Los asesinos desechables

Es políticamente incorrecto afirmar, ante una tragedia de esta magnitud, que los grupos criminales se han debilitado. Pero es verdad.

Jorge Fernández Menéndez

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Fueron presentados cinco de los participantes en el incendio del Casino Royale en Monterrey. Son, como alguna vez les dijo uno de los líderes de Los Zetas en Monterrey a unas personas que tenía secuestradas y luego liberaron, sicarios, figuras desechables, ladrones de poca monta que han ido escalando en forma demasiado rápida la pirámide social del crimen y han pasado en unas pocas semanas de ladrones de autopartes a sicarios sin escrúpulos.

El caso más notorio de los cinco detenidos es el de Julio Berrones, que apenas en julio del año anterior había sido apresado cuando huía, armado, de la policía, en un automóvil que acababa de robar. Fue detenido, presentado ante el Ministerio Público, llevado ante el juez, y le dieron cinco años de condena. A las pocas semanas estaba en libertad porque el sistema de preliberaciones había considerado que un hombre que estaba armado, que huía de la policía y había robado un carro (aunque usted no lo crea, se roban 80 carros diarios en Monterrey), como era un primodelincuente, o sea, que no había sido condenado por un delito anterior, no era peligroso y podía regresar a las calles. Así fue y este hombre es hoy uno de los responsables de haber provocado la muerte de más de medio centenar de personas inocentes, la mayoría amas de casa que estaban jugando bingo en el Casino Royale.

Es políticamente incorrecto afirmar, ante una tragedia de esta magnitud, que los grupos criminales se han debilitado. Pero es verdad: en todos los cárteles, el nivel operativo, la capa de mandos altos y medios que realmente operaban el negocio e incluso los grupos de sicarios, que los jefes de esas organizaciones formaron durante años, se han ido desmoronando con los ajustes de cuentas y las detenciones. En algunos casos los jefes han caído y los personajes de segundo o tercer niveles se han hecho con el control de los cárteles, como ocurrió con muchos, por ejemplo, Los Zetas, La Familia o el grupo de La Barbie. En todos, la norma ha sido la incorporación, lo más masiva posible, de jóvenes pandilleros, de simples miembros de la delincuencia común que de repente se han convertido en sicarios u operadores del crimen organizado.

Pero como las estructuras también han sido golpeadas y las reglas de antaño se han perdido, se requieren recursos extra y éstos salen de la extorsión, el robo, el secuestro, el narcomenudeo. Sin embargo, entonces se requiere controlar territorios para esos negocios y son muchos los involucrados y todos se conocen porque provienen del hampa común, de las pandillas, de las colonias marginales. Y para controlar ese territorio se imponen las ejecuciones y los ajustes de cuentas, mas también las extorsiones, el terror contra la gente. Si en el pasado hubo jefes y operadores que comprendían que eso arruinaba el negocio, hoy ello se ignora porque lo que se impone es una simple ley, un objetivo de sobrevivencia.

Esos son los asesinos del Casino Royale, pero también los de San Fernando, los de Guerrero, Michoacán, Ciudad Juárez, Tamaulipas, Veracruz, Morelia, quienes están sembrando violencia y desolación en buena parte de la República. Son unos pobres diablos sin escrúpulos, con un fusil (o un bidón de gasolina) en las manos.

¿Por qué entonces no se detiene la violencia? Porque las policías locales no combaten a la delincuencia, ni a la organizada ni a la desorganizada. Porque como se han fundido los dos ámbitos delincuenciales, las policías (en algunos casos cooptadas y corrompidas, en otros, temerosas) simplemente han renunciado a cumplir con su papel. Y demasiadas veces, las autoridades locales los solapan de una u otra forma. Por eso era tan importante tener un mando y un modelo único en las policías. Y, si eso no era posible, la salida, aunque no la más deseable, de 32 mandos estatales, era un paso intermedio viable. Pero, pese a acuerdos y compromisos, no se ha hecho ni una cosa ni otra: se ha terminado buscando modelos híbridos que en casos muy específicos pueden dar algunos resultados, pero nada más.

Hoy tenemos, además de las Fuerzas Armadas, a un cuerpo policial de alto nivel en la Policía Federal, que puede combatir a las cúpulas de los cárteles y a sus principales capas operativas intermedias, pero que no puede trabajar cotidianamente contra el hampa común que se ha asociado con los grupos criminales en muchas ciudades y colonias de todo el país. Eso lo deben hacer las fuerzas locales y, al no hacerlo, ese proceso de creación de sicarios desechables se alimenta de la impunidad.

Eso es lo que está ocurriendo en la mayor parte del país. El mando único en los 32 estados de la República y el nuevo modelo policial no son la panacea, pero sin ellos será imposible avanzar seriamente. La oposición de un grupo de alcaldes del PAN, del PRI y del PRD a esta medida no puede ser la excusa para tanta parálisis.