Venezuela: Centro operativo de terrorismo

Venezuela: Centro operativo de terrorismo – por Adolfo R. Taylhardat

La semana pasada el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos inició una investigación acerca de las actividades de apoyo al terrorismo que tienen lugar en América Latina. En una audiencia de ese Comité, en la cual participaron congresistas y expertos en cuestiones de terrorismo, trascendió que elementos vinculados al Hezbollah y ciudadanos venezolanos de origen árabe participan en labores de reclutamiento y entrenamiento para la realización de ataques terroristas y que una base central operativa para esa actividad se encuentra en la Isla de Margarita.

La investigación en el Congreso de los Estados imprime al tema un carácter sumamente delicado y coloca a nuestro país en una posición comprometedora porque el asunto está siendo considerado como una situación que podría constituir “una seria amenaza para la seguridad de los Estados Unidos”.

Según los expertos que participan en esa investigación, en América Latina se encuentran activos alrededor de 80 operativos de Hezbollah, principalmente en Venezuela y Brasil.

Roger Noriega, quien hasta hace poco desempeñó el cargo de Secretario para Asuntos Latinoamericanos en el Departamento de Estado y participa en la investigación como uno de los expertos en el tema, señaló que régimen venezolano “tiene un récord de apoyar a narcoterroristas colombianos, ha cooperado con Irán para proveer apoyo político, financiamiento o armas a Hezbollah, Hamas o la palestina Jihad Islámica en este hemisferio y otras partes” Afirma además que la isla de Margarita “ha eclipsado a la infame área de la Trifrontera – la región donde Brasil, Argentina y Paraguay coinciden en Sur América- como el principal refugio y centro de las operaciones de Hezbollah en las Américas”.

Según informaciones proporcionadas durante la audiencia “Uno de los líderes claves de Hezbollah, es el segundo funcionario en importancia en la embajada de Venezuela en Siria”, el venezolano originario de Líbano, Ghazi Atef Salameh Nassereddine Abu Ali, quien supuestamente dirige, “junto a dos de sus hermanos, una red de lavado de dinero y reclutamiento, que entrena operativos para expandir la influencia de Hezbollah en Venezuela y en toda América Latina”. Nassereddine figura, desde el año 2008 en la lista de personas que apoyan el terrorismo internacional elaborada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. También se afirmó en la audiencia que Oday, el hermano menor de Nassereddine, “ha establecido en Venezuela “una base en la cual se organizan operaciones de entrenamiento en la Isla de Margarita, y actualmente está reclutando seguidores a través de los Círculos Bolivarianos en Barquisimeto”.

Ya el periodista español Antonio Salas, en su libro “El Palestino”, publicado recientemente, había ofrecido testimonios acerca de la existencia en Venezuela de campos de entrenamiento en los cuales las FARC, ETA, Hezbollah y otros grupos terroristas realizan actividades de entrenamiento de sus efectivos. Según Salas, quien se hizo pasar como un palestino-venezolano partidario de la jihad y logró penetrar esos grupos, solamente en los alrededores de Caracas existen seis campamentos de entrenamiento de terrorismo. Los testimonios de Salas están respaldados con una serie de fotografías y videos, que están disponibles en Internet.

El libro de Salas habría sido notitia criminis más que suficiente como para que la fiscalía emprendiera una investigación sobre esas graves y comprometedoras revelaciones. Sin embargo, como ocurre siempre con situaciones que involucran al régimen, el tema ha sido olímpicamente ignorado por las autoridades que deberían tomar cartas en el asunto.

Seguramente la investigación del parlamento norteamericano recibirá el mismo tratamiento, sazonado con calificativos peyorativos y hasta soeces, como es la conducta habitual del régimen.

Sin embargo, no está lejos el momento en que la actual administración tendrá que rendir cuenta a los venezolanos y a la comunidad internacional por esta conducta que constituye una grave falta a los compromisos internacionales del país. Además infringe decisiones expresas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e involucran a Venezuela como país y a personeros del gobierno en actividades contrarias a la esencia fundamental de nuestra nación, implicándola en situaciones que por su propia naturaleza generan riesgos claros e inminentes para la soberanía nacional.