función del Estado integral", les recordó el general Gaytán Ochoa.

Y no era para menos. La sociedad civil y la sociedad política creen que la seguridad nacional es la meta del desarrollo, cuando en realidad es su parte fundamental. El general Gaytán Ochoa recordó los postulados de la actual Ley de Seguridad Nacional, cuyo segundo párrafo del artículo 1 señala con suficiente claridad la corresponsabilidad:

"La misma (ley) tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea."

Por lo pronto, gobiernos estatales y municipales han violado flagrantemente la ley al desentenderse de su corresponsabilidad en la seguridad nacional, quejarse todo el tiempo de la acción federal y no reconocer la realidad de que las policías estatales y municipales colaboran con el crimen organizado.

De ahí que la presencia del subsecretario de la Defensa Nacional en el Senado para hablar de seguridad nacional y sociedad democrática -teniendo al lado a un exguerrillero- haya constituido un punto de inflexión en el debate sobre la estrategia del Estado contra las bandas del crimen organizado. La invocación a la Ley Seguridad Nacional fue para recordar la definición de seguridad nacional: "las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano". Y estas acciones tienen, entre otros, fines muy concretos:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.