¿En qué momento se jodió México?
Foto: Juan Carlos Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- En Tamaulipas, cuando se habla del narcotráfico se baja la voz: no se dice “narcos” o cualquier sinónimo, sólo se hace una referencia indirecta, alejada, pero en privado, nunca en público. Eso mismo pasa en Chihuahua, Baja California, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Durango, Coahuila y muchos otros estados del país donde el miedo se ha apoderado de nuestros espacios públicos, avanzando a los íntimos y familiares, creando una cárcel invisible que nos aprisiona a todos en el rincón más escondido de nosotros mismos.
Parafraseando el periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, bien podríamos preguntarnos ¿en qué momento se jodió México? ¿Cuándo perdimos el rumbo que nos ha llevado a esta espiral de violencia y al miedo que se ha apoderado de una gran parte del país?
El pasado sábado 21 de agosto ocurrió algo muy grave que nada tiene que ver con el futbol, aunque ocurrió en el estadio del club Santos Laguna en Torreón. Casi a la mitad del juego una balacera arrinconó a los miles de asistentes en ese rincón donde cada quien busca protección, el cuerpo de uno mismo, los brazos que cubrían la cabeza mientras pasaban los minutos de la balacera.
El miedo, ese mecanismo de protección natural, se convirtió entre los asistentes al estadio –familias enteras, amigos, niños, mujeres y jóvenes–, en una inmovilización social propia de cuando el terror se apodera de una comunidad.
Los jugadores de los Monarcas Morelia y del Santos de Torreón corrieron despavoridos hacia los vestidores en busca de refugio. Mientras que el público se tiró al piso y se quedó ahí hasta que después de varios minutos ya no se escuchó el tableteo de las armas afuera del estadio.
De inmediato la gente saltó a la cancha y corrió hacia las puertas de salida. Pero no había salida en ese momento, pues la violencia estaba afuera. La escena bien podría representar al país, a la sociedad mexicana que, o trata de huir de la violencia buscando una salida que por el momento no existe o está paralizada por el miedo que ha producido el poder del crimen organizado.
Cualquiera de las dos circunstancias, ambas, describen la situación en la que se encuentra el país frente al imparable poder del crimen organizado que ha usado el terror y la violencia como instrumento de dominio y de control.
Aunque no hubo consecuencias, las imágenes que vimos en televisión de la gente buscando infructuosamente un refugio mientras se escuchaban los disparos de armas de alto poder son emblemáticas y, seguramente, ya se quedaron en la cabeza de muchas personas.
El futbol es para muchos uno de los pocos refugios de diversión o de evasión frente a la crisis de violencia que sufrimos en todo el país, pero sobre todo en entidades como Michoacán y Coahuila de donde son los dos equipos que suspendieron el partido.
Asistir al estadio a ver el partido es para muchos mexicanos una de las pocas posibilidades de salir de sus casas, asistir a un evento público, abierto, y tener contacto con otros. Pero después de lo ocurrido en Torreón, muchos pensarán dos veces ir a un partido o asistir a un concierto o simplemente salir a un acto masivo. Algo similar ocurrió en Morelia hace un par de años, cuando en pleno festejo del Grito de Independencia, lanzaron unas granadas contra la muchedumbre que, además de los ocho muertos y decenas de heridos que provocaron, sembraron el terror entre los michoacanos para asistir a actos públicos.
Para una sociedad, caer en el miedo es caer en la inmovilidad y eso es lo que más les conviene a las bandas de criminales o a los grupos de poder con pretensiones autoritarias, pues es mejor tener una sociedad paralizada, presa del terror, a una que salga a las calles a exigir un cambio.
Pero ¿en qué momento se jodió México?, vuelve la pregunta. Me parece que no hay un momento de quiebre, sino muchos momentos que se han ido sumando desde hace tiempo: cuando desde el poder se permitió que la impunidad fuera un privilegio, cuando desde la sociedad se hizo de la corrupción una costumbre, cuando desde la Iglesia se llamo a la inmovilidad y la impudicia , cuando en las escuelas se perdieron los valores de comunidad, cuando los partidos se alejaron de la gente, cuando en la Suprema Corte de Justicia se permitió la inmunidad de los banqueros, cuando en los medios de comunicación se propaló la violencia sin dar explicación, cuando a los niños se le enseñó a jugar con el terror, cuando se abrieron las puertas de los hogares a la pasividad y la indolencia.
Frente a este panorama parece que no hay salida. Pero la esperanza del cambio siempre existe, sólo que ésta no vendrá a nosotros sola, sino que hay que construirla desde abajo, no desde las cúpulas del poder ni de los políticos. En Colombia tardaron muchos años y hubo miles de muertos para que reaccionaran. En México ya es tiempo de salir del marasmo y de la individualidad para recuperar nuestros espacios públicos. Ya son suficientes más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y de desplazados por el terror de la guerra contra el narcotráfico.
El narcoterrorismo echa raíces en México
Foto: AP
Un “doliente” Felipe Calderón ante la tragedia de Monterrey, donde 52 personas murieron asesinadas tras un ataque al Casino Royale, tiene como antecedente un mandatario cuya popularidad va en picada y un panismo que se halla en riesgo de perder la Presidencia, un territorio nacional controlado en amplias regiones por narcotraficantes y por políticos corruptos, un Estado, pues, declaradamente fallido
El ataque del jueves 25 al Casino Royale, en el centro de Monterrey, consolidó la transformación del narcotráfico en terrorismo en México a escasos 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde el temor de una mayor violencia narcoterrorista llevó al Pentágono a desplazar de Irak y Afganistán hacia el Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, a militares de alto rango expertos en antiterrorismo.
Altos oficiales de Estados Unidos que participaron en la persecución de Al Qaeda y ahora están involucrados en el combate al narcotráfico, se han dedicado a elaborar material de inteligencia sobre los cárteles mexicanos con un propósito definido: evitar que la violencia se extienda hacia territorio de su país, el principal mercado de drogas ilegales.
Contenida aún al territorio mexicano, la violencia puede escalar más por tratarse de una confrontación entre empresas delictivas que buscan afectar sus respectivos intereses económicos y políticos. No sería extraño, advierte el consultor uruguayo Edgardo Buscaglia, que se incrementen los ataques contra objetivos políticos, como lo hizo la delincuencia organizada en Italia, Colombia y Rusia.
La magnitud del ataque al Casino Royale, con un saldo de 52 muertos, llevó al gobierno de Felipe Calderón a admitir por primera vez la existencia en México de terrorismo vinculado a la delincuencia organizada, a pesar de que desde el 15 de septiembre de 2008 se registró el primer ataque contra población civil en Morelia, Michoacán, a manos de presuntos zetas.
Un segundo acto de terror ocurrió el 15 de julio del año pasado, al estallar un coche bomba en el centro de Ciudad Juárez en plena hora de actividad. La acción fue adjudicada a La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez. (Extracto del reportaje principal que se publica esta semana en la edición 1817 de la revista Proceso, ya en circulación)
Despojo a mansalva
Foto: Eduardo Miranda
Ahora son los ejidatarios de San Pedro Totoltepec quienes sufren el acoso de voraces trasnacionales y grupos de inversionistas –entre ellos Carlos Slim y Emilio Azcárraga–, que con el respaldo del Grupo Atlacomulco y el gobierno mexiquense pretenden despojarlos de sus tierras para ampliar el aeropuerto de Toluca. Los propietarios de estos predios advierten que no permitirán este acto de rapiña que sólo beneficiaría a los señores del gran capital.TOLUCA, MÉX.- Desde que llegaron los fuereños a presionarlo para que venda su parcela y su casa, el viejo ejidatario Mateo Escamilla vive con temor: “Ya no estoy en paz por miedo a que algo malo me pueda pasar”, se lamenta.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A la puerta del jacal que levantó con tablones y lámina, don Mateo se rasca la nuca y agrega: “Ha venido gente de fuera a decirme: ‘Si no nos vendes tu parcela y te sales de aquí, entonces vamos a tumbar tu casa para sacarte a la fuerza’. Yo les pido que no me molesten y me dejen vivir en paz”.
Don Mateo observa su maizal, sus gallinas picoteando el piso lodoso y el huerto con los racimos de fruta que vende en Toluca.
“Es todo lo que tengo –dice–. Mal que bien me alcanza para vivir. Ya estoy viejo y enfermo como mi esposa, que se quedó ciega por la diabetes. No podríamos vivir en otra parte. Yo aquí nací, aquí hice mi vida y aquí pienso morirme.”
–¿Y cuánto le ofrecen por su parcela?
–Dizque me dan 400 pesos por metro cuadrado. Más o menos lo mismo que les ofrecen a los demás ejidatarios de San Pedro Totoltepec. Pero ese dinero no nos alcanzaría para nada. Nos quieren sacar a la brava para ampliar el aeropuerto.
Y señala la larga alambrada que divide al ejido del Aeropuerto Internacional de Toluca. De aquel lado se ven los modernos edificios con su espigada torre de control pintada de azul, las asfaltadas pistas de aterrizaje y las aeronaves metálicas que refulgen al sol. De este lado, el ejido es una verde altiplanicie de sembradíos de maíz, donde habitan los ejidatarios en viviendas comunicadas por caminos de terracería, ya con postes de luz eléctrica y red de agua potable.
Manejado por la trasnacional española OHL y el Grupo Atlacomulco –en el que se inscribe Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y aspirante del PRI a la Presidencia de la República–, el aeropuerto de Toluca se convirtió en un jugoso negocio porque en los hechos está operando como terminal alterna al saturado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Para responder a la demanda aérea, las autoridades estatales proyectan ampliar el área del aeropuerto 400 hectáreas, que quieren tomar a la fuerza del único lugar disponible: el ejido de San Pedro Totoltepec, en el costado oriente de la terminal aérea.
Pero los campesinos se niegan a vender sus tierras porque les ofrecen un precio muy bajo y sobre todo porque no quieren salirse del terruño. Rigoberto de la Cruz, líder de los ejidatarios renuentes a vender, aclara:
“Por acuerdo de asamblea, los ejidatarios determinamos no vender nuestras tierras. Eso está muy claro. Aquí hemos vivido con nuestras familias desde hace varias generaciones, manteniéndonos de la siembra de maíz, haba, calabaza, frijol y huauzontle. No queremos irnos a ningún otro lado. Solo pedimos que dejen de presionarnos para obligarnos a salir. Eso es todo.”
–¿Los hostigan?
–Muchísimo. Desde hace tiempo el gobierno nos quitó el servicio de luz eléctrica. Fue cortando los cables de los postes para que nos quedáramos sin luz. Y por más que reportamos las averías, nadie viene a repararlas. Con el servicio de agua potable es igual. Nos cortaron el suministro de agua. Ahora nos surtimos con pipas que llegan dos veces por semana. Así nos fastidian para que nos vayamos.
“Otra presión es la gente que viene contratada por las autoridades del aeropuerto. Son empleados de compañías inmobiliarias, como la inmobiliaria GAP. Llegan directamente a nuestras casas y nos dicen: ‘Es mejor que vendan porque de otro modo vamos a tener que sacarlos a la fuerza con la policía’. Así nos traen atemorizados.
“Aquí vivía un compañero ejidatario, Rafael Padilla Díaz, que se oponía a la venta de la tierra con declaraciones a la prensa local. Para que ya no diera lata le inventaron un delito; lo acusaron de participar en un robo de 10 mil pesos. Le dieron seis años de prisión en la cárcel de Almoloya de Juárez. Ahí sigue preso. Fue para advertirnos que a cualquiera le puede pasar lo mismo. Tenemos a todas las autoridades en nuestra contra.”
–¿A algunos ejidatarios ya los obligaron a vender su parcela?
–Sí. Hay algunos que por temor malbarataron su parcela de manera individual y se fueron a otro lado. No aguantaron las presiones del gobierno de Peña Nieto. Lo peor es que a algunos les pagaron a 150 pesos el metro cuadrado. Tan pronto se van nuestros compañeros, viene gente de fuera a demoler sus casas vacías… ¡Vea!… ¡Ahí están los escombros!
Mientras camina por los encharcados senderos en una tarde a ratos con sol y a ratos con lluvia, De la Cruz va señalando los montículos compuestos de tabique, teja, lámina, cemento y madera hechos añicos. Estas pilas de cascajo se observan de pronto en algún claro entre las tupidas milpas. Son la señal de que ahí hubo una vivienda habitada por una familia de campesinos obligada a vender su parcela, gallinas, vacas y marranos para luego emigrar a un lugar desconocido.
“No se crea, da mucha tristeza ver esas casas derrumbadas y pensar que ahí vivía el compadre, el amigo o algún familiar que ya se fue”, suspira De la Cruz.
A lo lejos, tras la alambrada del aeropuerto, se ven subir y bajar los aviones. Se escucha el ruido de sus motores. Y más allá aparece el alto e imponente Nevado de Toluca difuminado por negros nubarrones que dejan caer relámpagos y lluvia sobre el valle.
De la Cruz recuerda a los campesinos de San Salvador Atenco, a quienes durante el sexenio de Vicente Fox se les intentó arrebatar sus tierras para construir ahí un aeropuerto:
“Ellos supieron organizarse y conseguir apoyo. Conservaron su tierra. Impidieron que se construyera aquel aeropuerto que iba a desahogar al de la Ciudad de México. ¡Quién lo iba a decir! Ahora muchos vuelos de la capital los están mandando para acá… y quieren resolver sus problemas quitándonos la tierra, perjudicándonos a nosotros.”
–¿Ustedes seguirán su lucha?
–Seguiremos defendiendo nuestra tierra a como dé lugar. Nos falta organizarnos mejor y evitar las divisiones, pues algunos compañeros ya cayeron en el desánimo y piensan que lo mejor es vender. Eso nos divide.
–¿Se han defendido con alguna acción legal?
–Sí. Desde 2009 interpusimos una demanda contra Peña Nieto y sus funcionarios que nos quieren despojar, pues es ilegal lo que están haciendo.
El ejidatario se refiere al juicio de amparo interpuesto el 9 de septiembre de ese año (con el número 1097/2009-III) ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Toluca.
Por “desposesión”, el juicio acusa directamente a Peña Nieto, a su secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava; a la secretaria de Desarrollo Urbano, Marcela Velasco; al secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; al director general del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Manuel Ortiz, y al director del Aeropuerto Internacional de Toluca, Alexandro Argudín, entre otros.
La denuncia incluye a la alcaldesa de Toluca María Elena Barrera Tapia, ya que las autoridades municipales –arguyen los quejosos– están coludidas con las estatales.
Latrocinio
A fin de impedir el despojo, los ejidatarios cuentan con la asesoría jurídica del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, cuyo presidente, Arturo Chavarría, exclama:
“¡Ya basta de que Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco les estén dando, a cambio de sus tierras, cuentas de vidrio a los campesinos! Es un vil despojo lo que intentan hacer con el ejido de San Pedro Totoltepec. Esas tierras valen muchísimo más de lo que ofrecen por ellas.”
–¿Tiene usted cifras?
–Por supuesto. El valor del suelo en toda la zona aledaña al aeropuerto se ha disparado muchísimo; fluctúa entre los 14 mil y los 18 mil pesos el metro cuadrado. A ese precio están vendiendo los voraces desarrolladores urbanos que han logrado apropiarse de terrenos en el área… y hacer grandes fortunas con la especulación.
“Es prácticamente un robo darles a los ejidatarios 400 pesos por metro cuadrado. Aunque en los hechos, a los que han logrado quitarles sus parcelas solo les pagan poco más de 100 pesos. Los despojan de su patrimonio familiar con la promesa de que la ampliación del aeropuerto les dará empleos de lavacoches y barrenderos.
“Esto implica lanzarlos a la miseria, a engrosar el numeroso ejército de pobres; de acuerdo con las estadísticas, 55% de los 15 millones de mexiquenses sobreviven en la pobreza y en la miseria extrema. Muchos de ellos fueron comuneros y ejidatarios de Huixquilucan, Santa Fe, Valle de Bravo y otros puntos donde los terrenos ya se tasan en dólares. Hoy intentan hacer lo mismo con los ejidatarios de San Pedro.”
Chavarría extiende un enorme plano, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal, en el que aparece el área actual del aeropuerto pintada de rosa, y el área del ejido coloreada de verde. Muestra el plano y explica:
“Actualmente en el ejido viven aproximadamente 820 ejidatarios con sus familias, en una extensión de 2 mil 379 hectáreas de tierra fértil. De éstas, el Grupo Atlacomulco, que es el que maneja realmente el aeropuerto, intenta apoderarse de 400 hectáreas para ampliar la terminal aérea.
“Este proyecto surgió al fracasar la construcción del aeropuerto internacional que se planeaba levantar en la zona de Texcoco. El gobierno de Vicente Fox y el de Arturo Montiel, entonces gobernador de la entidad, voltearon los ojos hacia el aeropuerto de Toluca porque se dieron cuenta de que, por su cercanía, podía servir como un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, que ya está muy congestionado.
“Y esto es lo que ya está ocurriendo en los hechos. De ser un aeropuerto regional, el de Toluca rápidamente se convirtió en un aeropuerto internacional con bastante demanda, pues recibe mucho tráfico aéreo que antes captaba el aeropuerto de la Ciudad de México.”
Amenazas
Por su parte el actual director del aeropuerto de Toluca, Alexandro Argudín, ha explicado que la ampliación servirá para construir una nueva pista de aterrizaje. Pero ante la negativa de los ejidatarios a vender sus tierras, amaga con recurrir a la expropiación.
“Estaremos en algunos meses iniciando un proceso de expropiación; no tenemos una fecha, no hay un calendario crítico, pero sí habrá que iniciar un proceso de expropiación”, declaró al diario Reforma el pasado 28 de julio. Y les advirtió a los campesinos que, con esta medida, recibirán por sus tierras el valor catastral que en la zona –dijo– es de 98 pesos el metro cuadrado.
Lamentó tener que recurrir a la expropiación y aclaró que no le quedaba otra alternativa porque los ejidatarios rechazan el trato directo, con el que hubieran obtenido un mejor precio por sus tierras.
Pero Arturo Chavarría señala que son puras amenazas sin sustento las de Argudín, encaminadas a intimidar a los campesinos:
“Para empezar –dice–, la expropiación solamente se da por razones de utilidad pública. Nada que ver con el aeropuerto de Toluca, que es un negocio privado dado en concesión, por 99 años a partir de 2005, al grupo español OHL y a los políticos-empresarios del Grupo Atlacomulco.”
Chavarría detalla que formalmente OHL tiene 49% de la concesión. Otro 26% está en manos del gobierno del Estado de México. Y el resto lo detenta el gobierno federal.
Abunda: “A la trasnacional española la trajo al estado el Grupo Atlacomulco, encabezado por las familias Del Mazo y Carlos Hank Rhon, quien actualmente es la bisagra articuladora en esos negocios, a los que se sumaron Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y la familia Alemán, cuya línea aérea Interjet opera en el aeropuerto. Peña Nieto es solo un títere manejado por esos empresarios sin escrúpulos que han obtenido las concesiones de las principales obras de su gobierno, como el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense”.
Desde hace varios meses en este semanario se abordó el despojo de tierras ejidales que ocasionó la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, lo mismo que sus estragos entre los pobladores de Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultepec y Chimalhuacán (Proceso 1802).
Aparte de los estrictamente aeronáuticos, Chavarría menciona otros negocios que conlleva el aeropuerto de Toluca: la concesión de estacionamientos, sitios de taxis, líneas de transporte terrestre que recogen a los pasajeros en la Ciudad de México, centros comerciales, hoteles y restaurantes de lujo, etcétera.
“Toda la zona ya es un jugoso negocio para un pequeño grupo de empresarios que, valiéndose de Peña Nieto, abusan del poder para quitarles sus tierras a los campesinos. No nos oponemos al progreso que pueda representar la ampliación del aeropuerto, sino a la injusticia contra los más desposeídos”, dice el urbanista.
Esa injusticia la padece en carne propia Ángel Casimiro Mendoza, un ejidatario de 70 años y cuerpo enjuto al que quieren sacar a la fuerza de su parcela.
“Seguido vienen esos fuereños, gente que ni conozco, a estar muele y muele que ya les venda mi tierra y que me vaya a otro lado. Dicen que vienen de una inmobiliaria que trabaja para el aeropuerto. Llegan con amenazas diciendo que de todos modos nos van a sacar a mi familia y a mí”, dice.
–¿Y usted qué les contesta?
–Pues que no les vendo y que no me voy, que dejen de estarme molestando porque yo no los molesto a ellos. El gobierno siempre nos tiene olvidados. Se acuerda de que existimos sólo cuando quiere jodernos más. Ya ve, aquí nos cortó la luz y el agua potable para obligarnos a salir.
Bajo la llovizna, Ángel Casimiro atraviesa el patio de su casa y llega al corral. Ahí, bajo un largo tejabán, tiene alineadas ocho reses blancas y gordas de fina pelambre.
Con la palma de la mano Ángel Casimiro acaricia la testa greñuda de una de sus reses y exclama orgulloso: “¡Puro ganado fino! ¡Ganado charoláis! Saco 350 kilos de carne por cada una de mis reses. ¿En qué otro lado voy a poder criar cabezas así?… En ninguno… en ninguno”.
El informe de Defensa destaca nuestra incoherencia con China
|
|
|
|
 |
Sea de que se trata de la publicación retardada del informe 2011 sobre las fuerzas armadas chinas y los desarrollos en seguridad que prepara el Departamento de Defensa (DOD) o de las declaraciones del vicepresidente Joe Biden con respecto a los derechos humanos en China, queda cada vez más claro que la administración Obama tiene una visión totalmente incoherente de la República Popular China.
“Su política ha sido una que entiendo perfectamente; no estoy criticando [la política] de un hijo por familia”, dijo Biden en China y aparentemente el vicepresidente considera que su afirmación constituye en efecto un argumento en contra de esa política china. Del mismo modo, cuando la administración estaba avisando, justo antes del viaje del vicepresidente, de que no iba a vender a Taiwán los muy necesarios F-16 C/D para sustituir sus obsoletos F-5 en el inventario de Taiwán, el proceso interinstitucional estaba llegando a la conclusión de que el ejército chino todavía se centra en una contingencia en Taiwán y “es probable que amplíe constantemente sus opciones militares en Taiwán, incluyendo aquellas para disuadir, retrasar o rechazar la intervención de terceros”.
Este último aspecto es especialmente preocupante a la vista de cómo se esmeraba el secretario adjunto de Defensa Michael Schiffer, en la rueda de prensa del Departamento de Defensa sobre el informe, en enfatizar que el informe refleja “los puntos de vista y perspectivas que sostiene en general el gobierno de Estados Unidos”. Por tanto, a pesar de una amplia opinión dentro del gobierno de Estados Unidos de que el ejército chino está modernizándose en una amplia gama de capacidades, de que está empeñado en desafiar la capacidad de Estados Unidos, de que está decidido a desafiar la capacidad americana de apoyo a nuestros amigos y aliados y de que está concentrado en el uso de la fuerza de un lado a otro del Estrecho de Taiwán, la administración Obama no ve correcto ofrecer a Taiwán sistemas modernos para sustituir los obsoletos.
Claro que se trata de la misma administración cuyo secretario de Defensa había predicho muy confiado de que los chinos no tendrían aviones de combate avanzados en por lo menos una década y se había burlado de la necesidad de que Estados Unidos tuviese muchos portaaviones – incluso cuando los chinos estaban desarrollando el caza de combate J-20 y preparando el lanzamiento de su propio portaaviones.
Por tanto, ¿será quizá que esta política es menos incoherente y simplemente más equivocada? Sería estar en una posición que tal vez muchos americanos “comprenderían” y “no criticarían”.
El gráfico de la semana: Gasto federal vs. Derechos a beneficios
|
|
|
|
| |
Proveer la defensa de Estados Unidos es la obligación constitucional del Congreso. Los legisladores deberían reconocer que la defensa es una necesidad, por no decir que es la responsabilidad más importante del gobierno federal.
En los últimos años, sin embargo, el gasto en defensa ha continuado disminuyendo a medida que aumentó el gasto de los derechos a beneficios.
No se está cumpliendo con las prioridades hoy en día y la situación empeora a medida que la brecha entre el gasto en derechos a beneficios y el gasto de defensa se sigue ensanchando.
Este gráfico que ilustra ese problema es parte del Libro de Tablas Presupuestarias 2011: El Presupuesto Federal en Gráficos de la Fundación Heritage que incluye gráficos de los gastos federales, ingresos, deuda y déficit y programas de derechos a beneficios.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario