El balance

La gran farsa constitucional

Manuel Llamas

Lo realmente trágico y miserable no es tanto la inutilidad de la modificación legislativa sino el enorme ejercicio de cinismo y desvergüenza protagonizado aquí por populares y socialistas a la hora de vender un cambio que no es tal.

Al fin PSOE y PP han alcanzado un gran pacto de Estado para limitar el déficit por vía constitucional. Muchos se han alegrado de tal hazaña e insisten en que éste es el camino correcto para sacar al país del atolladero. Pues lo siento, pero ni una cosa ni otra. El consenso político tan sólo es positivo si sirve para poner en marcha las reformas económicas precisas para potenciar el crecimiento y reinstaurar la cordura en las cuentas públicas. Y el problema aquí, sin embargo, es que ambas formaciones han pactado un cambio constitucional para que todo siga igual.

En este sentido, populares y socialistas han desempeñado una vergonzosa y lamentable función teatral, consistente en alabar las bondades de una reforma inexistente. Se trata, por tanto, de un fraude político, un patético engaño electoral coordinado entre Génova y Ferraz derivado de la profunda hipocresía que ambos profesan. Y si no observen las siguientes declaraciones:

Mariano Rajoy, líder del PP: el objetivo del pacto es que las administraciones públicas "no gasten lo que no tienen".

Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del grupo Popular: "Queremos lograr que todos los responsables públicos estén sujetos a la austeridad; que no se traslade a las generaciones futuras los excesos y la mala gestión de las cuentas publicas; ahora la austeridad y la responsabilidad se convierte [...] en una obligación".

Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato socialista a la Presidencia del Gobierno: el pacto establece "unos límites razonables" de deuda, "unas finanzas estables" y una "deuda pagable".

Elena Valenciano, directora de campaña del PSOE: "La Constitución recogerá el principio de estabilidad presupuestaria a largo plazo para que España no incurra en un endeudamiento que acabe hipotecando gravemente nuestro futuro; esta ley va a garantizar, en todo caso, la cohesión social y la sostenibilidad de los servicios públicos".

La mayoría de la gente sigue pensando que los dos grandes partidos políticos han acordado una especie de techo presupuestario, por el cual el déficit público en ningún caso superará el 0,4% a partir de 2020 y la deuda no sobrepasará el 60% del PIB. Nada más lejos de la realidad. El único tope que se impone es sobre el "déficit estructural", es decir, el descuadre fiscal que registraría España en situación de pleno empleo. Dicho de otro modo, el pacto PSOE-PP tan sólo se refiere a una parte del déficit, ya que deja al margen los denominados "estabilizadores automáticos" –la natural caída de ingresos y aumento de gastos que se produce como consecuencia de una crisis–.

Si a ello añadimos que, según el texto acordado, "los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia [en donde cabe casi todo]", el resultado es que España volvería a registrar un déficit superior al 10% del PIB en caso de que la citada reforma hubiera entrado en vigor en 2007.

De este modo, lo realmente trágico y miserable no es tanto la inutilidad de la modificación legislativa sino el enorme ejercicio de cinismo y desvergüenza protagonizado aquí por populares y socialistas a la hora de vender un cambio que no es tal. Y es que los políticos seguirán gozando de manga ancha para disparar el déficit, tal y como ha acontecido estos últimos años, convirtiendo así la tan cacareada reforma en una gran farsa constitucional.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana