Los migrantes centroamericanos, víctimas de los carteles mexicanos
NICHOLAS CASEYCIUDAD DE MÉXICO—Un sacerdote católico afirma que decenas de inmigrantes centroamericanos fueron raptados en un secuestro masivo realizado en junio por una banda de narcotraficantes. Sin embargo, varias semanas después, las autoridades mexicanas no han encontrado a los inmigrantes ni hecho ningún arresto.
El caso pone de relieve una incómoda ironía: México, un país que siempre ha defendido los derechos de sus ciudadanos en Estados Unidos, ha tenido dificultades para defender los derechos de los inmigrantes de América Central que atraviesan su territorio en su camino hacia el norte.
La Secretaría de Gobernación (ministerio del Interior) del país dice que sabe de sólo cinco inmigrantes que fueron secuestrados en el episodio de junio. El sacerdote, Alejandro Solalinde, dijo que testigos que escaparon le dijeron que los que desaparecieron eran entre 60 y 80. La oficina del procurador general de México dijo que no podía confirmar siquiera que el crimen hubiera ocurrido, pero que trabajaba para reunir pistas en el estado de Veracruz.
Una mujer hondureña sufrió un accidente intentando subirse a un tren en Lechería, México, camino a la frontera con EE.UU.
El secuestro de inmigrantes centroamericanos y mexicanos es uno de las últimas modalidades de los grupos del crimen organizado de México, que expanden sus actividades desde las drogas hasta el pirateo de DVD, la venta ilegal de alcohol y la extorsión a empresas.
Sólo este año, más de 4.000 inmigrantes han sido rescatados de sus captores por el ejército mexicano y la policía federal, según estadísticas del gobierno. Como sólo una fracción de los rehenes es rescatada alguna vez, los números sugieren que las bandas raptan a decenas de miles de inmigrantes cada año.
Las víctimas, casi siempre camino a EE.UU., son capturadas por bandas que exigen un rescate de sus familiares, son reclutadas por la fuerza como trabajadores o, a veces, vendidas a la prostitución.
"Es un verdadero negocio", indicó Antonio Mazzitelli, de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, quien sostiene que el dinero del secuestro no es lo único que está en juego.
Se trata de hasta US$6.600 millones recaudados por bandas que transportan migrantes a través de la frontera, calcula las ONU. La cantidad es mucho mayor si se suman ganancias por los rescates pagados y el comercio ilícito.
Estos peligros, junto con menores oportunidades económicas en EE.UU., podrían estar contribuyendo a una disminución de las llegadas. El Centro de Investigación Pew sostiene que las llegadas de mexicanos, quienes representan la mayoría de los inmigrantes latinos y son un termómetro de los centroamericanos, se redujeron desde 2006, a 404.000 en 2010.
El caso de Solalinde muestra lo difícil que es resolver estos delitos para las autoridades mexicanas. Los testigos, otros inmigrantes centroamericanos que ya se trasladaban de manera ilegal, no se atrevieron a denunciar el delito a las autoridades mexicanas, preocupados por terminar deportados ellos mismos. Por eso, en cambio, fueron a la iglesia de Solalinde, que resulta de confianza para los migrantes, porque es responsable de refugios que funcionan a lo largo de un tramo de bosques que cruzan los migrantes en su camino hacia el norte, dijo el sacerdote.
Solalinde indicó que el crimen ocurrió el 24 de junio, cuando un grupo de alrededor de 250 inmigrantes procedentes de países como Guatemala y Honduras dejaron un refugio en el estado Oaxaca, a bordo de un tren con destino a Veracruz.
El sacerdote asegura que los testigos, otros migrantes que huyeron antes de ser raptados, le dijeron que el tren realizó una parada inesperada en un remoto tramo de la selva cercana al poblado de Medias Aguas, a poca distancia de la frontera con el estado de Veracruz. Los vagones fueron rodeados por media decena de vehículos todoterreno, de donde aparecieron hombres armados "diciéndoles que se bajaran del tren", afirmó Solalinde. Los testigos calcularon que entre 60 y 80 inmigrantes fueron llevados y desde entonces no se ha sabido nada de ellos.
Sin embargo, las autoridades dicen que hasta ahora no han podido confirmar los dichos de Solalinde. El Instituto Nacional de Inmigración de México informó que la semana pasada envió investigadores para hablar con los testigos pero los pocos que han aparecido dijeron que sólo cinco inmigrantes fueron secuestrados.
Prevenir crímenes contra inmigrantes también presenta desafíos para el ente de inmigración. Desde la década de 1990, ha operado una división llamada Grupo Beta, encargada de proteger a los inmigrantes de criminales. Pero la mayoría de los agentes no portan armas, y deben coordinar con los policías municipales y estatales cuando enfrentan bandas criminales.
Propios organismos policiales a veces han sido corrompidos por grupos delictivos que buscaban explotar a inmigrantes. Hace poco, René Zenteno, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, repasó casos recientes, entre ellos la condena en abril a tres policías municipales en Puebla, donde las autoridades ayudaron a una banda delictiva a secuestrar y matar inmigrantes.
Zenteno afirmó que sin dudas había bandas criminales vinculadas con la policía.
Agentes fronterizos del Instituto Nacional de Migración también han sido acusados de delitos. En mayo, su director, Salvador Beltrán del Río, informó que 40 empleados estaban bajo investigación penal por el abuso de inmigrantes. Fueron hallados después de que un grupo de 200 agentes fueran suspendidos por no pasar pruebas del detector de mentiras. Unos 1.200 agentes —menos de un cuarto del total— fueron sometidos a la prueba, lo cual sugiere que el problema podría ser mayor.
Alberto Herrera, quien encabeza la oficina del grupo de derechos humanos Amnesty International en México, dijo que además de la corrupción, los organismos encargados de proteger a los inmigrantes tienden a evitar la responsabilidad de tomar casos. Herrera dijo que muchos funcionarios estatales no creían que esa clase de delito formaba parte de su trabajo y que le correspondía al gobierno federal o a inmigración.
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