El Salvador: Muerte a manos del Estado

por Cristina López G.


Cristina López es Licenciada en Derecho, columnista de El Diario de Hoy y Directora Ejecutiva de CREO (www.creo.org.sv).
Los ilustrísimos diputados de GANA vuelven a dar de que hablar, esta vez no con populismo etílico (pidiendo votos con agua ardiente en sus giras proselitistas), sino con las declaraciones que en una de las zonas más peligrosas de El Salvador, hiciera Guillermo Gallegos. Según Gallegos, “la gente pide la pena de muerte” y se ha propuesto como caballo de batalla, empujar el tema desde un próximo período en la Asamblea.


Si bien no es necesario seguir ávidamente las noticias para concluir que la situación delincuencial del país requiere de una urgente respuesta y un cambio de rumbo en las políticas de seguridad por parte del Estado, la sugerencia populista del diputado Gallegos de combatir violencia con violencia debe ser debatida y argumentada por la ciudadanía y actores políticos que consideramos la vida humana como un derecho intrínseco y absoluto del hombre, para cuyo goce la inocencia o no comisión de delitos, no debería ser un prerrequisito.
Oponerse a la pena de muerte, no es estar a favor de los criminales, sino defender el derecho constitucional a la vida y en contra del exceso de poder en manos del Estado. Darle al Estado la potestad de quitar vidas, sobre todo a un Estado con la debilidad institucional que tiene el nuestro, es venderse al autoritarismo que violenta derechos humanos.
Ignora quizás el diputado Gallegos, que la pena capital resulta además legalmente inviable en nuestro país, por mucho que modifique la Constitución, por obra y gracia de la ratificación (aunque con reserva) que desde hace muchos años hiciera El Salvador del Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También pareció desconocer el diputado Gallegos las estadísticas que demuestran que la pena de muerte no ha demostrado tener mayor impacto para disminuir las tasas de criminalidad (Estudio del Prof. Justin Wolfers, Wharton), y agregó que “hasta que se implemente podrá observar la efectividad”. Lo anterior demuestra que para el diputado Gallegos, las promesas de campaña son más importantes que las vidas humanas.
La ausencia de propuestas en la discusión (a veces, aparentemente inexistente) sobre las políticas de seguridad del país, hacen que este tipo de propuestas no estudiadas, revanchistas y autoritaristas, tengan cabida en el debate nacional. Antes de sugerir implementar medidas que se encuentran siendo expulsadas de muchos ordenamientos jurídicos alrededor del mundo, se pueden realizar muchas otras reformas del sistema de justicia y penitenciario del país que asegurarían mayor efectividad en la lucha contra el crimen y mejor disuasión de delinquir para los criminales. Puede empezarse con una reforma al sistema de cárceles que permita a los prisioneros trabajar en obras de infraestructura para que paguen sus deudas a la sociedad y no gocen de vacaciones en condiciones infrahumanas pagadas con nuestros impuestos.
El politólogo nacional Fernando Bautista sugería en su blog “Instrucciones para hervir agua” como interesantes propuestas en política de seguridad la depuración del sistema judicial, el aumento de los años de la pena máxima, el incremento de recursos al Ministerio Público para la mejora de investigaciones, la consolidación y exactitud de estadísticas, la eliminación del fuero a los diputados, entre otras cosas. Ojalá sepa el Licenciado Gallegos, que estas reformas también las quiere la gente, ya que para él, es el único argumento de peso en su propuesta de políticas públicas.