La radical agenda del cambio climático de Obama

La radical agenda del cambio climático de Obama guía la politica de ayuda exterior americana

James M. Roberts

El presidente Obama y la agenda doméstica de cambio climático de sus aliados — el sistema de canje de emisiones — fracasaron en el último Congreso debido a la extensa oposición a sus costosas regulaciones y barreras al crecimiento. Tras la falta de éxito en promulgar un draconiano programa legislativo de cambio climático, el presidente Obama ha pasado, calladamente, algunas de estas iniciativas al extranjero, canalizando millones de dólares de la ayuda exterior de Estados Unidos en apoyo de causas izquierdistas en países pobres cuyas poblaciones viven en gran medida con menos de un dólar diario.

La administración Obama ha intentado desviar la ayuda al desarrollo para aliviar la pobreza hacia causas ecologistas. Mientras tanto, la administración se ha convertido en el adalid de medidas proteccionistas verdes tales como la Ley Lacey que impedirá el comercio de los productos madereros del mundo en desarrollo en los mercados de Estados Unidos. La Ley Lacey es una barrera al comercio y un desperdicio del dinero del contribuyente americano.

Subvenciones verdes globales: otro intento de Obama para aumentar la dependencia del gobierno

La determinación del presidente de redirigir miles de millones de dólares de la de ayuda exterior hacia programas de cambio climático para promover “economías verdes” en todo el mundo contrasta fuertemente con su búsqueda de trabajos verdes en el interior. En casa, dice que quiere utilizar los subsidios del contribuyente para financiar la creación de empleos en industrias ecológicas, pero en el extranjero, el plan de Obama parece ser el limitar el crecimiento económico e imponer un “sistema de subsidios verdes” a las economías en desarrollo.

Durante la Cumbre de Copenhague de Cambio Climático, en 2009, Estados Unidos fue uno de los principales promotores de los intentos por frenar la deforestación en el mundo en desarrollo. Estados Unidos comprometió $1,000 millones para financiar el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) de la ONU. REDD paga a los países en desarrollo para que no conviertan zonas boscosas a la actividad comercial a cambio de pagos mal definidos y poco fiables de los países ricos. Esto ilustra la agenda global de beneficencia verde — exigir de las comunidades que renuncien a los beneficios de empleo en el sector forestal a cambio de ayuda gubernamental.

Las iniciativas del presidente Obama también se extienden a las políticas de ayuda bilateral de Estados Unidos, reemplazando los programas de reducción de la pobreza con campañas medioambientales políticamente motivadas. La Corporación de Desafío del Milenio (MCC) se creó bajo la administración Bush para apoyar el desarrollo económico y el crecimiento en todo el mundo mediante el comercio e inversiones lideradas por el sector privado, reducir la corrupción y promover el buen gobierno y las iniciativas de salud. Sin embargo, bajo el presidente Obama, la MCC se ha convertido en un vehículo para impulsar algunas de las políticas verdes más dañinas económicamente que fracasaron en el Congreso. En vez de motivar la autodeterminación y la prosperidad, el presidente Obama intenta convertir la MCC en una fábrica de subvenciones verdes, con el peligro potencial de revertir años de éxitos.

Un caso ejemplo fue el anuncio del presidente Obama de una nueva iniciativa de crecimiento económico durante su visita de estado a Indonesia el pasado noviembre. El presidente comprometió una parte importante del posible montante de $700 millones en futura ayuda de la MCC a Indonesia para abordar el problema de la deforestación en ese país [1]. Sin embargo, como ha mostrado REDD, estos intentos impondrán regulaciones que ahogarán el desarrollo económico en nombre de una agenda ecologista extrema — usando fondos de una agencia (la MCC) cuya misión es ayudar a mitigar la pobreza mediante el crecimiento económico. Además, como muestra la asignación de fondos de la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID), muchas ONGs ecologistas de Occidente, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), recibirán gran parte de estos fondos [2].

Un empeño ideológico a nivel mundial está en marcha y busca imponer una radical agenda de cambio climático en el mundo en desarrollo en nombre de los grupos “verdes”. Pero los excesos de la agenda ecologista de la administración Obama no paran ahí.

Ley Lacey de 1900: Proteccionismo con piel de cordero verde

La Ley Lacey, promulgada como ley por el presidente William McKinley en 1900, está entre los más antiguos obstáculos al comercio con Estados Unidos, imponiendo gravosas regulaciones sobre varios sectores industriales y agrícolas americanos para demostrar elegibilidad de importación. En 2008, el alcance de Lacey se amplió para incluir productos madereros y se redujo la carga de la prueba para la acusación. Los cambios tenían por intención, supuestamente, combatir la explotación forestal ilegal, pero Lacey ha fracasado en disminuir la deforestación ilegal y la caza furtiva en el extranjero. En vez de eso, probablemente está entorpeciendo las iniciativas para aliviar la pobreza y está malgastando el dinero del contribuyente americano en el intento de hacerla cumplir.

El apoyo de la administración Obama a las cláusulas reforzadas de la Ley Lacey, actualmente en estudio por el Departamento de Agricultura [3], es sintomático de su amplia oposición ideológica a la explotación forestal y agrícola que son algunas de las fuentes principales de crecimiento económico en el mundo en desarrollo. Con el Congreso en punto muerto con el asunto del presupuesto federal y con la deuda de Estados Unidos camino de alcanzar niveles insostenibles, estrangular el comercio y prometer dinero que Estados Unidos no tiene a países cuyos intereses no están bien servidos por los subsidios verdes no es liderazgo, es una locura. Las medidas de cumplimiento de la Ley Lacey deberían quedarse sin financiación ni ampliación.

Algunos ejemplos del mal uso de Lacey muestran el impacto de largo alcance en todas las importaciones de productos de la fauna y flora. En el año 2000, bajo Lacey se presentaron cargos contra cuatro americanos por importar colas de cangrejo desde Honduras en bolsas de plástico en vez de que fuera en cartón como manda la ley hondureña. A pesar del hecho de que Honduras ya no hace cumplir esa ley, funcionarios de Estados Unidos arrestaron y condenaron a los hombres, sobre tres de los cuales se impusieron sentencias de ocho años de prisión. Estos hombres solo fueron culpables de elegir el receptáculo incorrecto para transportar colas de cangrejo obtenidas legalmente [4].

Singularizando los productos madereros del mundo en desarrollo

Desde 2008, el principal objetivo de Lacey fue detener el comercio de productos madereros del mundo en desarrollo bajo el pretexto de combatir la explotación ilegal de bosques. Dado que esta explotación ilegal se estima en solamente el 5–10% de la producción global de madera, la propuesta aplicaciónde Lacey es excesiva y obstruye el comercio legal.

Las compañías de Estados Unidos en el sector forestal que intentan perjudicar a sus competidores extranjeros apoyan los equivocados controles comerciales como Lacey y critican a los competidores del mundo en desarrollo. Un reciente informe del grupo ecologista “Avoided Deforestation Partners” subraya hasta qué punto el sector agrícola americano espera beneficiarse de la agenda ecologista contra los países en desarrollo. La clave es utilizar la Ley Lacey para denegar a estos potenciales exportadores el derecho a competir directamente con productores de Estados Unidos. El resumen ejecutivo del informe promete que “las industrias americanas de productos agrícolas y forestales van a beneficiarse financieramente de la conservación de los bosques tropicales a través de la política climática. Terminar con la deforestación mediante incentivos en Estados Unidos y la acción internacional sobre el clima impulsarían los ingresos agrícolas de Estados Unidos en unos estimados $190,000 a $270,000 millones entre 2012 y 2030” [5].

Las compañías madereras de Estados Unidos que han promovido enmendar Lacey para aumentar las barreras regulatorias a las importaciones de productos madereros apoyaron políticamente a ambos partidos. El senador Ron Wyden (D–OR) patrocinó la enmienda de 2008 a la Ley Lacey y dijo en su aprobación que esta obra legislativa “irá muy lejos no solo hacia igualar las condiciones para los fabricantes americanos sino para proteger empleos” [6].

Es evidente que la administración Obama y sus aliados en el Congreso están encantados impidiendo las importaciones de productos madereros. Se incluye en la petición de presupuesto de la administración al Congreso para el año 2012, y esto es prueba de su intención, un compromiso para aumentar la financiación de Lacey para sus cláusulas de cumplimiento de la ley que se introdujeron en las enmiendas de 2008 [7].

El desarrollo sostenible es un objetivo loable, pero esta obstinación de los grupos ecologistas (ayudados por los proteccionistas en Estados Unidos) se hace a expensas de la reducción de la pobreza y la ampliación de mercados libres y abiertos en el mundo en desarrollo. Es una vergüenza que, en este caso, “los árboles no le dejen ver el bosque” al presidente Obama.

¿Qué puede hacer el Congreso?

Para detener el proteccionismo verde y promover el crecimiento económico en los países en desarrollo, el Congreso debería retirar los fondos de los programas del gobierno de Estados Unidos que impiden las importaciones de productos madereros y debería prohibir programas de ayuda exterior americana que ahoguen el comercio internacional de productos agrícolas provenientes de países en desarrollo.