Wall Street termina la semana con fuertes pérdidas: el Dow Jones cede más del 2%
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Dow Jones: Mejores y peores
La bolsa de Nueva York no ha reaccionado después de la publicación de la tasa de paro del mes de agosto y ha cerrado con pérdidas superiores al 2% en todos sus índices. De este modo, el Dow Jones ha perdido el 2,2%, hasta los 11.240 puntos, mientras que en toda la semana se ha dejado el 0,4%. Por su parte, el tecnológico Nasdaq ha cedido hoy el 2,58%, frente al 2,53% que ha bajado el selectivo S&P 500.
¿Argentina está lavando dinero?
por Mary Anastasia O'Grady
Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.
¿Necesita más evidencia de la futililidad de la guerra contra las drogas? No hay que mirar más allá del cable de la embajada de EE.UU. en Argentina filtrado por Wikileaks la semana pasada. Resulta que pese a todas las optimistas declaraciones acerca de la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero, la embajada cree que algunos políticos podrían no estar realmente interesados.
Me refiero al cable 1257 filtrado por Wikileaks fechado en Buenos Aires el 1 de diciembre de 2009 y firmado por la embajadora Vilma Martínez. El despacho incluye serias acusaciones de que una unidad antilavado clave de Argentina protegió a la pareja presidencial de ser investigada en el área de dinero sucio.
El tema es importante porque el combate global del lavado de dinero es, supuestamente, un arma crucial en la guerra contra las drogas.
Cuando el gobierno de EE.UU. se abocó por primera vez a detener el consumo de drogas recreacionales, fue a perseguir a quienes las usaban. Pero la demanda era fuerte y la perspectiva de encerrar a tantas personas de todas las clases socioenómicas era poco práctica. Entonces, pasó a combatir la oferta. La nueva estrategia también fracasó, como queda de manifiesto en el constante flujo de drogas a los consumidores estadounidenses que continúa hasta el día de hoy, a pesar de que los guerreros de las drogas hacen espurias reivindicaciones de "éxito" en lugares como Colombia.
Algunos reconocen, en privado, que no están ganando una guerra que este año cobrará miles de vidas inocentes en México. Pero no se rinden. El Plan C es hacer un mayor esfuerzo para detener el lavado de dinero vinculado con las drogas.
Para tener un atisbo de la marcha de ese combate, recomiendo el cable 1257 presentado por Wikileaks como un informe de la embajada de EE.UU. en Buenos Aires respecto al trabajo del Grupo de Acción Financiera (GAF) que revisó durante dos semanas el sistema argentino de combate al lavado de dinero y a la financiación del terrorism. (El GAF, domiciliado en París, es un organismo intergubernamental que tiene la misión de perseguir a quienes utilizan el sistema financiero para lavar dinero sucio).
El cable está encabezado por un sumario que dice "el líder del equipo operacional del GAF es escéptico respecto a las intenciones del gobierno" de afrontar estos problemas. "Algunos contactos de la embajada argumentan que el actual liderazgo del gobierno, incluyendo la presidenta, podrían salir mal parados de una honesta y vigorosa persecución del lavado de dinero".
Más preocupante son las consecuencias que anticipa la embajada. "La casi completa ausencia del cumplimiento de la ley junto con una cultura de impunidad y corrupción hacen que Argentina esté madura para la explotación por parte de narcotraficantes y células terroristas", dice el cable. "En su mayor parte (los contactos de la embajada) insisten en que el financiamiento del terror es muy pocas veces, si es que alguna, transado en Argentina. La mayoría sostiene, sin embargo, que el tráfico de narcóticos se está transformando en un problema real y que, crecientemente, el dinero sucio que circula en el sistema financiero se origina en el tráfico de drogas".
Una opinión notable en el informe proviene presuntamente de "Fabio Contini, el italiano que encabeza el equipo operacional de la revisión y que pasó más de un año en Argentina como el agregado económico y financiero de la embajada italiana". Contini, indica el documento, "tiene una sobria impresión de los esfuerzos del gobierno respecto al lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a los que considera poco más que una cortina de humo". El cable agrega que las acciones argentinas "están calculadas para un cumplimiento mínimo de los estándares internacionales y muestran poco entusiasmo real por limpiar el sistema financiero".
Argentina es un país pobre y el cable resalta la carencia de recursos para la vigilancia del sistema financiero. Pero las implicaciones de buena parte de lo que la información que la embajada dice que obtuvo de sus contactos es que el gobierno puede ser más que un inocente testigo demasiado débil para detener un delito.
"Numerosos contactos de la embajada e informes de prensa han identificado a la [unidad de información financiera, UIF] como el principal agente de estos "fracasos", dice el cable. ¿Qué es lo que está mal con la UIF? La embajada escribió que, de acuerdo con un asesor del Fondo Monetario Internacional (FMI), es una "institución inepta y políticamente comprometida". El mismo funcionario, según el cable, dijo a la oficina económica de la embajada que el jefe de la UIF "está personalmente deteniendo informes de transacciones sospechosas del entorno de los Kirchner y se ha negado a responder las solicitudes sobre estas transacciones sobre los propios Kirchner hechas por Suiza, Lichtenstein y Luxemburgo"
Para cerrar, la embajada hace notar que "probablemente no sea realista esperar que Argentina canalice recursos a los fiscales o haga un esfuerzo concertado para perseguir a los lavadores de dinero. Los Kirchner y su círculo simplemente tienen demasiado que ganar de una aplicación laxa de las leyes", agrega.
En el sumario ejecutivo del Grupo de Acción Financera, difundido en octubre, Argentina obtuvo un "no cumplimiento" o un "cumplimiento parcial" en casi todas las categorías. Sin embargo, no hay una referencia directa a la falta de voluntad política como la motivación de lo que ocurre. En cambio, se recomienda "fortalecer la autoridad", más esfuerzos para enfrentar "las carencias técnicas", "leyes actualizadas" y "recursos adecuados".
Cualquier evaluación realista de la guerra contra las drogas tendría que concluir que esto es una farsa. Uno también se pregunta cuántos otros gobiernos también practican los métodos de Argentina.
EE.UU.: Reducir el gasto es beneficioso
por Jeffrey A. Miron
Jeffrey A. Miron es director de estudios de pregrado de la Universidad de Harvard y es un Académico Titular del Cato Institute. Su blog es http://jeffreymiron.blogspot.com/.
La pregunta crucial a la cual se enfrenta EE.UU. es si el camino actual del gasto federal es vital para nuestro bienestar económico. Si lo es, entonces EE.UU. se enfrenta a un futuro económico nefasto. Este camino implica una explosión de la deuda nacional y la tributación necesaria para controlar la deuda que paralizaría el crecimiento económico. EE.UU., por lo tanto, parecería no tener buenas opciones de políticas públicas.
No obstante, la visión correcta de todo el gasto es distinta; EE.UU. puede reducirlo con efectos negativos mínimos. Muchos recortes, de hecho, mejoran el desempeño económico y por lo tanto tienen sentido con o sin la proyección fiscal en cuestión. Aquí hay algunos ejemplos:
Los subsidios agrícolas alientan a los agricultores a cultivar menos, elevando el costo de los alimentos para todos. Cancelar este gasto ahorra entre $15.000 y $20.000 millones al año.
El gasto federal en transporte está destinado en gran parte a proyectos mal concebidos como el “Big Dig” en Boston o los rieles de alta velocidad en Florida. Estas transferencias de fondos a empresas de construcción y sindicatos cuestan mucho más que el posible beneficio de dichos proyectos, de manera que eliminarlos mejora el presupuesto y libera recursos para usos más productivos. Se podría reducir al menos $30.000 millones en el gasto federal en transporte.
El presupuesto de ayuda extranjera también está listo para experimentar recortes. El componente humanitario tiene objetivos nobles, pero rara vez beneficia a los destinatarios, acabando en las arcas de un intermediario o funcionario público corrupto. El componente militar está en gran medida constituido de transferencias para dictadores del Tercer Mundo, como el ex presidente egipcio, Hosni Mubarak. Recortar entre $20.000 y $30.000 millones de este rubro debería ser fácil.
La prohibición de drogas es un pésimo negocio para los contribuyentes: poco hace para reducir la drogadicción mientras que fomenta el crimen, la corrupción y las insurrecciones en el extranjero. La legalización ahorraría al gobierno federal entre $15.000 millones y $20.000 millones al año y, además, permitiría el cobro de impuestos sobre las drogas legalizadas.
Un sinnúmero de otros programas —pequeños por sí solos, pero considerables cuando se suma su costo— son irrelevantes para nuestro bienestar económico. El financiamiento del Fondo Nacional para las Artes y las Humanidades y la Corporación para la Transmisión de Radio y Televisión Pública es pequeño en comparación con el respaldo privado. De manera que las artes, las humanidades y el programa Plaza Sésamo todos prosperarían sin el dinero del Estado. Los proyectos y partidas presupuestarias para favorecer intereses especiales —por ejemplo, el Museo de Teteras en Sparta, Carolina del Norte— carecen incluso de una justificación ligeramente sensata. Cancelar este tipo de proyectos nos ahorraría decenas de miles de millones.
Por lo tanto, el escepticismo de costo-beneficio sugiere recortar sustancialmente el gasto —fácilmente $200.000 millones al año— sin importar cuál sea la condición del presupuesto. Y los beneficios provistos por el Estado proveen una oportunidad todavía mayor para realizar recortes que mejoren la productividad.
El seguro social pretende rescatar de la pobreza a los ciudadanos de tercera edad, un objetivo compartido por gran parte de los estadounidenses. Pero el seguro social va más allá de esta compasión cuando gran parte de los receptores de este beneficio son de clase media. De manera que millones de personas que todavía son productivas eligen jubilarse gracias a un subsidio financiado por el contribuyente.
Los que diseñan las políticas pueden reducir esta distorsión introduciendo gradualmente una edad mayor de jubilación, en consonancia con el aumento en la expectativa de vida de 63 años (cuando el congreso creó la seguridad social) a más de 78 años ahora. Aquellos ciudadanos mayores de edad que no puedan trabajar podrían calificar para recibir el seguro por discapacidad. El gasto disminuiría en alrededor de cientos de miles de millones al año, conforme se vaya implementando completamente esta medida.
Medicare, como el seguro social, es tanto excesivo como dañino. Los subsidios generosos resultan en que los consumidores no paguen el costo completo de su atención médica, por lo que consumen demasiado. Esto conduce a precios inflados e incentivos distorsionados, incluyendo exámenes, cirugías y medicaciones innecesarias.
Como sucede con el seguro social, la política pública puede reducir estas distorsiones al introducir gradualmente una edad mayor para calificar para recibir estos subsidios. Además, la política puede mejorar el balance de costos y beneficios al expandir los co-pagos y los deducibles. La mayoría de los beneficiarios pueden costear estos gastos adicionales, mientras que los ancianos más pobres recibirían Medicaid. Estos cambios podrían ahorrarnos miles de millones al año, todo mientras que se genera un sector de atención médica más eficiente.
El presupuesto de defensa es una fuente adicional de recortes de gasto que serían beneficiosos. Los sistemas de armas mal concebidos y las innecesarias bases militares alrededor del mundo desvían considerables recursos de usos privados. Además, liderar tres guerras sin ningún aparente beneficio para nuestra seguridad nacional solamente exacerba la hostilidad en contra de EE.UU. Los ahorros derivados de una defensa nacional mejor enfocada podrían llegar a los $300.000 millones al año.
Recortar $1 billón del gasto anual del gobierno federal no sólo es posible, sino que es crucial porque este gasto perjudica la economía. Y los recortes de gasto generan un beneficio extra por el lado de la productividad: permiten que haya tasas tributarias más bajas, las cuales mejoran los incentivos económicos para el trabajo, los ahorros y las inversiones.
EE.UU. se enfrenta a un colapso fiscal porque el Estado se involucra en actividades que no constituyen funciones necesarias o útiles del gobierno. La única manera de terminar con nuestro problema fiscal es que el Estado deje de estar involucrado en estas actividades. La buena noticia es que hacerlo pagará por partida doble: un mejor desempeño económico y un fin a nuestra pesadilla fiscal.
Del maíz, la agricultura y el desarrollo en Colombia
por Javier Garay
Javier Garay es actualmente docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia
Desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), Colombia comenzó a tener una nueva inserción internacional. De un país asediado por las guerrillas, el narcotráfico y la violencia pasó a ser reconocido internacionalmente como un nuevo polo de crecimiento económico y, eventualmente, de desarrollo. Tanto ha sido así que desde 2010 forma parte de los países con potencial de crecimiento, junto a Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, en los denominados CIVETS.
Las políticas aperturistas del gobierno de Juan Manuel Santos (2010- ) han mantenido e impulsado esa senda de crecimiento. Sin embargo, algunos obstáculos persisten en la adopción de políticas de mercado. Esos obstáculos tienen que ver con la creencia en políticas erradas, problemas en la comprensión del funcionamiento del mercado y, en general, con algunas ideas arraigadas en el pensamiento latinoamericano que, si bien, han generado sentimientos nacionalistas y una sensación de seguridad en tanto se han externalizado las causas de nuestro atraso económico, en realidad han perpetuado las causas de la pobreza y de exclusión en nuestro continente.
Un ejemplo de estos tres obstáculos los encontré en las declaraciones del actual ministro de agricultura de Colombia, Juan Camilo Restrepo, en una entrevista publicada en un diario de circulación nacional en el país, El Espectador, el 31 de julio de 2011. Las declaraciones del ministro generan, además, dudas sobre el compromiso decidido del gobierno colombiano en la adopción de un esquema liberal de desarrollo.
En un apartado de la entrevista, el ministro colombiano afirma: “La Ley de desarrollo rural va en dirección de ir induciendo un proceso según el cual haya más agricultura, menos ganadería extensiva y más reforestación industrial”. Esta es una expresión clara de política errada, pues el ministro cree que a través de las leyes se pueden imponer realidades en el sector productivo y, además, se pueden alcanzar ideales que los tomadores de decisiones consideran deben ser generales.
En otros momentos de la entrevista, se perciben problemas serios de comprensión, por parte del ministro, de aspectos básicos de cómo funciona el mercado. Primero, señala que “en la medida en que tengamos éxito en los programas de restitución de tierras de programas de desarrollo rural, menos estímulos tendrán los campesinos para ir al cultivo ilícito y más para quedarse en el cultivo sostenible lícito”. El ministro, entonces, considera que los cultivos de drogas ilícitas son resultado de la falta de tierras que poseen los campesinos y no resultado de incentivos económicos vía precios. Esto es, el ministro cree que como los campesinos cuentan con poca tierra, si se les da más, dejarán de cultivar drogas ilícitas sin importarles los réditos económicos que genera el negocio ilícito que es ilícito porque así lo han decidido los gobiernos.
Al final de la entrevista, se le pregunta por los cultivos de maíz en Colombia. La respuesta del representante del gobierno colombiano vuelve a demostrar problemas en la comprensión del funcionamiento del mercado en tanto declara que la idea del Programa País Maíz (nombre sonoro) es que “quien siembre este producto tenga un mecanismo de cobertura que le de seguridad sobre a cuánto le va a salir el maíz desde que lo siembra”. Ya Friedrich Hayek, en su obra clásica, El camino a la servidumbre, demostró lo peligroso que es la necesidad de contar con una supuesta seguridad económica, pero además de ello, el ministro considera, a pesar de toda la evidencia en contra, que los subsidios (porque eso es lo que significa la frase eufemística del ministro) son positivos en la producción, que no distorsionan el mercado, que no son un despilfarro de recursos (muy escasos en Colombia) y, lo que es peor, no tiene en cuenta que ya en el pasado hemos tenido en el país escándalos de corrupción asociados con la concesión de este tipo de ayudas. ¿Será que esta vez es diferente?
Por último, el señor Juan Camilo Restrepo, deja en evidencia algunas de las ideas que hemos defendido los latinoamericanos por décadas y que no son sino excusas para no esforzarnos en nuestro sendero al desarrollo y que nos impiden convertirnos en dueños de nuestros destinos. Por un lado afirma que “(el Atpdea) es la manera como EE.UU. —principal consumidor de narcóticos en el mundo— asume la corresponsabilidad con los países donde se produce. Ellos dan unas desgravaciones, pero no es el favor que nos hacen. Es el favor de la corresponsabilidad como consumidores”. Esto es, EE.UU. tiene la obligación de darnos concesiones unilaterales en el ámbito comercial que sesgan nuestra producción y que distorsionan los incentivos del mercado porque es un país en el que existe un gran número de consumidores de drogas que, como ya dije, han sido consideradas ilícitas. El tema no es de competencia sino de obligación por parte de la potencia.
Por otra parte, a manera de queja, el ministro, cuando se refiere el tema del maíz, afirma que “el país consume 4,1 millones de toneladas por año, de las cuales importamos 85%”. “Colombia hace varias décadas fue autosuficiente en maíz. Hoy somos altamente dependientes de las importaciones (…) No es conveniente ser tan dependientes”. ¿Por qué no es conveniente? ¿Por qué se debe ver como dependencia y no como una demostración de las fuerzas del comercio internacional que, como se demostró desde el siglo XIX, generan ganancias para todos los que toman parte? ¿No es el exceso de importación una muestra de que Colombia no tiene ventajas comparativas en la producción de maíz? ¿Podemos darnos el lujo, en un país con un problema de pobreza estructural, de destinar recursos a un sector que a todas luces es ineficiente porque el ministro considera que éste es un producto tradicional?
Es posible que las anteriores declaraciones sean producto de la labor política del ministro, mas no de la racionalidad económica (Juan Camilo Restrepo es economista). Sin embargo, esto pone en duda hasta qué punto el gobierno colombiano le está apostando a las políticas liberales que son las correctas y, por lo tanto, cuál es el límite del optimismo que podemos tener en términos de crecimiento económico y de desarrollo. ¿La producción de maíz será nuestra entrada a la creación de riqueza?
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