Jorge Ramos
La decisión del gobierno del presidente Barack Obama de suspender las deportaciones de miles de indocumentados es el cambio más significativo en política migratoria desde la amnistía de 1986. Le ha regresado la esperanza a millones de indocumentados de que, si no han cometido ningún crimen, podrían quedarse indefinidamente en Estados Unidos.
La nueva directiva del Departamento de Seguridad Interna se concentrará en arrestar y deportar a criminales, suspendiendo la deportación masiva de inmigrantes sin antecedentes penales. Esto evitaría la separación de muchas familias e, incluso, les permitiría a algunos inmigrantes solicitar un permiso de trabajo.
Hay más. Actualmente, miles de inmigrantes que cometieron una simple infracción de tránsito o un delito menor han sido deportados luego de ser detenidos por la policía. Eso debería cambiar con esta nueva orden del gobierno de Obama.
Cecilia Muñoz, directora de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca, me dijo que una infracción de tránsito no es considerada como una “alta prioridad criminal”. En otras palabras, nadie debe ser deportado por el simple hecho de pasarse un alto o porque no prendió la direccional de su auto al dar una vuelta.
Aclaremos. No se trata de una legalización ni tampoco resuelve el problema de fondo de los 11 millones de indocumentados. Pero sí le vende la idea a los indocumentados de que, aun si son arrestados, podrían evitar la deportación. Muchos duermen hoy más tranquilos.
Aunque el nuevo programa no identifica a ningún grupo, si beneficiaría potencialmente a los dreamers, es decir, a más de dos millones de estudiantes indocumentados que quieren ir a la universidad y no pueden. Estudiantes y no estudiantes se van a beneficiar.
Esto crea una nueva categoría extraoficial: indocumentado no deportable. No estás legalmente en Estados Unidos ni puedes obtener un trabajo de manera legítima. Pero, al mismo tiempo, sabes que no te van a deportar a tu país de origen ni a separar de los tuyos.
Algo es algo. Por fin, el presidente Obama utilizó su autoridad presidencial para ayudar a los inmigrantes. Pero se tardó tres años en hacerlo. Obama ha deportado a más de un millón de inmigrantes desde que tomó el poder.
Además, su controversial programa conocido como Comunidades Seguras ha hecho más inseguras las comunidades de inmigrantes al permitirle a la policía actuar como agentes migratorios. Su decisión de extender ese programa a nivel nacional –y no solo en ciudades específicas como ahora– aísla aún más a los inmigrantes, los expone a ser víctimas de crímenes (porque no se atreven a denunciar delitos a la policía) y, al final de cuentas, no resuelve el problema migratorio de fondo.
Pero algo es algo. El presidente Obama, cuando tenía la mayoría en ambas cámaras del Congreso, pudo haber presentado su propuesta de reforma migratoria. Eso es exactamente lo que prometió durante su campaña presidencial en el 2008. Sin embargo, no lo hizo. Suspender las deportaciones no es lo mismo que legalizar a indocumentados, aunque, sin duda, será bien recibido por aquellos que están a punto de ser echados fuera del país.
Obama ha ido perdiendo el apoyo de los hispanos –ahí están las encuestas para demostrarlo– y está claro que le molesta que lo acusen de no haber cumplido su promesa migratoria. La luna de miel entre Obama y los latinos, oficialmente, terminó. Por eso ha habido varias protestas de latinos contra su gobierno por no cumplir su palabra, por separar a familias y por deportar a más indocumentados que cualquier otro presidente norteamericano.
Esta decisión –aunque la Casa Blanca insista en que no tiene motivos políticos o electorales– le debe ayudar a acercarse a los votantes latinos antes de las elecciones presidenciales del 2012. Nadie puede llegar a la presidencia sin el voto masivo de los hispanos. Ni reelegirse.
La suspensión de las deportaciones es una buena noticia para millones de inmigrantes en Estados Unidos que no han cometido ningún crimen y que se han dedicado, exclusivamente, a trabajar, a sacar adelante a sus familias y a mejorar este país. No resuelve su problema legal. Pero los pone en un limbo migratorio. Y eso, definitivamente, es mucho mejor que el infierno de la deportación.
La hora de la purga y el milagro
Carlos Alberto Montaner
Estamos a escasos centímetros de una nueva recesión como la que comenzó en septiembre de 2008 tras el hundimiento de Lehman Brother. Esta vez el epicentro del terremoto económico está en Europa y la causa más directa (pero no la única) radica en el temor de los mercados al incumplimiento de sus obligaciones por parte de los gobiernos.
Grecia, Portugal, España y, en gran medida, Italia, multiplicaron su gasto público y, para hacerle frente, se endeudaron mucho más de lo que era prudente. Llegó un punto en el que la sociedad, sencillamente, no producía suficiente riqueza para pagar sus deudas y continuar el camino ascendente. Había llegado, como sucede cada cierto tiempo, la hora de apretarse el cinturón.
No hay ninguna razón para sorprenderse de la crisis económica actual. Es lo que suele ocurrir tras los periodos de “exuberancia irracional”, como advertía Alan Greenspan en sus momentos de atemorizada lucidez, luego traicionados cuando permanecía indiferente en medio de las atrocidades perpetradas por varias entidades financieras y por las agencias de calificación de riesgo que validaban esas operaciones fraudulentas.
Quizás lo extraño, en este caso, ha sido el largo periodo de incubación de la burbuja. Los economistas de la escuela austriaca lo habían anunciado desde hacía bastante tiempo: no se puede abusar del crédito y del endeudamiento sin que se produzca un grave descalabro económico. Ya en el 2001 el catedrático español Jesús Huerta de Soto predijo que las vacas flacas estaban próximas a hacer su aparición.
Según esta notable cantera de pensadores, a la que pertenecieron personajes como Ludwig von Mises y el Nobel Friedrich von Hayek, y en la que hoy se destacan economistas como el mencionado Jesús Huerta de Soto y Gabriel Calzada, la única fuente razonablemente segura del crecimiento son el ahorro y la posterior inversión. La cascada de dinero artificialmente inventado por las entidades financieras, luego prestado a tasas de interés deliberadamente reducidas por los gobiernos para estimular la inversión y el consumo, aumenta peligrosamente la masa monetaria, creando las fatales burbujas que invariablemente terminan en medio de una crisis.
La Escuela Austriaca surgió en Viena en el último tercio del siglo XIX de la mano de Carl Menger y Eugen von Böhm-Bawerk, y una de sus primeras batallas fue demostrar los disparates teóricos de Marx en la médula de su pensamiento, la teoría del valor y el papel de la plusvalía, pero ahí no terminó la cacería de errores. Posteriormente, sus cultivadores explicaron por qué estaban equivocados los economistas neoclásicos, los keynesianos y los monetaristas, desmintiendo a los académicos convencionales (el noventa por ciento de los catedráticos de economía del mundo), gentes asombrosamente tercas que no acababan de entender que la economía no es una ciencia exacta, sino una rama de la psicología o de las ciencias sociales porque descansa, esencialmente, en percepciones y decisiones subjetivas.
Según “los austriacos” –y la experiencia parece darles la razón–, las llamadas crisis periódicas del capitalismo no son otra cosa que la purga natural del sistema tras un tiempo de excesos, y resulta contraproducente tratar de evitar la contracción de la economía y el empobrecimiento relativo que sobreviene cuando el mercado se ajusta a la realidad, algo que se ha hecho evidente con el fracaso de la billonaria inyección de dinero inútilmente efectuada por el presidente Obama para tratar de frenar la hecatombe. Todo lo que ha logrado es aplazarla.
En todo caso, no estamos ante el fin del sistema capitalista ni mucho menos. Desde hace doscientos años, cada cierto tiempo sobrevienen la crisis y luego la recuperación, y ni siquiera en medio del desastre económico se paraliza el impetuoso camino del progreso en las sociedades en las que predominan el mercado y la empresa privada. La crisis de 1895 fue paralela a la invención de la aviación y del cine, mientras se extendían las redes de la electricidad y los teléfonos. La de 1929 no evitó el auge de la radio y la televisión. La que hoy nos sacude no impide los milagros técnicos y científicos con que amanecemos todos los días. Es verdad que estallan las burbujas, pero también la creatividad y la imaginación que nos rescatan de nuestros errores.
Demandarán a Correa ante Corte Penal Internacional
Agence France Presse
QUITO -- Dirigentes opositores anunciaron el lunes que demandarán al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, a raíz de una rebelión policial el 30 de septiembre del 2010 que dejó varios muertos y heridos.
La acción será presentada en septiembre por delitos previstos en el Estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la CPI) como “realizar ataques intencionados contra hospitales”, señalaron los activistas en un comunicado.
Entre los acusadores se hallan el congresista del partido indígena Pachakutik Cléver Jiménez y el ex sindicalista petrolero Fernando Villavicencio.
Jiménez ya había denunciado a Correa por el mismo delito ante la Fiscalía el 4 de agosto.
Según el diputado, el mandatario cometió el crimen de “agresión armada” de las Fuerzas Militares, derivado de su orden de “atacar” un hospital policial en Quito durante la insurrección.
El 30 de septiembre del 2010 cientos de policías se sublevaron por un reclamo salarial, llegando, según las Fuerzas Armadas, a retener a Correa en un hospital donde se refugió tras ser agredido por uniformados cuando intentaba aplacar la protesta.
Correa fue rescatado horas después en un operativo militar que dejó cinco muertos y en el que, asegura, los soldados fueron recibidos a tiros por los sublevados, incluidos francotiradores.
Otras cinco personas fallecieron en Guayaquil (suroeste) durante saqueos que se desataron por la ausencia policial, según el ministerio de Salud.
El gobernante denunció que la sublevación fue instigada por policías corruptos bajo investigación y opositores que intentaban derrocarlo e incluso asesinarlo. En medio de la revuelta, Jiménez pidió la renuncia de Correa.
Como pruebas de su denuncia sobre una intentona golpista y de magnicidio, Correa menciona el cierre de la pista del aeropuerto de Quito por parte de un grupo de militares, la toma del Congreso, los pedidos de renuncia de la oposición y mensajes radiales de policías que exhortaban a asesinarlo.
El pasado martes el ministro de Defensa, Javier Ponce, dio a conocer un informe de las Fuerzas Armadas sobre la rebelión, según el cual el rescate fue concertado con el mandatario al determinarse que estaba en “peligro inminente” por las amenazadas lanzadas a través de la radio policial.
“Es falso hablar de que se ordenó el ataque a un hospital, no hay ninguna orden de disparar, lo que se ordenó fue la liberación del presidente que se encontraba retenido”, dijo Ponce, anotando que la operación tuvo un “carácter disuasorio”.
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