La oscura fortuna del general

La oscura fortuna del general
Ricardo Ravelo

Un sexenio le bastó al general de división Nicéforo Luz Torres Fernández para acumular 2 mil millones de pesos, que heredó a sus tres hijas al morir. Hasta hoy se desconoce cómo obtuvo esa fortuna, pues en 1983, cuando se retiró del Ejército, su sueldo era de 250 mil pesos mensuales, equivalentes a 78 mil 215 pesos actuales. A esa incógnita se suma el pleito entre las herederas del militar con Raúl Gálvez Alcántar, a quien, mediante documentación apócrifa, pretenden desconocer como albacea. El litigio envuelve también a las autoridades de la PGJDF.

En sólo seis años, cuando se desempeñó como intendente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, el general de división Nicéforo Luz Torres Fernández amasó una fortuna calculada en 2 mil millones de pesos, entre propiedades y cuentas bancarias registradas a su nombre en México y el extranjero.

Hoy, sus herederas se encuentran inmersas en un litigio legal con Raúl Gálvez Alcántar, sobrino político y albacea del militar, quien a su vez las acusa de amenazas y fraude procesal, e implica también al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Mancera Espinosa, en presuntos actos de corrupción.

Egresado del Colegio Militar, donde estudió la carrera de intendente, Torres Fernández fue responsable de las compras de armamento (tanques, cañones y uniformes), equipo aéreo y tecnológico (aviones y operaciones con satélites) cuando Félix Galván López encabezaba la Sedena. Era él quien distribuía los presupuestos asignados a las zonas militares del país.

De acuerdo con su organigrama, los intendentes son parte del núcleo administrativo más importante de esa dependencia, pues ellos coordinan las operaciones financieras para abastecer al Ejército de la infraestructura necesaria para sus tareas dentro del territorio nacional.

Torres Fernández era uno de esos hombres, según Gálvez Alcántar, quien desde 2008 inició un juicio contra Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Mayela Torres Gálvez, hijas del general y herederas de su fortuna. Dice que ellas pretendieron revocarle su albaceazgo con documentos apócrifos para evitar pagarle 25 millones de pesos –2% de los bienes y 5% del usufructo de las empresas– a los que, según él, tiene derecho.

El general Torres Fernández fue intendente de la Sedena del 1 diciembre de 1976 al 16 de enero de 1983. Poco después de abandonar su cargo ya era un hombre rico. Tanto, que mandó llamar a Gálvez Alcántar y lo nombró albacea de su cuantiosa fortuna.

En 1983, el último año que laboró en la Sedena, el general e intendente devengaba un salario de 250 mil pesos mensuales, equivalentes a 78 mil 215 pesos actuales. De haber ahorrado su sueldo íntegro hubiera requerido 2 mil años para amasar una fortuna como la que heredó a sus hijas Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Mayela.

Hoy, según establece el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, el salario más alto en el Ejército es el del secretario de la Defensa Nacional y asciende a 130 mil 359 pesos al mes.

Un albacea cuestionado

Durante 30 años Raúl Gálvez Alcántar administró las empresas del militar, quien murió el 5 de diciembre de 2006. Y entonces comenzaron los problemas, pues el viejo general no sólo heredó sus bienes a sus hijas, sino un embrollo legal que implica al propio titular de la PGJDF, Miguel Mancera Espinosa, y a otros funcionarios de esa dependencia.

Según Alejandro Sánchez, abogado de Gálvez Alcántar, el general heredó a sus hijas una fortuna calculada en 2 mil millones de pesos. Tanto él como su representado afirman que el origen de esa riqueza es un misterio, y dejan entrever que el monto podría ser superior.

Ambos explican que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) les entregó información según la cual Torres Fernández manejaba 12 cuentas bancarias en México. En una de ellas –la 60-50781722-1–, abierta en Banco Santander, el militar tenía un saldo de 55 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de 2006.

Además, en ese mismo banco el general manejaba otras cuentas: en una de ellas, registrada con el número 61-50781722-1, tenía 54 millones 762 mil pesos; en otra “cuenta personal”, la 60-500019328-4, sus fondos eran de 54 millones 830 mil 393 pesos, y en una “cuenta bursátil”, la número 13-00000521-7, el capital de Torres Fernández ascendía a 78 millones 821 mil pesos.

Gálvez Alcántar comenta que en 2007, poco después de la muerte de su tío político, se enteró de que sus primas Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Torres Gálvez, asesoradas por los abogados Gustavo López Flores, Irma Miriam Vargas Rodríguez, Abraham Camacho Vargas y Fernando Javier Rocha, le revocaron el cargo de albacea.

Las herederas del general Torres Fernández recurrieron también al contador público Armando Posadas Pacheco, quien, dice Gálvez Alcántar, elaboró un informe contable en el que lo acusa de malversación de bienes, según el juicio familiar 177/2007 que se instruye en el Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Familiar.

Sin embargo, él detectó que se trataba de una “sucia maniobra”, pues, asegura, el reporte contable era apócrifo, por lo que presentó una denuncia de hechos por el delito de fraude procesal ante la Fiscalía Central en Investigación para Asuntos Especiales de la PGJDF, lo que motivó la averiguación previa FAE/D/T2/00135/07-10.

A su vez, el contador Posadas Pacheco presentó una denuncia –averiguación previa FIZP/IZP-2/T3/00816/07-06– en la que expone que fue presionado por las hijas del general Torres Fernández y por los abogados que ellas contrataron para elaborar el informe contable falso a fin de acusar de fraude a Gálvez Alcántar. Así lo cuenta Posadas Pacheco en su escrito:

El 16 de febrero de 2007, aproximadamente a las 12 horas, la señora Irma Olivia Mayela me dijo telefónicamente que de parte de las herederas me instruían para que preparara un informe contable fiscal y administrativo de las irregularidades en las que incurrió el Lic. Raúl Gálvez en el manejo de las empresas del general Nicéforo que tenía a su cargo. Yo le contesté que iba a tratar de hacerlo con la información que yo tenía porque desconocía muchas cosas.

Ella me dijo que yo lo hiciera como pudiera pero que lo presentara cuanto antes y que le llamara cuando lo tuviera. El 8 de marzo de 2007, como a las 6 de la tarde, le dejé en su escritorio a la Lic. Elvia Valerio un informe contable y administrativo de las empresas…

Después, Gustavo López Flores, abogado de las herederas, mandó llamar al contador Posadas. Continúa el contador:

…El Lic. López me llamó con una seña… y me entregó una versión modificada de mi comunicado del informe (contable). Al leerlo le mencioné que no lo firmaría con esa redacción. El Lic. López me dijo que lo más probable es que ni siquiera se tuvieran que utilizar estos documentos, porque ellos (el Lic. Rocha y el Lic. López) ya habían hablado personalmente con el Lic. Gálvez (el albacea) a finales de febrero y que le había causado pánico el saber que yo estaba realizando un informe de sus malos manejos. Ellos dijeron que si el Lic. Gálvez renunciaba a su cargo de albacea, entonces sus primas no iban a proceder legalmente contra él…

De acuerdo con la declaración del contador Posadas Pacheco, el documento contable que exhibieron las herederas en el Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Familiar, “en complicidad con sus abogados”, es falso. El documento donde aparece su firma se elaboró con la finalidad de “espantar el licenciado Gálvez”, reitera el contador.

Investigación torcida

Gálvez Alcántar asegura que para documentar su querella contra las hijas del general Torres Fernández, a quienes acusa de amenazas y fraude procesal (averiguación previa FAE/D/T2/00135/07-10), solicitó informes al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal sobre 15 inmuebles ubicados en la Ciudad de México, todos ellos registrados a nombre del militar.

E insiste en que el titular de la PGJDF, Miguel Mancera Espinosa, torció la investigación para favorecer a las coherederas. En una carta fechada el 23 de septiembre de 2008, enviada por él al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Meyer Klib Gervitz, Gálvez Alcántar explica:

Conozco los recursos que puedo interponer contra la determinación arbitraria de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pero como se deduce… se me notificó el no ejercicio de la averiguación previa el 3 de septiembre de 2008; esto es, después de haber acudido a diversas instancias para expresar mi inconformidad por la actuación irregular de la PGJDF y específicamente, de su titular, el procurador Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Sé que la PGJDF cuenta con un órgano de revisión y vigilancia (la Visitaduría) para establecer si algún servidor público ha incurrido, con su actuación, en alguna irregularidad en la averiguación previa FAE/D/T2/00135/07-10, al que no he acudido porque resultaría estéril, considerando que el que ha intervenido para determinar esa averiguación es el doctor Miguel Mancera Espinosa.

El albacea dice estar sorprendido por la celeridad con la que fue cerrada la averiguación sobre la denuncia por fraude procesal contra las hermanas Torres Gálvez, pues la decisión fue tomada –explica– a pesar de que faltaban por desahogarse cuatro diligencias: la presentación de Elvia María Socorro Varolio González por parte de la Policía Judicial, lo que no se logró; y solicitar al titular de la notaría en la que se tramita el juicio testamentario, a cuánto asciende económicamente la masa hereditaria del general Nicéforo Luz Torres Fernández.

También faltó, dice, cotejar en la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública si Gustavo López Flores, Irma Miriam Vargas, Abraham Camacho y Fernando Javier Rocha, quienes fueron contratados por las coherederas del militar, cuentan con su título de abogados.

Y, finalmente, esperar a que el director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal remitiera una copia certificada del folio real de los inmuebles que forman parte de la masa hereditaria.

En la carta que dirigió a Klib Gervitz, Gálvez Alcántar afirma que en esa investigación la PGJDF incurrió “en un acto de corrupción económica o por amistad con los abogados de las inculpadas o con ellas mismas, pues faltando diligencias por practicar se declaró el ejercicio de la acción penal sin que el promovente ni mi asesor jurídico tuviéramos oportunidad de consultar el motivo por el cual se dictó dicha resolución”.

Alejandro Sánchez, defensor de Gálvez, señala que las autoridades de la procuraduría capitalina comenzaron a mostrar un comportamiento sospechoso para favorecer a las coherederas del general Torres Fernández. “Curiosamente –relata– a partir de noviembre de 2008, durante el juicio familiar 188/2008 apareció como defensor (de las coherederas) Francisco Fuentes Olvera”.

Fuentes Olvera es hijo del abogado Enrique Fuentes León, quien estuvo implicado en el secuestro y asesinato de la bailarina y coreógrafa Nellie Campobello; asimismo, lo implica en maniobras legales mediante las cuales la juez Celia Carmen Santos Olvera lo nombró albacea de la Colección Gelman de arte mexicano, y por cuya designación se le giró orden de aprehensión a la juzgadora, ya que incurrió en diversas violaciones legales.

Petición a Los Pinos

En una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, recibida en la Presidencia de la República el 10 de diciembre último, Gálvez Alcántar insiste en que el titular de la PGJDF, Miguel Mancera Espinosa, favorece a las coherederas del general Torres Fernández, a pesar de que ellas incurrieron en el delito de fraude procesal al introducir en el expediente del juicio familiar un informe contable falso para revocarlo como albacea de los bienes del militar.

Asimismo, expone que, tras interponer la denuncia por fraude procesal, se practicaron todas las diligencias, “pero todo cambió de forma drástica y contraria a la ley cuando entraron en funciones el procurador Miguel Mancera Espinosa y el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, Javier Cerón Martínez (a quien se le relaciona estrechamente con el abogado Fuentes Olvera)”.

Fue él, dice el albacea, quien el 8 de agosto de 2008 decidió de manera abrupta el no ejercicio de acción penal contra las hermanas Torres Gálvez cuando aún faltaban varias diligencias por practicar. La semana pasada Cerón fue destituido de su cargo.

Gálvez presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde se integró el expediente CDHDF/1/121/ CUAUH/D4882, que derivó en una recomendación contra la PGJDF en la que se le pide practicar las diligencias pendientes. Hasta la fecha el caso está congelado.

Por otra parte, de acuerdo con el defensor de Gálvez, la juez 15 de lo familiar solicitó a las hijas del general Torres Fernández que presenten el inventario de bienes, a fin de cuantificar la masa hereditaria “y el porcentaje que le corresponde a mi cliente”. Hasta el viernes 22 no habían atendido la solicitud.

–¿Por qué se niegan las coherederas a entregar el inventario de bienes? –se le pregunta al abogado.

–No lo sé. La juez ha sido muy condescendiente con ellas, ha dicho que si lo quieren presentar, bien, y si no, pues también. Yo creo que algo ocultan, no quieren que se conozca la enorme fortuna que amasó el general, pues resulta sospechoso que haya obtenido legalmente tanto dinero y propiedades.

–¿Cuál es el origen de esta fortuna?

–No lo sabemos. Hay muchas sospechas, pues tenemos conocimiento, más no pruebas, de que el general Nicéforo Luz Torres también tenía cuentas personales multimillonarias en el extranjero, particularmente en Estados Unidos y Europa, así como residencias en todo el país.

–¿Por qué no han acreditado todas las propiedades y el resto de las cuentas bancarias que manejaba el general Torres Fernández?

–Porque la familia se niega a entregar a la autoridad judicial el inventario de bienes. Si toda esta fortuna es legal, entonces surgen muchas sospechas al negarse a entregar el inventario de bienes.

–¿Hay lavado de dinero en este caso?

–No tengo elementos para afirmarlo, pero la fortuna es muy sospechosa y, peor aún, que la haya amasado un militar que tuvo poder en el sexenio de Miguel de la Madrid. Todo esto es muy raro. Por eso no dudo que el caso pueda llegar al fuero federal.