Digan lo que digan y hagan lo que hagan, sin reformas esto va a empeorar
De poco servirán las acciones que se tomen si éstas no vienen acompañadas de cambios profundos...
Ángel Verdugo
Si usted lee la nota informativa del Informe Semanal de Hacienda correspondiente a esta semana, de inmediato le vendrá a la mente La Chimoltrufia, famoso personaje de la comedia por sus frases que muchos hemos hecho nuestras al repetirlas con desparpajo sin reparar en la tontería que expresan.
El segundo párrafo de la nota, es todo un poema escrito en estilo “chimoltrufiesco”; diga usted si no: “Si bien esta volatilidad internacional comienza a afectar las perspectivas de crecimiento global, incluyendo a la economía mexicana, es importante insistir en que México cuenta con la capacidad para enfrentar la actual coyuntura global, gracias a las medidas de política implementadas en nuestro país en los últimos años y las acciones implementadas recientemente.”
Su lectura me hizo recordar, una de sus frases célebres: “Pos ya sabes que yo como digo una cosa digo otra, es que es como todo, hay cosas que ni qué, ¿tengo o no tengo razón?”. ¿Verdad que en Hacienda -al menos el redactor de la Nota Informativa del l Informe-, dominan bien “el chimoltrufiés”?
El habla chimoltrufiesca, nada tiene de malo y sí mucho de cómica cuando se trata de un particular pues carece de consecuencia alguna; además, de tenerla, sería aquél quien la enfrentaría. Sin embargo, cuando estamos ante un documento oficial que pretende transmitir la posición del Ejecutivo —en este caso, la Secretaría de Hacienda— en un tema tan delicado como es la volatilidad financiera actual y las consecuencias para nuestra economía, es inadmisible el chimiltrufiés e inaceptable la falta de claridad.
Después de leer aquel párrafo, uno no sabe si prepararse para enfrentar los efectos negativos de la volatilidad, o lanzar las campanas al vuelo porque a México y su economía nada le pasará debido, afirma Hacienda, “a las medidas de política implementadas en nuestro país en los últimos años y las acciones implementadas recientemente.”
¿Así hablan Merkel y Cameron? ¿Por qué no copiamos lo bueno y dejamos a un lado el habla que tanto gusta a los Ortega y los Castro, y a los Chávez, Evos y López?
La falta de claridad no para en aquel párrafo pues en el último de la nota informativa que dice: “México, a diferencia de otras economías emergentes, sigue sin presentar signos de sobrecalentamiento, y si bien ahora estamos creciendo a menores tasas, seguimos en una fase de crecimiento económico. No obstante, de poco servirán las acciones que se tomen si éstas no vienen acompañadas de cambios profundos que obedezcan al beneficio de las mayorías y se traduzcan en mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.”, la llevan a su máxima expresión.
Tomo estos párrafos de un documento de Hacienda, no porque sean ellos los únicos que no hablan claro; todos son iguales, ninguno se salva. Lo hago por el tema pero, repito, es mal nacional esto de no hablar claro; asusta nuestra falta de decisión para hacerlo con miras, quizás, a quedar bien con todos.
Ahora bien, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacerlo? ¿Por qué no decir, crudamente, que de nada sirven las medidas superficiales y cosméticas si no llevamos a cabo las reformas verdaderas, las siempre pospuestas? Sólo con éstas reduciremos los efectos negativos de la volatilidad y creceremos, lo otro, es vana ilusión.
Por lo demás, si los que saben —los de Hacienda—, no lo hacen, ¿quién entonces? Para eso de los votos, falta mucho; hablemos claro hoy, y mañana solitos llegarán.
Necesitamos democracia, no autoritarismo
Ser democrático no se logra con una declaración elocuente ni con una elección.
Ricardo Pascoe Pierce*Es extraordinariamente difícil que una sociedad logre una verdadera convicción acerca de la importancia de ser democrática. Es mucho más sencillo ser autoritario, o semiautoritario, y descargar toda la responsabilidad de los yerros y descontentos de la sociedad en el Estado. Ser democrático no se logra con una declaración elocuente ni con una elección. La democracia es una cultura, y una forma de ser. Es ser exigente, con uno mismo y con los otros.
La democracia implica, en primer lugar, tolerancia de los contrarios. Una sociedad con fuertes atisbos autoritarios normalmente no ha educado a sus miembros en la tolerancia. Ser democrático también demanda de todos la necesidad de allegarse de información veraz y oportuna para poder opinar y tomar decisiones sobre los temas que atañen a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, la democracia exige que los ciudadanos dediquen tiempo, normalmente sin remuneración alguna, para estar presentes en los momentos de difusión de información y en los de toma de decisiones.
¿Suena a teoría pura? La Ley de Participación Ciudadana en el Distrito Federal es un acto fallido que pretende entorpecer los verdaderos procesos de participación de la sociedad en la toma de decisiones, aventando un monto presupuestal precario a cada colonia para que los vecinos se entretengan tratando de decidir en qué gastar ese dinero y, de paso, que se enfrenten, estérilmente, con la autoridad. En vez de establecer mecanismos de integración que permitan exaltar una participación democrática amplia, la ley en realidad promueve la gestación de pequeños grupos enfrentados entre sí, que terminan condenados a las minúsculas intrigas de su entorno inmediato en vez de ser los promotores de la gran participación ciudadana. Es más, el esquema de participación ciudadana en la ciudad más grande de nuestro país —además de ser su capital— tiene una intencionalidad más bien electorera, y no de la promoción de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.
Este mecanismo se mezcla perversamente con la falta de una cultura democrática de la sociedad mexicana, pensando históricamente y, a través de ello, se gesta un polvorín preocupante: se reproducen, al nivel más básico de la vida capitalina, las formas y normas de la cultura antidemocrática de la imposición de las ideas propias por encima del otro, de quienes cuyas opiniones difieren unos y otros. Junto con lo anterior, a veces se impone, en el ámbito de la ciudadanía, el trato agresivo, ofensivo y que raya en una forma de bullying social que trata de engendrar y promover el miedo como la base de la toma de decisiones, en vez de promocionar la convivencia y civilidad entre las personas.
México tiene que construir una cultura democrática en la cabeza de cada uno de sus ciudadanos. No puede haber una solución distinta. Ciudadanos libres con capacidad para discernir los problemas colectivos de los individuales; los asuntos que afectan a todos, y no sólo los de cada uno. No es fácil pensar en esos términos. Resulta que la construcción democrática exige de todos un enorme esfuerzo: ciudadanos y autoridades.
La revisión de la Ley de Participación Ciudadana deberá tomar en consideración una reorientación de su concepción. Que transite de ser una mera promotora de esfuerzos electorales, para transformarse —mutarse, incluso— en un instrumento que promueva la cultura democrática, de tolerancia y de inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones. No debe centrarse en darle más, o menos, dinero a los comités ciudadanos, sino deberá explorar nuevos horizontes de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. La tarea es construir democracia y dejar atrás los instrumentos que demeritan al ciudadano, al individuo.
Jueces
Allí quedan, para la historia de la vergüenza nacional, Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, quienes dejaron libre a Sergio Barraza, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre, cuya madre, Marisela Escobedo, fue ejecutada por exigir justicia.
Martín Moreno
Al crimen organizado, la violencia, el desempleo y una clase política indiferente ante los reclamos ciudadanos —sigue atorada por el PRI la reforma política en la Cámara de Diputados— habrá que sumarle otra calamidad: la actuación de jueces que, sin mucho disimulo, se han convertido en un detonante de la impunidad.
No en balde le han advertido a los altos mandos de la PGR: cualquier asunto importante se los vamos a tirar.
¿Por qué este desafío abierto y riesgoso a la procuración de justicia en el país? ¿Estamos ante una rebelión en contra de la administración panista y, al mismo tiempo, en una suerte de desencanto para favorecer al PRI y facilitarle su regreso a la Presidencia?
O, seguramente, los jueces le cobran factura al presidente Calderón por lo que dijo en el Castillo de Chapultepec en los diálogos con Sicilia: “Sé que hay jueces que están en la nómina y cuánto reciben. Han recibido dinero o dialogado con criminales…” Los impartidores de (in)justicia no se la perdonan a Calderón.
Y allí están sus represalias, abono para la impunidad:
El michoacanazo, donde alcaldes, funcionarios y un juez estaban hasta el cuello en sus vínculos con el narcotráfico y, por decisión del juez Efraín Cázares López, algunos salieron libres. Ninguno está en prisión.
Jorge Hank Rhon, liberado por la jueza Blanca Evelia Parra, quien ignoró el arsenal que dentro de la casa tenía el priista. La jueza ni vio ni consideró las armas. La PGR no ha soltado este caso.
Greg Sánchez, exonerado por el magistrado José Ávalos Cota en cuanto a presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, el tráfico de indocumentados no fue considerado de manera relevante.
Julio César Godoy, amparado por la jueza Martha Elena Barrios Solís. Está libre.
O es dolo. O es corrupción. O es incompetencia.
Allí quedan, para la historia de la vergüenza nacional, los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, quienes dejaron libre a Sergio Barraza, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre, cuya madre, Marisela Escobedo, fue ejecutada por exigir justicia contra Barraza. Y agregar la negligencia criminal del gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien nada ha hecho por resolver el caso. Duarte, priista, es vergüenza aparte.
¿Cómo olvidar al juez Héctor Palomares, el héroe de la película Presunto culpable, quien, en un proceso atiborrado de acusaciones falsas, amenazas y cinismo, condenó a Juan Antonio Zúñiga por un crimen que no cometió?
Y la nueva: la jueza Taissia Cruz deja libre a Néstor Moreno, quien fue director de Operaciones de la CFE y está acusado de presunto enriquecimiento ilícito.
Cierto: en no pocas ocasiones, el MP ha integrado de manera insuficiente o errónea las averiguaciones previas. El acusador y la PGR tienen parte de la culpa. Pero los jueces que actúan de mala fe, aunque se les presente un proceso impecable, si quieren, lo echarán abajo.
“Este país tiene un grave problema: el Poder Judicial”, comentan en privado, no sólo en la PGR, sino también es consenso entre expertos y ciudadanos que conocen a fondo la actuación de los jueces.
Son ellos, los jueces, intocables, arropados por una quimera llamada Consejo de la Judicatura Federal. Sordo ante las acusaciones contra malos jueces. Ciego ante sus arbitrariedades. Mudo ante sus excesos.
Y mucho cuidado con su amenaza de tirarle al gobierno casos de “peces gordos”. Es grave.
Algo deberán hacer el Presidente y la procuradora Marisela Morales porque, en medio, está la impunidad contra ciudadanos y la benevolencia en favor de criminales.
ARCHIVOS CONFIDENCIALES
* DE PERIODISTAS. En Veracruz, nada se sabe del asesino del periodista Milo Vera, del diario Notiver, y de su esposa e hijo. Tampoco se avanza en el caso de Yolanda Ordaz, del mismo medio. El gobierno de Javier Duarte se ha olvidado de estos casos y pretende enterrarlos. Se cumplen también cuatro días de la muerte de Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, en la Ciudad de México, cuyos casos llegaron ya a la Unión Europea, que exigió identificar, arrestar y juzgar a los culpables. Desde el año 2000 han sido asesinados 74 periodistas mexicanos. Jamás Calderón, gobernadores o legisladores han ofrecido un minuto de silencio por los colegas ejecutados. En el caso de Yarce y de González Trápaga, la PGJDF está obligada a resolverlos y ojalá que no recurra al sello de la casa: la fabricación de culpables.
* EL SÍNDROME DE LA GALLINA. Alejandro Rojas, secretario de Turismo del DF, desafió y aceptó, en un chat realizado el 27 de agosto, asistir el domingo pasado a mi noticiero en Reporte 98.5 FM (2 a 4 de la tarde) para, según él, demostrar con cifras que el DF es una ciudad segura. No cumplió. Imposible sostener lo insostenible.
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