La otra campaña

La otra campaña
Héctor Aguilar Camín

Para nadie es un secreto que el gobierno federal pondrá sus fichas en la mesa de la elección presidencial de 2012 para cargar la balanza por su candidato.

Ha sucedido siempre y sucederá ahora. Mejor dicho, ha empezado a suceder, en el discurso y en los hechos.

El adversario a vencer del gobierno es el PRI, y al PRI ha enderezado sus baterías. Conseguida la segunda posición de arranque en la contienda presidencial, la estrategia del gobierno federal es convertir lo que sigue en un referendo, una votación de sí o no, sobre el regreso del PRI a Los Pinos.




Las estrategias electorales recientes, con alianzas de PAN y PRD contra el PRI en varios estados, probaron la potencia del voto antipriista. En una elección binaria de PRI o anti-PRI, muy probablemente ganaría el anti-PRI.


Con ejemplos que el propio PRI le procura, el gobierno federal ha empezado ya su otra campaña, paralela a la electoral de 2012.


Esa campaña consiste en recordar y revincular al PRI con la corrupción, por un lado, y con el narcotráfico, por otro.


Casos de imputable corrupción y/o dispendio abundan en la nómina priista, lo mismo que casos de imputable relación con el narco y con la violencia asociada a éste.


No faltan municiones al gobierno federal en ninguno de los dos frentes de esta su otra campaña. Si la campaña sobre el PRI tiene éxito, su candidato presidencial será más vulnerable. Será, en palabras de un amigo, como derribar el florero de una mesa después de haberle cortado las patas a la mesa.


En nada de esto hay novedad. Se trata de un juego conocido y conocidamente peligroso. La pregunta no es si el gobierno va a jugarlo o no, sino cuánto y cómo.


Para mí las dos rayas que el gobierno no debe cruzar en esto son la legalidad y el abuso. La primera línea es objetiva, consiste en no hacer cosas que prohíbe la ley. Por ejemplo, no filtrar información reservada cuya divulgación es un delito.


La segunda es intangible, pero es más importante que la primera: no usar los instrumentos de gobierno para avasallar a sus adversarios. Por ejemplo, fabricando procesos judiciales.


Algo hemos empezado a ver de las dos cosas. Las elecciones no deben ser coartada para la impunidad política, pero tampoco ocasión para la desmesura gubernamental.


El problema es que estas admoniciones equilibradas no sirven para nada. Dependemos exclusivamente en esto de la prudencia y el buen juicio de los responsables.


Las autoridades electorales deberían estar atentas a los excesos de la otra campaña y advertirlos públicamente, aunque no puedan sancionarlos.