El legado de Rupert Murdoch

Andrés Oppenheimer

Cuando leí la noticia de que el magnate Rupert Murdoch había cerrado su tabloide sensacionalista británico News of the World, mi primera reacción fue pensar “¡Que bueno!”. Pero ya no estoy tan contento: el creciente escándalo por los excesos del desaparecido periódico británico amenaza con darle nuevos argumentos a quienes quieren controlar a los medios en todo el mundo.

Ya puedo imaginarme al presidente venezolano Hugo Chávez, o al presidente ecuatoriano Rafael Correa, o a otros demagogos latinoamericanos, del Medio Oriente y Asia diciendo: “Si Gran Bretaña está considerando abiertamente adoptar mecanismos más severos para controlar los excesos de los medios, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?”

De hecho, desde que se informó que el periódico News of the World, de Murdoch, había incurrido en pinchaduras telefónicas aparentemente ilegales, sobornos y otras tácticas oscuras para obtener primicias periodísticas, el Primer Ministro David Cameron y otros políticos y formadores de opinión han pedido que se implementen nuevos sistemas para evitar actividades ilegales de los medios.

Cameron dijo tras estallar el escándalo de Murdoch que la Comisión de Quejas Sobre la Prensa, un organismo autorregulado y financiado por las empresas periodísticas en Gran Bretaña, “ha fracasado”. El primer ministro, que está siendo atacado por su cercanía al imperio mediático de Murdoch, propone reemplazar a la Comisión de Quejas por una comisión externa que sería independiente, tanto de las empresas mediáticas como del gobierno.

Janine Gibson, la directora de The Guardian, el periódico que encabezó la investigación de las prácticas dudosas de News of the World, escribió en una columna el 8 de julio que la Comisión de Quejas fracasó en gran medida porque “sus financiadores”, los dueños de los medios, no exigieron que la comisión contratara a un ente externo para investigar al periódico de Murdoch.

“Hay demasiada concentración de poder en el núcleo de la industria de los periódicos, y evidentemente también una muy débil motivación, como para que este sistema (autorregulatorio) pueda funcionar”, escribió. Gibson propuso la creación “de un organismo independiente, financiado por el gobierno, pero que de ninguna manera deba responder al gobierno” para reemplazar a la Comisión de Quejas.

Algunos analistas de los medios en Estados Unidos, como el Juan Cole de la Universidad de Michigan, han apoyado la idea de regresar a la doctrina de la información balanceada, que existió en Estados Unidos desde1949 hasta 1987, y que permitía a la Comisión Federal de Comunicaciones exigir a las empresas de radio y televisión que informaran de una manera que la comisión juzgara como “justa” y “balanceada”.

En Latinoamérica, además de Cuba, que directamente no permite la libertad de prensa, Venezuela aprobó en el 2004 una ley de medios que le permite al gobierno monitorear el contenido de las emisoras de radio y televisión. Ecuador, a su vez, está a punto de aprobar un proyecto de ley patrocinado por el gobierno que creará una comisión reguladora para supervisar los medios impresos y electrónicos.

La legislación propuesta por Rafael Correa, el presidente populista de Ecuador, sería la peor de Latinoamérica, después de la de Cuba. Correa ha pedido repetidamente la aprobación de su proyecto de ley “para evitar los excesos de los medios”, después de que los periódicos publicaron documentos mostrando que su hermano Fabricio Correa había obtenido contratos del gobierno por valor de más de $300 millones.

El presidente celebró un referéndum nacional el 7 de mayo, que — al incluir el proyecto de control de los medios de prensa entre otras propuestas más populares entre la población — le permitió obtener un mandato popular para aprobar una nueva ley de comunicación.

Ricardo Trotti, director de libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, me dijo desde Quito, Ecuador, donde se encontraba en una misión esta semana, que todo indica que el proyecto de ley será aprobado muy pronto. La nueva ley creará una comisión reguladora de los medios que tendrá siete miembros, la mayoría de los cuales serán directa o indirectamente designados por el gobierno.

“El peligro es que esta comisión podrá castigar a los medios, y podría permitirle al presidente interferir con los contenidos editoriales”, me dijo Trotti. “Creemos que la mejor manera de regular los medios es someterlos a las leyes generales que se aplican a toda la población”.

Mi opinión: Estoy de acuerdo. Si los periódicos de Murdoch intervinieron teléfonos o sobornaron funcionarios, deberían ser castigados con las mismas leyes que criminalizan esas actividades cuando son realizadas por cualquier otro ciudadano.

Me temo que la alternativa —crear comisiones especiales reguladoras de la prensa— puede o no funcionar en Inglaterra y en otros países con largas tradiciones democráticas, pero casi seguramente será utilizada en muchos otros en el resto del mundo para justificar mayores controles a la prensa. Seria un precedente peligroso, que produciría mucho daño.