Politics as usual o la disfuncionalidad del sistema político de EE.UU.
Por Luis Rubio
La verdadera crisis del gobierno estadounidense no es fiscal sino política. Lo fiscal es un mero síntoma de la disfuncionalidad a la que ha llegado su sistema político. El detonador inmediato ha sido la exigencia legal de que el poder Legislativo apruebe el límite de endeudamiento del gobierno, pero el fondo del asunto se remite a una profunda división que existe en la sociedad respecto a la función del gobierno en la sociedad. Quizá lo más revelador de la naturaleza de su problema es el hecho de que los dos partidos políticos tradicionales ya no representan al conjunto de su sociedad, lo que hace cada vez más dependientes a los legisladores de grupos organizados con intereses muy específicos.
Hay muchas manifestaciones del proceso político por el que atraviesa nuestro vecino del norte, comenzando por las agudas diferencias de perspectiva entre los “azules” y los “rojos”. Si uno observa el mapa electoral a lo largo de los últimos diez o 15 años, lo evidente es la polarización electoral que ha sufrido y que ha dividido a los votantes entre azules o Demócratas, y rojos o Republicanos.
Con excepciones menores, los azules dominan las costas en tanto que los rojos monopolizan todo el resto. Los colores no hacen sino evidenciar formas radicalmente distintas de entender la vida y expresar anhelos sobre el futuro. Los azules tienden a despreciar a los rojos y calificarlos de primitivos e incultos, en tanto que los rojos califican de elitistas y europeizantes a los azules. Aunque se trata de una caricatura, constituye un reflejo de las actitudes y percepciones prevalecientes.
En mis actividades académicas visito muchas universidades todos los años, algunas en el centro del país, otras en las costas. Todas ellas son de primer nivel en términos de la calidad de su profesorado, excelencia académica, número de premios Nobel y otras medidas que se emplean para compararlas. Sin embargo, el contraste entre unas y otras no podría ser más grande. En una universidad en St. Louis Missouri, por ejemplo, varios profesores llegan en pickups y más de uno es miembro del National Rifle Association, la organización que reúne a quienes abogan por el derecho a portar armas, y muchas de sus actitudes políticas o sociales son por demás conservadoras. En lugares como Boston o Nueva York la escena es exactamente la contraria: los coches de su preferencia son híbridos y sus preferencias sociales y políticas son claramente liberales.
Para unos, la función del gobierno es hacer lo menos posible, dejando al individuo y al mercado las oportunidades del desarrollo. Para los otros el gobierno debe garantizar una plataforma básica de servicios y derechos que son, en su visión, la esencia de la civilización. En uno de los temas más disputados y controvertidos de los últimos años, el de la provisión de servicios de salud, unos quieren que sea el individuo el que decida a través de la adquisición de un seguro médico, en tanto que los otros consideran que esa es una obligación elemental del Estado.
El mismo tipo de diferencias existen en otros asuntos: la seguridad social, el gasto en defensa, el derecho a la posesión de armas, la asistencia a los pobres, el comercio internacional y la migración ilegal. Del lado Republicano piensan que el individuo debe decidir cómo gastar su dinero, razón por la cual es mejor tener un régimen de impuestos bajos. Por el lado Demócrata piensan que el gobierno está ahí para promover la igualdad en la sociedad y que los impuestos son el medio para pagar su costo.
Inexorablemente, estas diferencias de perspectiva se reflejan en el presupuesto gubernamental en buena medida porque por décadas todo mundo obtuvo lo que quiso hasta que los montos resultaron inmanejables y esa es la crisis fiscal en la que están ahora. Lo notable no son los problemas sino que las propuestas de solución de cada uno no son siquiera comprensibles para el otro lado. En términos generales, los Demócratas no aceptan recorte alguno en los programas sociales, en tanto que los Republicanos no aceptan incremento alguno en los impuestos. El corazón del asunto no reside en la defensa de principios programáticos e ideológicos, sino en la negativa a aceptar la existencia del problema. Los programas sociales, sobre todo el llamado Medicare, para adultos mayores de 65 años, es muy popular pero no tiene una fuente de financiamiento sostenible y su costo crece a una enorme velocidad. Para los Demócratas el asunto del financiamiento es una mera nimiedad que no tiene consecuencias. El equivalente para los Republicanos es el gasto en defensa y los costos de sus diversas aventuras militares. Ninguno reconoce la escala de los costos o las alternativas evidentes: menos gasto o más ingreso.
El movimiento del “tea party”, surgido en buena medida como reacción al proyecto de estímulo fiscal y de universalización de los servicios de salud del presidente Obama, plantea un regreso a lo básico: recortar todo lo que sobra para retornar a una situación de salud fiscal y de control del crecimiento de los tentáculos del gobierno en todos los ámbitos de la vida. Independientemente de la filosofía que lo anima, muchos de los diputados que el movimiento patrocinó y que hoy constituye la mayoría en el Congreso, su implementación práctica ha sido fundamentalista: todo o nada. Por su parte, el presidente Obama ha sido igualmente intransigente: ninguna concesión en sus programas estelares y nada sin aumento de ingresos.
Más allá de las personalidades, quizá el mayor problema práctico es que los dos partidos tradicionales ya no representan más que al 65% del electorado (en comparación con más del 90% hace veinte años). Eso ha llevado a que ninguno quiera asumir riesgos elevados respecto a su reelección. Un agudo (y cínico) observador en Washington dice que el problema político inmediato es muy simple: para poder reelegirse, Obama requiere del apoyo de los Republicanos y eso implicaría sacrificar a su base tradicional. Es decir, como dicen allá, politics as usual: lo primero son los intereses personales de los políticos y lo demás es lo demás. Algún día saldrán de su crisis política porque esa es la naturaleza de su pragmatismo; pero eso no cambia la estela de incertidumbre y disfuncionalidad que están dejando en el camino.
Lo impactante de Washington hoy es el desdén de su clase política a la trascendencia de EE.UU. como superpotencia. A prácticamente nadie le importan las consecuencias de su actuar (o inacción) sobre el dólar o el comercio internacional, temas cruciales para el resto del mundo. Serán los privilegios de ser potencia, pero no una buena manera de conducir un imperio.
Luis Rubio es Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la investigación en temas de economía y política, en México.
Cómo evitar la quiebra de España
Por Emilio J. González
Libre Mercado, Madrid
La evolución de la crisis española exige la convocatoria inmediata de elecciones, le guste o no a los socialistas, porque, como se está viendo estos días, ni las intervenciones de China ni las del Banco Central Europeo consiguen tranquilizar a los mercados. Y, aunque lo lograran, la estabilidad duraría poco y las tensiones volverían a repetirse con mayor intensidad, sobre todo en septiembre y octubre, hasta el punto de provocar el hundimiento total de nuestra deuda y la necesidad de que nuestro país, al final, tenga que ser rescatado. ¿Qué cambia la llamada a las urnas en este contexto? Muy sencillo, la posibilidad de evitar el desastre total.
Para frenar las tensiones de los mercados, la economía española necesita medidas de ajuste duras, tanto presupuestarias como de reformas estructurales. El Gobierno podría anunciarlas ahora mismo, sin embargo, dudo mucho que tuvieran el menor efecto sobre los mercados. De entrada, Zapatero ya no tiene credibilidad alguna, después de tanto prometer que iba a hacer y, al final, permanecer de brazos cruzados y dejar todo como estaba, o incluso peor. Además, ZP debería pactar dichas medidas con Rubalcaba, quien también desea que las elecciones se celebren lo antes posible, con lo que resulta difícil pensar en que puedan llegar a acuerdo alguno. Y del PP, que debería dar credibilidad a dichas medidas comprometiéndose a mantenerlas en el tiempo, cabe esperar lo mismo, porque entienden, con toda la razón del mundo, que esto ya no da más de sí y que, le guste o no al señor Zapatero, lo que tiene que hacer éste es irse a su casa ya mismo porque su permanencia en Moncloa es parte del problema, mientras que su salida es el principio de la solución.
¿Qué puede hacer Rajoy que no pueden llevar a cabo ya los socialistas para evitar la quiebra de España? Pues, como candidato favorito a la victoria en las urnas, irse a visitar a los grandes inversores de Londres y Nueva York en cuanto se convoquen las elecciones y presentarles todo un plan detallado de ajustes tanto presupuestarios como de la economía, recordándoles al mismo tiempo la buena gestión económica que hizo el PP cuando llegó al poder y que consiguió, contra pronóstico, que nuestro país hiciera a tiempo unos deberes bastante difíciles para ser socio fundador del euro. Después, confirmar en la medida en que pueda, durante sus discursos de campaña, esos compromisos adquiridos con los grandes inversores para restaurar su más que maltrecha confianza en la economía española. Y, por último, nada más llegar al poder, y sin esperar a la elaboración de los presupuestos para 2012, empezar a tomar medidas. Probablemente solo así se podrá evitar la quiebra de España, y únicamente Rajoy cuenta hoy con la capacidad política para conseguirlo. Lo malo es que todo esto, en última instancia, depende de la voluntad del señor Zapatero de largarse de una vez por todas o, en su defecto, de que los socialistas terminen ya de echarlo a patadas. ¿Qué más tiene que pasar en los mercados para que esto suceda?
Esperemos que haya un prolongado estancamiento fiscal
Por Ivan Eland
Aunque el presidente Barack Obama puede haber ganado algunos votantes independientes claves para los comicios de 2012 al retratar con éxito a los republicanos del Tea Party como extremistas responsables de la prolongada paralización de la suba del techo de la deuda, el resultado para la nación de esa política y el circo mediático puede no ser tan malo.
La buena noticia es que el Tea Party fue capaz, por primera vez en la historia, de mantener como rehén a la votación sobre la elevación de los ya descomunales 14,3 billones de dólares (trillones en inglés) de la deuda nacional a fin de obtener significativos recortes del gasto. Muchos socialistas y moderados, y sus economistas keynesianos aliados, están preocupados de que este cambio de dirección en el estímulo gubernamental de la economía pudiese sumir nuevamente a la economía en una recesión. El senador liberal Richard Durbin (Demócrata por Illinois), declaró que John Maynard Keynes había fallecido en 1946 pero que este acuerdo recién ahora mató al keynesianismo. En hora buena.
La Reserva Federal, tras cuatro años de imprimir dinero, y el despilfarro fiscal del gobierno, como lo ejemplificó el masivo plan de estímulo plagado de negociados de Obama, han fallado en estimular un crecimiento económico significativo. Igual que el gobierno japonés con sus similarmente infructuosos esfuerzos keynesianos de revivir a su largamente moribunda economía, las autoridades de los EE.UU. han estado “empujando una cuerda” en un intento de estimular la economía y simultáneamente eliminar la deuda acumulada. Ello se debe a que la economía estadounidense—impulsada por la periódica introducción de nuevo dinero en el sistema por parte de la Reserva Federal—ha pasado de una burbuja artificial a otra desde la década de 1990.
Y sí, renunciar a la adicción de imprimir dinero, al gasto excesivo, y la falsa reducción de impuestos (impuestos más bajos sin una ración del gasto, como la patentada por políticos republicanos como Ronald Reagan, George W. Bush, y ahora, en menor medida, Paul Ryan) probablemente causará otra recesión en el corto plazo, a medida que la última burbuja estalla. Pero reducir el gasto sin aumentar los impuestos, un desarrollo notable en la historia de Washington, probablemente tendrá saludables efectos en el crecimiento económico a largo plazo y reducirá la carga de la deuda sobre las futuras generaciones.
Los últimos presidentes de ambos partidos han sido responsables de la acumulación de la masiva deuda de 14,3 billones de dólares. Los grandes campeones: George W. Bush, quien acumuló la friolera de 6,1 billones de dólares en concepto de deuda mediante la promulgación de falsos recortes de impuestos, la creación del mayor programa de beneficios sociales desde la Gran Sociedad (la cobertura de medicamentos recetados del Medicare), y el inicio de dos costosas e innecesarias aventuras militares de edificación de naciones en Afganistán e Irak; Barack Obama, que acumuló 2,4 billones de dólares de deuda al embarcarse en un gasto de estímulo repleto de negociados, instituir una “reforma” de la atención médica, continuar con las guerras de Bush, e iniciar una tercera guerra en Libia; y Ronald Reagan, que acumuló una deuda de 1,9 billones de dólares mediante la promulgación de falsos recortes tributarios, el aumento de un presupuesto de defensa ya hinchado, la adición del mayor número de empleados federales que cualquier presidente moderno, y el incremento del gasto federal real como un porcentaje del PBI.
A pesar del acuerdo sobre el techo de la deuda, aun no estamos fuera de peligro. Primero, inicialmente, en virtud de ese acuerdo, casi un billón de dólares será recortado del presupuesto en los próximos 10 años, incluidos 350 mil millones (billones en inglés) en recortes de la defensa, mediante la imposición de límites anuales al gasto. Cualquiera que esté atento al presupuesto federal (en realidad, cualquier persona que emplee el sentido común) sabe que un acuerdo sobre un período de 10 años no vale tanto. Mucho puede cambiar en los próximos años, usualmente en detrimento de la austeridad fiscal. El único número del que uno puede estar verdaderamente seguro es el gasto total del año en curso.
Segundo, a finales de este año, se supone que un comité del Congreso integrado por ambos partidos encontrará otras formas de reducir los futuros déficits presupuestarios por otros 1,5 billones durante 10 años. La mala noticia es que esto podría permitir la suba de impuestos, así como nuevos recortes de gastos. Sin embargo, si el comité de seis demócratas y seis republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado queda estancado y no puede ponerse de acuerdo respecto de qué cambios fiscales realizar, o la totalidad del Congreso no adopta las recomendaciones del comité sin enmiendas en una votación por sí o por no, el castigo atroz, que siempre es temido en Washington, serán recortes de gastos a nivel general. Lamentablemente, los recortes no son realmente tan “generales” como se publicita, debido a que la Seguridad Social, el Medicaid, los beneficios de los veteranos, y las remuneraciones de los civiles y militares están exentos de estos recortes. (Los recortes en los pagos a los proveedores del Medicare, tales como hospitales y asilos de ancianos, están permitidos).
Sin embargo, la buena noticia es que si el comité no puede llegar a un acuerdo sobre los cambios fiscales, o si el Congreso rechaza su labor, los programas de la defensa (incluida la seguridad interior) y los programas nacionales tendrán que soportar reducciones parejas. Tal estancamiento fiscal, que parece muy factible, garantizará que los impuestos no sean aumentados y es probable que el área de defensa sufra un mayor porcentaje de recortes que los que tendría sin el estancamiento. Por lo tanto, una prolongada paralización partidista tal vez sea el mejor resultado de todos.
Traducido por Gabriel Gasave
Ivan Eland es Asociado Senior y Director del Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.
Identifican a colgados en puente de Allende, N.L.
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