por Alberto Benegas Lynch
Alberto Benegas Lynch es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina.
En Argentina ha habido una revuelta mayúscula que se inició como consecuencia de el notable incremento a las llamadas “retenciones” a productos del agro como si se tratara de algo que se retiene transitoriamente y luego se devuelve a los titulares. Pero no, se trata de exacciones que se agregan a la ya muy marcada voracidad fiscal para poder financiar el astronómico aumento en el gasto estatal que, en términos reales, ya lleva un cincuenta por ciento respecto de igual período del año pasado (que ya era suculento).
Tomando en cuenta casi todo (no todo porque no se contemplan los pesados costos para atender las inquisidoras burocracias y llenar los engorrosos e insolentes formularios impositivos), el aparato estatal argentino hoy se queda con el sesenta por ciento del producto bruto interno. Es decir, los que viven en la Argentina deben trabajar para el gobierno desde enero hasta agosto al efecto de mantener a personas y estructuras políticas que, como salta a la vista de cualquier observador superficial, ni siquiera sirven para cumplir con las misiones específicas de ofrecer justicia y seguridad.
Esta rebelión fiscal comenzó con el tema del agro pero luego se extendió a las áreas mas diversas mostrando un hartazgo generalizado a la soberbia, a la prepotencia, al espíritu confrontacional y a la intromisión estatal en todos los recovecos de la vida de las personas. Las trifulcas se calman de a ratos pero vuelven a tomar vuelo a las primeras de cambio. Es difícil pronosticar como terminará esto, pero en todo caso puntualizamos que las revueltas y sublevaciones mas sonadas han sido por temas tributarios, comenzando por la escaramuza de los impuestos al té en el período de la revolución estadounidense.
En realidad, los motivos de aquellas rebeliones contra el poder político eran juego de niños si comparan las razones que hoy día asisten a los ciudadanos de diversos lares ya que el manotazo fiscal es muy superior a lo que era entonces. En verdad, no parece haber motivo plausible para que las personas se dejen saquear por el estado del modo confiscatorio, desaprensivo y arrogante que lo hacen en nuestros días. Este es el contexto en el que Thomas Jefferson escribía en su correspondencia dirigida a James Madison el 30 de enero de 1787 en cuanto a que, para mantener al gobierno en brete, “una rebelión de vez en cuando es buena y necesaria en el mundo político, tal como son las tormentas en el mundo físico”.
Charles Adams en su historia sobre las sublevaciones por motivos fiscales subraya la importancia de que los contribuyentes revelen un sentido de autorespeto y dignidad y no se dejen atropellar por el monopolio de la fuerza. En este sentido puntualiza que “Resultó obvio para los estadounidenses que los impuestos con representación pueden ser tan malos como los gravámenes sin representación”. Hoy día existen infinidad de trabajos que exploran otras avenidas que no son las convencionales en materia de filosofía política. Cualquier liberal sabe que en esta y en otras materias no está todo dicho. Debemos despejar telarañas mentales y estar atentos a otras propuestas que permitan fortalecer las autonomías individuales y el respeto recíproco.
Pero, mientras, debemos estar alertas para que el Leviatán no se convierta en un monstruo incontrolable en su infinita voracidad y apetito destructor de la energía creativa. El célebre Bastiat ha señalado en el siglo XIX que debemos estar atentos a la “expoliación legal”. En el caso argentino, aparentemente los días que corren ponen de manifiesto un punto de inflexión en el que asoma un cansancio y un enorme desgaste y frustración de quienes contribuyen con su esfuerzo a la producción y no parecen estar dispuestos a entregarse maniatados al poder político de turno. Con razón Woody Allen ha escrito que “Los políticos son incompetentes o corruptos. Y, a veces, las dos cosas en el mismo día”.
El problema es la intervención
por Xavier Sala-i-Martin
Xavier Sala-i-Martín es catedrático de Columbia University y Profesor Visitante de la Universidad Pompeu Fabra.
Dicen que lo que separa la civilización de la anarquía son sólo siete comidas: la paz social sólo es posible cuando los ciudadanos tienen cubiertas las necesidades básicas y, cuando falla la comida, empieza la revolución. Ese dicho se está haciendo realidad estas últimas semanas en países como Haití, Kenya, Camboya, India o Vietnam, donde el encarecimiento de los alimentos está generando reacciones violentas.
¿Por qué suben los precios? Naturalmente Al Gore y sus seguidores se han apresurado a dar las culpas a las sequías y huracanes presuntamente causados por el cambio climático. Pero esa justificación es simplista e interesada ya que también están subiendo el petróleo, el carbón o el acero, y eso no tiene nada que ver con el clima.
¿Cuáles son, pues, las razones de verdad? Por el lado de la demanda, el crecimiento de países como China, India y el resto de Asia hace que miles de millones de ciudadanos quieran comer más y mejor. Comer mejor quiere decir comer carne y ya se sabe que para producir un kilo de carne se necesitan 6 kilos de cereales. Es decir, cereales que antes iban al consumo humano directo ahora van al consumo de vacas, cerdos o pollos y eso aumenta su demanda y, por ende, su precio. El crecimiento de esos países también aumenta la demanda y el precio de acero, petróleo, gas natural, carbón, energía, o madera. Esto genera mayores costos de producción, costos que son traspasados a los precios finales de los alimentos.
Por el lado de la oferta, existen dos fenómenos curiosos causados por los políticos occidentales. En Estados Unidos, la obsesión por los biocombustibles (causada a partes iguales por la histeria del cambio climático—y la creencia que el biodiesel emite menos CO2 que los combustibles fósiles—y por la búsqueda de la independencia energética de Oriente Medio) ha hecho que el gobierno diera importantes incentivos fiscales a la producción de biocombustibles. Cerca del 30% de las tierras que antes se dedicaban a producir comida para personas, ahora producen para los automóviles. Consecuencia: los precios de los alimentos se han disparado.
Europa no está (todavía) tan obsesionada por los biocombustibles aunque tenemos otro tipo de obsesión: la aversión a los transgénicos. Ésta ha causado reducciones importantes de la oferta mundial de alimentos. Y no me refiero a la oferta europea. Me refiero a la oferta de países africanos que, al tener miedo de no poder exportar algún día sus productos agrícolas a Europa, se niegan a adoptar maíz, trigo o arroz transgénicos que les permitiría obtener productividades superiores.
A estos factores de oferta y de demanda, se han sumado últimamente algunos especuladores que, al ver que los precios subían, se han dedicado a comprar esperando vender más caro y algunos gobiernos, como el de Argentina, cuyas barreras a la exportación no han hecho más que reducir la oferta mundial de alimentos y contribuir a su encarecimiento.
¿Qué se puede hacer para mitigar las consecuencias del encarecimiento de los alimentos? A corto plazo, hay que enviar comida a los 100 millones de ciudadanos que la ONU estima que van a pasar hambre. Se podrían utilizar, por ejemplo, los excedentes que generan los subsidios de los países ricos, empezando por las 400.000 toneladas de arroz que el gobierno de Japón compra a sus agricultores a precio subsidiado y que acaba tirando al mar.
A medio y largo plazo, la solución pasa por aumentar la oferta ya que la reducción de la demanda sería una inmoralidad (aunque estoy seguro que algún burócrata pensará que lo mejor que pueden hacer los chinos es introducir una “nueva cultura de la alimentación” y dejar de comer carne).
Para fomentar la oferta se pueden hacer diferentes cosas. Primera: dedicar recursos a la investigación con el objetivo de aumentar la productividad agrícola en países de climatología complicada. La revolución verde de los años cuarenta y cincuenta (financiada por las fundaciones Ford y Rockefeller) permitió aumentar la productividad agrícola y alimentar a miles de millones de ciudadanos. Se necesita una nueva revolución verde para los países africanos. Una posibilidad sería redirigir una parte de la ayuda pública al desarrollo (que ahora se está perdiendo en los profundos bolsillos de corruptos africanos) al I&D agrario.
Segunda, seguir el ejemplo de Brasil y promocionar la creación de medianas y grandes empresas agrícolas. Si, ya sé que desde Europa tenemos la imagen idílica de las aldeas pobres del tercer mundo pobladas por familias felices que producen sus propios alimentos y que la venta de éstos en los mercados mundiales no es más que una explotación comercial. Esa imagen idílica es falsa. Los productores familiares son ineficientes y para aumentar su productividad, tendrían que aumentar su escala, adoptar tecnologías modernas y exportar a los mercados mundiales.
Tercera, impedir que los países como Argentina penalicen a los exportadores. Si los agricultores son forzados a vender en los mercados locales a precios reducidos, no tendrán incentivos a hacer lo que es necesario: aumentar la oferta. Y finalmente, abandonar inmediatamente la locura de los subsidios a los biocombustibles y las prohibiciones de transgénicos. Como pasa tan a menudo en economía, la solución de los problemas no es la intervención del sector público. Al contrario. El problema es la intervención.
CARLOS ALBERTO MONTANER: El director de Granma quiere más sangre
CARLOS ALBERTO MONTANER
El señor Lázaro Barredo, director de Granma y miembro del parlamento cubano, acaba de pedir que se castigue con mayor rigor a los demócratas de la oposición. Supongo que quiere que los golpeen con más saña, que las condenas sean más elevadas, y que a las Damas de Blanco --por ejemplo-- las ultrajen con mayor energía por estar al servicio del imperialismo yanqui. Me imagino que Barredo habrá disfrutado mucho cuando sus esbirros patearon hasta casi matarla a la madre de los hermanos Sigler, una ancianita diminuta que pesa ochenta libras y pide sin descanso la libertad de sus hijos presos, suficiente razón por la que le partieron varias costillas.
Barredo, de quien amigos y enemigos se burlan llamándolo ''Berrido'', según su camarada Martin Medem, ex corresponsal de Radio Televisión Española en Cuba y persona muy vinculada a los comunistas, es un miembro de la Seguridad. Otros ex compañeros suyos aseguran que es un viejo peón del Departamento Tres de la Contrainteligencia, dedicado al acoso de los intelectuales, y lo describen como un organizador de turbas y de actos de repudio que disfrutaba golpeando y escupiendo a las personas que deseaban abandonar el país durante el éxodo del Mariel. No sé qué habrá pensado cuando su hijo Josué, un buen poeta, totalmente inocente de la conducta de su padre, decidió exiliarse.
A Barredo, que le sobra vocación para maltratar a sus semejantes, le falta, en cambio, rigor lógico. Por una punta, proclama fieramente el derecho de la dictadura a practicar intensamente el ''internacionalismo revolucionario'' en cualquiera lugar del planeta y en cualquiera de sus modalidades (dinero, propaganda, armas, adiestramiento, guerrillas, terrorismo), mientras, por la otra, sustenta su petición de que se extermine a los disidentes y a los opositores por beneficiarse de algunas tímidas manifestaciones de ''internacionalismo democrático'' consistentes en solidaridad política, pequeñas donaciones, computadoras, cámaras fotográficas, medicinas y otros elementos que les permitan resistir el embate del aparato represivo mientras sostienen en las cárceles a sus familiares presos.
Barredo, además, no conforme con pedir más atropellos contra los demócratas cubanos, quiere que me extraditen a Cuba. No me gusta utilizar este espacio para examinar cuestiones personales, pero como el asunto se ha convertido en una cuestión pública creo que debo abordarlo. El director de Granma ha pedido mi extradición porque supuestamente soy prófugo de la justicia, algo que constituye una media verdad: hace casi medio siglo, en marzo de 1961, cuando tenía 17 años, me escapé de la cárcel junto a otro estudiante menor de edad, también preso político. Entonces tratábamos, como decenas de millares de estudiantes y campesinos, de impedir que la dictadura comunista consiguiera consolidarse. ¿Por qué Barredo dijo una media verdad? Porque yo no huía de la justicia, sino de la injusticia de un juicio absolutamente ilegal que duró media hora, con pruebas y testigos falsos, como me confesó avergonzado, en un testimonio valiosísimo que todavía conservo, uno de los miembros del tribunal que años más tarde se exilió en España.
¿Por qué esta extemporánea payasada del gobierno cubano? Si intentaran, en serio, extraditarme a Cuba, se armaría un escándalo monumental en todos los medios de prensa y la dictadura saldría muy mal parada. Y si lo lograran y me llevaran a Cuba, tendrían dos caminos: me fusilan o me encarcelan. Si me fusilan, la condena universal ante ese crimen injustificado sería tremenda porque yo soy totalmente inocente. Si me encarcelan, me convertirían en una víctima célebre por la que todos los días la dictadura pagaría un precio político. O sea, la dictadura sabe que el costo de tener éxito con esta payasada de Barredo es mucho más alto que los escasos beneficios de apresarme, especialmente porque no pueden acusarme de nada, salvo de haber huido de una condena injusta cuando era casi un niño.
Pero, si la policía política sabe esto, ¿por qué ha montado este show ridículo? Supongo que por dos razones: primero, para tratar de desacreditarme o asustarme, cosa que jamás han podido lograr con todas sus campañas sucias a lo largo de décadas de calumnias e infundios; y, segundo, para intentar destruir a Yoani Sánchez, la muchacha que en La Habana, muy valientemente, escribe el blog Generación Y. Persona a quien admiro mucho, pero a quien no conozco ni directa ni indirectamente, pese a que tratan de asociarla conmigo.
Debo advertir que no es la primera vez que el aparato represivo cubano intenta silenciar mi voz. En el otoño de 1987 los servicios de inteligencia cubanos, grandes cultivadores del terrorismo, me enviaron una bomba dentro de un libro a mi oficina de Madrid. Yo mismo abrí el paquete. El libro se llamaba Una muerte muy dulce y el detonador no estaba conectado. No querían matarme. Era otra payasada encaminada a tratar de atemorizarme con el obvio mensaje de ''cállate, podemos asesinarte cuando queramos''. La inteligencia española, que investigó el caso con seriedad, hasta me dio el nombre del diplomático cubano que había organizado la operación: un señor llamado Eduardo Araoz. Supongo que pertenecía al mismo departamento en que hoy el director de Granma realiza sus sucias tareas.
Argentina: Productores rurales prolongan paro
BUENOS AIRES --
Los productores rurales en conflicto con el gobierno resolvieron el lunes en la noche prolongar una semana el tercer paro que realizan desde marzo contra el nuevo sistema de gravámenes móviles a las exportaciones de granos.Reunidos en la ciudad de Rosario, a 300 kilómetros al noroeste, dirigentes de las cuatro organizaciones del agro anunciaron que hasta el próximo lunes seguirá el corte parcial de rutas, que impiden la comercialización de productos agrícolas, así como el tránsito de camiones procedentes de países limítrofes. Solamente admitieron permitir, a partir del martes, la circulación de transportes que conduzcan ganado vacuno hacia los mercados urbanos.
Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina, anunció la decisión de continuar con las medidas hasta el lunes 9 de junio.
El tercer paro agrario, iniciado el 28 de mayo, debía finalizar en principio en la medianoche del 2 de junio. El primero, que comenzó el 11 de marzo, duró 21 días. El segundo se desarrolló desde el 7 al 17 de mayo.
Poco antes del anuncio de los líderes del agro, el vicepresidente Julio Cobos había formulado declaraciones conciliadoras en esta capital, al manifestar a la prensa que "hay una predisposición manifiesta del gobierno para establecer una mesa de diálogo, sin condicionamientos, con la razonabilidad que requiere toda negociación".
Pero Cobos ratificó el firme apoyo a las retenciones (gravámenes) móviles a las exportaciones, resistidas por las organizaciones del agro y defendidas por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández como herramienta para impedir que se trasladen al mercado interno los altos precios que están obteniendo las exportaciones agrícolas en el mercado internacional.
El diálogo entre el gobierno y los productores está cortado. Se interrumpió hace más de una semana, luego de tres sesiones negociadoras que terminaron sin acuerdo.
El ministro del interior Florencio Randazzo advirtió el lunes que "el gobierno ya no tiene ninguna medida que anunciar con relación al agro, y no está a la espera de los anuncios de sus dirigentes", después del paquete de medidas que implementó la semana pasada.
Esas medidas otorgaron beneficios a los pequeños y medianos propietarios, y corrigieron aspectos de las retenciones. Los dirigentes rurales las rechazaron por "insuficientes".
Entretanto, la presidenta Fernández, que se encuentra en Roma participando de la reunión mundial de la FAO sobre seguridad alimentaria, probablemente escuchará allí una exhortación de las Naciones Unidas para suspender restricciones al comercio e impuestos agrícolas, que en la Argentina se relacionan con el conflicto de los productores rurales.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció en Roma que la organización mundial emitirá un llamado a los más de dos docenas de países que implementan esas medidas, a las que atribuye el mayor aumento de los precios de los alimentos en los últimos 30 años.
Cuba refuerza control de importaciones
- El gobierno de Raúl Castro dio un nuevo paso hacia la centralización del comercio exterior con la cancelación de operaciones mercantiles a una treintena de empresas estatales, a la vez que suprimió oficialmente las relaciones entre entidades cubanas y los operadores de zonas francas, según sendos decretos oficiales.
De acuerdo con la Resolución 193/2008, el Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) canceló las facultades de comercio exterior a 29 empresas estatales y sociedades mercantiles cubanas, y modificó el listado de productos autorizados a importarse por los organismos competentes.
La medida reduce a 16 las entidades estatales con total capacidad para realizar importaciones de mercancías autorizadas por el MINCEX, entre ellas Maquimport, Tecnoimport, Tecnotex, Ecimetal, Copextel, el Grupo Exportador Importador de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, y las corporaciones CUBALSE y CIMEX.
El documento --publicado la pasada semana por la Gaceta Oficial-- señala que la medida va dirigida fundamentalmente a "alcanzar mayores niveles de eficiencia y racionalidad en la utilización de los recursos financieros que se destinan a las compras de ascensores y sus piezas'', aunque no se excluyen otras mercancías descritas por el MINCEX. El texto fue suscrito por el ministro de Comercio Exterior, Raúl de la Nuez, el pasado 8 de mayo.
La decisión parece apuntar a un reforzamiento del control gubernamental sobre las importaciones al calor de una declarada batalla por eliminar gastos y aumentar las producciones nacionales. Se trata de un paso hacia la reinstauración del monopolio que habían perdido las empresas de comercio exterior hacia 1994, cuando el gobierno cubano descentralizó las gestiones de compraventa externa en favor del frabricante, con el fin de reducir costos.
De hecho, el MINCEX recupera control sobre la actividad mercantil de empresas con las que sólo tenía una relación metodológica, mediante inspecciones periódicas.
Mientras, la Resolución 191/2008 dictada también por el MINCEX deroga anteriores regulaciones que pautaban la compraventa de mercancías por las entidades cubanas a los operadores de zonas francas y parques industriales, una actividad que permanecía drásticamente restringida desde mediados del 2004.
La actividad comercial en zonas francas como Wajay, Mariel y Berroa, así como el parque industrial de Santiago de Cuba había sidoi limitada por el Ministerio de Inversión Extranjera y Colaboración Económica (MIECE), que en los últimos cuatro años canceló numerosas licencias de operaradores extranjeros en esos perímetros mercantiles.
Además, el decreto 191 --emitido el pasado 30 de abril-- suprime los grupos de trabajo del MINCEX que desde el 2000 estaban dedicados a establecer "la política para la compra, importación y distribución interna'' de la cerveza y los vinos que se ofertan en el país. La medida afecta mayormente al mercado en moneda convertible.
Ambas disposiciones del MINCEX forman parte de la estrategia trazada por el gobernante Raúl Castro para eliminar importaciones, reevaluar el papel de la inversión extranjera, combatir la corrupción empresarial y reestructurar los organismos de la administración central del Estado.
A comienzos de este año, el MINCEX canceló las licencias de 14 firmas extranjeras por presuntas actividades ilícitas que vinculaban a dependencias estatales bajo el control de GAESA, el consorcio empresarial de las Fuerzas Armadas (FAR).
La lista de licencias suspendidas a firmas extranjeras registradas ante la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales (ACOREC) podría oscilar entre 110 y 160, según reportó El Nuevo Herald el pasado marzo citando fuentes vinculadas al MINCEX. De acuerdo con cifras oficiales, actualmente 274 empresas extranjeras están registradas en Cuba.
El pasado mes, Raúl Castro anunció el cese del Instituto Nacional de Reservas Estatales como organismo autónomo y decidió subordinarlo al mando de las FAR, en una iniciativa encaminada a la reducción del aparato gubernamental.
Al tomar el mando del Consejo de Estado, el pasado 24 de febrero, Raúl Castro se pronunció por establecer "una estructura más compacta y funcional, con el menor número de organismos de la administración central del Estado y una mejor distribución de las funciones que cumplen''.
Bolivia nacionaliza empresa de gas
LA PAZ --
El gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó el lunes la totalidad de los activos de la operadora de ductos Transredes, del grupo internacional Ashmore y la holandesa Shell después de fracasar una negociación para la compra del paquete accionario en favor de la petrolera estatal.Morales acusó además a la empresa de conspirar contra su gobierno pero no precisó sus denuncias.
Consultada por AP, representantes de Ashmore declinaron comentar sobre la medida y de Shell declinaron hacer comentarios.
El mandatario ya firmó la nacionalización del 50% más uno de los activos de esa compañía el 1 de mayo pero otorgó a la empresa extranjera un plazo de 30 días para alcanzar un acuerdo final con el Estado sobre el precio.
Fracasado ese intento, el lunes firmó un decreto que nacionaliza el total del paquete de activos.
La medida también autoriza a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a tomar el control de la compañía, si fuera necesario con apoyo de la fuerza pública.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas explicó en la ceremonia celebrada en la ciudad oriental de Santa Cruz que la negociación con la transportadora fracasó ante el rechazo de Ashmore, a pesar de que el otro socio mayoritario, la Shell, aceptó transferir su parte a YPFB.
Villegas dijo que Transredes no cumplió con su compromiso de inversiones para ampliar dos gasoductos internos para mejorar el abastecimiento de gas al mercado local.
En la ceremonia, Gary Daher fue designado nuevo gerente de Transredes, que administra ductos y poliductos que abastecen al mercado interno, a Brasil y Argentina.
"Con esta medida estamos fortalecimiento la recuperación de nuestros hidrocarburos", dijo Villegas.
Morales señaló en su discurso que Transredes estuvo "conspirando" contra su gobierno desde 2006, y la acusó de provocar daños ambientales. Ese año autoridades señalaron a la transnacional de haber promovido una protesta contra el gobierno en una región del sur.
"Yo he esperado mucho, también la paciencia tiene un límite y no vamos a soportar a ninguna empresa que esté conspirando", dijo Morales.
Su gobierno nacionalizó los hidrocarburos en mayo del 2006, que ha implicado en una primera fase la renegociación de contratos con una docena de petroleras que pasaron a convertirse en prestadoras de servicios de YPFB.
El decreto de nacionalización también instruyó la compra de las acciones suficientes en cuatro petroleras, entre ellas Transredes, para que la estatal asuma el control, pero las negociaciones no llegaron a buen término excepto con Andina, una compañía de exploración y explotación de propiedad de Repsol YPF.
El 1 de mayo pasado, Morales, mediante otro decreto, nacionalizó las acciones de Chaco del grupo BP, la empresa de almacenamiento y transporte CLHB de capitales peruanos y alemanes y Transredes. En esa ocasión otorgó 30 días de plazo para que las tres vendan sus acciones. Todas ellas fueron privatizadas en la década pasada.
Las autoridades no aclararon el resultado final de la negociación con Chaco. CLHB fue intervenida por el gobierno hace tres semanas aunque el monto de venta de la compañía todavía está pendiente. La empresa demandó una "indemnización justa".
Morales reclamó el lunes a las empresas que inviertan para aumentar la producción de gas. Hace poco advirtió con expulsarlas si no cumplen sus compromisos.
La producción de gas se estancó en alrededor de 40 millones de metros cúbicos diarios y el crecimiento de la demanda interna pone en riesgo contratos con Brasil y Argentina. YPFB ha cambiado en los últimos dos años cinco veces a su presidente.
En La Paz, el ex superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda vaticinó problemas para el gobierno debido a la falta de inversiones para aumentar la producción de gas, que es el principal producto de exportación del país.
Morales también nacionalizó el pasado 1 de mayo, la telefónica Entel cuyo accionista mayoritario es la italiana Euro Telecom Internacional (ETI).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario